Hoy se ha hecho pública la noticia de que desde la Jefatura de policía española se ha ofrecido días festivos de compensación a los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irún a cambio de detener a personas migrantes a partir del 1 de julio.
A pesar de que posteriormente esta orden fue anulada, tras una denuncia y de que el inspector que la firmó fue expedientado, desde LAB consideramos denunciable y de extrema gravedad lo sucedido.
Diversos colectivos sociales vienen denunciando en diferentes territorios y barrios de Euskal Herria las prácticas racistas de los distintos cuerpos policiales que sistemáticamente vulneran derechos fundamentales como es el caso de los controles por perfil étnico racial y los abusos policiales que sufren especialmente ciertos colectivos de personas racializadas.
La noticia que se ha dado a conocer hoy es una muestra más de la realidad de violencia que vivimos diariamente en la frontera entre Irún y Hendaia. Sobran las declaraciones institucionales vacías y falta voluntad política real para acabar con estas prácticas que lejos de ser cuestiones individuales se amparan en la impunidad brindada por los poderes públicos.
Desde el sindicato LAB nos negamos a aceptar que desde las instituciones públicas, que son las que deberían ser quienes dan el ejemplo en términos de protección y garantía de derechos fundamentales, sea desde dónde se fomenta y premia el racismo estructural. Del mismo modo, volvemos a exigir la reapertura de la frontera, el cese de los controles por perfil étnico, racial y político, las devoluciones en caliente así como hacemos nuestra la petición de que la policía española abandone de una vez nuestra tierra.
La embarcación de pesca de bajura de Bermeo quedará amarrada, al menos de momento, en el puerto. Una mala noticia para el puerto de Bermeo, para la pesca en el País Vasco y especialmente para sus pescadores. Han despedido sin ninguna información previa a los operarios, que les hacían trabajar en condiciones lamentables.
Las y los pescadores recibieron la noticia el 8 de mayo, cuando estaban dispuestos a zarpar en el puerto. El armador les comunicó que no saldría, sin dar ninguna razón ni explicación clara. Las y los pescadores, ante la imposibilidad de entender lo que estaba ocurriendo y la situación en la que iban a quedar, se dirigieron a la cofradía en busca de información, donde les informaron de que la empresa tenía a todos sus trabajadores y trabajadoras dadas de baja en la seguridad social.
Ni un preaviso, ni una carta de fin de contrato o despido, ni un finiquito, ni una indemnización, ni una explicación sobre cómo fueron despedidos.
Por si fuera poco, la situación de los trabajadores hasta ahora no ha sido mejor. Solamente la mitad tenían la suerte de estar en alta en la seguridad social, ya que cuatro de cada ocho se encontraban trabajando sin contrato. Si esto es muy grave en cualquier otra empresa, lo es aún más para los que trabajan en el mar, porque no han recibido los cursos de seguridad, salvamento, primeros auxilios o socorrismo que son imprescindibles.
Estos últimos acontecimientos, desgraciadamente, no son casos aislados. Lo que han hecho los responsables del pesquero Beti Euskal Herria es reflejo de la evolución de la pesca; la dejadez institucional hacia el sector y los intereses privados de los armadores suponen un aumento de la opresión y los problemas de la clase trabajadora:
– El problema de la flota que va disminuyendo poco a poco cada año, y que en muchos casos, junto con los barcos, las cuotas y licencias de pesca se van para siempre de Euskal Herria. Mientras, las instituciones no tienen planes ni toman medidas concretas para garantizar el futuro de la pesca.
– Empresarios sin escrúpulos que creen estar por encima de la ley.
Quienes se aprovechan de las y los trabajadores que temen perder su trabajo por desarrollar, luchar o defender sus derechos.
Quienes se aprovechan de personas migrantes sin papeles, sin ningún derecho reconocido y que tienen la necesidad de aceptar cualquier condición laboral para sacar adelante su vida.
Desgraciadamente, todavía hoy vemos estas cosas en Euskal Herria. El sector pesquero se está convirtiendo en el rostro de la explotación del siglo XXI.
Para que se respeten los derechos de las personas trabajadoras, conseguir mejores condiciones laborales y acabar con todas estas injusticias hace falta organizarse y luchar, porque nadie nos va a regalar nada.
El problema del pesquero Beti Euskal Herria responde al racismo patronal e institucional y afecta especialmente al sector pesquero de Euskal Herria, ya que muchas de las personas que trabajan en dicho sector son migradas y racializadas, condicionadas por la ley de extranjería española, lo que les obliga a estar en la economía sumergida y a las que se les niegan derechos fundamentales.
Exigimos que cuando los derechos de estas personas trabajadoras sean vulnerados, las administraciones asuman sus responsabilidades políticas y realicen un seguimiento efectivo de las condiciones de trabajo, garantizando los posibles mecanismos de regularización para que tengan unas condiciones laborales y de vida dignas. Es hora de acabar con el esclavismo del siglo XXI. en la pesca.
Reclamamos medidas para la transición a una única red pública en la Ley de Educación, así como el reconocimiento de Euskal Herria, que el euskera sea el eje central y que se adopten las medidas necesarias para garantizar las competencias del alumnado.
Cuando se puso en marcha el proceso de elaboración de la nueva ley de educación en la CAV, desde LAB apostamos por incidir en el proceso y aprovechar esa oportunidad para transformar la educación, sabiendo que sin vías de lucha y presión no sería posible hacer el camino hacia la Escuela Pública Comunitaria Vasca. Es decir, sin presión difícilmente podríamos conseguir sacar adelante esas transformaciones que necesita un sistema educativo organizado en una única red pública, descentralizado e independiente.
En este sentido, hemos realizado movilizaciones y huelgas y estamos incidiendo en ese camino. De hecho, hemos conseguido mejorar las condiciones laborales para el personal educativo. Sin embargo, analizado el Anteproyecto de Ley de Educación definitiva, aún quedan cuestiones que corregir o mejorar. Por ello, desde LAB presentamos enmiendas relacionadas con los siguientes temas:
Sobre el reconocimiento de Euskal Herria, la estructuración territorial y el Currículum Vasco
El nuevo proyecto de ley de educación se debe recoger el derecho de Euskal Herria a configurar un sistema educativo independiente y propio, asumiendo las carencias del actual sistema educativo (competenciales y de modelo) y con la finalidad de superarlos. Asimismo, la ley debe estructurar su relación con el resto de los territorios de Euskal Herria.
El proyecto de ley debería recoger que, a corto plazo, el Gobierno, sirviéndose de todas sus competencias y en colaboración con expertas/os y agentes, desarrollará el proceso de mejora y elaboración del Currículo Vasco, teniendo en cuenta el patrimonio lingüístico, cultural y social de Euskal Herria y siendo ésta la línea estructural del sistema educativo. A su vez, LAB considera que a medio plazo el Departamento de Educación debe poner en marcha un proceso participativo de elaboración del Currículo Vasco con vocación de permanencia, que debe realizarse en colaboración con expertas/os y agentes educativos.
Sobre la transición a una única red pública y descentralizada
En lo que respecta al Servicio Vasco de Educación, LAB no comparte que al Servicio Vasco de Educación se le haya asignado el apellido de “público”, por lo que plantea su supresión. Público es aquello que tiene titularidad pública. Detrás podría estar la intención de perpetuar y mantener el actual sistema dual.
Por otro lado, LAB considera que esos principios básicos que recoge la ley para recibir fondos públicos, no deben ser principios, sino obligaciones. Y a los centros que no cumplan los requisitos para acceder a fondos públicos se les deben imponer de oficio sanciones por infracciones, incluida la posibilidad de perder el concierto.
Con el fin de posibilitar la transición del Servicio Vasco de Educación hacia una red pública, única y descentralizada, LAB pide que los centros de titularidad compartida se regulen en la ley como vía para la titularidad pública. De hecho, LAB considera que hay ikastolas y centros de carácter o vocación pública que, aunque ofrecen servicio público, de momento no están en la red pública. Y, además, a día de hoy todavía hay centros concertados con ánimo de lucro o que tienen incorporado el adoctrinamiento religioso en su proyecto educativo.
Centro de titularidad compartida: Sería la forma de en los centros concertados que forman parte de la red pública el ayuntamiento o la mancomunidad formen parte de la propiedad de los centros. Así, habría una intervención pública en los centros que reciben financiación pública, siendo el ayuntamiento o mancomunidad parte de la propiedad y garante del control público.
En cuanto a los centros privados concertados, LAB pide que: “no se concertarán nuevos centros de titularidad privada si hay plazas públicas suficientes en esa zona, y prioritariamente se ampliará la oferta educativa a través de centros de titularidad pública”.
Sobre la planificación de la superación de los modelos lingüísticos y la implantación del euskara como modelo de aprendizaje generalizado
En el apartado de lenguas, la ley debe incluir la planificación de la superación de los modelos lingüísticos y la implantación de un modelo de aprendizaje generalizado basado en el sistema de inmersión y mantenimiento del euskera.
Para desarrollar esta planificación, todos los centros que reciban fondos públicos, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, deberán implantar un modelo de aprendizaje generalizado basado en el euskera, empezando de educación infantil, progresivamente, etapa a etapa y ciclo a ciclo, recogiéndolo en los proyectos lingüísticos enmarcados en los proyectos educativos de todos los centros. El departamento competente en materia educativa deberá garantizar que cada centro dispone de recursos suficientes para desarrollar sus proyectos lingüísticos y que se realizan evaluaciones externas de las competencias de euskera del alumnado por etapas.
Sobre laicismo
Para garantizar la laicidad, LAB considera imprescindible suprimir la expresión «sin que los centros educativos renuncien a su propia condición» del artículo 32. 5. LAB considera que la naturaleza de los centros, sí o sí, debe ser laica si hay fondos públicos de por medio.
Sobre consejos educativos municipales
LAB considera que hay que recoger por ley que en los municipios de la CAPV donde haya más de un centro se constituirán consejos educativos municipales. Por otra parte, dado que los consejos educativos municipales son el máximo exponente de la cogobernanza entre el Departamento de Educación y los ayuntamientos, deberían tener por ley las siguientes funciones vinculantes:
Organizar la escolarización y planificación conjunta de ese municipio, junto con el personal técnico del Ayuntamiento y el Departamento de Educación, que estaría formado por centros de distinta titularidad. La planificación de los puestos escolares corresponde al Departamento de Educación, -es su responsabilidad-; sin embargo, la planificación de la organización educativa local y la definición de los ámbitos de influencia asociados se realizará en los consejos educativos en cogobernanza con los ayuntamientos, definiendo los ámbitos educativos a nivel local. Tendrán la función de comisiones de garantías de escolarización y planificación.
Planificación de toda la matriculación del municipio, canalizándola desde una única y unificada oficina municipal de matriculación.
Garantizar que disponen de los mismos criterios y recursos para las actividades complementarias, extraescolares y de servicios que se realizan en los centros educativos ubicados en el municipio, de forma que no se conviertan en fuente de segregación.
Sobre la supresión del Consejo Asesor de condiciones de trabajo
Supresión del órgano consultivo denominado Consejo Asesor. En efecto, los representantes de los centros concertados no son quiénes para tratar las condiciones de trabajo de los y las empleadas públicas, y la disposición adicional recogida en la ley tiene la contrariedad de la mayoría de la representación de los y las trabajadoras.
Seguiremos incidiendo en la Ley de Educación para mejorarla con propuestas como las que hemos presentado y, si no hay posibilidad de ello, recurriremos a las movilizaciones.
Junto con la subida de la temperatura, aumenta el factor de riesgo que implican las olas de calor. Desde el sindicato LAB trabajaremos para identificarlo y limitarlo, con el objetivo de preservar la salud laboral, llegando a exigir el cese de la actividad en casos extremos.
En LAB insistimos una y otra vez en la importancia primordial de la prevención en materia de salud laboral. En esta ocasión, el secretario de Salud Laboral, Inko Iriarte, y la responsable de Acción Sindical, Oihana Lopetegi, han presentado la guía de acción sindical ante las cada vez más conocidas olas de calor. La guía completa puede consultarse aquí:
El capitalismo, a través del mito del crecimiento continuo, uno de sus pilares, ha traspasado las propias fronteras del planeta. El 2022 fue uno de los veranos más calurosos que hemos conocido hasta ahora; todos y todas recordamos los incendios que hubo el año pasado en Nafarroa. Este año, las temperaturas ya han superado los 30 grados en 43 días y los 35 en 21 días. Cada vez tenemos más días calurosos a lo largo del año y las temperaturas de esos días son cada vez más altas. El último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés) lo indica claramente: la temperatura del planeta va en aumento y el riesgo de sequías, olas de calor y cambios bruscos de temperatura se está multiplicando.
Esta nueva situación también nos ha llevado a adaptar la acción sindical y a centrarnos más en los riesgos que se generan en el trabajo por el calor. Además de realizar peticiones para identificar estos riesgos y poner soluciones, hemos optado por activar la acción sindical en caso de que las empresas no pongan solución.
Hoy hemos presentado el protocolo para poder actuar en los lugares de trabajo. Por un lado, explicamos lo que dice la normativa al respecto, es decir, lo legalmente exigible y controlable en los centros de trabajo. Por otro lado, determinamos la acción sindical a llevar a cabo en las empresas, recogiendo los pasos a dar para intentar limitar los riesgos. En última instancia, impulsaremos la suspensión del trabajo si se entiende que existe un riesgo grave e inminente, con el objetivo no sufrir consecuencias más graves.
En este sentido, LAB obligará a los empresarios a implementar las medidas de salud laboral obligatorias desde hace 27 años, como la evaluación específica adecuada a las características de cada trabajador o trabajadora, la puesta en marcha de medidas en función de los resultados de dicha evaluación (priorizando las medidas colectivas) y, por último, la adaptación del propio modelo de organización.
En caso de incumplimiento, responderemos con determinación y pasos organizados. El protocolo que llevará a cabo el sindicato ante situaciones de riesgo relacionadas con el calor será el siguiente:
1. Solicitar formalmente a la empresa la actividad específica de evaluación del riesgo legalmente recogida. 2. Informar a Osalan y a NOPLOI de la falta de mediciones específicas o de mediciones deficientes. 3. Comunicar a la inspección de trabajo la infracción y la exposición al riesgo. 4. Poner en marcha unilateralmente medidas organizativas. Se realizarán descansos/paradas en función de la sensación térmica. – Ofrecer a los delegados y delegadas y afiliados y afiliadas recursos técnicos sencillos para medir la sensación térmica, así como información y formación. – Forzar los descansos cuando la sensación térmica llegue a niveles peligrosos. Cuanto mayor sea la temperatura, más paradas/descansos (en locales climatizados) En un momento determinado, en situaciones límite, se pondrá en marcha el procedimiento de cese de la actividad, de acuerdo al artículo 21 de la Ley de Prevención.
Al final, a la empresa le saldrá más barato tomar medidas que sufrir nuestra acción sindical.
A finales de mayo realizamos tres asambleas en Iruñea, Tafalla y Doneztebe con nuestras delegadas de residencias con las que culminó un proceso de reflexión en torno a la lucha por el primer convenio sectorial de Nafarroa. Como consecuencia de ese proceso, hemos decidido dar un nuevo impulso a las negociaciones del convenio, que están paradas desde enero, y convocar unilateralmente la mesa de negociación para el 9 de junio, a la que llama a participar a todas las partes implicadas.
Tal y como hicimos a principios de 2021 promoviendo la apertura de la mesa de negociación del que será el primer convenio de residencias de Nafarroa, y tal y como hemos ido haciendo estos dos últimos años impulsando y socializando la necesidad de traer la negocación colectiva a nuestro territorio, hemos visto ahora la necesidad de dar un nuevo impulso a la lucha visto el bloqueo por parte de unos y unas y la inactividad por parte de otros y otras.
En LAB, junto a los otros tres sindicatos ‒o mejor dicho, delante, tirando de ellos‒, llevamos más de dos años impulsando huelgas y movilizaciones varias, trabajando centro a centro la necesidad de luchar por un convenio colectivo propio que dignifique las condiciones de trabajo de las trabajadoras del sector.
Pues bien, tras las últimas jornadas de huelgas y movilizaciones, hemos realizado un proceso de reflexion con nuestras delegadas y afiliadas, y entre todas se ha decidido que, ante la situación de bloqueo, se quiere apostar por una negociacion real y con contenidos, y así se les trasladó en la anterior reunión intersidical a ELA y UGT ‒CCOO se descolgó hace meses de la lucha‒.
La patronal hizo su propuesta en enero de este año. Es una propuesta insuficiente, pero mediante las múltiples huelgas y luchas de las trabajadoras del sector, se ha conseguido arrancarle a la patronal una propuesta, que para nosotras queda lejos de la firma, pero sienta la primera base para poder negociar el resto de contenidos.
Entendemos que es el momento de actuar. La mejora de las condiciones de trabajo viene siempre respaldada por la lucha, y en ella sigue este sindicato, pero eso exige además tener capacidad de negociación. Propusimos a ELA y UGT convocar de nuevo la mesa de negociación, para sentarnos todas juntas frente a la patronal y el Gobierno de Nafarroa. Pero ante la negativa de estos dos sindicatos, hemos decidido convocar de manera unilateral la mesa para el próximo 9 de junio.
Sin abandonar la lucha, sin abandonar las calles, pensamos que es el momento de reactivar una negociación real y hablar de contenidos. Tenemos claro que es posible la consecución del primer convenio colectivo de residencias de Nafarroa, pero para ello es indispensable hacer un movimiento hacia el acercamiento y comenzar a hablar de contenidos.
En esa negociación, para nosotras, son prioritarias e imprescindibles la mejora de los salarios (con la garantía del IPC), la reducción de la jornada laboral, los complementos por incapacidad temporal, abordar la necesidad de los contratos de relevo, y las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, tan necesarias en este sector feminizado de cuidados. Pondremos encima de la mesa la limitación de la flexibilidad y que todas las trabajadoras del sector cuenten con su calendario laboral anual, donde se respeten los descansos, donde los cambios de horarios unilaterales no tengan cabida para, de esta manera, garantizar la mejora en la calidad de vida de las trabajadoras del sector.
En resumen, abrimos hoy un nuevo escenario en el sector de residencias de Nafarroa y hacemos un llamamiento al resto de sindicatos para que actúen con responsabilidad y se comprometan con la mejora real de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
Tras 3 días de paros y 10 días de huelga, las trabajadoras de la Clínica Asunción han convocado 14 días más de huelga para junio y septiembre por un convenio que mejore sus condiciones laborales.
Las trabajadoras de Inviza en Tolosa ofrecen un servicio público, que en otras comarcas lo realiza Osakidetza pero las condiciones laborales están muy alejadas.
Las trabajadoras tienen pendiente la renovación del convenio desde 2021 y, teniendo en cuenta el IPC que se ha dado estos años, han perdido un poder adquisitivo del 12,2%. El nuevo convenio pretende recuperar el poder adquisitivo perdido, lograr subidas salariales que hagan referencia al IPC y una jornada laboral semanal de 35 horas.
Hasta ahora la empresa no ha mostrado ninguna voluntad negociadora y está haciendo todo lo posible para establecer unos servicios mínimos abusivos, intentando frustrar la huelga.
Las jornadas de huelga serán las siguientes:
7,8,9,12,13,19 y 20 de junio 13,14,15,18,19,28 y 29 de septiembre También se realizarán concentraciones y Caravana de Coches. Los días 12 y 13 de junio se hará una acampada de 24 horas en el Triángulo.
En Sidenor Azkoitia llevamos varios años viendo cómo se destruye empleo y se mantiene una eventualidad infinita en varios puestos estructurales.
En los últimos 5 años: – La plantilla se ha reducido en unos 110 trabajadores, 90 fijos y 20 eventuales.
Hay trabajadores y trabajadoras que llevan acumulados contratos eventuales durante varios años. A día de hoy hay unos 16 trabajadores y travajadoras que llevan de eventual 4, 5 o 6 años incluso. Esto no lo podemos permitir. Se están cubriendo puestos estructurales con eventuales indefinidamente. Se están cubriendo puestos estructurales con contratas indefinidamente.
Es hora de cubrir todos los puestos estructurales de la fábrica de Azkoitia con trabajadores y trabajadoras fijos.
En los últimos meses le hemos trasladado a la dirección de Sidenor Azkoitia la petición para hacer indefinidos a los y las eventuales que llevan más de 4 años en la empresa, y la respuesta de la empresa siempre ha sido un NO rotundo, que a corto plazo no hay previsión de hacer más fijos.
El Comité de Sidenor Azkoitia en los últimos meses, viendo la inacción de la dirección en este tema, hemos realizado diferentes concentraciones en la entrada de la fábrica para denunciar esta situación y ahora hemos decidido que es hora de hacer pública esta situación injusta que viven nuestros compañeros y compañeras.
Nekaezin jarraitzen dugu Macronen politika neoliberalak salatzen, eta mobilizazioekin aurrera jarraitzeko beharra nabarmendu dugu.
Intersindikalean artean ere onartzen ez gaituzten arren, LABeko ordezkari Argitxu Dufauk bere lekua hartu du pankarta nagusiaren aldamenean.
Erretreten erreforma kentzeaz gain, sistema publiko eta duina aldarrikatzen du LAB sindikatuak, Euskal Herrian eta Euskal Herritik eraikiko dena. Bitartean, frantses estatuarekiko konfrontazioaren bidean irmo jarraitzeko asmoa iragarri du Argitxu Dufauk, gaurkoan egin bezala.
Todos los sindicatos nos posicionamos en contra de dicha propuesta
El pasado 30 de mayo se reunió el Consejo Vasco del Empleo Publico. A dicha reunión la administración trajo una propuesta de Decreto para regular el Teletrabajo entre el personal público, con el objeto de que el Consejo tomase una posición favorable o contraria a la misma.
Todos los sindicatos nos posicionamos y votamos en contra. Pero el Gobierno, con sus votos, los de las Diputaciones Forales y el de los 2 miembros de Eudel, impusieron la posición favorable del Consejo a la propuesta de Decreto.
Todo esto deja bien a las claras el carácter antidemocrático de este Consejo Vasco del Empleo Público. En dicho consejo, la administración (la patronal de las y los trabajadores públicos) cuenta con 12 miembros, mientras la representación del personal, a través de los sindicatos, contamos únicamente con 6 miembros.
Esto es, la Administración cuenta con el doble de representantes que los sindicatos, y puede imponer cualquier decisión o posición. Estas son las formas que le gustan a Urkullu, al PNV y a los representes de todas las instituciones en las que gobiernan: pasar el “rodillo” a las plantillas.
LAB votó negativamente a la propuesta de Decreto para regular el Teletrabajo por la siguientes razones que ya manifestamos en la reunión del pasado jueves:
– El Gobierno no formula el Teletrabajo como un derecho del personal, sino como algo discrecional que queda a la entera voluntad de la administración, que decidirá conceder el Teletrabajo o no en función de sus intereses.
– Sobre los gastos (luz, internet, gas, y demás recursos…) que el Teletrabajo ocasiona a las trabajadoras y a los trabajadores no dice absolutamente nada. Este vacío supone un riesgo de que todos los gastos corran a cuenta del personal, o como mínimo se decidan de un modo arbitrario.
– Se imponen rígidos mecanismos de control. Está claro que el Gobierno se aleja de la realidad y no se fía de sus propias trabajadoras y trabajadores.
– No menciona ni regula horarios y su registro, fomentando así la explotación.
Una vez más el Gobierno nos impone unilateralmente las condiciones de trabajo y sigue negando el derecho a la Negociación Colectiva. Tienen que tener claro que las trabajadoras y trabajadores continuaremos luchando ante estas situaciones totalmente injustas, y tendrán a LAB también ahora enfrente.
