Ayer, la plataforma realizó una rueda de prensa ante la planta de Urduliz en la que participamos trabajadores de Mecaner, LAB, ESK, la alcaldesa de Urduliz y el alcalde de Lemoiz y concejales de los ayuntamientos de Uribe Kosta, Ernai, Ikama, Ekologistak martxan, Subflubialari ez, Jauzi Ekosoziala, Otxantegi, Gune ekosozialista y profesores de la UPV y miembros del grupo de investigación Ekopol.
Tomaron la palabra Itziar Iratzagorria, alcaldesa de Urduliz, y Aitor Gallestegi, del Jauzi Ekosoziala, y realizaron la siguiente lectura:
En septiembre de 2023 la multinacional Stellantis presentó un ERE que suponía el cierre en su empresa Mecaner de Urduliz. En mayo de 2024 ocurrió lo que todos quisimos evitar: se despidió a los 144 trabajadores y se cerró la empresa.
Después del cierre, impulsamos la plataforma Mecaner herriarentzat entre los sindicatos LAB y ESK, los agentes ecologistas Jauzi y Gune Ekosozialista, junto al Ayuntamiento de Urduliz.
Lo hicimos con el objetivo de impulsar la compra pública de Mecaner y poner en marcha un proceso participativo que decida desde la comarca y con la ciudadanía, qué deberíamos producir, para qué y cómo. Se trata de aprovechar la experiencia de Mecaner para iniciar un verdadero proceso de transición ecosocial justa, con el que recuperar el empleo que Stellantis ha destruído.
En estos momentos, se están negociando los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca para el ejercicio 2025. Son unos presupuestos cargados de una retórica de reindustrialización, arraigo empresarial y transición energética. Sin embargo, toda esa narrativa está atravesada por un carácter profundamente corporativo.
Todos los recursos públicos disponibles se ponen a disposición de la colaboración público-privada. Son las grandes empresas privadas quienes mantienen el poder de decisión sobre dónde invertir; sobre las consecuencias laborales derivadas de la transformación productiva; y sobre cómo repartir los beneficios que obtienen. El Gobierno Vasco se limita a acompañar esas inversiones, entregando millones de euros públicos sin aplicar ninguna condicionalidad de mantener el empleo.
Bajo este marco institucional, cualquier retórica de reindustrialización y transición energética no asegura ni el futuro del empleo industrial ni una verdadera transición energética. Denunciamos que estos presupuestos carecen de herramientas financieras con las que impulsar proyectos industriales públicos. Esta es una carencia que impide avanzar en otro modelo de reindustrialización, impulsado desde abajo, y con la participación de las personas trabajadoras y los territorios afectados.
En la lucha en defensa de los empleos de Mecaner le presentamos un Plan de Transición Ecosocial al Gobierno Vasco, con el que pedíamos su implicación activa. La respuesta que obtuvimos, una y otra vez, fue que las secciones sindicales no pueden solicitar los fondos públicos que están presupuestados para industria, sino solamente las empresas privadas. Este rechazo repetido hacia nuestras propuestas condujo al cierre definitivo de Mecaner por parte de Stellantis.
Por eso consideramos que este es el momento de señalar las graves carencias que tiene el actual Proyecto de Presupuestos Generales 2025 de la Comunidad Autónoma Vasca. Con ellos, la respuesta que obtendremos a este tipo de propuestas de reconversión ecológica continuará siendo el silencio o el rechazo. Necesitamos herramientas públicas para impulsar estos proyectos desde abajo, desde secciones sindicales, desde ayuntamientos, desde la clase trabajadora que sufre en sus carnes la destrucción del tejido industrial.
Por todo ello, solicitamos al Gobierno Vasco:
1. La adquisición de los terrenos e instalaciones propiedad de la empresa Mecaner, garantizando dicha compra con cargo a los Presupuestos Generales 2025 de la Comunidad Autónoma Vasca. Se debe vincular la compra a los resultados del proceso participativo que llevará a cabo el Ayuntamiento de Urduliz o la Mancomunidad de Uribe Kosta, orientado a la transición ecosocial.
2. La creación de partidas específicas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasco destinadas a proyectos industriales de titularidad pública, mediante los que se pueda impulsar procesos de reindustrialización y transición ecosocial, fuera del marco de la colaboración público-privada. Estas partidas podrían ser solicitadas por secciones sindicales, agentes sociales y ayuntamientos, garantizando la propiedad y el control público del proceso.
Lamentablemente, el caso de Mecaner no ha sido el primero ni será el último. Por eso, necesitamos disponer de las herramientas necesarias, normativas y presupuestarias, para dar respuesta a los previsibles futuros conflictos laborales de estas características, y para dar respaldo institucional a las soluciones que se requieren.
