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Miembros del Comité de Empresa de la Fundación Gizain para la gestión de los servicios sociales públicos de Nafarropa (LAB 9, ELA 2, CCOO 2) han comparecido hoy en Iruñea, en rueda de prensa, para pedir que sus condiciones laborales se equiparen a las las condiciones de los empleados y empleadas públicas de la Administración Foral.

La empresa pública Gizain, que cuenta con alrededor de 350 trabajadoras en todo Nafarroa, da servicio a las personas más vulnerables de la sociedad. Las trabajadoras de Gizain tienen tres reivindicaciones principales: Que se cumpla lo firmado en el primer convenio, que se desbloquee la negociación del segundo convenio y, sobre todo, que se equiparen sus salarios a los de la Administración Foral. Para ello, el próximo 18 de octubre realizarán una primera concentración en Iruñea, frente al Parlamento de Nafarroa, a las 09:00 horas.

Lectura realizada en la rueda de prensa

En esta rueda de prensa queremos socializar y transmitir la situación en la que nos encontramos las trabajadoras de Fundación Gizain.

En primer lugar, queremos contextualizar qué es Fundación Gizain. Es una Fundación creada en Enero de 2019 por acuerdo de Gobierno de Navarra, con el fin de asumir la gestión pública de una serie de servicios esenciales que venían siendo prestados por entidades privadas. Con la asunción de estos servicios se pretendía obtener mayor control, transparencia y agilidad en su gestión y garantizar una mejor atención, más equitativa y homogénea a los ciudadanos.

Se valoraba por tanto una voluntad de mejora en la prestación de servicios esenciales tales como: equipos de atención a víctimas de violencia de género y de violencia sexual, centro de día de justicia juvenil, 5 centros de observación y acogida para menores que sufrían situaciones de desprotección familiar, unidades de tramitación administrativa de rentas garantizadas e ingreso mínimo vital, los equipos de inserción sociolaboral y los equipos de atención a la infancia y adolescencia y el equipo que trabaja con familias acogedoras de urgencia (AFU).

Los grupos políticos que aprobaron la creación de esta Fundación, que desde 2019 ha continuado asumiendo recursos que se encontraban privatizados, manifestaban la voluntad de que los recursos que atienden a la población de forma pública estuvieran gestionados de la misma forma, planteándose la publificación de las plantillas. Sin embargo, la Fundación no termina de definirnos como empleados públicos, a pesar de que la empresa utiliza las limitaciones de subida salarial del funcionariado para la no aplicación del convenio vigente y la mejora de las condiciones laborales.

Toda esta voluntad de mejora no termina de ser real cuando nos deja el siguiente escenario:

El primer convenio se firma en 2019 y se incumple en 2023, último año de vigencia, cuando no se produce la equiparación de las tablas salariales a las de FUNDAPA, otra Fundación pública con los mismos profesionales, tal y como venía recogido en el artículo 6.3 de nuestro convenio, agrandando la brecha salarial entre plantillas. Resulta especialmente grave esta inaplicación de convenio, que es norma que rige el funcionamiento de las relaciones laborales de la plantilla y el ente, cuando la excusa para ello es que no se nos puede subir el salario en esa cuantía ya que superaría la subida que van a tener los empleados de la administración pública, barrera que nos han puesto y que no parecen dispuestos a traspasar. ¿En la actualidad somos trabajadoras de la administración pública? Si es así, estaríamos equiparadas a sus condiciones laborales y estas están muy lejos. Esta situación nos ha llevado a reclamar judicialmente que se cumpla el primer convenio 2021-2023.

La situación en la que nos encontramos bloquea la negociación del segundo convenio. Señalan que nos afecta la misma limitación de subida salarial que al personal al servicio de la administración pública, un 2%. No nos equiparan a fundaciones homólogas con las mismas profesionales y no nos equiparan a la administración pública. Unido a esta serie de incongruencias los Grupos 3 y 4 se quedan con el salario por debajo del convenio sectorial de acción e intervención social.

¿Qué pasa con la voluntad política? ¿Dónde quedan las intenciones de publificar estos servicios esenciales? Se dio el paso de ir gestionando recursos que estaban en manos privadas e ir publificando estos servicios, pero el proceso se ha paralizado en cuanto a la equiparación de las condiciones laborales y salariales, estando algún grupo profesional de Fundación Gizain a más de un 20 % de su nivel homólogo en la administración pública.

Las trabajadoras de Fundación Gizain consideramos que somos tan esenciales como otras profesiones que han visto reconocidas sus demandas y otras que están trabajando hace años por conseguir ese reconocimiento. Trabajamos de forma cada vez más profesionalizada, más estructurada, más exigente, conteniendo con dedicación y profesionalidad situaciones sociales que cada vez son más complicadas.

Por todo lo señalado anteriormente las trabajadoras de Fundación Gizain anunciamos el inicio de las movilizaciones con una concentración el día 18 de octubre a las 9 horas frente al Parlamento de Navarra.

Por el respeto del I Convenio firmado.

Por el desbloqueo de la negociación del II Convenio.

Por la equiparación salarial a las condiciones de la administración.