El PNV no ha querido aceptar que la Ley de Empleo Público de la CAV recoja la exigencia obligatoria de los perfiles lingüísticos de ambas lenguas oficiales para el acceso a la administración pública.
Se acaba de hacer público el acuerdo firmado entre PNV y EH Bildu en torno al proceso de modificación de la Ley de Empleo Público de la CAV. Ello conllevará que se en el pleno parlamentario de mañana prospere la propuesta de ley del PNV. Será la base sobre la cual se modificará la ley, y los contenidos recogidos en las enmiendas propuestas por EH Bildu no serán aprobadas de inmediato.
El PNV no ha querido aceptar que los perfiles de ambos idiomas oficiales se requieran de manera obligatoria para acceder a la administración pública, por lo que, desde el punto de vista de LAB, la reforma legal no es la que se necesita en el momento actual. Sin embargo, quedarse en la situación en la que nos encontramos hoy en día no sería suficiente para parar la ofensiva, por lo que tampoco sería una buena opción. Aunque el acuerdo que han cerrado los dos partidos no sea suficiente para dar los pasos necesarios para la euskaldunización de la Administración y no garantiza que se igualen los dos idiomas para el acceso a esta, tampoco cierra las puertas a esas modificaciones. Desde el punto de vista de LAB, no es la reforma de ley que pedíamos los sindicatos vascos ni los movimientos sociales por el euskera para el momento que estamos viviendo. Está por ver si si la modificación a aplicar en la Ley de Empleo Público contemplará protección legal para otros escenarios. Si no fuera así, LAB exige que se lleven a cabo las modificaciones necesarias para dotar al euskera del mismo estatus que el castellano. El sindicato continuará presionando en ese sentido y vigilará de cerca el nivel de cumplimiento de la modificación de ley y del resto de medidas recogidas en el acuerdo, tomando como referencia, tal y como se contempla en el propio acuerdo, los casos de Cataluña y Galicia.
Cabe recordar que este cambio legislativo viene provocado por la ofensiva contra la euskaldunización de la Administración que estamos viviendo durante los últimos años y que se centra principalmente en la exigencia de los perfiles lingüísticos. La Ley de Empleo Público vigente hasta ahora no ofrece un blindaje legal adecuado a dicho proceso, y tampoco ha logrado parar los abusos de ciertos jueces y agentes sociales contra el euskera y contra los derechos de sus hablantes.
Todo ello hacía que fuera imprescindible cambiar la ley que se encuentra vigente, siguiendo las exigencias trasladadas una y otra vez en los últimos años por la mayoría de la ciudadanía, por el movimiento euskaltzale y por la mayoría sindical en aras a superar la incertidumbre jurídica de los perfiles lingüísticos y otras medidas de euskaldunización y dotarlas de protección legal.
Para conseguir una Administración euskaldun que garantice a toda la ciudadanía su derecho a ser atendida en euskera y que asegure el derecho de los y las trabajadoras públicas a trabajar en ese idioma es necesario igualar a nivel jurídico el castellano y el euskera, lo cual exige que los perfiles de aptitud de ambos idiomas sean obligatorios en todos los puestos de trabajo públicos y que las excepciones estén ligadas a la planificación lingüística de cada Administración. Dichas excepciones también deben realizar un recorrido para que, de forma progresiva, avancen en el camino de la euskaldunización. Una reforma legal que sea realmente efectiva debe partir hacia ese objetivo y recoger las medidas previamente mencionadas.
Junto con ello, es preciso que a partir de ahora no haya ningún recorte en los perfiles lingüísticos de las nuevas ofertas de empleo. Sería totalmente contradictorio e inaceptable que mientras por un lado se está modificando la ley para proteger dichos perfiles, por otro lado se apliquen recortes en las exigencias de idiomas en las nuevas convocatorias de empleo, utilizando la excusa barata de lo que puedan decir en un futuro los juzgados. Y es que LAB denuncia que en los últimos meses están ocurriendo retrocesos en numerosas convocatorias de diputaciones y ayuntamientos, por lo que reclama terminar con esto de raíz.
También debemos denunciar la falta de flexibilidad mostrada por el PNV a lo largo de todo este proceso y la falta de voluntad que ha mostrado para adaptar su propuesta de ley. Se ha negado a cambiar de raíz el paradigma de los perfiles lingüísticos, lo que supondría un verdadero salto en la euskaldunización de la administración, dando la espalda a las peticiones de la mayoría social y sindical de este pueblo. Como ocurrió en su día con el proceso para renovar la Ley de Educación, el PNV vuelve a mostrar las hipotecas que tiene con el PSE, negándose a la alianza estratégica euskaltzale de la que precisan la euskaldunización y los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Euskal Herria. Esta actitud, además de causar que la adopción de medidas se alargue en el tiempo, conllevará seguramente que la modificación de la ley que se lleve a cabo sea insuficiente para responder a la gravedad de la situación.
Por ello, LAB adopta el compromiso de hacer un estrecho seguimiento a partir de ahora a la implementación de la ley renovada y al carácter de los cambios en el Decreto para la Normalización del uso del Euskara, el cual deberá modificarse en función de la ley. Entre otras cuestiones, exigirá defender los marcos de negociación colectiva y la ejecución de decisiones, consensos y acuerdos en la normalización del euskara y en los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo en los convenios laborales, tanto en los el Gobierno Vasco como en los dependendientes de las diputaciones, así como en los marcos de negociación de las entidades locales, incluído Udalhitz.
Si no hay cambios verdaderos y adecuados la euskaldunización de la administración seguirá en el futuro bajo la amenaza de las arbitrarias decisiones de los juzgados y de los agentes euskaráfobos, algo que propicia la actual incertidumbre jurídica. Por ello, la solución a este conflicto vendrá de dotar de seguridad jurídica real al proceso de euskaldunización de la administración, para lo cual es completamente necesario igualar el reconocimiento legal de los perfiles de euskera y castellano.
