2026-08-23
Blog Página 12

La industria basada en los intereses de las multinacionales y del sector armamentístico está condenada a la pérdida de empleo y al aumento de la precarización

El empleo en industria, especialmente en el sector metalúrgico, ha disminuido de forma evidente en los últimos años. Frente a ello, desde LAB adviertimos de que el debate sobre la industria se está planteando en los términos equivocados, y defiende una política industrial que garantice un empleo dignos, control público y futuro social y ecológico.

Lo que está en cuestión es hacia qué tipo de modelo industrial va a dirigirse Euskal Herria y en beneficio de quién se va a desarrollar la política industrial. Lanzamos una clara advertencia al respecto: el debate sobre la industria se está llevando a un planteamiento erróneo. En una comparecencia llevada a cabo en Bilbo, hemos señalado que, hoy por hoy, la transformación de la industria se desarrolla en función de los intereses de las multinacionales, en vez de con el objetivo de crear empleo digno y responder a la transición ecosocial.

Kris Gete, responsable de la Federación de Industria de LAB, ha expuesto resumidamente las consecuencias que ello trae: “Las plantillas se reducen y el empleo industrial cae, las subvenciones públicas no generan el beneficio social necesario, se debilita la inversión productiva, empeoran las condiciones laborales y aumenta la precariedad. Mientras tanto, los beneficios de muchas empresas continúan creciendo”.

Gorka Vidal, economista de LAB, ha hecho una fotografía más detallada, mostrando la evolución del empleo en el sector industrial y la situación actual de las condiciones laborales. Según los datos procedentes de la Seguridad Social, el número de empresas dadas de alta en el sector industrial en Hego Euskal Herria ha descendido considerablemente: el pasado diciembre fueron 2.508 menos que en 2011; 8.551 en total. La cantidad de empresas ha disminuido en los sectores de productos metálicos, mobiliario y maquinaria y fabricación de equipos, entre otros, y en total hay 1.407 empresas menos en los subsectores relacionados con el metal. El declive más evidente se da en la metalurgia: hay 164 empresas menos que en 2011 de fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleación, y hay 4.577 personas menos trabajando en el subsector.

Vidal ha explicado que subsectores que hasta ahora han tenido un gran peso están perdiendo fuerza y, por el contrario, otros se están reforzando, como puede ser el sector de la industria de alimentación (4.707 trabajadores y trabajadoras más desde 2011), el de fabricación de productos farmacéuticos (1.750 trabajadores y trabajadoras más) y la fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolques (2.191 trabajadores y trabajadoras más, aunque haya 60 empresas menos). El economista ha puntualizado que la calidad del empleo de estos sectores es más bajo que en los sectores que se están debilitando.

Poniendo el foco en datos más cercanos, en los subsectores que ofrecían un mejor empleo, como en la fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor; de electrodomésticos; de caucho sintético en sus formas primarias y en la fundición, el número de empleos se ha reducido en 2.603 desde enero de 2022. Ejemplo de ello son las siguientes empresas: Mecaner, Sunsundegui, BSH…

Vidal ha explicado que el empleo en industria ha disminuido y que el tejido industrial se está debilitando. Ha advertido de que muchas empresas reciben ayudas públicas pero no las destinan a la estabilización del empleo y el arraigo de la industria, y que las multinacionales no muestran compromiso con el territorio. Al contrario, priorizan la rentabilidad. “No hay condicionamientos que garanticen el retorno social”, denuncia Vidal.

Además, ha explicado que la pérdida de empleo en industria y el deterioro de las condiciones laborales están estrechamente ligados: “El empleo precario sustituye cada vez más al empleo estable”. Ello conlleva, según Vidal, una “fuga de talentos”: “Si la industria no ofrece condiciones laborales dignas y estables serán cada vez más los y las jóvenes profesionales cualificadas que acudan a otros sectores o territorios, aumentando así el riesgo de que la industria pierda su capital social, que es clave para su futuro”.

La industria armamentística, un flotador pinchado

Vidal ha querido denunciar que en el contexto de hoy en día se promueva la industria armamentística como oportunidad para reforzar el segundo sector, y que se haga además “de forma muy opaca y por la puerta de atrás”. El flotador de un sector que se tambalea no puede ser la industria, militar, expresa Vidal: “No se puede hacer negocio con el genocidio; no se puede hacer negocio con las guerras”.

El flotador también está agujereado desde el punto de vista del empleo, ha advertido Vidal, ya que las empresas que destinan su actividad a la industria civil están empezando a transicionar a la industria militar por medio de ayudas públicas. El economista cree que esos fondos públicos pueden servir de herramienta para la transformación ecosocial, lo cual, además de garantizar la participación de los y las trabajadoras y la propiedad pública, propiciaría la creación de empleo en sectores que serán estratégicos.

Kris Gete ha expresado que los datos presentados por Vidal no hacen más que confirmar lo que LAB denuncia desde el principio; es decir, que el debate sobre la industria se está planteando de manera errónea.

La responsable de la Federación de Industria ha afirmado de manera clara que “Euskal Herria necesita industria”. Sin embargo, lo que está en juego es el modelo industrial, según ha puntualizado: “Necesitamos una industria que garantice un empleo digno, control público y un futuro social y ecológico”. Defiende que para ello hace falta planificar el futuro del sector “basándose en el empleo digno, en las necesidades del territorio y en la transición ecosocial, y no según los intereses de la industria armamentística y de las multinacionales”.

Gete ha querido destacar cuatro condiciones a cumplir para una política industrial alternativa: “planificar la transición industrial, condicionar las ayudas económicas públicas, aumentar la participación de las trabajadoras y los trabajadores y garantizar en empleo, la reindustrialización y la transición justa.

Por todo lo anterior, Gete ha destacado la necesidad de desarrollar una política industrial para la transición ecosocial. Las bases de la propuesta de LAB a este respecto se detallan a continuación:

  1. Planificar la transición industrial La transición ecológica de los principales sectores industriales ha de llevarse a cabo de forma planificada y justa, reduciendo las emisiones y el consumo de recursos y sin provocar grandes perjuicios al empleo. El futuro de miles de personas trabajadoras no puede dejarse únicamente en manos de los consejos de administración o de fondos buitre. Por ello, haCe falta una transición industrial planificada, que cuente con la participación de los trabajadores y trabajadoras y que tenga por objetivo proteger el empleo y reducir las emisiones. A su vez, necesitamos una mayor intervención pública en las decisiones estratégicas y que los sindicatos puedan participar de manera real y vinculante.
  2. Condicionar el dinero público
    Las empresas que obtengan ayudas públicas deben cumplir condiciones estrictas. No pueden realizar despidos, deslocalizar empresas o repartir grandes dividendos mientras perciban dinero pñublico. No es aceptable que las empresas perciban ayudas públicas y después destruyan empleo o prioricen el beneficio privado.

    Por ello, las empresas deben asumir compromisos claros: conservar el empleo, recharzar las deslocalizaciones y garantizar inversiones productivas.
    El dinero público debe servir para proteger el empleo y el futuro de la industria, no para financiar ganancias privadas.
  1. Aumentar la participación de los y las trabajadoras
    Es fundamental obtener mecanismos para la participación de la clase trabajadora. El personal cuyo puesto de trabajo se vea afectado por la transición ecológica debe tener la capacidad de debatir y decidir sobre la dirección que deben tomar dichos cambios en la producción. Los planes de descarbonización, las inversiones y las estrategias de industria no pueden estar solamente en manos de las direcciones de empresa.
  2. Empleo, reindustrialización y transición justa Toda transición industrial debe garantizar los derechos laborales y el empleo digno, lo cual quiere decir que hay que hablar de reindustrialización, de reparto del trabajo, de reducción de jornada, de arraigo de las empresas, de cualificación y de renovación de de la formación profesional. La transformación industrial no puede dejar a miles de trabajadores y trabajadoras abandonadas. Es por ello que LAB defiende los mecanismos de reindustrialización y herramientas legales más efectivas contra las deslocalizaciones. Una transición justa implica la transformación de la industria sin dejar a nadie atrás.

Para asegurar esa transición ecosocial justa es necesario crear mecanismos eficaces que protejan, recalifiquen y repartan el empleo con la participación de sindicatos e instituciones públicas y por medio de estructuras vinculantes para controlar las decisiones empresariales. En ese sentido, desde LAB proponemos las siguientes medidas: reducir la jornada, garantizar la formación y la recualificación, crear mecanismos obligatorios de reindustrialización y endurecer las leyes contra las deslocalizaciones.

No suscribimos un convenio que empeora las condiciones de la plantilla de la Plaza de Toros de Iruñea

Desde el sindicato LAB hemos anunciado que no apoyamos la propuesta presentada por la Casa de Misericordia y hemos criticado a los sindicatos CCOO y UGT por respaldar un covenio que lejos de mejorar las condiciones laborales de la plantilla de la Plaza de Toros de Pamplona, supone una pérdida de derechos consolidados y un empeoramiento de las condiciones existentes.

Durante la negociación se han alcanzado acuerdos parciales en materias como la vigencia del convenio, las retribuciones, el seguro individual y determinados complementos económicos. Sin embargo, en LAB consideramos que la propuesta final mantiene cuestiones inaceptables que afectan a los derechos de las personas trabajadoras.

Entre las cuestiones señaladas figura el régimen de entradas gratuitas para la plantilla. En LAB sostenemos que la propuesta de la Casa de Misericordia no solo rechaza las mejoras planteadas por la parte social, sino que reduce el número de entradas gratuitas recogidas en el convenio vigente. Esta modificación supone una pérdida de derechos ya consolidados para los trabajadores y trabajadoras y cuestionamos que un nuevo convenio colectivo pueda servir para limitar derechos existentes en lugar de ampliarlos o mejorarlos.

Además, la propuesta limita el acceso a vacantes a determinadas categorías profesionales, lo que genera una situación de desigualdad respecto al resto de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, señalamos que el texto incrementa las sanciones por ausencias injustificadas y no contempla que la representación legal de los trabajadores y trabajadoras sea informada de determinadas actuaciones disciplinarias.

Añadimos que durante la negociación quedaron sin respuesta diversas reivindicaciones relacionadas con la seguridad en la plaza, la actividad sindical de los delegados y delegadas, la clasificación profesional, la equiparación de categorías, la mejora salarial de determinados colectivos y el complemento del 100 % del salario en situaciones de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.

Además, la Casa de Misericordia incorporó propuestas ajenas a la plataforma conjunta de negociación, entre ellas la reducción del número de mulilleros recogidos en convenio y cambios en la dotación de ropa de trabajo para determinadas categorías.

Estas medidas suponen un retroceso respecto a las condiciones actuales. No compartimos que la negociación colectiva se utilice para reducir derechos existentes o para dejar sin respuesta reivindicaciones vinculadas a la seguridad, la organización del trabajo y las condiciones económicas de la plantilla. Por eso, no hemos firmado el convenio colectivo de la Plaza de Toros de Pamplona.

Paros en Arcelor Mittal de Olaberria por un convenio digno

Por iniciativa de LAB y tras haberlo decidido en asamblea, las personas trabajadoras de ArcelorMittal Olaberria iniciaron paros en abril en defensa de un convenio digno. Las principales reivindicaciones son, entre otras, garantizar el poder adquisitivo y que se realicen contratos de relevo a quien corresponda. De hecho, no les han subido los salarios en el último año y hace más de dos años que la empresa no hace un contrato de relevo.

La dirección se niega a sentarse en la mesa de negociación con la excusa del acuerdo marco que se negocia en la mesa estatal. Esto hace que sea imprescindible seguir luchando.

Tras mes y medio de paros, las personas trabajadoras continuarán con los paros. Esta semana lo harán el viernes 26 de junio. A partir de la semana que viene, los paros los llevarán a cabo en función de los turnos y se concentrarán todos los miércoles a las 12:00 frente a la empresa. La concentración de esta semana se llevará a cabo a la misma hora.

Los paros, impulsados por el sindicato LAB, cuentan con el respaldo de una amplia mayoría de la asamblea de trabajadores y trabajadoras. LAB hace un llamamiento a los sindicatos ELA, CCOO y UGT, que conforman el comité, a que se sumen a la lucha. Así mismo, insta a la empresa a que se siente en la mesa de negociación.

Denunciamos el procedimiento de elección de la dirección del CI Agroforestal

La Dirección General de Educación y Formación Profesional ha convocado un claustro extraordinario el miércoles 24 de junio para proceder al nombramiento de la nueva dirección del Centro Integrado Agroforestal de Chantrea. Un procedimiento que desde el sindicato cuestionamos.

Recordamos que, el pasado mes de mayo, denunciamos gastos injustificados en comidas por valor superior a 39.000 euros en el CI Agroforestal. Estos hechos fueron posteriormente confirmados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Nafarroa (OANA), que habría concluido la existencia de una utilización indebida de fondos públicos en gastos no permitidos durante una década.

En las últimas semanas, desde el sindicato hemos solicitado el esclarecimiento de varias contrataciones que consideramos irregulares. Asimismo, señalamos que en procesos de oposición en los que ha participado parte de la dirección del centro, se han producido reprobaciones al tribunal.

Desde LAB criticamos que, lejos de aclarar estos acontecimientos, la Dirección General ni siquiera ha mantenido conversación alguna con el profesorado funcionario del CI Agroforestal. En este contexto, expresamos nuestra sospecha de que la persona propuesta para la dirección estaría vinculada a la actual dirección o a personas cercanas al denominado “cortijo” del centro, con el objetivo de obstaculizar y encubrir lo ocurrido durante más de una década en el CI Agroforestal.

Por todo ello, denunciamos el proceso llevado a cabo por la Dirección General al considerar que no se han realizado intentos de investigar lo sucedido en el centro en los últimos años, y señalamos también al Departamento de Educación como responsable.

Exigimos al Departamento de Educación una solución urgente al conflicto del transporte escolar y de las cuidadoras de patio

Las trabajadoras del sector en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa iniciarán movilizaciones si no se da una solución al conflicto salarial antes del comienzo del próximo curso 2026-2027.

En la mesa negociadora celebrada hoy del convenio colectivo de transporte escolar y de las cuidadoras de patio de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, se han producido algunos avances parciales. Sin embargo, la cuestión salarial continúa sin solución.

Durante la reunión, la patronal, concretamente la empresa Interim, actual adjudicataria del servicio, ha manifestado encontrarse en una situación económica muy preocupante y asegura que no puede asumir las subidas salariales acordadas, argumentando que estas no estaban recogidas en las licitaciones públicas del servicio.

Desde LAB hemos trasladado con total claridad que las consecuencias de una mala planificación o gestión empresarial no pueden recaer sobre las trabajadoras. La plantilla no puede ser quien pague las consecuencias de errores ajenos ni ver deterioradas sus condiciones laborales y salariales por decisiones que no le corresponden.

Señalamos directamente al Departamento de Educación del Gobierno Vasco como corresponsable de la situación generada. Los salarios de las trabajadoras del transporte escolar y de las cuidadoras de patio están equiparados al 100% con los del personal laboral del propio Departamento de Educación, un derecho plenamente reconocido que no está en cuestión ni sujeto a negociación. En LAB no aceptaremos ningún retroceso en una conquista lograda tras años de lucha sindical y movilización.

Resulta especialmente grave que, siendo conocedor de esta realidad y de las obligaciones económicas que conlleva, el Departamento de Educación no reflejara adecuadamente esta equiparación salarial en las licitaciones del servicio. No estamos ante un problema imprevisible, sino ante una situación que podía y debía haberse previsto. Por ello, las trabajadoras no pueden pagar las consecuencias de una falta de planificación de la administración y de la empresa adjudicataria.

Por ello, exigimos a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y al conjunto del Departamento de Educación que actúen de manera inmediata y pongan todos los recursos necesarios para garantizar una solución antes del inicio del próximo curso escolar.

Si no se alcanza una solución satisfactoria, el curso comenzará con movilizaciones por parte de las trabajadoras del transporte escolar y de las cuidadoras de patio de la CAV.

El transporte escolar de la escuela pública vasca es un servicio público cuya responsabilidad última corresponde al Gobierno Vasco. Por ello, desde LAB le exigimos que asuma sus responsabilidades y garantice unas condiciones laborales y salariales dignas para todas las trabajadoras que hacen posible este servicio cada día.

Pedimos medidas para garantizar la salud laboral de los bomberos y las bomberas de Bizkaia

De nuevo hoy los y las bomberas de la Diputación Foral de Bizkaia se han concentrado en el Palacio Foral para seguir reivindicando mejoras en el ámbito de la salud y la seguridad en el desempeño de su trabajo, así como por el reconocimiento profesional de su categoría.

Durante la concentración de ha hecho una demostración del protocolo actual de descontaminación de EPIs (Equipos de Protección Individual) para evidenciar sus carencias.

Estas movilizaciones se unen a las recientes llevadas a cabo por la plantilla de Diputación y que afectan a todo el personal, en defensa de una negociación real de un nuevo Acuerdo-Convenio. Así, se ha denunciado la pérdida salarial de los últimos años, consecuencia de la falta de negociación seria, así como la necesidad de regulación de la carrera profesional horizontal.

Desde LAB hemos trasladado recientemente a Función Pública la solicitud de una mesa de negociación especial para tratar las reivindicaciones del colectivo: cambios derivados del paso de la categoría C2 a la C1, nueva valoración del puesto de trabajo, segunda actividad…

La respuesta es que no ven la necesidad de ninguna mesa especial, que los temas se van tratando uno a uno en diferentes foros y que, por lo tanto, no nos van a convocar. Seguiremos llevando estos temas a todos los foros que sea necesario.

Ya hemos trasladado en el Comité de Seguridad y Salud laboral la necesidad de un nuevo protocolo de descontaminación de EPIs donde se priorice la garantía de los criterios de seguridad y prevención. Han tenido en cuenta nuestra propuesta y han abierto un período de aportaciones.

El sindicato LAB ha advertido al Gobierno de Nafarroa de que es el momento de tomar las decisiones y desarrollar las políticas necesarias para afrontar el reto de la vivienda

El sindicato LAB ha decidido impulsar la acción sindical en el ámbito de la vivienda, y ya la está desarrollando junto con los vecinos y vecinas de los barrios de Txantrea (Ezkaba), Buztintxuri, Sanduzelai, Etxabakoitz y Arrotxapea. La acción sindical y la lucha en torno a la vivienda han propiciado la aparición de soluciones urgentes y de emergencia para que en el año 2027 las 190 viviendas de protección oficial no pierdan esa protección social, manteniendo a los y las inquilinas en dichas viviendas. Sin embargo, la situación de la vivienda en Nafarroa exige otro tipo de decisiones y políticas. Para el sindicato, ahora es el momento de afrontar el reto de la vivienda, salir a la calle y que el Gobierno demuestre su compromiso.

Jaime Iribarren (responsable de Acción Social de LAB en Nafarroa) e Imanol Karrera (portavoz de LAB en Nafarroa) han comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer la acción sindical en materia de vivienda que está desarrollando LAB en Nafarroa y para compartir las reflexiones del sindicato sobre la situación de la vivienda. De hecho, dada su práctica, LAB es ya un sindicato de vivienda.

En primer lugar ha intervenido Imanol Karrera, quien ha sido claro en relación a la propuesta de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para modificar la Ley de Vivienda, que este jueves se votará en el Parlamento: “Es consecuencia institucional de la acción sindical de vivienda que LAB está llevando a cabo junto con los vecinos y vecinas de Ezkaba”, por lo que ha valorado positivamente que “se evite que estas viviendas vayan al mercado libre manteniendo la protección social”.

Para el portavoz de LAB, “las viviendas seguirán siendo propiedad de un fondo buitre, seguirán haciendo negocio con el alquiler. LAB opina que todas estas viviendas deberían ser propiedad de la administración pública. Por lo tanto, los empresarios son los propietarios de unas viviendas que no han pagado. Esto es inaceptable desde un punto de vista democrático y la intervención pública del Gobierno no solo es legal, sino que está plenamente justificada”. Siguiendo con este argumento, y recordando las palabras de la presidenta Chivite «hay mucho terreno en manos privadas», Karrera ha explicado que la reivindicación de LAB es la expropiación. Por lo tanto, deja en el aire la pregunta: “¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las señoras Chivite y Alfaro para defender las necesidades de la mayoría social trabajadora?”.

Karrera ha señalado que abordar adecuadamente el reto de la vivienda es el mejor antídoto frente a la extrema derecha y para demostrar a las y los trabajadores que hay alternativa: “En Madrid Ayuso le pone la alfombra roja a Testa. En Nafarroa hay una oportunidad de hacer otra cosa, hagámoslo”.

Para terminar, y en relación a la actitud de la derecha, ha enviado un mensaje claro a Geroa Bai: “No dejes solos y solas a los vecinos y vecinas de Ezkaba. La Proposición de Ley del jueves goza de plena protección jurídica. Por lo tanto, ¿realmente estas dudas son jurídicas o estás pensando en cómo defender los intereses de empresas privadas como Adania y Errotabidea? O con las familias o con las empresas, en este caso no hay otra opción”.

Testa en los barrios de Etxabakoitz, Sanduzelai, Buztintxuri, Artika y Arrotxapea

A continuación, Jaime Iribarren, responsable de Acción Social en Nafarroa, ha intervenido para explicar la acción sindical en materia de vivienda desarrollada por LAB durante estos tres últimos años, ya que el de Ezkaba no es el único caso. Según ha explicado, “a través de la asesoría colectiva hemos ayudado a docenas de afiliados y afiliadas; hemos parado desahucios, recuperado fianzas de alquiler, gestionado prórrogas en los contratos y dado solución a los mil y un problemas habituales. A comienzos de este curso hemos empezado a organizar acciones colectivas. Realizamos una acción sindical integral en materia de vivienda, junto con afiliados y afiliadas, vecinos y vecinas, y también en la calle. Estamos en contacto con el Departamento de Vivienda para que dé una solución a todos estos problemas”. El responsable de Acción Social de LAB ha detallado las reivindicaciones y prioridades de esta acción sindical para la vivienda: “la publificación (la expropiación), la titularidad pública; los contratos indefinidos; y la bajada de precios”.

Las Viviendas de Protección Oficial se contruyen con financiación pública. Iribarren ha subrayado que la situación actual es consecuencia de la política de vivienda desarrollada durante décadas por los gobiernos de UPN-PSN. “Se han construido viviendas con dinero público para ser cedidas a promotores inmobiliarios privados para satisfacer sus intereses”.

En el caso de Testa, Iribarren ha explicado que el Gobierno ha llegado tarde, “lo que está haciendo Testa es un ejercicio especulativo sin precedentes en Nafarroa”. También ha señalado que deberá buscarse otra vía para dar una solución a las familias de los bloques de Testa de alquiler que han perdido la calificación de VPO. “El negocio de la vivienda le ha salido redondo a Testa, gratis a costa de todos y todas. Por un lado, con la financiación de la administración pública; por otro, durante estos años (unos 25), a través de las cuotas de alquiler. El sindicato LAB ha puesto el foco en esto. Como en Ezkaba, estamos empezando a organizarnos con los vecinos y vecinas afectadas y Testa nos tendrá delante, con todas las consecuencias”.

Iribarren ha reiterado la reivindicación de Karrera de expropiar las viviendas, “sin duda deberían expropiarse, porque más de la mitad del coste ha sido sufragado por la administración pública y la otra mitad por las y los inquilinos. Testa pretende vender lo que le ha salido gratis, porque es su titularidad. Sin embargo, no es aceptable pagar dos veces a Testa. El Gobierno calcula que la compra de estas viviendas tendrá un coste estimado de entre 50 y 100 millones de euros. Ante este despropósito, la expropiación es la solución”.

Movilizaciones

► Este jueves, 25 de junio, a las 11:00, frente al Parlamento de Nafarroa (plaza Baluarte).

► 30 de junio, a las 19:00, bajo el lema «Testa espekulatzaile! ¡Expropiación!», concentraciones en Buztintxuri, Sanduzelai, Etxabakoitz y Arrotxapea.

Logramos el Plan de Renovación de Plantillas en la Administración General del Gobierno Vasco #LortuDugu

El acuerdo afectará a miles de personas trabajadoras de la Administración General del Gobierno Vasco y de sus organismos autónomos, y recogerá medidas eficaces para abordar la jubilación, el relevo generacional y la transmisión del conocimiento. Además, constituye un paso importante para reconocer y comenzar a saldar la deuda patriarcal acumulada por la sociedad en torno a los trabajos de cuidados.

En LAB hemos decidido firmar el Plan de Renovación de Plantillas y Relevo Generacional porque se han tenido en cuenta la mayoría de propuestas que hemos realizado en los últimos años y tras un proceso de contraste realizado con las trabajadoras y trabajadores y con nuestra afiliación. El acuerdo afectará a miles de personas trabajadoras de la Administración General del Gobierno Vasco y de sus organismos autónomos, y supone un primer paso para dar respuesta a una cuestión que llevaba años bloqueada.

El acuerdo responde a uno de los principales retos de esta administración. La edad media de las plantillas de la Administración General y de los organismos autónomos supera actualmente los 55 años y, durante años, no han existido medidas eficaces para abordar la jubilación, el relevo generacional y la transmisión del conocimiento.

Recordemos que en los últimos años han desaparecido los incentivos vinculados a la jubilación y que el contrato de relevo también ha permanecido bloqueado. Como consecuencia, la administración no ha contado con herramientas para renovar sus plantillas y muchas personas trabajadoras no han tenido la posibilidad de organizar de forma planificada los últimos años de su vida laboral.

Uno de los principales logros del acuerdo es que se abre a toda la plantilla. Desde el inicio, desde LAB defendimos que el plan no debía limitarse a determinados colectivos y, por ello, hemos conseguido que las medidas puedan aplicarse al personal funcionario, al personal interino y al personal laboral.

Asimismo, destacamos especialmente que las personas trabajadoras próximas a la jubilación no quedarán excluidas del plan. A iniciativa de LAB, el acuerdo incorpora medidas que permiten su aplicación inmediata y con efectos retroactivos, de manera que quienes se jubilen en los próximos meses también puedan beneficiarse de las medidas previstas.

Por otra parte, el acuerdo reconoce por primera vez los efectos que las reducciones de jornada y las excedencias por cuidados han tenido en la trayectoria profesional de las personas trabajadoras. Durante años, las tareas de cuidados han supuesto un importante coste profesional y económico, especialmente para las mujeres*. El modelo patriarcal que ha puesto los cuidados sobre las espaldas de las mujeres* ha penalizado a miles de trabajadoras en sus carreras profesionales, en sus salarios y en sus derechos futuros. Este acuerdo permite compensar parcialmente esa situación en tiempo y constituye un paso importante para reconocer y comenzar a saldar la deuda patriarcal acumulada por la sociedad en torno a los trabajos de cuidados.

De todas formas, queremos subrayar que este acuerdo no es una meta, sino un punto de partida. El plan contará con mecanismos de seguimiento y revisión anual, y en LAB continuaremos trabajando para mejorar sus medidas y ampliar los derechos de la plantilla.

Recordemos que este acuerdo no es fruto únicamente de la iniciativa de la administración, sino el resultado directo de años de reivindicación, movilización y presión sindical. Por ello, exigimos a la administración que ponga en marcha el plan de manera inmediata y que aplique cuanto antes las medidas acordadas.

Seguir como hasta ahora en el debate de la modificación de la Ley de Empleo Público no es una opción

En esta semana decisiva para avanzar en la normalización del euskera, exigimos al PNV que dé paso a la negociación e incorpore las reivindicaciones de la mayoría sindical vasca en las modificaciones legales.

La Ley de Empleo Público que se debate en el Parlamento Vasco entra en una semana decisiva. El jueves, 25 de junio, los partidos decidirán si dan vía libre a las modificaciones legales.

Estamos ante un punto de inflexión importante, en el que no aceptar ninguna modificación legal no es en absoluto una opción. De hecho, no podemos olvidar que en las últimas semanas las administraciones locales han comenzado a tomar decisiones que han provocado retrocesos en la normalización del euskara. Asimismo, se siguen dictando nuevas sentencias en contra, como la reducción de perfiles lingüísticos en puestos del Ayuntamiento de Eibar o de Kabia.

CCOO, UGT y PSE, que han promovido la ofensiva judicial contra el euskara, no quieren que se modifique la ley si no es a peor. Para ellos es suficiente con que la actual ley siga vigente y con la visión restrictiva que han impuesto los tribunales.

Por lo tanto, ante el debate parlamentario, exigimos al PNV que dé paso a la negociación y que reconozca en su proposición de ley que en el acceso al empleo público será obligatoria la exigencia del euskera, equiparándolo al castellano. Y que las exenciones de perfiles lingüísticos se vinculen a la planificación lingüística de cada administración y posibiliten la progresiva euskaldunización de los puestos de trabajo que han sido excepción.

Asimismo, más allá de lo que determine la modificación de la Ley de Empleo Público, es fundamental apoyar los marcos de negociación colectiva y ejecutar las decisiones y acuerdos que puedan adoptarse en los convenios colectivos en materia de normalización del euskera y perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo. Ya sea en cualquier convenio colectivo dependiente del Gobierno Vasco o de las Diputaciones o en los marcos de negociación de las entidades locales; incluido Udalhitz.