El comité de empresa de APNABI, compuesto por 13 delegadas y delegados de LAB, ha convocado dos días de huelga el 8 y 9 de febrero por la lucha de un convenio justo. Se trata de una asociación plenamente consolidada y reconocida. Está integrada por más de 1.000 familias y en la misma trabajan casi 300 personas. APNABI cuenta con colaboración institucional y de otros agentes, para mantener una amplia red de servicios y de actividades dirigidas a personas con trastorno del espectro del autismo y a sus familias.
La titularidad del servicio público que prestan es, en casi su totalidad, responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia, en definitiva, APNABI está financiada mayormente con dinero público.
La plantilla se encuentra en un marco de negociación bloqueado desde 2019, a consecuencia de ello llevan acumulada una alta pérdida adquisitiva que para muchas trabajadoras se traduce en cobrar, casi desde hace dos años, 200 euros menos al mes. Sueldos que rozan en muchos casos la precariedad y con los que no se llega a final de mes.
Además, denuncian que su salud laboral está en juego. Son un colectivo que se diferencia de otros colectivos de la diversidad funcional en el tema de las agresiones en el trabajo. Esta cuestión, aparte de ser diaria, es grave. Además, si a esto le sumas la falta de recursos y las malas condiciones laborales, supone que a día de hoy tengan uno de los porcentajes más altos de accidentes de trabajo por agresiones directas o cuestiones derivadas de éstas. Así mismo, tienen unos índices de bajas por enfermedad común de casi un 30% de la plantilla. Por ejemplo, en lo que va de año, cinco compañeras han tenido que acudir a la mutua y en consecuencia, están en situación de baja laboral por situaciones de agresión en el trabajo.
Se encuentran en una situación de precariedad laboral y social, tanto las y los profesionales como las personas usuarias.
La empresa tiene encima de la mesa una propuesta de mínimos cuyas principales reivindicaciones son:
- Subidas salariales para recuperar de alguna manera el poder adquisitivo perdido por la inflación y teniendo como referencia el IPC.
- Medidas de conciliación acordes al colectivo feminizado en el que se encuentran.
- Planes de prevención de calidad que aseguren el bienestar de las personas trabajadoras.
Desde 2020, APNABI está trasladando a la plantilla que no tiene más dinero, pero a la vez compra 3 viviendas, invierte en un centro por valor de 1 millón de euros y amplía su sede central, con unos alquileres desorbitados, a más de 1000 metros cuadrados. Todo se lleva a cabo con el dinero que tendría que estar destinado a las y los profesionales y con el beneplácito de la Diputación Foral de Bizkaia y del máximo responsable del Departamento de Acción Social , Sergio Murillo.
No queda tan lejos, cuando en plena pandemia toda la población estaba encerrada en casa y las trabajadoras tenían que exponerse a un virus desconocido sin ninguna protección, poniendo en riesgo su salud y la de nuestras familias. Y así se lo pagan ahora, o mejor dicho, no se lo pagan.
Por todo esto, APNABI se para. La plantilla lleva desde junio con paros parciales y diversas concentraciones y manifestaciones por Bilbo y frente a su puestos de trabajo. Pero los y las abocan a una huelga de 2 días, el 8 y 9 de febrero, la primera de su historia, con lo que ello conlleva para un colectivo precarizado.
Si finalmente no hay una respuesta positiva a sus demandas, trasladan a las familias de APNABI que los servicios se van a ver seriamente afectados.
Por último, si la actitud tanto de la empresa como de la Diputación no cambia, no descartan más paros, huelgas y movilizaciones.
