Las asambleas de trabajadores y trabajadoras han refrendado por mayoría en asambleas los paros ya votados con anterioridad y que ELA, CCOO y UGT pretendían suspender. Dichas movilizaciones tienen por objetivo impulsar la negociación del convenio.
Los y las trabajadoras conseguimos tras activar diferentes medidas de presión y realizar varias jornadas de paros una cuarta propuesta para el nuevo convenio por parte de la Dirección. Tras ellos, a propuesta de ELA y con el apoyo de CCOO y UGT, la mayoría sindical del comité intercentros que agrupa las plantas de Beasain, Irun y Madrid, solicito suspender las medidas de presión tal y como requería la Dirección.
Sin embargo, la mayoría de los Comités de los centros de Beasain e Irun, formada por LAB y ESK han solicitado mantener las medidas de presión, ya que no consideraban que había el suficiente contenido ni las condiciones para desmovilizar a los y las trabajadoras.
En las plantas de Beasain la propuesta de suspender las movilizaciones ha recibido un total de 411 votos, mientras que la de la de mantener las movilizaciones tal y como pedía LAB ha recogido 825 votos. En Irun los votos por suspender las movilizaciones han sido 41 y los de mantenerlas han sido 172. La propuesta de dejar en suspenso los paros, realizada por ELA con el apoyo de CCOO y UGT, tan solo ha prosperado en la planta de Madrid.
Por lo tanto, la amplia mayoría de la plantilla respalda continuar con los paros y las movilizaciones, que se reactivarán este mismo jueves.
Con los resultados de hoy, se fortalece y se pone en valor la lucha de los y las trabajadoras. LAB hace un emplazamiento directo a la Empresa para que de una vez por todas llene de contenido la negociación. Por otro lado, también pide al resto de sindicatos que no alimenten la política de división que fomenta la dirección, ya que solo con la unidad y la determinación de la plantilla va a ser posible conseguir los objetivos marcados.
Jaime Iribarren Iriarte, responsable de Acción Social de LAB en Nafarroa, escribe un artículo de opinión sobre pensiones dignas. El texto puede leerse a continuación:
Dicen que somos un pueblo solidario. A mí me gusta más cuando nos describen como un pueblo luchador porque la mejor forma de construir una sociedad solidaria es movilizarse contra todo tipo de injusticias.
Tras una larga vida en la “población activa”, la Seguridad Social contempla el derecho a cobrar una pensión de vejez. El problema es que a la hora de que te hagan el finiquito de por vida, no se contabiliza el trabajo realizado sino el montante cotizado durante los años legalmente trabajados. En principio parece lógico, pero no lo es tanto.
Trabajo y empleo no son lo mismo. Mientras el trabajo es el resultado de una actividad que no tiene por qué ser remunerada, el empleo es un trabajo que se practica a cambio de un salario. Por eso, hay que reconocer los trabajos no remunerados, mayoritariamente de cuidados y realizados por mujeres. Muchas mujeres, después de toda una vida trabajando se encuentran con la heladora realidad de no haber contizado nada, o no lo suficiente, y son condenadas a una mísera pensión no contributiva o a seguir dependiendo de la pensión de su pareja.
Por otro lado, tenemos esa segunda brecha que parte del trabajo remunerado precarizado y condicionado por el sesgo de género. La persona que ha trabajado en un puesto salarialmente precarizado ha aportado a la sociedad como la que más. No es justo que porque ciertos empleos, principalmente feminizados, se infravaloren económicamente, las futuras pensionistas tengan que ser penalizadas también en la recta final de sus vidas. En la actualidad, si trabajas limpiando la Plaza del Castillo de Iruñea, generalmente hombre, tu sueldo será superior a la de quien trabaja limpiando un centro educativo, generalmente mujer. Encima de que te pagan menos también te cotizan menos. Tenemos que combatir la brecha salarial para corregir la brecha pensionista en los trabajos asalariados.
Para tener derecho a una pensión contributiva, la ley exige que hayas cotizado un mínimo de quince años y para realizar el cálculo de la cuantía que te pertenece se tiene en consideración las bases de cotización de los últimos 25 ó 29 años, descontando, en este último caso, los dos que menos te interesen. El problema es que muchas mujeres no han podido trabajar tantos años bajo la cobertura de un contrato y esto les condena a cobrar pensiones que no llegan ni al mínimo estipulado, por lo que deben ser complementadas a mínimos. El patriarcado tiene que ser sancionado con el reconocimiento de pensiones dignas para todas las mujeres que han sido injustamente discriminadas.
Hoy en día la pensión mínima contributiva asciende a 743 €. Este tipo de pensiones son cuestión de Estado. La Constitución del 78 reconoce la posibilidad de transferir a Navarra las competencias completas de la Seguridad Social, cuestión necesaria desde una perspectiva organizativa y operativa. Pero lo cierto es que sigue siendo una competencia secuestrada por Madrid. La asunción de esta competencia es urgente y necesaria, pero no nos puede llevar a engaños. Llegará, pero mientras Madrid ostente la potestad de imponer su criterio ejerciendo la competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica, la falta de soberanía seguirá impidendo que diseñemos un sistema público propio de pensiones que responda a nuestra realidad socioeconómica como pueblo.
Los defensores de la caja única que alegan un principio de solidaridad financiera, en realidad están imponiendo un marco tramposo que provoca claramente una situación de desigualdad y desamparo competencial que nos impide hacer frente a nuestras propias necesidades. A nadie se le escapa que el costo de la vida aquí y allí no es el mismo, por lo que imponer una pensión única e igual para todo el territorio estatal provoca desigualdad, justo lo contrario de lo que alegan los defensores de la Constitución.
La realidad es que siendo nuestro pueblo un lugar donde la carestía de la vida es mayor que en otros puntos del Estado, no menos cierto es que tenemos capacidad económica para responder al reto pensionista. Faltan las herramientas.
Mientras tanto debemos solucionar el problema parcheando. Sí, lo que proponemos desde la Iniciativa Social “Ahora 1.080€ Orain” es un parche para que al menos desde la hacienda navarra complementemos la pensión mínima que impone Madrid hasta los 1.080 €. Dicho de otra manera, para que toda persona que tenga una pensión contributiva pueda encender la calefacción este invierno.
Esta reivindicación es urgente para la mejora de las condiciones de vida de los pensionistas de ahora; es palanca para gantizar una vida digna a las pensionistas del futuro y abre el debate pertinente de avanzar más allá de soluciones parciales abordando la necesidad de ampliar la capacidad competencial y de soberanía de nuestra tierra.
En este caso igualdad no es sinónimo de equidad. La discriminación se corrige discriminando positivamente. Ha llegado la hora de demostrar que somos un pueblo que lucha y reivindica derechos, tal y como lo hemos hecho el 11 de noviembre en Iruñea para pedir al Parlamento de Nafarroa que complemente las pensiones mínimas y no dé la espalda a esta reivindicación básicamente feminista. Casi 7 de cada 10 personas que no llegan a cobrar 1.080 € son mujeres. Y el 30 de noviembre, no queda otra, todas y todos a la Huelga Feminista General.
Hoy, a 14 de noviembre de 2023, de nuevo nos ha tocado denunciar los atropellos y despidos por parte de DORNIER SA con argumentos tan innovadores como no caminar con la suficiente velocidad. Mediante la concentración realizada en la plaza del Ayuntamiento hemos querido trasladar nuestra repulsa y denuncia por los últimos despidos que nuestras compañeras y compañeros están sufriendo.
La gravedad de esta situación es mas evidente aún cuando estos despidos caen o han caído en plenas elecciones sindicales, en el cambio de pliego o en la inminente negociación del convenio que esta por venir. Este tipo de acciones tienen como objetivo amedrentar y tratar de bloquear la necesidad de organización que la plantilla necesita para abordar la difícil situación.
Por todo ello, el comité de empresa exige que la paralización de todos los despidos ha de ser inmediata.
En contestación a la denuncia presentada por el sindicato LAB debido a que la empresa que gestiona la residencia de Cáseda no tiene expuesto el calendario anual de turnos y horarios de trabajo y debido a que la empresa no elabora la planificación anual de las vacaciones, Inspeción de Trabajo ha constatado que lo denunciado es cierto y ha requerido a la empresa para que de forma “inmediata y continuada” cumpla con lo previsto en la legislación vigente. En LAB nos felicitamos por esta resolución y animamos a las trabajadoras a que sigan organizándose y luchando por sus derechos.
En mayo de este año el sindicato LAB presentó una denuncia en Inspección de Trabajo contra la empresa SG Cáseda SL que gestiona la residencia de dicha localidad por varias irregularidades en materia laboral. A los pocos días una inspectora visitó la residencia, aunque bien es cierto que posteriormente a la empresa le costó dos meses entregar la información requerida. El informe resultante de la investigación realizada da la razón al sindicato, hace hincapié en que las irregularidades cometidas por la empresa “dificultan en gran medida la conciliación personal, laboral y familiar de las personas trabajadoras” y, por tanto, le requiere que cumpla, ni más ni menos, lo previsto en la ley.
Hace aproximadamente año y medio llegó una nueva gerencia a la residencia de Cáseda. La anterior había huido, después de haber dejado la residencia y a sus trabajadoras en una situación verdaderamente alarmante. Debido a ello, las trabajadoras dieron en un principio un voto de confianza al nuevo gerente. Pero esa confianza ha desaparecido por completo, ya que la situación de las trabajadoras no ha mejorado e, incluso, en algunos aspectos ha empeorado.
El hecho de no proporcionar un calendario laboral anual, ni una planificación de las vacaciones, dificulta enormemente la conciliación de las trabajadoras. Pero, además, dio pie a que el gerente se inventase que las trabajadoras le debían horas. Ante eso, LAB optó por denunciar las irregularidades en Inspección de Trabajo. Este sindicato se felicita de que le hayan dado la razón, como no podía ser de otra manera, y anima a las trabajadoras a que continúen organizándose y continúen luchando por sus derechos y por unas condiciones de trabajo dignas. En ese sentido LAB realizará mañana, 15 de noviembre, una asamblea con las trabajadoras para explicar este y otros temas; será a las 15:00 en la residencia.
Somos trabajadores y trabajadoras de asociaciones que ofrecen servicios de atención y cuidado a personas con diversidad funcional y llevamos mucho tiempo organizándonos a través de los sindicatos y negociando sus propios convenios de empresa. Sin embargo, a través de la Negociación Colectiva no sólo impulsamos la mejora de nuestras condiciones laborales, sino también la mejora de la calidad de los servicios que ofrecemos.
Sin embargo, en el presente año 2023 no se ha producido ningún incremento salarial y a día de hoy se conoce que desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa no hemos recibido ningún compromiso para garantizar el IPC. Por otra parte, por parte de las direcciones de nuestras asociaciones no ha habido ninguna propuesta de acuerdo que responda a las múltiples reivindicaciones de los trabajadores.
Ante esta situación, los trabajadores y las trabajadoras del sector queremos manifestar a través de las movilizaciones de hoy:
Por un lado, siendo la Diputación Foral de Gipuzkoa la máxima responsable de la calidad de los servicios que presta, así como de sus condiciones de personal, que a lo largo de la próxima legislatura se ponga en marcha una colaboración con los representantes de los trabajadores y trabajadoras y con las direcciones de las empresas responsables de la gestión de los servicios para mantener los retos del sector y mejorar las condiciones de trabajo, así como la calidad de los servicios: garantizando la capacidad adquisitiva, adoptando medidas para reducir las cargas de trabajo (modificando y mejorando los ratios), estableciendo medidas para una mejor conciliación del trabajo y de la vida o facilitando la jubilación de las trabajadoras y los trabajadores más mayores, entre otras. Para ello, exigimos al Departamento de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa que fije una jornada de reuniones con los sindicatos LAB, ELA y CCOO y que adopte compromisos dirigidos a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Por otro lado, solicitamos a las direcciones de ATZEGI, ASPACE, FUNDACION GOYENECHE, GAUTENA Y ARANSGI la firma de convenios que cumplan con su responsabilidad y den respuesta a las reivindicaciones y necesidades de los trabajadores. No hay que olvidar que estos son los que se sientan en las mesas de negociación junto con la parte sindical y, en consecuencia, los encargados de negociar las condiciones laborales.
Por último, queremos trasladar a la ciudadanía guipuzcoana que, de no dar un paso adelante, pondremos en marcha la Acción Sindical con el objetivo de dar salida a esta situación de bloqueo. En definitiva, porque lo que está en juego no es sólo nuestra capacidad adquisitiva o la mejora de nuestras condiciones laborales, sino el derecho que tenemos todos los guipuzcoanos y todas las guipuzcoanas a recibir cuidados y servicios sociales de calidad.
La empresa de Ermua se encuentra inmersa en un concurso de acreedores desde hace dos años. Durante este tiempo, la Dirección de la empresa, la consultora Rodas y la administración concursal que están dirigiendo la empresa y tomando todas las decisiones, no han hecho mas que empeorar la situación de la sociedad, en detrimento de los y las trabajadoras.
Microdeco es una empresa situada en Ermua, creada en 1963, que se dedica a la mecanización, y al decoletaje de alta precisión. En pocos años, esta empresa ha pasado de tener una plantilla de 160 personas a 88 personas actuales, de los cuales pretenden despedir mediante un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción a 36 personas.
Este es el segundo ERE de extinción que sufren en los últimos meses meses. La Dirección ha apostado por la reducción de puestos de trabajo en vez de apostar por el mantenimiento de la plantilla, haciendo caso omiso a los diversos planteamientos de la parte social. La única herramienta que han planteado y plantean es el despido y la destrucción de empleo, así como el empeoramiento de las condiciones de trabajo.
Además de la destrucción de empleo que supone este segundo ERE, reduciendo la empresa a la mínima expresión, LAB considera absolutamente denunciable que la elección de la lista de despedidos y despedidas haya sido totalmente a dedo, arbitrario, y sin ningún criterio objetivo. Es especialmente denunciable que entre el colectivo de despedidas están el 100% de las mujeres de producción, hecho que LAB tilda de inaceptable y discriminatorio.
Además de la destrucción de mas de 100 puestos de trabajo, la empresa pretende precarizar las condiciones de trabajo de las 52 personas trabajadoras, modificando por completo el convenio de empresa actual y vigente, reduciendo salarios y derechos laborales e incluso sin garantizar el empleo.
Por ello, la plantilla ha decidido iniciar desde hoy una huelga indefinida para la búsqueda de soluciones para las 88 familias actuales, reivindicando unas condiciones dignas y un proyecto de futuro para las personas trabajadoras de Microdeco S.A.
Desde el sindicato fijamos tres prioridades para los presupuestos de la CAV y de Nafarroa: el desarrollo de servicios públicos de atención y protección a la ciudadanía, la mejora de las condiciones de trabajo en los ámbitos público y subcontratado y la puesta en marcha de comisiones de transición equitativa. Presentará sus reflexiones y propuestas en el Consejo Económico y Social de la CAV que se celebra este jueves.
El coordinador general del sindicato, Igor Arroyo, y el responsable de Acción Social, Endika Pérez, han trasladado la reflexión de LAB de cara a los presupuestos de la CAV y de Nafarroa.
Arroyo ha denunciado que «los gobiernos nos presentan los presupuestos como si se tratase de un asunto puramente técnico. Se hace mucha propaganda y poco debate. Precisamente esa es nuestra demanda, posibilitar un debate estratégico sobre las necesidades y retos que tiene este país y en concreto la clase trabajadora «.
En opinión de LAB, “en la próxima década tenemos grandes retos como transformar el modelo productivo y de consumo según criterios ecosociales, afrontar una distribución cada vez más desigual del bien o hacer frente a la crisis de cuidados y salud”. El fortalecimiento de las políticas y servicios públicos es fundamental para hacer frente a estos retos, pero la política fiscal llevada a cabo en la última década ha hipotecado totalmente la capacidad de las instituciones vascas y navarras para hacerlo. Llevar a cabo una profunda reforma fiscal es, por tanto, la primera demanda de LAB. Si nos equiparáramos a la media de la Unión Europea, en Hego Euskal Herria contaríamos con 4.600 millones más para reforzar y desarrollar los servicios públicos”.
En cuanto al apartado de inversiones, LAB reclama una revisión presupuestaria desde una perspectiva feminista y transformadora. Los presupuestos no son neutros, es necesario revisarlos en función de variables como la clase y el género, más aún a las puertas de la Huelga Feminista General. Desde una perspectiva feminista, habría que definir los recursos necesarios para superar la discriminación estructural que sufren las mujeres y las diferentes brechas que se les imponen: el reparto corresponsable de las tareas de cuidado y la mejora de las condiciones laborales de las personas cuidadoras, la lucha contra la violencia machista o contra la pérdida de renta que sufren las mujeres que adoptan medidas de conciliación.
Lo que LAB ha visto hasta ahora es que no hay intención de realizar el debate estratégico mencionado, de reforzar los ingresos y de reorientar las inversiones: «El Gobierno de Urkullu está hipotecado por su dependencia hacia la Patronal. Sigue haciendo oídos sordos a las demandas sindicales y sociales. No expresa interés en mejorar las condiciones laborales, reforzar los servicios públicos o complementar las pensiones. Además, desdeña su responsabilidad y asume el papel de víctima, presentando las dinámicas amplias y transversales de pensionistas, trabajadoras de servicios públicos o del movimiento feminista como ataques hacia su persona «.
Endika Pérez ha dado cuenta de las tres prioridades de LAB de cara a los presupuestos y detalla en qué deberían materializarse en el caso de la CAV.
En palabras del responsable de Acción Social, “por un lado, hay que dar cabida en la política presupuestaria a la protección de la gente trabajadora y a los cuidados”. Incluye dentro de ese objetivo la sanidad, la educación, las pensiones o el desarrollo del sistema público comunitario de cuidados. «Aunque ha señalado que la inversión en sanidad es la mayor de la historia, el consejero Aspiazu no dice que todavía estamos lejos de la media europea, por debajo de los tres puntos». «Precisamente, acabamos de conocer que el número de quejas y reclamaciones de Osakidetza ha crecido y es evidente que las intenciones de privatización se mantienen. Hay que recordar que por iniciativa de LAB se han conseguido suspender contratos de privatización de diversos servicios de Osakidetza por un importe total de más de 11.000.000 de euros «.
En la misma dirección, Pérez ha recordado el plan estratégico que necesita la Escuela Pública Vasca, insistiendo de nuevo en que la inversión en este apartado está lejos de Europa. En cuanto a las pensiones, ha señalado que el complemento de una pensión mínima de 1080 euros debería recogerse en los proyectos de presupuestos, recordando que según las estimaciones realizadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria tendría un coste de 235M. Asimismo, denuncia la falta de inversiones concretas para configurar un sistema público comunitario de cuidados.
Pérez destaca otra prioridad de cara a los presupuestos: «Los presupuestos permiten mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y dar soluciones a conflictos laborales concretos. A las y los empleados públicos y a los subcontratados les sobran razones para secundar huelgas y movilizaciones. El gobierno de Urkullu ha rehuido las reivindicaciones de las personas trabajadoras de los servicios públicos. Y descartada la excusa de las competencias, también se pueden citar ejemplos más concretos, como que no se contempla ninguna partida económica para la equiparación de trabajadores y trabajadoras de las ambulancias o que no se recogen los 8 millones de euros que son necesarios para solucionar el conflicto laboral con las y los profesores precarios de la UPV/EHU».
Por último, Pérez ha criticado la falta de inversión para llevar a cabo la transformación socioproductiva que exige la crisis energética y ecológica. Mientras el Tren de Alta Velocidad, que se ha convertido en el relato de la historia interminable, sigue teniendo la escandalosa partida habitual, estos presupuestos no abren la posibilidad de financiar el Comité de Transición Justa para que los y las trabajadoras puedan formar parte de la transformación socioproductiva. Tampoco contemplan la reconversión de empresas en crisis ni intervención pública alguna que tenga por objetivo defender el empleo. «No hay más que ver lo que está pasando con Siemens Gamesa, dotada de dinero público, o lo que viven en menor grado empresas industriales como Mecaner o Glavista. ¿Dónde está el dinero público para llevar a cabo la reconversión y viabilidad de estas empresas, tan reivindicada por los trabajadores y las trabajadoras ? «, ha concluido.
Esta semana se ha confirmado la formación en Madrid de un nuevo Gobierno que contará con el apoyo del independentismo. El hecho de cerrar la puerta al reaccionario bloque PP-VOX es una buena noticia, no así la denunciable respuesta auspiciada por dicho bloque. Las mejoras sociolaborales que se puedan conseguir a nivel estatal serán bienvenidas. Sin embargo, el reto de los próximos años para LAB es levantar los frenos y las barreras que existen en Hego Euskal Herria para desarrollar un modelo propio de relaciones laborales y protección social; para que los cambios que no son posibles en Madrid y París puedan llevarse a cabo aquí, en Euskal Herria.
En este sentido, LAB pidió a EH Bildu y PNV, en sendas reuniones realizadas en octubre, que incidieran en dos prioridades: por un lado, que las condiciones laborales de las y los trabajadores vascos se puedan decidir en Euskal Herria. Por otro lado, hacerse con la gestión de la seguridad social y posibilitar un sistema público complementario que complemente las pensiones en la CAV y Navarra hasta los 1.080 euros. Estas dos reivindicaciones han sido objeto de numerosas movilizaciones en los últimos años, entre ellas la exitosa Huelga General de 2020. Tras la reuniones con EH Bildu y PNV, la agenda de las y los trabajadores vascos ha estado presente en las conversaciones entre los partidos vascos y el PSOE
Ayer se hizo público el acuerdo entre PNV y PSOE. En cuanto al ámbito de las condiciones laborales, hay un paso positivo: la prioridad de los convenios de nuestro ámbito. Sin embargo, el acuerdo resulta insuficiente tanto para las y los trabajadores del ámbito público como para los sectores precarizados.
En el caso del ámbito público, se sigue negando la negociación colectiva. La tasa de reposición y los salarios de las y los trabajadores no se negociarán en el ámbito de la negociación colectiva y, en consecuencia, las decisiones adoptadas podrán imponerse a las y los trabajadores. Asimismo, Madrid seguirá teniendo derecho a veto porque será necesario el consenso entre el Gobierno de Madrid y los Gobiernos vasco y navarro. Así las cosas, LAB reafirma la convocatoria de huelga de los sindicatos de servicios públicos de la CAV para el 19 de diciembre.
De cara a los sectores, precarios no se contempla nada: ni la posibilidad de que las trabajadoras del hogar tengan un convenio propio en la CAV y en Nafarroa (teniendo en cuenta que Confebask se ha negado a sentarse en la mesa de negociación), ni la posibilidad de establecer un salario mínimo de 1.400 euros que mejoraría la situación de los sectores más precarios. Respecto a esta última exigencia, hay que recordar que el pasado mes de marzo, a iniciativa de EHBildu, el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco a realizar gestiones para conseguir un salario mínimo de 1.400 euros. Pues bién, aunque los firmantes del acuerdo (PNV-PSOE) son a su vez los partidos que conforman en Gobierno Vasco, esta impportante cuestión no se ha recogido en el acuerdo.
En cuanto a las pensiones, el acuerdo alcanzado entre el PNV y PSOE se limita a decir que se cumplirá lo previsto en el Estatuto de la CAV (gestión de la Seguridad Social, no regulación). Dado que los mismos agentes han expresado en otras ocasiones el citado compromiso pero no lo han cumplido, tomamos este anuncio con cautela. Además, el acceso a la gestión de la Seguridad Social no es suficiente para mejorar la situación de las y los pensionistas vascos; junto a ello, tanto LAB como el propio movimiento de pensionistas reclaman un sistema público de pensiones complementario que garantice una pensión mínima de 1.080 euros tanto en la CAV como en Nafarroa. Sin este segundo avance, las instituciones vascas se limitarían a gestionar lo decidido por el Estado.
Así las cosas, LAB seguirá interpelando al ámbito político-institucional y creando nuevas condiciones a través de la lucha sindical en las próximas semanas y meses en la dirección de un marco propio de relaciones laborales y protección social que mejore las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores vascos. Los pasos logrados en este inicio de la nueva legislatura, por insuficientes que sean, son fruto de la lucha llevada a cabo por los agentes sociales y sindicales de Euskal Herria. Y en adelante, para que haya nuevos avances, la lucha social y sindical seguirá siendo imprescindible. En este sentido, en las próximas semanas tenemos dos citas importantes: en primer lugar la Huelga Feminista General del 30 de noviembre por el derecho colectivo al cuidado; y en segundo lugar, la huelga del 19 de diciembre por el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras.
El hombre, de 66 años, es el trabajador número 47 fallecido en accidente laboral en Euskal Herria este año, y ha caído al agua en una entrada y salida de mar a tierra. Ni Osalan ni la Inspección de Trabajo han calificado lo ocurrido de muerte laboral, alegando que el operario se encontraba en días de descanso.
LAB ha querido mostrar su dolor y solidaridad a familiares, amistades y compañeros y compañeras del fallecido. Testigos presenciales han indicado al sindicato que la embarcación Corvo de Galicia llevaba varios días en el puerto de Ondarroa. Cuando el barco estaba atracado, las y los pescadores han estado viviendo allí durante sus días de descanso y el pescador fallecido, de 66 años, ha salido del barco a tierra y ha caído al agua en una de estas salidas. Horas más tarde, han encontrado su cadáver en el agua.
LAB lleva tiempo denunciando las precarias condiciones de vida y trabajo de las y los pescadores y luchando por dignificarlas. Debido a las características de la actividad pesquera, las y los pescadores se encuentran en la obligación de a encontrar un lugar donde vivir en la localidad donde su embarcación está atracada mientras dura su tiempo de descanso. Pero cuentan con recursos y apoyos limitados para ello y en la mayoría de los casos, incluso durante el tiempo de descanso, se quedan en el barco. En el caso de Ondarroa, existe la Casa del Mar, pero como hemos sabido estos días, la Diputación Foral de Bizkaia ha suprimido este servicio y ha establecido una actividad privatizada para atender a menores. Tal y como ha señalado en una nota, LAB considera necesaria la implantación del servicio de Centro de Personas Menores No Acompañadas, máxime cuando la red de Bizkaia está saturada y es muy difícil dar un servicio de calidad con los recursos actuales, pero debería hacerse a través de una planificación integral, no por medio de improvisaciones y privatizaciones.
Desgraciadamente, son frecuentes los accidentes que se producen en las entradas y salidas del barco al puerto y, aunque resulte increíble, todavía no existen las pasarelas y las medidas de seguridad necesarias para proteger las vidas de las y los pescadores. Al igual que se renuevan y adecuan las infraestructuras terrestres, como ha ocurrido en Ondarroa en fechas recientes, es necesario realizar cuanto antes las adaptaciones ligadas a la seguridad laboral también en los barcos. Esta nueva muerte deja claro que la autoridad portuaria debería tomar medidas.
Ante esta situación, ni Osalan ni la inspección de trabajo han considerado este muerte como accidente laboral y así nos lo han transmitido. Los accidentes que sufren las y los pescadores que viven en los barcos obligados por las condiciones de su trabajo son provocados por estas condiciones. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que la patronal y la administración deben adoptar medidas para evitar los accidentes causados por el trabajo en los términos anteriormente citados.
La medida preventiva más importante es revertir las condiciones precarias del sector y, de paso, que la administración no elude su responsabilidad situando estas muertes fuera del trabajo, porque así no se evitarán nunca.
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