No vemos con buenos ojos que se responsabilice de la precaria situación del sector a las trabajadoras, que son precisamente las que denuncian constantemente las precarias condiciones laborales que dificultan una correcta prestación del servicio.
Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de una noticia sobre las condiciones del servicio en la residencia Arabarren, a raíz de un comunicado públicado por la asociación de familiares de residentes «Zaintza Araba».
Queremos denunciar la gravedad de la lectura que se está haciendo de unos hechos que, evidentemente, son muy preocupantes. En primer lugar, denunciamos que no es admisible responsabilizar a las personas trabajadoras del sector, que son precisamente quienes llevan años denunciando las condiciones en las que se ven obligadas a trabajar: ratios totalmente insuficientes, falta de sustitución de las trabajadoras, jornadas excesivas, falta de medios y medidas en seguridad laboral.
Asimismo, denunciamos, una vez más, la negligencia de las administraciones responsables de los servicios de atención a personas de la tercera edad. Por un lado, el Gobierno Vasco elude su deber en la elaboración de un nuevo decreto que regule de forma adecuada los servicios de atención a personas de la tercera edad, y la Diputación Foral de Araba, en ausencia de dicho decreto, no adopta las medidas necesarias para poder proporcionar una atención adecuada a las personas residentes, no haciéndose cargo de su responsabilidad.
Tal y como venimos denunciando, es el modelo de privatización de los cuidados, impulsado desde hace décadas por el PNV, lo que genera un panorama tan desolador como el actual, que no solo padecen las personas residentes sino también las personas trabajadoras.
Este tipo de hechos no vienen sino a remarcar las graves carencias del actual sistema de cuidados y las consecuencias de la privatización de los mismos. Subrayamos la responsabilidad de la Diputación Foral de Araba en cuanto a posibilitar la existencia de un convenio sectorial en este territorio, que regule de forma adecuada las condiciones en las que se prestan los servicios de atención a personas de la tercera edad, así como la urgente necesidad de un sistema de cuidados público y comunitario, que garantice y dignifique las vidas tanto de las personas residentes como las de las personas trabajadoras del sector. Porque no es admisible dejar los cuidados en manos privadas, mucho menos con el apoyo de la Diputación. Las instituciones tienen que impulsar una gestión directa desde lo público y cerrar la puerta a la privatización. La privatización solo acarrea miseria para las personas trabajadoras del sector de cuidados y las personas residentes, ya que priman los beneficios sobre la calidad y la dignidad en los cuidados. Es por ello que exigimos un cambio de modelo urgente del sistema de cuidados.
Recalcamos que no se puede permitir que sean las trabajadoras quienes se encuentren en el punto de mira. Es a las administraciones gobernadas por el PNV-PSOE a quienes exigimos responsabilidad, implicación y reparación.
