El 22 de diciembre, tras un recorrido de dos años, el Congreso español aprobó la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario. Está claro que en absoluto es la ley que necesita Euskal Herria, ya que Madrid continuará decidiendo sobre los principales temas que corresponden a la Universidad de todo el Estado y de Hego Euskal Herria. Sin embargo, presenta avances en diversos temas si la comparamos con leyes anteriores.
En cuanto a la gobernanza de las universidades, la medida más destacable ha sido la ampliación de la posibilidad de ser rector o rectora del profesorado catedrático al resto de profesorado doctor permanente -funcionario o laboral-, reivindicación histórica de la lucha por el profesorado propio. No obstante, el colectivo de profesorado permanente mantendrá una representación del 51% en el Claustro y en los procesos de elección de la rectora o rector
Por otra parte, otorga a el o la Rectora la facultad de elegir un tercio del Consejo de Gobierno para aumentar aún más el control sobre este órgano. Este retroceso es muy evidente en la democratización de la gobernanza y en la participación de la comunidad universitaria.
En cuanto a las condiciones de trabajo, en el caso de las y los profesores “ayudante doctor y doctora”, el equivalente a un profesor adjunto del sistema vasco sustituye el requisito docente de 24 créditos actuales por 18 créditos. Por otra parte, si bien se menciona la necesidad de adoptar medidas para acabar con la endogamia existente en los concursos para los puestos de Personal Docente e Investigador, deja en manos de las universidades la posibilidad de designar tribunales que, en la práctica, supondrán una delegación a los departamentos. En el caso del personal de administración y servicios, el margen dedicado por ley a este colectivo es muy limitado y no hay grandes novedades. Por último, si bien se prevé que el porcentaje máximo de contratos del PDI temporal pase del 40% al 8% del PDI, no se especifica cómo se llevará a cabo esta medida.
En el caso de los profesores y profesoras que vayan a realizar sustituciones, no se les reconoce la posibilidad de realizar investigación, ya sea a tiempo parcial o completo, a corto plazo o durante varios años. Esto, además de aumentar la precarización, puede tener consecuencias muy negativas en su carrera académica.
Si bien la Ley contempla destinar a la Universidad el 1% del PIB, no se garantiza la forma en que se percibirán estos fondos, ni la financiación que recibirán las Universidades Públicas. Asimismo, aunque en la ley también aparecen las políticas de igualdad, no se especifica cómo se van a desarrollar las prácticas. Por último, si bien prevé un itinerario de gratuidad de las tasas, es obvio que no apuesta por las universidades públicas en su competencia con las privadas.
Como ya se ha comentado, si bien pueden preverse algunos efectos positivos respecto a la legislación anterior, la LOSU no aportará mejoras suficientes en el funcionamiento, calidad y condiciones de trabajo de la universidad. El centralismo estatal y el poder de los lobbies regresivos seguirán dominando las universidades, incluidas las universidades públicas de Hego Euskal Herria. De la misma manera, queda pendiente la incidencia del profesorado en el desarrollo de las figuras propias de los diversos ámbitos contemplados en la Ley del Sistema Vasco de la CAV. Si bien en los últimos tiempos la Dirección de la UPV/EHU y el Gobierno han mostrado su voluntad de aplicar de forma directa las imposiciones de Madrid, antes de la entrada en vigor de la LOSU, solicitamos que se traten con la parte social algunos puntos pendientes de clarificación y se inste a dar pasos decididos a favor de un sistema universitario propio.
De hecho, LAB va a seguir trabajando en la defensa de las condiciones laborales y los derechos del personal de las universidades de Euskal Herria. Asimismo, en el camino a un sistema universitario vasco público, propio e independiente, impulsará que las universidades sean caracterizadas y gestionadas aquí y actúen al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.
