LABLangile Abertzaleen Batzordeak

La orden de servicios mínimos del Gobierno busca dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadores y trabajadoras. Además, denunciamos que el Gobierno Vasco ha hecho pública la orden en vísperas de la huelga para obstaculizar la eventual vía jurídica contra la misma.

Fue el 13 de febrero cuando los sindicatos LAB, ELA, CCOO, STEILAS y ESK hicimos pública la jornada de huelga del 12 de marzo para todo el sector público de la CAPV. Registramos formalmente la huelga hace doce días, concretamente el 29 de febrero.

La Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco ha publicado y notificado la orden de servicios mínimos el 8 de marzo. Ha pasado un mes desde que hicimos pública la convocatoria de huelga y 8 días desde que la registramos formalmente. La orden la ha publicado un viernes y en vísperas de la jornada de huelga, si atendemos a los días hábiles. Esto además sin ninguna reunión previa ni contraste con los sindicatos que representamos a los y las trabajadoras y convocamos la huelga.

Este comportamiento se ha convertido en habitual para la Delegación de Trabajo. Publica sistemáticamente las órdenes de servicios mínimos en vísperas de los días de huelga y sin llevar a cabo la fase de audiencia previa que antaño se materializaba con los sindicatos convocantes y las administraciones. La orden para el 12 de marzo establece unos servicios mínimos superiores a los establecidos para las jornadas de huelga de octubre y diciembre, sin exponer razonamientos ni motivaciones suficientes.

El sábado, los sindicatos presentamos una demanda contra la orden ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que solicitamos la suspensión de la misma como medida cautelar para evitar dejar sin derecho a la huelga a miles de trabajadores y trabajadoras. El tribunal ha decidido no adelantar la sentencia antes de la jornada de huelga, resolviendo que la decisión sobre la vulneración del derecho a la huelga se produzca una vez que se haya llevado a cabo todo el proceso judicial.

Los sindicatos queremos denunciar que con esta actitud, el Gobierno pretende obstaculizar la utilización de la vía jurídica y/o la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de acciones frente a las vulneraciones del derecho de huelga y dejar a un mayor número de trabajadoras y trabajadores sin opción a ejercer su derecho a la huelga.

Y es que el Gobierno Vasco está imponiendo paulatinamente unos servicios mínimos cada vez mayores, vaciando de contenido el derecho a la huelga y dejando a los trabajadores y trabajadoras públicos/as cada vez más privados y privadas del derecho a la huelga. En sectores como Osakidetza o Educación los servicios mínimos dejan sin derecho a huelga a miles de trabajadores y trabajadoras; obligan a acudir a trabajar al 100% de las trabajadoras como servicio mínimo mientras en el día a día no se garantiza ese personal. En cuanto a la huelga del 12 de marzo, el Gobierno Vasco ha dado un paso más en esta vulneración del derecho de huelga y pretende dejar sin derecho a huelga a todas las especialistas de apoyo educativo de la educación pública.

La nueva orden de servicios mínimos deja sin derecho a huelga a miles de trabajadores y trabajadoras. por lo que las y los convocantes estudian solicitar en el juzgado medidas cautelares para ejercer el derecho de huelga. Además, cientos de asambleas apoyan la huelga convocada para el 12 de marzo

El Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado han dado a conocer la orden de servicios mínimos en vísperas de la huelga del 12 de marzo. Los servicios mínimos impuestos, una vez más, no han sido negociados con las y los convocantes. Al igual que en anteriores convocatorias, dejarán a miles de trabajadoras y trabajadores públicos sin poder ejercer el derecho básico a la huelga.

En un momento en el que el declive de los servicios públicos es patente, como también lo es la escasez de personal o la falta de sustituciones, parece que estos factores cobran una importancia repentina cuando llega una jornada de huelga. Cabe recordar, además, que estando ante una única jornada de huelga, debería garantizarse exclusivamente aquello que resulte absolutamente esencial. Sin embargo, una vez más, se pretende obstaculizar el ejercicio del derecho a la huelga con el único objetivo de minimizar su impacto y dar apariencia de normalidad en los centros de trabajo.

A la vista del contenido de las órrdenes, es evidente que apuestan por perpetuar y aumentar unos servicios mínimos superiores a los que establecía antes de la pandemía. La crisis sanitaria supuso la excusa perfecta para aumentar exponencialmente los servicios mínimos. Como ejemplo:

• En Osakidetza: en Atención Primaria se venían estableciendo los mínimos de un festivo, mientras que ahora se imponen los de un sábado.

• En Educación: En la educación pública no universitaria se imponía la presencia de una persona del equipo directivo y otra para el control de acceso, mientras que en la Orden dictada tiene que haber, además de este personal, un profesor/a por cada etapa educativa, a lo que se le añade una persona más por cada 100 alumnos/as en Educación Infantil y Educación Primaria.

• Además en la educación especial, a las educadoras han impuesto unos servicios mínimos que en la practica dejan al colectivo sin derecho a la huelga. Ante esto los sindicatos estamos estudiando pedir medidas cautelarisímas para garantizar el derecho de huelga a este colectivo.

Por otro lado, en los últimos días se están celebrando cientos de asambleas en los centros de trabajo. En ellas, las plantillas muestran su sorpresa e indignación y no entienden como tras dos jornadas de huelga y estando a puertas de la tercera, las instituciones no muestren ninguna voluntad de reforzar el sector público y mejorar las condiciones laborales de las personas que los llevan a cabo. Aunque esto sea así, en las comarcas donde hay cultura de votar el apoyo o no a la huelga (ayuntamientos, escuelas, etc.), el voto a favor está ganando terreno en todas las votaciones realizadas. En consecuencia, los sindicatos confían en que el seguimiento de la huelga del 12 de marzo sea amplio.

Además de lo expuesto, los sindicatos quieren denunciar la manipulación que hacen las instituciones a la hora de dar los datos de seguimiento de la huelga. Esto es especialmente grave en el caso de Osakidetza. Como hemos manifestado, los servicios mínimos establecidos dejan sin derecho a huelga a miles de trabajadores y trabajadoras.

Han realizado una movilización en Bilbo, en la salida de San Nicolás de la estación de Casco Viejo en la que han denunciado que un curso de sensibilización en materia de igualdad dirigido a la plantilla de Euskotren sea voluntario, reclamando que sea obligatorio.

Se cumplen tres meses desde que el personal de EuskoTren tuvo conocimiento del curso de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Lo que debería ser una alegría, sin embargo, lo vivieron con sorpresa y enfado, porque este curso que, sin ninguna excusa ni excepción, debería ser obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras, es voluntario. Voluntario y remunerado. Sin embargo, no sólo la empresa, sino los y las representantes de algunos sindicatos también vieron con buenos ojos la propuesta de la empresa y le ofrecieron su apoyo para seguir adelante con el curso. Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, somos las mujeres la que sufrimos las situaciones más duras y violentas provocadas por esta sociedad heteropatriarcal, por lo que creen que el curso debe ser obligatorio.

Han denunciado que la actitud que muestra EuskoTren a favor de la igualdad es solo de cara a la galería. Claro ejemplo es el IV. Plan de igualdad aprobado unilateralmente por la empresa, en el que los trabajadores y trabajadoras viven la falta de interés y apuestas reales y sólidas hacia la igualdad. La empresa registró un plan no firmado ni aprobado por la parte social, y tras una negociación torpe, adaptaron y manejaron a su antojo los datos que les beneficiaban. El plan no se adaptaba bien ni a la sociedad ni a la empresa, no había mención al presupuesto para llevarlo a cabo, tanto los medidores que utilizaron como los responsables que elaboraron el plan eran los interesados, etc.

Lamentablemente, viendo que la situación no cambia, muchos los y las trabajadoras se han visto en la obligación de renunciar a realizar el curso, ya que no han visto con buenos ojos la retribución que han ofrecido a cambio de que el curso sea voluntario.

Señalan que, con este proceso, sólo han conseguido mercantilizar el curso de igualdad, hasta el punto de impulsar actitudes totalmente reprobables entre la plantilla.

El pasado 6 de febrero remitieron un escrito a la Directora de Emakunde, Miren Elgarresta Larrabide, en el que se indicaba lo sucedido. Aún no han recibido respuesta, pero tienen la oportunidad de mantener sus reivindicaciones. De hecho, la Consejera del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha señalado recientemente en los medios de comunicación que la nueva ley de igualdad otorga gran importancia a la formación: «La formación en igualdad es un pilar básico de las políticas de igualdad y es imprescindible el cambio de valores que necesita esta sociedad para avanzar hacia la igualdad”. Añade que la ley exige a las administraciones públicas que todo su personal reciba formación obligatoria. Por lo tanto, es absolutamente inaceptable lo que han decidido los responsables en una empresa pública como Euskotren y lo que están viviendo los y las trabajadoras.

Por ello, muchos de los trabajadores y trabajadoras han apostado por la obligatoriedad del curso de igualdad, y han pedido, entre otras cosas, que el curso sea obligatorio para todo el personal de EuskoTren (incluyendo dirección y altos cargos), que haya que realizarlo de forma presencial y en horario laboral y que para ello sea impartido por alguien con formación, para que no se utilice para cumplimentar el expediente sino para transformar las relaciones laborales.