A convocatoria de la mayoría sindical vasca, hemos denunciado en Barakaldo la última muerte laboral. En concreto, un operario del sector de la construcción, de 62 años, falleció el martes tras caerse un objeto desde altura cuando trabajaba en la obra y golpearle.
En la movilización, hemos destacado que ni el sector ni las y los trabajadores pueden dar por normal esta situación ni acostumbrarse a ella.
Las trabajadoras de limpieza subcontratadas de la Diputación de Gipuzkoa se han concentrado ante el Palacio Foral. Han reivindicado un convenio sin pérdidas adquisitivas y han remarcado que no pararán hasta conseguirlo.
El convenio colectivo se está negociando desde mayo de 2021. Tras varias reuniones, la empresa EULEN (concensionaria del servicio) ha dejado claro su postura: no hará ningún planteamiento económico con vinculación al IPC. Para LAB, ELA y ESK la vinculación al IPC de las propuestas salariales que se realicen es imprescindible. Es imprescindible para que las trabajadoras no pierdan su poder adquisitivo. Pero, no solo eso, esta empresa pretende congelar el salario de las trabajadoras para el año 2021. Año de pandemia, donde la limpieza ha sido un servicio esencial, y la patronal nos plantea congelación salarial. Es inaceptable.
Los sindicatos somos conscientes de que la Diputación Foral de Gipuzkoa también tiene responsabilidades en este servicio, ya que se acaban de publicar los pliegos y es la administración pública quien tiene que decidir si quiere velar por los intereses de las trabajadoras o por los intereses patronales. Tras varias solicitudes de reunión, la Diputación Foral esta misma semana nos ha contestado, citándonos a una reunión para el lunes. En esa reunión exigiremos a la Diputación que no adjudique los pliegos al precio más bajo, ya que, eso sí, es su responsabilidad directa.
Nos hemos movilizado ante el Parlamento de Gasteiz con el lema «Nosotras sin cobrar y el dinero en Gibraltar. Eusko Jaurlaritza culpable». Concretamente, en 2019, UTE Larrialdiak-Maiz abandonó el servicio de ambulancias en Araba y Bizkaia y dejó salarios sin pagar a sus trabajadores y trabajadoras. Las ejecuciones de sentencia no se pueden llevar a cabo dado que el aval para cubrir dichos impagos está en Gibraltar.
Años y años de lucha, 7 convenios diferentes, más de 2.000 horas de trabajo anuales, problemas constantes con los EPIs, servicio deficitario….. somos un sector maltratado, un sector al que no se le ha dado, ni la importancia, ni el valor que se merece. El Gobierno Vasco sigue subcontratando un servicio esencial para la ciudadanía, sigue manteniendo un servicio pobre, en manos de terceros que lo único que les preocupa es el dinero, nunca la salud de las y los alaveses o vascos.
Un sector que se nutre del valor humano, y de las ganas de sus trabajadores y trabajadoras, quienes a 31 de diciembre del 2019, en vez de quedarse en casa o irse a la huelga, decidieron, pese a no haber cobrado la paga extra, ni los festivos ni nocturnos de diciembre, incluso en algunos casos debiéndoles mucho más dinero, decidieron ir a trabajar para dar el servicio. Porque hay algo que se le olvida a la administracion pública: si el dia 1 de enero de 2020 hubo ambulancias de urgencia en Bizkaia y en Araba, no fue porque vendría una empresa a poner las ambulancias, sino por los trabajadores y trabajadoras.
El 31 diciembre del año 2019, la empresa que por entonces daba el servicio en Araba y parte de Bizkaia, la UTE Larrialdiak-Maiz abandonó el concurso de ambulancias y dejó a los trabajadores y trabajadoras sin cobrar la paga extra, los nocturnos y festivos, y cantidades, en algunos casos desorbitados, que ya veníamos arrastrando de meses anteriores.
Tras más de dos años de juicios, las sentencias favorables a los y las trabajadoras han tenido que llevarse a ejecución, por falta de pago por la empresa que abandonó el servicio. El Gobierno Vasco retuvo el aval que esa empresa tuvo que presentar al llevarse la licitación para la explotación del servicio.
Pues bien, dicho aval está en Gibraltar, esto supone que no puede ejecutarse el aval según los servicios jurídicos del propio Gobierno Vasco. ¿Dónde estaban los servicios jurídicos cuando la empresa presentó dicho aval? ¿Qué control real tiene la administración pública sobre las empresas y los avales que éstas tienen que presentar para que se les dé el servicio?
El Gobierno Vasco es el responsable de ese control, el cual no ejerció, y nos parece muy grave que no se dé ningún tipo de control sobre las empresas privadas que se presentan a los concursos, ni controlando los avales en su presentación, ni controlando después si cumplen los pliegos de condiciones.
Como responsable del servicio, el Gobierno Vasco debe de pagar a estos y estas trabajadoras que realizaron el servicio y después que reclame por la vía que estime oportuna a la empresa que abandonó el servicio. Los y las trabajadoras no deben ser las paganas de una falta de control por parte de la administración, ni las paganas de que las empresas que solo vienen a hacer dinero se lo lleven y no paguen a los y las trabajadoras por el trabajo que realizaron y realizan.
Los hechos son muy graves, pero estos hechos pueden reproducirse. ¿Sabe el Gobierno Vasco dónde están los avales de las empresas que gestionan en estos momentos el servicio de ambulancias? ¿Qué pasaría si alguna abandona el servicio como hizo UTE Larrialdiak-Maiz en 2019? ¿Volverá el Gobierno Vasco a dejar el servicio en manos privadas?
Desde LAB, exigimos que el Gobierno Vasco pague las cantidades que UTE Larrialdiak-Maiz adeuda a las trabajadoras de forma inmediata y también que se publifique el servicio de ambulancias, dado que una publificación del servicio supondrá una mejor gestión del mismo, sin que empresas privadas se queden con el dinero y sin que a la sociedad vasca le salga mucho más caro un servicio público, que, además, se entrega a manos privadas para su explotación.
La noticia de otra agresión sexual en el centro de trabajo, en esta ocasión en Sestao, contra una trabajadora de limpieza de Metro Bilbao, vuelve a sacarnos a la calle. Esta agresión se produce escasas semanas después de que una trabajadora del hogar de mediana edad fuese violada por parte de su empleador de 71 años en la localidad vizcaína de Sopela.
No se trata de un hecho aislado. No es la primera vez que una limpiadora es agredida en su centro de trabajo, de camino al trabajo o de regreso a casa.
Son demasiados los relatos que las trabajadoras de limpieza acumulan: desde el comentario incómodo sobre lo bien que te sienta el nuevo uniforme blanco o del escalofrío que se siente cuándo es de noche y parece que hay alguien más al otro lado del pasillo, hasta hechos como el de Sestao: el intento de violación que sufrió la trabajadora cuando limpiaba la estación de Sestao. Cada uno de los relatos citados son violencia.
Nos hemos movilizado en el trayecto de metro entre Portugalete y Sestao por que, como mujeres y como trabajadoras de limpieza, estamos hartas de sufrir la violencia en sus múltiples vertientes: violencia machista, violencia laboral, violencia social. Estamos hartas de seguir siendo invisibilizadas, menospreciadas y agredidas.
Según han explicado las activistas, «para denunciar todo esto, hemos realizado el Pikete Feminista desde el metro de Portugalete hasta Sestao donde las trabajadoras de limpieza hemos denunciado las diferentes violencias machistas que sufrimos portando 20 relatos y repartiendo octavillas a las personas usuarias del metro. Después, hemos colocado estos relatos en la estación de Sestao donde fue agredida nuestra compañera para denunciar y a la vez visibilizar las diferentes situaciones que nos vemos sometidas por el simple hecho de ser mujeres y trabajadoras de limpieza».
Ante estas agresiones, desde el sindicato LAB exigimos a las empresas y administraciones que asuman su responsabilidad y desarrollen políticas que velen por nuestros derechos como mujeres trabajadoras y realicen un seguimiento de las condiciones específicas en las que trabajamos.
¡No a las agresiones contra las mujeres, ni en el trabajo ni en ningún sitio! ¡Si tocan a una, tocan a todas!
LAB considera que el borrador presentado por la Comisión de Ponencia para el Acuerdo Educativo hace una lectura superficial, plantea dudas en la redacción y no aborda el meollo de las carencias del sistema educativo. Tanto es así que el borrador presentado ni siquiera incluye un diagnóstico y, a falta de una visión crítica, difícilmente se puede conseguir adaptar el actual sistema educativo a las necesidades que tenemos como pueblo.
Es un texto que puede tener interpretaciones muy diferentes y amplias. LAB considera que uno de los objetivos del acuerdo debería ser acabar con el sistema de concertación universal. Es más, estima que desde la confluencia habría que transitar hacia una red única de titularidad pública, con la escuela pública como eje del sistema y construyendo un nuevo concepto de lo público basado en la descentralización y en la participación de la comunidad educativa. En la situación actual, la administración debe poner a la esc uela pública en el centro y dotarla de recursos.
En esta transición, junto al establecimiento de las condiciones para la percepción de dinero público -modelo de inmersión lingüística en euskera, coeducación, laicidad, inclusión, gratuidad y currículum vasco-, se debería garantizar la participación pública en los centros que reciben dinero público, utilizando fórmulas de titularidad compartida. Es decir, durante el periodo de transición, en el servicio público educativo habría dos tipos de titularidad, una pública y otra compartida.
LAB considera que el borrador no responde adecuadamente al reto que como pueblo tenemos respecto a la euskaldunización. Es necesario definir e implantar el modelo de inmersión y mantenimiento del euskera para toda la comunidad educativa desde los 0 años hasta la Formación Profesional.
Asimismo, el convenio debería dar respuesta al modelo y organización del sistema educativo no universitario de 0 a 18 años, integrando el primer ciclo de Educación Infantil (0-3), que ni siquiera se menciona en el borrador, dentro del sistema educativo y en los mapas escolares. La Administración tendría que acabar con la política de cheques de subvenciones, porque en caso de no hacerlo se perpetuará la competencia de matriculación del alumnado en las escuelas. En este sentido es imprescindible garantizar la gratuidad del Consorcio Haurreskolak.
El texto hace referencia a los procedimientos unificados de escolarización y planificación a nivel local propuestas por LAB. Sin embargo, la importancia del asunto requiere profundizar en su planteamiento. Las comisiones a crear para poder desarrollar fórmulas de co-gobernanza entre el Departamento de Educación y los ayuntamientos para planificar toda la matriculación requieren necesariamente recursos, competencias y un carácter vinculante. Sólo así es posible desarrollar propuestas integrales para superar la segregación atendiendo a las necesidades locales.
LAB recogió en su decálogo que se financiarán al 100% las necesidades educativas básicas del alumnado, y nada más. Esas necesidades básicas son aquellas que responden al ámbito social, académico y al bienestar físico y psíquico, y están relacionadas con la autonomía en el desarrollo, el juego, las emociones, la seguridad afectiva, la naturaleza, la experimentación, el lenguaje, el conocimiento, la alimentación, el cuerpo, las relaciones y el pensamiento crítico. Por lo tanto, quedarían fuera prácticas como la que hemos conocido hace un mes de financiación de piscinas u otras infraestructuras.
La propuesta de acuerdo adolece de un grave vacío en cuanto al control público. De hecho, no basta con presentar deseos como la gratuidad real o la euskaldunización si no se desarrollarán evaluaciones de los mismos. El control del sistema y de la financiación requerirá auditorías por parte de las instituciones e inspecciones propias.
Hay que tener mucho cuidado con los contratos-programa. Aunque cada centro puede acordar con el Departamento de Educación los recursos necesarios para llevar a cabo su proyecto educativo, el sistema educativo debe contar con un curriculum estructural; la coeducación, la atención a la diversidad y la inclusión, la laicidad y el euskera y la cultura vasca deben ser la base del proyecto educativo de todos los centros. La educación debe responder de forma integral y crítica a las opresiones basadas en las clases sociales, el sexo-género y/o la racialización; no puede ser optativa. Además, se deberá establecer mecanismos para evitar que los contratos-programa fomenten la competencia entre centros y se conviertan en un motivo de segregación.
Respecto al tema laboral, el borrador se refiere únicamente al profesorado y excluye al resto del personal educativo. Aun reconociendo la necesidad de abordar la formación del profesorado, la responsabilidad del proyecto educativo del centro y de sus objetivos es de todo el personal, también del subcontratado que debe pasar a ser público. Es imprescindible el reconocimiento de todas las trabajadoras, al menos si se trata de entender y transformar la educación en su sentido más amplio.
El borrador debería recoger consensos sobre el acceso del personal, dando pasos hacia un sistema de acceso único y estableciendo procesos transparentes basados en la igualdad de oportunidades, competencias y méritos de los y las candidatas. Asimismo, debería recoger acuerdos sobre el descenso de las ratios profesorado-alumnado y/o personal educador-alumnado, como medida para mejorar la calidad de la atención y educación a cada alumno y alumna y para el mantenimiento del empleo ante la caída de l natalidad. Es necesario profundizar en las condiciones laborales, estabilidad y homologación del personal.
Por último LAB declara que hará aportaciones al borrador en base al decálogo que acaba de publicar. En la actualidad, valorando que se trata de un texto que puede tener interpretaciones muy diferentes y amplias, LAB incide en la necesidad de aclarar, definir y cerrar algunos temas de debate. La perpetuación del actual sistema de concertación o la limitación de la concertación y su transición, son dos cosas muy diferentes. LAB quiere y va a incidir en el Acuerdo Educativo.
El sindicato LAB se concentrará el próximo lunes, 14 de febrero, frente a la sede de Xilema en Pamplona, para denunciar los cinco despidos que ha realizado esta fundación entre las educadoras de los Acogimientos Residenciales Básicos de menores. En opinión de LAB, el Gobierno de Navarra sigue sin garantizar una atención de calidad en los servicios de atención a menores en situación de desprotección, lo que hace que las empresas o fundaciones que se financian completamente con dinero público funcionen a base de arbitrariedades que en nada ayudan a estabilizar las plantillas.
Para las personas que trabajamos en el sector es de sobra conocido que el pliego de menores gestionado actualmente por Fundación Xilema es muy escaso en el número de profesionales en intervención directa. Lo es porque el Gobierno de Navarra no se dignó a escuchar las demandas y necesidades que se les transmitieron por parte del sindicato LAB.
Pese a ello, Fundación Xilema decidió incluir, por encima de pliegos, una figura de educador/a de apoyo por las tardes en los Acogimientos Residenciales Básicos, lo que suponía cinco personas en total. Ahora, Fundación Xilema argumenta que esto le supone un gran sobrecoste que no puede seguir asumiendo, ya que el Gobierno no financia estas figuras, aunque se consideren necesarias.
La dirección de Fundación Xilema argumenta razones económicas cuando no ha presentado al Comité de empresa ningún documento objetivo que justifique dicha razón, no ha informado al Comité sobre un solo número, solo han expresado verbalmente que “los dos últimos años hemos tenido pérdidas”. Esto no es una razón que justifique la amortización de cinco puestos de trabajo, no lo es.
Dice Fundacion Xilema que han estado poniendo por encima de lo que les pedía Gobierno, por supuesto, será también porque dinero (público, el de todos y todas las contribuyentes) suficiente les inyectaba Gobierno como para poder hacerlo, al igual que siguen haciendo con otras cosas. Ese mismo dinero que ahora se van a ahorrar y que tampoco sabemos a qué van a destinar. Cuestión de prioridades.
De rebote, al resto del equipo que continúan les cambian los horarios. Las compañeras educadoras van a ver aumentadas sus funciones y sobrecarga laboral. A estas alturas, cualquiera se habrá dado cuenta del empeoramiento en la calidad del servicio que esto va a suponer.
Gobierno de Navarra sigue sin garantizar una atención de calidad en los servicios de atención a menores en situación de desprotección. Además, sigue sin dar pasos en la dirección de regular el decreto de autorizaciones, homologaciones y funcionamiento de servicios sociales para menores, ya que actualmente sigue vigente el de 1991.
Esta forma de gestionar los servicios sociales es nefasta para las plantillas y para las personas usuarias. Sin regulación, las plantillas estamos expuestas a las arbitrariedades de unas y otras, de los cambios de criterios en las titulaciones, de la falta de profesionales en la gestión del dinero público de todos y todas, de los despidos libres y cambios de horarios, etc. En un sector tan vulnerable, donde es tan necesaria la estabilidad de las plantillas, no vemos voluntad política ni soluciones de calado.
Las plantillas del sector tomamos nota y actuaremos en consecuencia, denunciando allá donde sea necesario estas actuaciones. Como ya dijimos hace tiempo, tras la victoria del convenio sectorial, el próximo frente de acción debemos orientarlo a la mejora de los ratios de personal, para que nuestro trabajo no nos cueste la salud y se mejore la calidad en la atención que prestamos. Queremos hacer intervención, no asistencialismo.
Por ello, vamos a manifestar nuestro rechazo frente a Fundación Xilema para denunciar los despidos y para exigir unos ratios dignos de atención, que garanticen servicios de calidad de atención a menores en Navarra. Nos concentraremos el próximo lunes 14 de febrero a las 11:30 frente a las oficinas de Xilema, enfrente del Civican, en Pamplona.
Comunicado conjunto de los sindicatos LAB, CCOO, ELA, USO, ESK y UGT:
A finales de diciembre ELA-CCOO-LAB presentamos al SEA una tabla con las reivindicaciones del Metal de Arabapara dar respuesta a la precariedad que vive el sector, con salarios que no pueden hacer frente al encarecimiento de la vida, la jornada laboral mas alta de la CAPV con una gran flexibilidad, fraude en la contratación, una eventualidad elevada, uso y abuso de la subcontratación y ETTs, discriminación de las mujeres en un sector masculinizado,numerosos accidentes laborales, permisos sin adaptarse a las situaciones actuales…
En Enero el SEA nos contestó solicitando un mes para poder responder a nuestra propuesta y traer algo a la mesa. Tenemos que recordar que en el Metal de Araba, llevamos más de 3 años negociando el Convenio sectorial, yla patronal tiene bloqueada la negociación y se mantiene inmóvil. Por ello, en la siguiente reunión del 14 de febrero, esperamos que el SEA cambie de táctica, salga de su inmovilismo y presente una plataforma que contemple respuestas satisfactoriasa las necesidades del sector.
Ante esta realidad, los sindicatos ELA, CCOO y LAB, que formamos una amplia la mayoría de la representación sindical y que venimos de culturas sindicales muy diferentes decidimos iniciar una dinámica conjunta, socializar la necesidad de cambio en el sector y convocar una manifestación por el Convenio del Metal de Araba el 19 de Febrero a las 17:30 desde la Plaza Bilbo. A esta manifestación, y a la plataforma reivindicativa presentada, se han unido los sindicatos USO, ESK y CGT y se han adherido muchos Comités de Empresa como Mercedes y subcontratas, Tubos Reunidos, Fiasa, CIE Automotive, Atusa, Gestamp Arasur, Condesa, SNA Europe, JEZ, Inauxa, Amurrio Ferrocarril y Equipos,… además de numerosos delegados y delegadas de personal ysiguen adheriéndose.
La petición es clara y esperamos que la respuesta del SEA sea acorde a lo que se exige para que la riqueza creada por los metalúrgicos y metalúrgicas llegue a todo el Sector. En ese sentido, las reivindicaciones son claras:
– Subidas salariales por encima del IPC, con un salario mínimo de 1400€ en 14 pagas.
– Rebaja importante de la jornada laboral
– Subrogación para el personal de las subcontratas
– Medidas contra el fraude en la contratación
– Limitación de la temporalidad y la flexibilidad
– Medidas para conseguir una igualdad real y efectiva
– Medidas para garantizar la salud laboral
– Mejoras en los permisos y otras condiciones laborales que pongan a las personas en el centro
– Garantías de aplicación del convenio: ultractividad, impedir la inaplicación unilateral y darle prioridad aplicativa.
Finalmente, queremos expresar que si la situación actual de bloqueo se mantiene y no se da respuestasatisfactoria a las reivindicaciones planteadas , en los próximos meses habrá paros y huelgas en el Metal de Araba.
Por todo ello, invitamos a los trabajadores y trabajadoras del sector y a la ciudadanía en general a participar en la Manifestación del 19 de Febrero a las 17:30 desde la Plaza Bilbo.
La diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, ha comparecido en las Juntas Generales para presentar un nuevo modelo residencial de cara al futuro en torno a las Políticas Sociales de Transición Agenda 2023-2030. Así, LAB y ELA hemos interrumpido la comparecencia para poner sobre la mesa las reivindicaciones de las trabajadoras del sector, insistiendo una vez más en la necesidad de activar la negociación colectiva y haciendo un llamamiento al diálogo entre Diputacion, patronal y sindicatos.
La situación en las residencias es realmente grave y se han realizado ya infinidad de peticiones formales de reunión para encontrar una solución a este conflicto que se ha alargado demasiado y no se ha recibido respuesta alguna por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Como se ha dicho, las trabajadoras subcontratadas están en una situación límite, las cargas de trabajo son excesivas, las bajas o los días de vacaciones no se cubren adecuadamente, las diferencias salariales y de condiciones laborales entre las diferentes residencias son evidentes, los continuos cambios en los protocolos, etc. En palabras de las trabajadoras, esta situación se ha vuelto insostenible y urge buscar una solución que dignifique las condiciones laborales y mejore el cuidado de nuestros mayores.
Esta situación es consecuencia directa de la privatización de los servicios sociales financiados con dinero público, junto con la falta de reconocimiento social y económico de los sectores feminizados.
La negociación del convenio colectivo sectorial está bloqueada tanto por la actitud de la patronal como, cómo no, por la falta de voluntad de la Diputación de Gipuzkoa de buscar una solución, que sigue enrocada ante un conflicto que se prolonga más de 3 años. La insuficiencia de personal conlleva ritmos intensos de trabajo y una carga física y psicológica insoportable. La exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales en el trabajo es tan generalizada como inaceptable.
El incremento de los ratios de personal es imprescindible respecto al Decreto 41/1998, queremos mejorarlos para poder profundizar en el principio de atención personalizada. Esta necesidad se ve confirmada por los largos tiempos de atención a la higiene de las personas, los cuidados personales, el momento de la ingesta de alimentos o el tiempo dedicado a fomentar la autonomía personal.
Desde el sindicato LAB queremos insistir, una vez más, en la necesidad de dar pasos hacia un nuevo modelo de cuidados, hacia un Sistema Público Comunitario de Cuidados; es decir, hacia un Sistema Vasco de Cuidados y Servicios Sociales público, universal, gratuito, de calidad y de gestión pública y directa. Pero somos conscientes de que es imposible avanzar sin dar solución a los conflictos y urgencias de hoy.
También queremos hacer un llamamiento a participar en las diferentes movilizaciones que llevaremos a cabo en los próximos días:
16 de febrero, Día de la Huelga: manifestación, a las 11:00, desde Boulebard
Gora emakume langileon borroka!
LAB rechaza esta iniciativa, apoyada por EUDEL, que promueve procesos selectivos conjuntos, cubriendo indistintamente vacantes en las policías locales de diversos ayuntamientos. Así lo hemos decidido en la Asamblea de Afiliadas y Afiliados reunida en Durango
En primer lugar, porque se vulnera el derecho a la negociación en los propios ayuntamientos, trasladando la discusión a marcos opacos, que nada tienen que ver con la realidad de nuestros municipios. No se ha contado con la representación de las plantillas municipales.
Se ataca la autonomía municipal, haciendo dejación de las competencias propias sobre Ofertas Públicas de Empleo. Se separa al colectivo de policías locales del resto de empleadas y empleados municipales. Además, se renuncia a resolver la problemática relativa a las elevadas tasas de interinidad en numerosos ayuntamientos, por lo que se genera una precariedad aún mayor.
Este planteamiento centralizador desprecia la singularidad municipal y busca imponer un modelo policial alejado de los intereses de cada municipio, en detrimento de la calidad del servicio y de una relación de cercanía con la ciudadanía.
En definitiva, desde el sindicato LAB, queremos denunciar que, una vez más, se ha actuado a espaldas de las y los trabajadores, y de su representación sindical.
Además, exigimos al Departamento de Interior del Gobierno Vasco que deje de inmiscuirse en la definición y caracterización de las Policías Municipales, ya que que son materias de competencia exclusivamente municipal.
Tampoco nos parece de recibo la actuación de aquellos ayuntamientos que han apostado por secundar la iniciativa, rehuyendo de su responsabilidad a la hora de ofrecer un servicio comunitario de calidad, preventivo, euskaldun y de cercanía a los vecinos y vecinas.
