Nos hemos concentrado hoy en Iruñea, junto al Departamento de Derechos Sociales, para denunciar los sucesos de extrema gravedad —de peligro vital para personas trabajadoras y usuarias—que han sucecido las últimas semanas en diferentes centros de menores privatizados y subcontratados por el Gobierno de Nafarroa. LAB exige la publificación de los servicios sociales esenciales para acabar con su situación de precariedad estructural  continuada.

Sucesos tan graves como dos trabajadoras a punto de ser arrojadas por las escaleras, el incendio de una habitación, peleas con elementos cortantes entre menores, y por último una agresión contra personal de seguridad que terminó con uno de los trabajadores con el tobillo, tibia y peroné rotos y otro trabajador con magulladuras y dificultades respiratorias por aplastamiento. LAB quiere trasladar su mayor solidaridad con estas personas que están dando lo mejor de sí en las peores condiciones.

Estos casos no son aislados, son solo la punta del iceberg de una situación de precariedad estructural, continuada y provocada por la privatización de servicios sociales esenciales: bajo ratio de personal de atención directa y de personal de seguridad (cuando lo hay); de personal de valoración en las empresas y también en la Administración; bajos salarios; cambios arbitrarios en la exigencia de titulaciones; agresiones físicas y verbales; falta de prevención de riesgos laborales y de medidas correctoras; amenazas y vejaciones; contratación temporal ilegal, abusiva e injustificada; falta de control público de estos servicios; falta de previsión, de recursos, de planificación y de transparencia; falta de información a la representación sindical; escasa calidad de liderazgo de los puestos y cadenas de mando; ocultación de información al Gobierno de Nafarroa…

¿Y qué va a hacer el Gobierno de Nafarroa ante todo esto? ¿Va a remediar de raíz esta problemática publificando todos estos servicios que nunca debieron caer en manos privadas? Y mientras se publifican los servicios, ¿Va a implementar mecanismos para controlar a estas empresas? ¿Va a garantizar la vida de las personas trabajadoras y de las usuarias? ¿Se van a tomar medidas contra estas empresas que vulneran los derechos de las plantillas sistemáticamente? ¿Por qué estas empresas siempre caen de pie y nunca les pasa nada?

¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas? Desde LAB consideramos urgente que se aborde de una vez por todas este problema, que se vaya a la raíz del problema, se publifiquen estos servicios sociales esenciales y se prohíba de una vez por todas su posible subcontratación.