2025-12-30
Blog Página 150

Con los servicios mínimos impuestos para el 12 de marzo, en algunos sectores habrá más personal que en un día ordinario

La nueva orden de servicios mínimos deja sin derecho a huelga a miles de trabajadores y trabajadoras. por lo que las y los convocantes estudian solicitar en el juzgado medidas cautelares para ejercer el derecho de huelga. Además, cientos de asambleas apoyan la huelga convocada para el 12 de marzo

El Gobierno Vasco y el Gobierno del Estado han dado a conocer la orden de servicios mínimos en vísperas de la huelga del 12 de marzo. Los servicios mínimos impuestos, una vez más, no han sido negociados con las y los convocantes. Al igual que en anteriores convocatorias, dejarán a miles de trabajadoras y trabajadores públicos sin poder ejercer el derecho básico a la huelga.

En un momento en el que el declive de los servicios públicos es patente, como también lo es la escasez de personal o la falta de sustituciones, parece que estos factores cobran una importancia repentina cuando llega una jornada de huelga. Cabe recordar, además, que estando ante una única jornada de huelga, debería garantizarse exclusivamente aquello que resulte absolutamente esencial. Sin embargo, una vez más, se pretende obstaculizar el ejercicio del derecho a la huelga con el único objetivo de minimizar su impacto y dar apariencia de normalidad en los centros de trabajo.

A la vista del contenido de las órrdenes, es evidente que apuestan por perpetuar y aumentar unos servicios mínimos superiores a los que establecía antes de la pandemía. La crisis sanitaria supuso la excusa perfecta para aumentar exponencialmente los servicios mínimos. Como ejemplo:

• En Osakidetza: en Atención Primaria se venían estableciendo los mínimos de un festivo, mientras que ahora se imponen los de un sábado.

• En Educación: En la educación pública no universitaria se imponía la presencia de una persona del equipo directivo y otra para el control de acceso, mientras que en la Orden dictada tiene que haber, además de este personal, un profesor/a por cada etapa educativa, a lo que se le añade una persona más por cada 100 alumnos/as en Educación Infantil y Educación Primaria.

• Además en la educación especial, a las educadoras han impuesto unos servicios mínimos que en la practica dejan al colectivo sin derecho a la huelga. Ante esto los sindicatos estamos estudiando pedir medidas cautelarisímas para garantizar el derecho de huelga a este colectivo.

Por otro lado, en los últimos días se están celebrando cientos de asambleas en los centros de trabajo. En ellas, las plantillas muestran su sorpresa e indignación y no entienden como tras dos jornadas de huelga y estando a puertas de la tercera, las instituciones no muestren ninguna voluntad de reforzar el sector público y mejorar las condiciones laborales de las personas que los llevan a cabo. Aunque esto sea así, en las comarcas donde hay cultura de votar el apoyo o no a la huelga (ayuntamientos, escuelas, etc.), el voto a favor está ganando terreno en todas las votaciones realizadas. En consecuencia, los sindicatos confían en que el seguimiento de la huelga del 12 de marzo sea amplio.

Además de lo expuesto, los sindicatos quieren denunciar la manipulación que hacen las instituciones a la hora de dar los datos de seguimiento de la huelga. Esto es especialmente grave en el caso de Osakidetza. Como hemos manifestado, los servicios mínimos establecidos dejan sin derecho a huelga a miles de trabajadores y trabajadoras.

Ante la privatización, LAB reivindica un sistema de cuidados público y comunitario en las movilizaciones del 8 de marzo

LAB ha realizado movilizaciones en Gasteiz, Iruñea y Baiona este 8 de mazo. Ante la privatización, el sindicato ha reivindicado un sistema de cuidados público y comunitario. La coordinadora general Garbiñe Aranburu ha participado en la movilización de Gasteiz, que ha arrancado desde la Plaza de la Provincia. 

Aranburu ha señalado que la Huelga Feminista General del 30 de noviembre fue un paso de gigante para iniciar la transformación de los cuidados, destacando que sin tranformar el sistema de cuidados, hablar de igualdad entre mujeres* y hombres es mera retórica. “Hay que repartir y colectivizar los trabajos de cuidados, las medidas para impulsar la corresponsabilidad son necesarias y hay que constituir un sistema de cuidados público comunitario”, ha añadido.

También ha destacado que el hecho de no contar con un sistema de cuidados público y comunitario perpetúa la precarización de las vida y los trabajos y que las cadenas de cuidados globales suponen que las vidas de algunas mujeres* se exploten aún más. Muestra de ello serían las situaciones extremas que podemos encontrar hoy en día en Euskal Herria.

Sin embargo, no ha negado el gigantesco paso que se ha dado: «Estamos resquebrajando los pilares del sistema capitalista heteropatriarcal, hemos creado grietas y nos toca seguir agrandándolas». Destacando el profundo ejercicio de pedagogía realizado en torno al reto del cuidado, señala que “hemos denunciado y politizado el tema de un modelo de cuidado injusto que cae a espaldas de las mujeres*. Estamos dando a los cuidados de la el lugar que necesita en el ámbito sindical, social y político».

En cuanto a los Gobiernos de Nafarroa y Gasteiz, ha denunciado que la huelga de noviembre ha situado en la agenda el tema de los cuidados, pero no para dar las respuestas que la situación requiere. «Han asimilado varios conceptos del feminismo y han entrado en el juego del blanqueamiento y la tergiversación», ha añadido.

Aranburu ha reclamado políticas feministas, no mensajes políticamente correctos. Y ahondando en esto, ha ensalzado la determinación de mujeres* y feministas: «No conseguiréis salir de nuestro camino, seguiremos luchando hasta transformar los cuidados».

En referencia a las elecciones vascas del 21 de abril, ha señalado que el PNV, que durante años ha privatizado los cuidados y los ha convertido en negocio, ha puesto en marcha una campaña de márketing.

De esta forma, ha calificado el Pacto vasco por los cuidados propuesto por los jeltzales como una apuesta clara para estabilizar el actual modelo de cuidados. «Este Gobierno nos dice que está comprometido con la igualdad de oportunidades, pero saben que con estas medidas eso no va a pasar», ha añadido.

Ahondando en la crítica, ha añadido que “la propuesta del PNV no supone un nuevo modelo, ni medida alguna para garantizar nuestro derecho a recibir cuidados dignos”. Así, ha asegurado que «el cuidado seguirá siendo no un derecho, sino una fuente de negocio», ya que «no hay ninguna intención de acabar con la privatización y configurar un sistema público comunitario de cuidados, ni medidas que dignifiquen los salarios y las condiciones laborales de las trabajadores del ámbito de los cuidados o que redistribuyan corresponsablemente las tareas de cuidado”.

Aranburu ha denunciado que el objetivo de este pacto es desactivar el ciclo de lucha de las mujeres* que trabajan en el ámbito de los cuidados, reforzado por la Huelga Feminista General. Ha añadido que el PNV siempre ha defendido los intereses del capital, despreciando a los sindicatos, los agentes sociales, el Movimiento Feminista y las mujeres* trabajadoras; y no responde a las reivindicaciones de quienes salieron a la huelga.

Ha recordado que al día siguiente de la huelga del 30 de noviembre se hizo un llamamiento al gobierno para que formara una Mesa Intersectorial y que éste no mostró ninguna voluntad para ello.

Aranburu ha añadido que no se puede acabar con las discriminaciones sin transformar  los cuidados: «Mientras se mantenga la distribución desigual de los tiempos de cuidado o el reparto del trabajo por sexos la brecha salarial se mantendrá, las mujeres* estaremos en desventaja para dedicarnos a la esfera pública y tendremos menos oportunidades de disfrutar del tiempo libre».

También ha reclamado otro tipo de políticas públicas y cambios políticos, precisando que el modelo del PNV, al que apoya el PSE, está agotado. «Ese cambio es factible y lo vemos cada vez más cerca», ha añadido, al tiempo que ha llamado a seguir impulsándolo.

Independientes y LAB de Euskotren se movilizan para denunciar el carácter voluntario de un curso de sensibilización en materia de igualdad

Han realizado una movilización en Bilbo, en la salida de San Nicolás de la estación de Casco Viejo en la que han denunciado que un curso de sensibilización en materia de igualdad dirigido a la plantilla de Euskotren sea voluntario, reclamando que sea obligatorio.

Se cumplen tres meses desde que el personal de EuskoTren tuvo conocimiento del curso de sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Lo que debería ser una alegría, sin embargo, lo vivieron con sorpresa y enfado, porque este curso que, sin ninguna excusa ni excepción, debería ser obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras, es voluntario. Voluntario y remunerado. Sin embargo, no sólo la empresa, sino los y las representantes de algunos sindicatos también vieron con buenos ojos la propuesta de la empresa y le ofrecieron su apoyo para seguir adelante con el curso. Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, somos las mujeres la que sufrimos las situaciones más duras y violentas provocadas por esta sociedad heteropatriarcal, por lo que creen que el curso debe ser obligatorio.

Han denunciado que la actitud que muestra EuskoTren a favor de la igualdad es solo de cara a la galería. Claro ejemplo es el IV. Plan de igualdad aprobado unilateralmente por la empresa, en el que los trabajadores y trabajadoras viven la falta de interés y apuestas reales y sólidas hacia la igualdad. La empresa registró un plan no firmado ni aprobado por la parte social, y tras una negociación torpe, adaptaron y manejaron a su antojo los datos que les beneficiaban. El plan no se adaptaba bien ni a la sociedad ni a la empresa, no había mención al presupuesto para llevarlo a cabo, tanto los medidores que utilizaron como los responsables que elaboraron el plan eran los interesados, etc.

Lamentablemente, viendo que la situación no cambia, muchos los y las trabajadoras se han visto en la obligación de renunciar a realizar el curso, ya que no han visto con buenos ojos la retribución que han ofrecido a cambio de que el curso sea voluntario.

Señalan que, con este proceso, sólo han conseguido mercantilizar el curso de igualdad, hasta el punto de impulsar actitudes totalmente reprobables entre la plantilla.

El pasado 6 de febrero remitieron un escrito a la Directora de Emakunde, Miren Elgarresta Larrabide, en el que se indicaba lo sucedido. Aún no han recibido respuesta, pero tienen la oportunidad de mantener sus reivindicaciones. De hecho, la Consejera del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha señalado recientemente en los medios de comunicación que la nueva ley de igualdad otorga gran importancia a la formación: «La formación en igualdad es un pilar básico de las políticas de igualdad y es imprescindible el cambio de valores que necesita esta sociedad para avanzar hacia la igualdad”. Añade que la ley exige a las administraciones públicas que todo su personal reciba formación obligatoria. Por lo tanto, es absolutamente inaceptable lo que han decidido los responsables en una empresa pública como Euskotren y lo que están viviendo los y las trabajadoras.

Por ello, muchos de los trabajadores y trabajadoras han apostado por la obligatoriedad del curso de igualdad, y han pedido, entre otras cosas, que el curso sea obligatorio para todo el personal de EuskoTren (incluyendo dirección y altos cargos), que haya que realizarlo de forma presencial y en horario laboral y que para ello sea impartido por alguien con formación, para que no se utilice para cumplimentar el expediente sino para transformar las relaciones laborales.

LAB realiza numerosas actividades para denunciar la situación de las trabajadoras de la residencia Inmon Carmelitas de Gasteiz

Desde las 10 de la mañana, las trabajadoras de la residencia Inmon Carmelitas de Gasteiz han realizado numerosas actividades para denunciar que tienen el convenio bloqueado. Así, han compartido hamaiketako con aquellas personas que se han acercado a apoyarlas, han usado la imaginación contra el poder en un taller de material de difusión y reivindicativo (pancartas, carteles, chapas…), y durante toda la mañana han mantenido un punto de información frente al centro de trabajo.

Están sin acuerdo para la renovación del convenio de empresa desde 2021 y con la negociación bloqueada desde hace tres meses, cuando la
empresa rechazó su propuesta y la posibilidad de reunirse nuevamente para avanzar en las negociaciones e intentar alcanzar un acuerdo que no suponga un perjuicio para ninguna de las partes.

La empresa tacha de excesivas las peticiones de subida anual del IPC más un 1,5% para 2023, 2024 y 2025, con las que recuperar la pérdida adquisitiva que les han generado dos años de salarios congelados en los que el IPC se ha situado en máximos históricos. Si sube el coste de la vida, los salarios deben subir en la misma medida. No pueden hacer frente a los costes de vida actuales con un salario de 2020

También reclaman una reducción de la jornada anual y una redistribución de jornada diaria. En esta residencia concretamente, trabajan 6,5 horas 8 días y libran 2, y han solicitado a la empresa en muchas ocasiones ajustar el horario para poder realizar jornadas diarias de 7 horas ganando en días de descanso, y la empresa alude falta de personal, al mismo tiempo que imponen jornadas parciales a un porcentaje muy alto de la plantilla, trabajadoras que también están solicitando ampliaciones de su porcentaje de jornada que les garanticen una estabilidad económica y a las que solo les ofrecen miseria y precariedad.

El argumento de la empresa para no aceptar sus propuestas se basa en la no existencia de un convenio provincial y por lo tanto, la aplicación del estatal. Por eso, hoy también han salido a luchar por todas las compañeras del sector. Además, han señalado que están hartas de explicar y relatar nuestro día a día en las residencias, de las condiciones en las que trabajan, de la carga de trabajo y la escasez de medios para poder ejercerlo de manera segura y saludable para las trabajadoras, pero también para las usuarias. Los medios de movilización con los que cuentan son insuficientes o prácticamente inexistentes, las grúas no se sostienen, las ratios de personal son tan
ajustadas que no les permiten ejercer su derecho a la huelga porque son servicios mínimos todos los días del año, tienen jornadas parciales y distribuciones de jornada que no les permiten disfrutar de un tiempo de descanso merecido y necesario y sueldos miserables que las condenan a la dependencia económica

Han añadido que están agotadas y enfermas, enfermas de olvido y abandono por parte de las instituciones, enfermas de abuso y maltrato por parte de las patronales y las empresas privadas que están haciendo caja con este sector. Señalan que sus cuerpos y mentes no pueden sostener este sistema de cuidados por más tiempo y la responsabilidad que la sociedad tiene con ellas como trabajadoras del sector de cuidados es ineludible. Exigen que se haga eco de sus voces, que su testimonio se difunda y que la sociedad a la que cuidan apoye y secunde su lucha.

El comité de empresa de Mecaner pide al Gobierno Vasco que utilice todas las herramientas a su alcance para garantizar el futuro de la empresa

Tres días después de que la dirección de Mecaner comunicara al comité de empresa su intención definitiva de cerrar la empresa y despedir a 148 trabajadores, las y los trabajadores de Mecaner se han concentrado frente al Gobierno Vasco. El periodo de consultas comenzará el doce de marzo y, si nadie lo evita, Mecaner cerrará. Hoy, el comité de empresa ha realizado una interpelación directa a todas las instituciones para que asuman responsabilidades y participen en la búsqueda de una solución.

Stellantis anunció su intención de cerrar la empresa el pasado 1 de septiembre y, desde entonces, el comité de empresa ha mantenido once reuniones con instituciones buscando su implicación: el Departamento de Promoción Economica de la Diputación Foral de Bizkaia, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco y el Departamento de Defensa del gobierno español. Las entidades no se han comprometido, sin embargo, y siguen delegando toda la responsabilidad en la multinacional Stellantis.

«El cierre de Mecaner no responde a una situación de crisis, sino a una empresa que sólo mira los números de su cuenta. Esta empresa ha tenido beneficios en los últimos años y no le ha faltado trabajo, hasta que el grupo Stellantis ha decidido preparar el cierre «, denuncia el comité de empresa, recordando que el año pasado Stellantis registró los mayores beneficios de su historia, que superan los 18.000 millones de euros.

Además, el comite ha denunciado que, mientras quieren cerrar Mecaner, en 2023, la multinacional Stellantis recibió más de 68 millones de euros del Gobierno español a través de las ayudas PERTE. «Dar dinero público a una empresa que cierra empresas y se dedica a destruir empleo nos parece ofensivo», ha señalado. El comité de empresa ha pedido al Gobierno Vasco que utilice todas las herramientas a su alcance para garantizar el futuro de Mecaner: «De nada sirve exigir el control de las transferencias si luego no se ponen al servicio de la ciudadanía de forma activa, si se utilizan exclusivamente para favorecer a las empresas. Pedimos al Gobierno Vasco una política industrial activa para hacer frente a los retos de sostenibilidad del futuro, con otras alternativas que no sean el cierre lento pero constante de empresas «.

Asimismo, los trabajadores han pedido al Gobierno español que deje de conceder ayudas a la multinacional Stellantis si continúa con su intención de cerrar Mecaner.

Hemos conseguido firmar el nuevo convenio del servicio subcontratado de limpieza de Osakidetza

Hoy 7 de marzo, la mayoría sindical formada por los sindicatos LAB, UGT y CCOO hemos llegado al acuerdo definitivo con la patronal para la renovación del Convenio Colectivo autonómico para las empresas concesionarias del servicio de limpieza de los centros de Osakidetza.

Este acuerdo definitivo es consecuencia del preacuerdo alcanzado este pasado verano, el cual fue fruto de la determinación, organización e intensa lucha llevada a cabo por las trabajadoras, las cuales se mantuvieron alrededor de 100 días en huelga. Si la lucha hasta conseguir el preacuerdo fue dura y larga, el acuerdo definitivo no lo ha sido menos, han sido muchas las reuniones para poder llegar a cerrar todos los puntos y comas del acuerdo. Otros 6 meses de negociación, mientras que Osakidetza seguía sin cerrar los acuerdos con las empresas; una irresponsabilidad política más por parte del Departamento de Sanidad.

El acuerdo definitivo desarrolla lo firmado en el preacuerdo de julio, y recoge como más destacados los siguientes puntos:

  • Vigencia 2018-2028.
  • Reconocimiento de niveles de Carrera Profesional desde 2021.
  • Acceso a futuras convocatorias de carrera profesional.
  • Acceso a la jubilación parcial vinculada al contrato de relevo.
  • Regulación objetiva para la adjudicación de vacantes.
  • Posibilidad de promoción de categoría.

Este Convenio Colectivo tenía como objeto la homologación de condiciones al personal propio de Osakidetza, y en ese sentido, más allá de las materias concretas acordadas, el principal logro es el aval y reconocimiento de dicha homologación, garantizando en el futuro el establecimiento de unas condiciones equivalentes entre ambos colectivos.

Desde el sindicato LAB queremos poner en valor una vez más la capacidad de lucha y determinación demostrada por las plantillas, las cuales se tuvieron que enfrentar no solo a las empresas adjudicatarias, sino también al cliente, a todo un Departamento de Sanidad. Las trabajadoras fueron ninguneadas y menospreciadas, fueron objeto de unos servicios mínimos abusivos, tuvieron que hacer frente a una asfixiante presencia policial, siguen haciendo frente a multas económicas, pero por encima de eso se ha demostrado un sector sobrado de dignidad y coraje.

Solo nos queda celebrar y tener presente una vez más que este acuerdo solo ha sido posible gracias a la organización y la lucha, proceso en el que LAB ha sido una más de las herramientas al servicio de las trabajadoras.

Rechazamos el decreto del Gobierno Vasco que impone a las y los policías municipales portar armas de fuego

El Gobierno Vasco anunció ayer que ha aprobado un decreto que impone a las policías locales la obligatoriedad de portar armas de fuego. Se trata, una vez más, de una resolución que ataca y vulnera la autonomía municipal. Es un decreto impuesto por un gobierno en funciones a los ayuntamientos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y lo consideramos muy grave.

El Sr. Erkoreka miente cuando afirma que este acuerdo responde a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se trata de una decisión política que responde al modelo policial del PNV. Mediante este acuerdo, el PNV pretende continuar desarrollando el diseño policial iniciado en 2012 con la Ley 15/2012, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública.

Éste es el enésimo paso para convertir a la Policía Municipal en una mera copia de la Ertzaintza.

El Gobierno de Lakua, además del presente decreto, ha utilizado la convocatoria de un único proceso selectivo de Ertzaintza y Policía Local, la bolsa de trabajo de agentes interinos, la convocatoria conjunta de agentes, la Ley de Seguridad Pública, la Coordinación de Policías Locales… para redirigir a todos los y las policías municipales de las localidades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en la dirección del modelo policial único y centralizado del PNV.

El PNV quiere imponernos un decreto que pretende dar el «finiquito» a los diferentes servicios municipales de seguridad; servicios próximos a la ciudadanía de cada municipio.

Este planteamiento centralizador menosprecia la singularidad municipal y pretende imponer un modelo policial alejado de los intereses de cada municipio, en detrimento de la calidad del servicio y de la relación de proximidad con la ciudadanía.

El Departamento de Seguridad parece querer solucionar los problemas con la Ertzaintza controlando a los y las policías locales. Esta decisión, sin embargo, provocará que los problemas que tiene el propio Gobierno en el seno de la Ertzaintza se contagien a los municipios, dado que se pretende imponer el modelo agotado de la Ertzaintza entre las policías locales.

En LAB tenemos muy claro que debemos exigir a los municipios vascos una actitud firme y activa en favor de la autonomía municipal, es decir, que, como hasta ahora, corresponda a los gobiernos municipales la toma de decisión sobre el uso de armas de fuego.

LAB defiende un modelo de policía municipal basado en la cercanía e integración con la ciudadanía. Ya va siendo hora de poner en marcha, en el camino de la Seguridad Pública de Calidad que demanda y necesita la sociedad vasca, una Policía comunitaria vasca basada en la prevención.

La jornada de huelga de personal docente e investigador de la UPV/EHU ha sido exitosa

En todos los campus de la UPV/EHU la huelga ha tenido un seguimiento muy amplio. Aunque ha sido diferente entre los centros, en todos ellos ha sido muy evidente. Los centros han estado abiertos (el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios, una cuarta parte de la plantilla, no estaba convocado a la huelga), pero la actividad académica ha sido muy escasa. Por ejemplo, en las facultades de Relaciones Laborales, Educación y Deporte, Economía y empresa de Gasteiz, Ciencias Sociales y de la Comunicación, Psicología, Educación, Filosofía y Antropología, Química, Informática, Ingeniería y Derecho apenas ha habido clases.

Asimismo, la participación del profesorado y del pesonal investigador de la UPV/EHU en las movilizaciones celebradas en Bilbo, Donostia y Gasteiz ha sido muy alta.

Con el llamamiento de huelga el 11 de octubre pusimos sobre la mesa una lista de reivindicaciones tanto a la dirección de la UPV/EHU como al Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En esta lista, la problemática del profesorado sustituto era de vital importancia por la gravedad de la situación de precariedad que sufren estos y estas profesoras universitarias. Sin embargo, no han dado ningún paso adelante para abordar el fondo del problema, limitándose a poner parches a los efectos adversos de las decisiones que han tomado. Las sustituciones del profesorado a tiempo completo se siguen contratando a través de personal sustituto a tiempo parcial, con sueldos de 800 euros. Además de la situación que supone para estos trabajadores y trabajadoras, muchas sustituciones se quedan sin cubrir o pasa mucho tiempo hasta que se cubren, ya que es difícil aceptar este tipo de condiciones laborales. Esto ha generado importantes problemas en los departamentos, ya que los créditos del profesorado de baja o permiso deben repartirse entre el resto del profesorado del departamento. Pero, además de aumentar la carga docente, las asignaturas quedan fragmentadas entre varios y varias profesoreas en muchos casos. Todo ello en detrimento de la calidad, investigación y gestión de la enseñanza. Muchas y muchos estudiantes se ven claramente afectadas y afectados.

Sin embargo, esta problemática ni fue ni es, en ningún caso, el único motivo por el que se llamó a la huelga en el personal docente e investigador de la UPV/EHU. Llevan años sufriendo un empeoramiento de sus condiciones laborales y quieren decir claramente que ya basta. Las cargas de trabajo se han incrementado en los últimos años y prevén que aumentarán con el nuevo sistema JARDUN para organizar la enseñanza que pondrán en marcha el próximo curso. Además, la burocratización sigue siendo asfixiante en muchos procedimientos, la inestabilidad de la plantilla es muy elevada y, además, discriminan sistemáticamente a los colectivos más inestables empeorando aún más la situación (negando sexenios de investigación a algunos colectivos de profesorado y personal investigador eventuales y negando quinquenios de docencia a los de tiempo parcial). Obstaculizan constantemente el desarrollo de la carrera investigadora, y con la anulación de los acuerdos de jubilaciones han llevado a cabo un drástico recorte, vulnerando los derechos del profesorado a punto de jubilarse y perjudicando la renovación de la plantilla. Estamos ante un problema estructural.

Estas medidas han sido establecidas unilateralmente por la dirección de la UPV/EHU, sin tener en consideración las alternativas que hemos puesto sobre la mesa los sindicatos que representamos a la plantilla. Porque, para la dirección, algunos de estos problemas no existen, y, cuando se han sentado a negociar sobre algunas cuestiones, no han hecho más que escenificar una negociación, manteniéndose tercamente en sus posiciones. En los últimos años, en los conflictos laborales que estamos viviendo, la plantilla ha sufrido una y otra vez la actitud de imposición de la dirección. Se mantienen las razones que nos llevaron a la huelga el 11 de octubre porque no han sido capaces de buscar soluciones razonables a los problemas, por mucho que intenten mostrar lo contrario los mensajes que lanzan de cara a los medios.

Pero, además de la dirección de la UPV/EHU, el Gobierno Vasco tiene una responsabilidad evidente: pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de los años, congelación de complementos desde 2006, creación y mantenimiento del Decreto 41/2008 por el que se establecen salarios de miseria para el personal docente sustituto a tiempo parcial, o que los salarios básicos del personal docente investigador universitario sean inferiores a los de la educación no universitaria (aunque sea necesario ser doctor o doctora a para acceder a un puesto permanente en la universidad). Asimismo, la financiación destinada a la UPV/EHU es absolutamente insuficiente. En 2022 representó el 0,4% del PIB vasco, una cifra inferior a la de hace una década y muy lejos del 1% del PIB que la propia ley LOSU plantea como objetivo para 2030.

Con esta huelga, que ha dejado en mínimos la actividad académica de la UPV/EHU, queremos interpelar de nuevo a la dirección de la UPV/EHU y al Gobierno Vasco para que, en sus respectivos ámbitos, aborden las responsabilidades que les corresponden y tomen decisiones que acaben con la precarización de las condiciones laborales del personal docente e investigador de la UPV/EHU. Si no tenemos unas condiciones laborales dignas no podemos desarrollar una universidad de calidad y es la propia Universidad pública que la sociedad vasca merece y necesita lo que está en juego. Ello es todavía más preocupante cuando vemos que ponen la alfombra roja a las universidades privadas.

Seguiremos luchando por otro modelo de universidad, al servicio de la sociedad vasca, donde las condiciones laborales de los y las trabajadoras sean dignas. Por eso, además de la huelga de hoy, el 12 de marzo llamamos al personal docente e investigador y al resto de trabajadoras y trabajadores de la UPV/EHU a sumarse a la huelga en el sector público. En la medida en que los problemas de raíz no se resuelvan en los meses posteriores, el personal docente e investigador de la UPV/EHU seguirá en las calles.

Nos hemos concentrado frente a SEA para denunciar la nula voluntad de las patronales de químicas de negociar los convenios vascos

Es hora de actuar con ambición y responsabilidad, y en ese camino, LAB hará propuestas.

Tras la concentración que hemos llevado a cabo hoy en Gasteiz, ponemos fin a la dinámica de concentraciones ante las patronales en las 4 capitales de Hego Euskal Herria. En los próximos días, acordaremos con el resto de sindicatos los siguientes pasos para abrir aquí las mesas negociadoras de los convenios de química.

En Euskal Herria existen condiciones para tener convenios propios de química. En la medida en que trabajamos aquí, decidir y acordar aquí es fundamental para LAB. Además, hay condiciones para mejorar el convenio que viene del Estado y conseguir las condiciones laborales que las personas trabajadoras del sector necesitan y merecen.

Contamos con el apoyo del sector, 100 comités de empresa de la CAV y otras 25 adhesiones de Nafarroa. En Araba hemos sumado mociones de empresas significativas como Michelin, Rochling Automotive o Fibertecnic.

Por tanto, exigimos a las patronales que dejen sus posiciones de cerrazón y se sienten en la mesa de negociación. Que escuchen la voz de las más de 20.000 personas trabajadoras del sector.