Entre esas siete personas que han recibido la citación de la policía francesa por ayudar a personas migrantes se encuentran de dos miembros de LAB: la portavoz en Ipar Euskal Herria Argitxu Dufau y Eñaut Aramendi. Los y las citadas han subrayado que la solidaridad supera las leyes restrictivas y las fronteras artificiales y han exigido que cese la represión y se garantice una acogida digna.
Más de 80 agentes habían secundado la convocatoria de apoyar esta mañana a los y las citadas militantes, a las que han recibido entre aplausos. sociales han recibido esta mañana en las puertas de la comisaría de Hendaia una llamada de apoyo a estos militantes, que les han recibido con aplausos. Estos y estas militantes luchan por la defensa de los derechos humanos, de la libre circulación y de una digna acogida de las personas migrantes, asumiendo, con ese objetivo, que su libertad se encuentre en riesgo. Precisamente, al llegar hoy a la comisaría de Hendaia les han informado de que quedaban detenidos y detenidas bajo custodia policial.
Tal y como han expresado los y las agentes reunidos para mostrar su apoyo, “distribuir alimentos, proporcionar ropa u ofrecer alojamiento temporal nunca debería penalizarse. Quieren criminalizar y castigar la solidaridad”. Por todo ello, exigimos al gobierno francés que ponga fin a esta represión y reconozca el importante trabajo realizado por los y las activistas para proteger y garantizar todos los derechos para todas las personas.
En un contexto en el que miles de personas se desplazan a escala mundial en gran medida a causa del saqueo y de los conflictos bélicos que en gran medida promueve Europa en sus territorios de origen, Francia, que gusta de proclamarse la tierra de los derechos humanos, se encuentra sin embargo en un punto de inflexión decisivo en lo que respecta a la acogida de los inmigrantes y al apoyo a los activistas que llegan a su territorio.
Las recientes declaraciones y acciones del gobierno francés, en particular las del Ministro del Interior, Bruno Retailleau, envían una señal muy preocupante en términos de derechos humanos. Si bien se alzan muchas voces para denunciar la intensificación de la represión contra los solicitantes de refugio y las activistas solidarias, es urgente reafirmar nuestro compromiso con los derechos fundamentales y con una acogida digna de las personas migrantes. Deben respetarse la Convención de Ginebra y la Carta para la Protección de los Menores, firmada por el estado francés hace casi 40 años.
Reafirmamos y exigimos respeto al derecho fundamental de libre circulación de todo ser humano. Exigimos el fin de la persecución policial y judicial de activistas que sólo compensan las deficiencias de un Estado fallido que, sin embargo, utiliza el término solidaridad en su lema. Esta solidaridad no es un delito, dejemos de criminalizar a quienes la practican y construyen día a día en nuestra tierra un lugar de acogida.
