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La mayoría del comité de empresa de Amurrio realiza una valoración clara de lo ocurrido hasta ahora y del nuevo escenario que se abre tras la decisión de Tubos Reunidos de solicitar el concurso voluntario de acreedores.

En primer lugar, quiere dejar claro un aspecto fundamental: la plantilla no ha elegido este conflicto, sino que ha sido empujada a él.

Desde el primer día, el comité sostuvo que las medidas planteadas por la dirección —despidos, cierre de la acería y externalización de la logística— no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Defendió que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos, sino que tenía un carácter financiero, así como de gestión y dirección. También señaló la necesidad de abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla.

Sin embargo, la dirección no quiso escuchar. Optó por la imposición, el chantaje y la presión, intentando hacer recaer sobre la plantilla las consecuencias de años de mala gestión. El comité afirma que el tiempo le ha dado la razón.

Se le trasladó que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. Sin embargo, ese ERE queda ahora suspendido, al no poder la empresa hacer frente ni siquiera a sus costes. También se defendió que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa, pero finalmente esta ha solicitado entrar en concurso voluntario.

Los hechos, según el comité, son claros: ni el ERE, ni el cierre de la acería, ni la externalización de la logística eran la solución. Considera que quienes presentaron esas medidas como inevitables y evitaron escuchar a la plantilla o abrir una negociación real son los responsables de haber llevado a la empresa a este escenario.

Asimismo, sostiene que la huelga no ha provocado la situación actual, sino que ha sido una respuesta de la plantilla ante la imposición, la opacidad y la falta total de diálogo.

Recuerda que el comité solicitó una reunión con la dirección el 1 de abril y que pasó más de un mes hasta ser convocada, reunión que se utilizó para comunicar la entrada en concurso voluntario de acreedores, nuevamente imponiendo decisiones en función de los intereses de la dirección.

Este comportamiento define, según el comité, la actuación de la dirección durante todo el proceso: sin transparencia, sin negociación y sin respeto hacia la representación de la plantilla.

Respecto al concurso de acreedores, señala que nunca es una buena noticia, ya que refleja la gravedad de la situación. No obstante, insiste en que no ha sido provocado ni por la huelga ni por la falta de acuerdo en el ERE, sino por una situación de insolvencia previa que la dirección no ha sabido revertir. 

El comité también subraya que el concurso abre una nueva fase, cuyo objetivo debe ser garantizar la continuidad de la actividad y ordenar la situación financiera. Añade que existen intereses diversos: acreedores que quieren recuperar la totalidad de la deuda y posibles inversores interesados en escenarios con menor carga financiera. Denuncia que toda esta información se ha ocultado a la plantilla.

En esta nueva etapa, se espera que se abra por fin un espacio real de interlocución y negociación, hasta ahora bloqueado por la dirección. Reitera su disposición a negociar, pero bajo condiciones de transparencia, sin chantajes ni presiones, con toda la información disponible y con participación real de la plantilla. Indica que acudirán a la reunión convocada por la empresa, con la expectativa de que, por primera vez, se diga la verdad.

El comité continuará planteando cuestiones que llevan semanas sin respuesta: la refinanciación de la deuda, los contactos con posibles inversores, el papel de los acreedores y el verdadero escenario industrial. Considera que la plantilla tiene derecho a conocer toda esta información.

También señala la responsabilidad de las instituciones, cuyo papel considera insuficiente. Critica que han hablado de diálogo y responsabilidad, pero han exigido poco a la dirección, además de haber ocultado información relevante y priorizado el relato frente a una interlocución real.

Subraya que las instituciones también deben asumir responsabilidades, especialmente tras los millones de euros de dinero público destinados a Tubos Reunidos sin garantizar estabilidad, empleo ni viabilidad.

En relación con la asamblea convocada para el día 7, afirma que el problema no es la celebración de asambleas, sino que estas deben servir para aportar soluciones y no para recortar derechos fundamentales.

Reconoce que se abre un nuevo escenario y que la situación ya no es la misma que anteriormente. Esperará a la reunión con la empresa para analizar las propuestas y evaluar la situación con responsabilidad. No obstante, insiste en que el foco no debe volver a ponerse en la plantilla y rechaza que se siga señalando a quienes están luchando.

Afirma que las preguntas deben dirigirse ahora a la dirección y a las instituciones: qué ha fallado, qué se ha hecho durante este tiempo, qué uso se ha dado a los recursos públicos, cuál es el plan actual y si se reconocerá el fracaso de la gestión.

Defiende que la plantilla está actuando correctamente al defenderse y considera que ahora corresponde a otros dar explicaciones.

Finalmente, la mayoría del comité afirma que no perderá el rumbo y que seguirá centrando sus esfuerzos en exigir transparencia, responsabilidades y en defender el empleo, la actividad industrial y el futuro de Aiaraldea.

Concluye que, si algo ha quedado claro durante todo el proceso, es que la plantilla nunca fue el problema, algo que, según señala, hoy resulta más evidente que nunca.