LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Las mutuas, asociaciones de empresarios, que la ley define sin ánimo de lucro, colaboran en la gestión de dinero público de la Seguridad Social y tienen plenos poderes en las contingencias profesionales. Y con los años han ganando más poder tanto en contingencias comunes (donde someten a la clase trabajadora a un control exagerado e indiscriminado), como en distintas prestaciones, como por ejemplo la de enfermedad grave de descendientes, o la de desempleo de personas autónomas, etc. más propias de las administraciones públicas que de una mutua patronal.

Pero todo ello responde a un modelo muy concreto de descapitalizar lo público en beneficio de intereses privados. Este camino, de dotar de mayor poder a las mutuas, iniciado en la década de los 90, se va a ver agrandado a largo de los próximos meses, ya que distintos borradores sobre una futura Ley de mutuas y un real decreto sobre la incapacidad temporal indican que van a dotar de mayor poder de actuación a estas asociaciones de empresarios, vaciando de contenido y competencias a los sistemas públicos de salud y sus profesionales (Osasunbidea y Osakidetza). Todo ello basándose en el falso argumento del ahorro en la actual situación económica y de la sospecha de fraude por parte de los y las trabajadoras hacia el sistema público, quieren descapitalizar lo público y entregarle el negocio al ámbito privado, también en temas básicos como la salud.

Los cambios normativos que aparecen en los borradores son:
• amplían la duración de los convenios de 1 a 3 años
• las mutuas decidirán si una baja es de origen común o profesional
• ante las altas de las mutuas solo 10 días para poder reclamar
• se podrán tablas de duración optimas de enfermedades para controlar su duración (media)
• aumento de la burocracia en la baja que dependa del servicio público de salud (no así de la que dependa de las mutuas) informe de seguimiento e informe de control.
• capacidad por parte del INSS al acceso de nuestra historia clínica de los servicios públicos de salud y cada vez acceso a mayor cantidad de informes y documentos a la mutuas.
• Y en contingencias comunes:

◦ nos pueden citar desde el primer día
◦ obligatoriedad de hacerse reconocimientos en contingencias comunes, en caso contrario la seguridad social nos puede dar el alta y la mutua dar el alta económica (seguir de baja sin cobrar)

◦ realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que cobrarán al sistema de salud
◦ En el caso de no acudir al reconocimiento médico de la mutua se suspende el pago de la prestación y hay un plazo de 10 dias para demostrar por escrito la incomparecencia.
◦ Propuestas de alta

Es decir, este cambio va a suponer:

• Centralización. Se centralizan y roban competencias a los servicios públicos de salud (Osasunbidea y Osakidetza) y a sus inspecciones médicas.
• Privatización de la Sanidad Pública. En contra de los criterios de equidad y universalidad del sistema público de salud.
• Dualización del sistema sanitario. Uno de gestión privada, fuerte para personas en activo y el sistema público de salud descapitalizado.
• Financiación sistema mutual con presupuestos públicos. Ya no solo se financian con cotizaciones sino que también por medio del cobro de las pruebas médicas adelantadas en contingencias comunes.

• Empoderamiento total de las Mutuas y de las empresas
• Falta de control. No se regula ningún tipo de control de las actividades sanitarias.

En definitiva, las nuevas competencias para las Mutuas supondrán un mayor poder de control hacia la clase trabajadora y, por lo tanto, está claro como el modelo actual con sus constantes reformas van hacia el desmantelamiento del sistema público: avanzamos hacia un modelo privado y economicista de la salud, en el que se les va a dar todo el poder a esas asociaciones de empresarios que son las mutuas, sin ningún control, sin perseguir el fraude en el registro de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Todo ello bajo la excusa de la mejor gestión “privada” que la pública, pero ocultan los costes que la sociedad paga por sus altas tempranas, despidos de personas enfermas o secuelas evitables.

Es por todo ello (malas prácticas de las mutuas, tanto en contingencias comunes como profesionales y la negación y alargamiento del riesgo durante embarazo y lactancia;
reformas y empoderamiento patronal -empresas y mutuas- y desmantelamiento del modelo público) que siendo conscientes de que en la actualidad no existe un modelo ideal, sí tenemos claro que debemos potenciar lo público frente a lo privado. Por lo tanto, que las empresas NO se contraten el control de las contingencias comunes con las mutuas y que las contingencias profesionales se contraten con el INSS y la asistencia sanitaria sea realizada por medio de Osasunbidea u Osakidetza. De esa manera, parte de las cotizaciones que la tesorería de la seguridad social recauda, repercutirían en los servicios públicos de salud, es decir, deben suponer una mayor dotación de recursos tanto económicos y humanos, que redunden en la mejora de la calidad del servicio.

Es por ello que el próximo 28 de abril el Sindicato LAB, en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social va a registrar la solicitud del cambio de la cobertura de las contingencias profesionales (actualmente en una mutua) a la Seguridad Social, para que la asistencia sanitaria derivada de esa cobertura sea realizada por Osasunbidea y Osakidetza. Y para marcar un camino en defensa de la salud de la clase trabajadora y en defensa de lo público. Como primeros pasos para seguir avanzando en otro modelo. Un modelo único, público, equitativo, universal, de calidad, que desarrolle una carta de derechos asistenciales de las personas usuarias, vasco, orientado a la prevención, participativo e impulsor de la investigación. Un modelo donde la salud de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo y no esté condicionada por factores económicos, sino únicamente por criterios de salud.