Garbiñe Aranburu, secretaria general de LAB, ha comparecido en Bilbo, junto a un miembro del Área de Mayores y Pensionistas del sindicato y coordinador de LAB Helduak en Bizkaia, para valorar las últimas decisiones del Pacto de Toledo y hacer un llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas para el 31 de octubre por el movimiento de pensionistas y por el movimiento de usuarias y usuarios de las residencias.

En palabras de Garbiñe Aranburu, «el pacto de Toledo ha elaborado una serie de recomendaciones y ya podemos visualizar cuales van a ser las cuestiones principales de la nueva reforma de pensiones. Hemos analizado las propuestas que se plantean y tenemos que decir que esas recomendaciones no garantizan ni la suficiencia, ni la sostenibilidad del sistema público de pensiones».

Para empezar, no se derogan las reformas de pensiones de 2011 y de 2013. Esas reformas endurecieron las condiciones para acceder a una prestación de jubilación; entre otras medidas, aumentando los años de cotización para el cálculo y retrasando la edad de jubilación. Las dos reformas conllevan un recorte claro de las pensiones y una disminución de la tasa de cobertura, es decir, que cada vez hay una mayor brecha entre el último salario percibido y la pensión de jubilación.

Tampoco se garantiza la pensión mínima de 1080 euros. El 31% de los hombres de la CAV y el 38% de Nafarroa cobra menos que esa cantidad. En el caso de las mujeres, las cifras son aún peores: el 70% de las mujeres de la CAV y el 75% en Nafarroa. «Ni se garantiza la pensión mínima ni se adopta ninguna ninguna medida para reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres. Tampoco hay ningún reconocimiento ni compensación económica alguna para el trabajo de cuidados realizado gratuitamente por las mujeres», ha concretado la secretaria general.

Asimismo, no se garantiza la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Para garantizar la financiación del sistema se deben de adoptar medidas más estructurales para redistribuir mejor la riqueza que se genera. No es suficiente con sacar los gastos impropios del sistema. Desde LAB, planteamos medidas como: aumentar las cotizaciones estableciendo el salario mínimo en 1200 euros y mejorando los salarios más bajos; aumentar las cotizaciones suprimiendo los topes de cotización a los salarios más altos; y renovar la política fiscal para recaudar más dinero y hacerlo de manera más progresiva.

Por otro lado, con las recomendaciones del Pacto de Toledo se abre la puerta a potenciar los planes privados de pensiones de empleo. No compartimos esta visión.

También se potencia el retraso de la edad de jubilación. LAB está totalmente en contra de esta medida. Hay que adelantar la edad de jubilación a 60 años.

En cuanto a la revalorización de las pensiones tomando como referencia el IPC, nos parece un aspecto positivo, siempre y cuando quede claro que se va a garantizar legalmente.

Estas recomendaciones del Pacto de Toledo en unos meses se concretarán en una nueva reforma de pensiones. Según Garbiñe Aranburu, «no podemos seguir mirando a Madrid y limitarnos a valorar las medidas que se nos imponen desde el Estado. Para garantizar un sistema público de pensiones, hay que transformar el modelo y eso nos lleva a volver a hablar de la necesidad de un sistema propio».

Desde LAB, estamos elaborando una propuesta para una nueva Ley de Seguridad Social. Esa ley debe contar con capacidad legislativa en todas las cuestiones relacionadas con las pensiones y con la protección social. «No queremos limitarnos a gestionar lo que decida Madrid. No basta con cumplir el Estatuto de Autonomía y el Amejoramiento, que se limitan a recoger la gestión. Hay que superar el actual marco jurídico y político», señala la secretaria general.

En la elaboración de la propuesta para una nueva Ley de Seguridad Social, LAB quiere contar con la opinión y con las propuestas del movimiento de pensionistas y de movimientos sociales que trabajan en el ámbito de la protección social.