2026-04-09
Blog Página 8

Las trabajadoras de Ibaiondo reclaman una negociación real y denuncian una actitud contraria a la libertad sindical

Hoy las trabajadoras del centro Ibaiondo han interrumpido el inicio de la Mesa Sectorial del Gobierno Vasco en Lakua, vistiendo los chalecos con el lema “Ibaiondo Borrokan” que están utilizando en las movilizaciones de las últimas semanas y mostrando sus reivindicaciones en carteles. El centro Ibaiondo es un centro educativo para menores en situación de internamiento declarado por un juez.

Las trabajadoras reclaman una negociación real en relación con diversas cuestiones. Por un lado, en lo referente al Acuerdo sobre el Horario Especial, cuyo objetivo es regular de manera específica la jornada y las condiciones laborales. Por otro, en relación con la normativa de las bolsas de trabajo y con la propuesta de funcionarización de la plantilla.

Las trabajadoras han denunciado que recientemente se les ha retirado la posibilidad de realizar de forma telemática las reuniones de coordinación que hasta entonces podían celebrar. Como respuesta a esta limitación, comenzaron a movilizarse y a utilizar los chalecos con el lema “Ibaiondo Borrokan” durante sus protestas.

Posteriormente, han recibido amenazas vinculadas al uso de los chalecos. Además, el comité de empresa de Ibaiondo —formado por los sindicatos LAB, ELA y CCOO— ha denunciado que la dirección del centro prohibió el acceso a los espacios de trabajo vistiendo los chalecos con el lema “Ibaiondo Borrokan”, alegando el “interés del menor”. Según el comité, esta medida constituye una actitud contraria a la libertad sindical, al pretender invisibilizar las movilizaciones y el conflicto laboral existente.

El comité de empresa ha subrayado que las movilizaciones realizadas hasta el momento no han interferido en la intervención educativa ni en la seguridad del centro, y que se han llevado a cabo respetando el normal desarrollo de las tareas con las y los menores.

Por todo ello, las trabajadoras de Ibaiondo han reclamado una negociación colectiva real y efectiva y han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta que se garanticen unas condiciones laborales dignas.

LAB rechaza el nuevo ataque imperialista perpetrado por Estados Unidos e Israel

Estados Unidos e Israel han iniciado la enésima ofensiva militar imperialista en Oriente Próximo. Mientras mantienen el genocidio contra el Pueblo Palestino, han arremetido contra Irán y Líbano. El sindicato LAB rechaza firmemente estos ataques imperialistas. 

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel están desarrollando una estrategia colonial y genocida cuyo objetivo es dominar al resto de países y expropiarlos de sus recursos estratégicos, violando constantemente el derecho internacional. La nueva guerra que han puesto en marcha contra Irán y el Líbano no solo provoca la muerte de cientos de ciudadanos y ciudadanas y la destrucción de infraestructuras civiles, sino que agrava aún más el ya grave contexto geopolítico mundial.

LAB quiere transmitir su solidaridad a las y los trabajadores de Palestina, Irán y Líbano, así como a todos y todas quienes sufren las consecuencias de esta escalada en Oriente Próximo. Ante estos y otros ataques, como los perpetrados por la Administración Trump contra Venezuela, Cuba o Groenlandia, reafirmamos nuestra firme oposición a cualquier agresión que ponga en cuestión la paz y la soberanía de los pueblos, así como nuestra apuesta por un nuevo orden internacional basado en la paz y la justicia entre los pueblos.

LAB lamenta la actitud mostrada por la mayoría de los gobiernos y dirigentes europeos, que siendo compañeros de viaje de Estados Unidos e Israel se convierten en cómplices de sus crímenes. Asimismo, LAB se reafirma en la interpelación que hicimos a la patronal por el genocidio contra Palestina: no se puede hacer negocio a costa ni del genocidio ni de la guerra imperialista. En este sentido, LAB considera vergonzoso el blanqueo de empresarios como Jainaga, investigado en la Audiencia Nacional por las ventas de Sidenor al Ejército israelí.

Por último, LAB advierte de la escalada de precios que busca hacer pagar la factura de la guerra a la clase trabajadora: De la misma manera que nos negamos rotundamente a que hagan la guerra en nuestro nombre, anunciamos que haremos frente a toda medida que tenga por objeto hacer pagar a la clase trabajadora la factura de la guerra. 

Algunos agentes están haciendo un uso interesado de las y los trabajadores para dificultar la euskaldunización de la administración

LAB exige garantías legales sólidas para frenar la ofensiva política, sindical y judicial euskarófoba que obstaculiza la normalización del euskera y vulnera los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.

La información publicada hoy por el medio Argia ha dejado aún más patente lo denunciado en varias ocasiones por LAB — la última, la semana pasada, en relación con el caso de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Errenteria —: que detrás de la ofensiva judicial contra las medidas a favor de la euskaldunización de la administración están los intereses de las personas y agentes que quieren frenar el proceso de normalización del euskera.

Se puede afirmar que la cruzada del ámbito euskarófobo contra la normalización del euskera es una iniciativa planificada. Aunque las declaraciones públicas de algunos agentes políticos y sindicales han señalado otra cosa, detrás de las sentencias que se han producido hasta ahora durante la ofensiva judicial no hay un interés sincero en proteger a las y los trabajadores vulnerables en situación de interinidad. A la inversa, detrás de muchos casos están los intereses de los agentes políticos y sindicales que están intentando aprovechar esos casos concretos para poner en jaque el proceso de euskaldunización de la administración.

Como sindicato de clase somos conscientes de que hay trabajadores y trabajadoras en nuestro país que no tienen ni las posibilidades ni las facilidades para poder aprender euskera. Por ello, exigimos una vez más a las administraciones que establezcan medios y facilidades para garantizar el derecho a conocer el euskera que también les pertenece. Sólo así lograremos culminar el proceso de normalización del euskera y dar un paso significativo en la cohesión social.

Pero con la misma rotundidad con la que lo reivindicamos, debemos denunciar la utilización interesada e insidiosa que están haciendo de estos trabajadores y trabajadoras diversos agentes. Detrás de esas decenas de demandas hay intereses regresivos: desde los sindicatos que ponen demandas judiciales directamente en su nombre o, lo que es más perverso, ocultos detrás de ciudadanas y ciudadanos individuales, pasando por medios de comunicación que alimentan el clima y el discurso favorable a la misma, hasta los partidos que dan cobertura y garantía política-institucional-jurídica a la ofensiva contra el euskera.

El principal objetivo de estos agentes sindicales y políticos es obstaculizar al máximo la plena normalización del euskera. No quieren que el euskera se sitúe al mismo nivel que el castellano en la administración; al contrario, quieren que siga siendo una lengua de segunda. Por eso, dan por bueno que el castellano sea absolutamente obligatorio en toda la administración y el euskera, en cambio, la mayoría de las veces sea una opción o un elemento de carácter obligatorio sólo para un ámbito limitado.

Pero, junto a ello, su interés particular también pasa por mantener el ámbito electoral (ya sea partidista o sindical). Utilizando los mismos discursos y argumentos de los que se vale la ultraderecha en otros países, en Euskal Herria hay agentes que quieren alimentar la oposición al euskera entre determinados sectores de la ciudadanía, para que después, estos mismos agentes se presenten como sus valedores. Se trata de un comportamiento absolutamente irresponsable y más grave aún cuando está alimentado por partidos supuestamente progresistas o sindicatos que defienden a trabajadoras y trabajadores. No les importa romper la cohesión social y el consenso social mayoritario a favor del euskera, si es para mantener sus intereses particulares. Y en esa iniciativa irresponsable y denunciable están destacando los sindicatos CCOO y UGT y los partidos PSE y PSN, junto con varias plataformas que están a su alrededor. Estos agentes se han sumado a la estrategia del PP y VOX en este asunto para eliminar el euskera de la administración pública.

LAB reivindica, una vez más, la necesidad de garantías legales sólidas para frenar la ofensiva política, sindical y judicial euskarófoba que frustra la normalización del euskera y vulnera los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes. Para ello, LAB ve más necesario que nunca que se adopten medidas que den garantías legales al euskera en el proceso de modificación de la Ley de Empleo Público Vasco que se debate en el Parlamento Vasco para que la normalización del euskera en la administración avance.

LAB exige que el euskera se equipare al castellano. Por lo tanto, LAB interpela al PNV para que deje de someterse al binomio PSE y CCOO contra el euskera y se sume a la propuesta de EH Bildu de reconocer a las y los vascoparlantes derechos equiparables a los de los y las castellanohablantes.

Siendo ambas lenguas oficiales, LAB exige que el euskera se sitúe en el mismo nivel de estatus que el castellano y que se establezcan perfil lingüístico y una fecha de preceptividad en el acceso a todos los puestos de trabajo de toda la administración. LAB apoya el índice de aplazamiento propuesto por EH Bildu para las y los trabajadores que necesitarán un tiempo para demostrarlo y reclama más recursos y liberaciones para que el personal en activo se euskaldunice, entre otras medidas. Es decir, es necesario revertir la visión que hay en la actualidad para que toda la administración sea euskaldun.

Sólo con la entrada en vigor de este tipo de medidas se logrará que la normalización del euskera tenga la garantía legal necesaria en la administración y que se construya un muro de contención contra la ofensiva euskarófoba y en defensa de los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.

El comité de huelga del Casco Viejo de Bilbao recupera una vivienda turística para denunciar la especulación inmobiliaria

La acción vincula la problemática de la vivienda con la huelga general del 17 de marzo y la reivindicación de un salario mínimo de 1.500 euros

El comité de huelga del Casco Viejo de Bilbao ha llevado a cabo hoy en el barrio una acción con el fin de “recuperar” una vivienda turística. Mediante esta iniciativa, las personas organizadoras han querido trasladar un mensaje claro a los agentes económicos que impulsan la mercantilización del barrio y a quienes les dan respaldo: mientras continúen enriqueciéndose a costa de la precarización de las vecinas y vecinos, tendrán enfrente una respuesta social organizada.

Según han explicado, las y los trabajadores de Euskal Herria destinan más del 60% de su salario a la vivienda. En los últimos años, la mercantilización de la misma, orientada a obtener la máxima rentabilidad, ha agravado el conflicto de la vivienda y ha reforzado la dependencia del trabajo asalariado, obligando en muchos casos a tener que aceptar condiciones laborales precarias para poder hacer frente a su coste.

El comité de huelga también ha denunciado el impacto de la turistificación y la gentrificación en los barrios populares. Las grandes empresas, los fondos de inversión y las entidades bancarias continúan acumulando cada vez más viviendas, al tratarse de una necesidad básica por la que la clase trabajadora se ve obligada a pagar precios cada vez más elevados. Aunque los ejemplos más significativos en Euskal Herria son la costa de Lapurdi y Donostia, Bilbao está viviendo un proceso similar. En el Casco Viejo la proliferación de pisos turísticos es constante y, dado que los alquileres de corta estancia resultan más rentables, las opciones de alquiler digno para residentes se reducen, facilitando la expulsión de las vecinas de su propio barrio.

Las personas convocantes han subrayado que la crisis de la vivienda está estrechamente ligada a la huelga general convocada en Euskal Herria para el próximo 17 de marzo. En este contexto, reivindican un salario mínimo de 1.500 euros para garantizar condiciones de vida dignas.

Asimismo, han criticado que las y los trabajadores perciban un salario mínimo interprofesional que no se decide aquí y que no responde a la realidad socioeconómica de Euskal Herria, mientras el precio de la vivienda continúa aumentando de forma constante.

En el marco de la acción, activistas han ocupado una vivienda turística de la empresa Alameda Flats en el Casco Viejo; dicha empresa dispone de 45 pisos turísticos en Bilbao. Entre los objetivos de la protesta se encuentran denunciar a las empresas que se enriquecen mediante los procesos de turistificación y gentrificación, señalar a las instituciones que no adoptan medidas, reivindicar la desmercantilización de la vivienda y exigir un salario mínimo de 1.500 euros.

Pocas horas después de iniciarse la acción, la policía se ha personado en la puerta de la vivienda. En el interior, vecinos y vecinas se mostraban dispuestas a permanecer en la vivienda recuperada. Durante la protesta han desplegado pancartas, arrojado octavillas desde los balcones y se han encadenado como forma de resistencia. En pocos minutos, decenas de personas del barrio se han acercado al lugar para mostrar su apoyo.

Tras conversar con representantes de la empresa propietaria, la policía ha comunicado su intención de proceder al desalojo de las personas que se encontraban en el interior. Una hora más tarde se ha personado también la Ertzaintza. Según el comité de huelga, este operativo vuelve a evidenciar la existencia de un modelo policial orientado a proteger intereses privados, dispuesto a actuar contra vecinas y vecinos que defienden condiciones de vida dignas.

Horas después, las personas organizadoras han abandonado la vivienda por iniciativa propia tras haber cumplido el objetivo, al tiempo que han hecho un llamamiento a mantener la movilización en el barrio y han advertido de que, si la situación persiste, continuarán ocupando viviendas de grandes propietarios.

“Cada piso turístico recuperado será un espacio de resistencia: frente a la explotación laboral de la industria turística, el trabajo comunitario; frente a la gentrificación, la comunidad; y frente al negocio de la vivienda, el derecho a la vivienda”, han señalado.

El comité de huelga ha concluido con un llamamiento a participar en la huelga general del 17 de marzo y a reforzar la organización y la solidaridad de clase frente al empobrecimiento de la clase trabajadora.

La plantilla seguirá luchando por la defensa de los puestos de trabajo y por la negociación del convenio en SIDENOR

La dirección de SIDENOR está dejando morir a la planta de Azkoitia. En los últimos años se han destruido cerca de 200 puestos de trabajo en el centro de trabajo de Azkoitia. Para la dirección de SIDENOR, no existe una planificación que garantice el futuro de Azkoitia. A todo ello hay que añadirle el recorte de derechos que han sufrido las y los trabajadores durante los últimos años. Es en ese contexto donde hay que entender la maniobra de la dirección.

Hace más de dos años que la plantilla inició la negociación del convenio. Por primera vez en muchas negociaciones, LAB y ELA contaban con mayoría en el comité. Desde el principio, la estrategia de la dirección ha estado centrada en el miedo y la amenaza. Desvió primero la carga de trabajo de Azkoitia y al ver que las y los trabajadores no se asustaban planteó un ERTE y estos y estas tuvieron que estar año y medio en esa situación (hasta octubre pasado). Las y los trabajadores se han mantenido firmes en su posición, y cuando han intensificado las movilizaciones – hace dos semanas dieron un salto cualitativo-, la dirección ha dado el siguiente golpe. Amenaza con paralizar el Gran Tren de Azkoitia y trasladar a 36 trabajadoras y trabajadores a Reynosa (Cantabria, España). La plantilla lo tiene claro: son 36 despidos encubiertos. Además, la paralización del Gran Tren de Azkoitia comprometería el futuro de todo el Centro de Trabajo.

Las y los trabajadores entienden este paso dentro de la amenaza de la negociación y dentro del abandono del centro de trabajo de Azkoitia. Por eso quieren dejar claro su mensaje: 

• No van a conseguir que dejen a un lado su voluntad de negociación. 

• Seguirán luchando por el mantenimiento de los puestos de trabajo y por el futuro del centro de trabajo de Azkoitia

Desde el comité han solicitado reuniones con instituciones (Ayuntamiento de Azkoitia, Diputación de Gipuzkoa y Gobierno Vasco). Las instituciones deben implicarse para garantizar el futuro de los puestos de trabajo de Azkoitia, sin mirar hacia otro lado, y las y los trabajadores tienen claro que es imprescindible cambiar políticas que hasta ahora no han sido efectivas. A Jainaga (dueño de SIDENOR) se le ha puesto una alfombra roja desde las instituciones y eso tiene que cambiar. Desde las instituciones, hay que exigirle la defensa de los puestos de trabajo. 

LAB acusa a Tubos Reunidos de querer imponer el cierre de la acería y despidos mientras las instituciones siguen mirando hacia otro lado

El periodo de consultas del ERE presentado por Tubos Reunidos ha finalizado hoy sin acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de las personas trabajadoras. Desde LAB queremos dejar claro que no aceptamos ni el cierre de la acería de Amurrio ni la destrucción de 301 puestos de trabajo, una decisión de enorme gravedad que pone en riesgo el futuro industrial de Aiaraldea y Ezkerraldea.

Durante la reunión, la parte social ha presentado una propuesta clara cuyo eje principal pasa por la retirada del ERE y la retirada de la decisión de cerrar la acería de Amurrio, así como por abrir un proceso real de negociación con la representación de la plantilla para abordar el futuro de la empresa sin chantajes ni presiones.

La acería de Amurrio es una pieza estratégica dentro del proceso productivo de Tubos Reunidos y su cierre supondría una decisión de enorme gravedad para el futuro industrial de la propia empresa, además de provocar una importante destrucción de empleo, tanto directo como indirecto, en Aiaraldea y Ezkerraldea.

Frente a esta propuesta, la empresa ha vuelto a poner sobre la mesa planteamientos que siguen manteniendo como punto de partida el cierre de la acería y la destrucción de empleo, algo que desde LAB consideramos inaceptable. No se puede hablar de acuerdo mientras la decisión central —cerrar la acería y ejecutar despidos— se mantiene intacta.

A lo largo de este proceso ha quedado claro, además, que la empresa no ha sido capaz de demostrar que el cierre de la acería y este ERE sean la única alternativa posible. Lo que sí ha quedado en evidencia es la nefasta gestión que la dirección ha realizado durante años, cuyas consecuencias ahora pretende hacer pagar exclusivamente a las personas trabajadoras.

Instituciones, portazos y doble discurso

A esta situación se suma la preocupante pasividad de las instituciones, que pese a conocer perfectamente la situación de Tubos Reunidos y pese a las importantes ayudas públicas recibidas por la empresa en los últimos años, siguen sin asumir un papel activo en la defensa del empleo y de la actividad industrial. El Gobierno Vasco, el Gobierno español, la Diputación de Araba y la Diputación de Bizkaia y, por extensión, el PNV y el PSE, han dado la espalda a la plantilla de Tubos Reunidos y a las comarcas de Ezkerraldea y Aiaraldea.

Su única aportación han sido declaraciones públicas de solidaridad y apoyo al comité de empresa, mientras que la única reunión formal con la representación de las personas trabajadoras se hizo a petición del propio comité.

Hoy mismo, el lehendakari Pradales se encontraba en el Palacio Euskalduna, a escasos metros de donde se desarrollaba la negociación sobre el futuro de Tubos Reunidos, y sin embargo no se ha acercado ni para interesarse por la situación de la parte social ni para exigir a la empresa un compromiso claro con el empleo y con el futuro industrial de Tubos Reunidos. Una oportunidad clara de estar al lado de los trabajadores y de las comarcas afectadas que, nuevamente, ha sido desaprovechada.

La clase trabajadora de Euskal Herria merece otra clase política y otros dirigentes que estén en el lado correcto, defendiendo a las personas trabajadoras y a las comarcas.

Desde LAB queremos ser claros: la plantilla no va a aceptar el cierre de la acería ni la destrucción de empleo como única salida. La prórroga del periodo de consultas debe servir para explorar alternativas reales, no para intentar imponer decisiones ya tomadas.

LAB va a seguir peleando. Seguiremos defendiendo el mantenimiento de la actividad industrial, todos los puestos de trabajo y el futuro de Aiaraldea y Ezkerraldea frente a una decisión empresarial injustificada y frente a unas instituciones que, hasta ahora, no están a la altura de la situación. 

LAB llama a las trabajadoras de comedores escolares a intensificar la movilización ante el bloqueo de las empresas y a “vaciar los comedores y llenar las calles”

El sindicato LAB denuncia que la reunión de la mesa negociadora celebrada hoy entre sindicatos y empresas del sector de comedores escolares ha terminado sin ningún avance. Las empresas mantienen una postura de bloqueo absoluto, negándose a negociar cuestiones clave para las trabajadoras: equiparación salarial, licencias, salud laboral, jornada y condiciones de trabajo.

LAB ha sido claro: la equiparación salarial no se toca. Ante la inacción de la patronal, el sindicato hace un llamamiento a intensificar la movilización, porque si las empresas no negocian, la respuesta será en la calle. Es el momento de vaciar los comedores y llenar las calles para defender condiciones laborales dignas y un servicio de calidad para los niños y niñas.

LAB denuncia que las empresas difunden mentiras y buscan desmovilizar al colectivo, confundiendo a las trabajadoras y a la sociedad. La estrategia de las empresas es clara: bloquear, dividir y debilitar la lucha de las trabajadoras.

El sindicato recuerda que varias de las empresas presentes en la mesa negociadora (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest, Gastronomía Cantábrica-Gasca, Gastronomía Vasca y Tamar) fueron sancionadas en 2016 por la Autoridad Vasca de la Competencia con 18 millones de euros por pactar precios y repartirse contratos de comedores escolares. La investigación concluyó que estas empresas formaban un cartel empresarial, vulnerando las normas de competencia y afectando gravemente a un servicio público esencial.

Resulta inaceptable que empresas con antecedentes de prácticas ilícitas sigan gestionando un servicio público mientras se niegan a mejorar las condiciones de las trabajadoras que sostienen el servicio día a día.

LAB exige la intervención inmediata de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, recordando que los comedores escolares son un servicio público subcontratado y que la administración no puede permanecer impasible ante este bloqueo.

El sindicato denuncia además que los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Trabajo, dirigida por Mikel Torres, son abusivos, limitan gravemente el derecho a la huelga y no contribuyen en absoluto a resolver el conflicto.

Ante esta situación, LAB hace un llamamiento a todas las trabajadoras del sector para que los días 10, 11 y 12 de marzo participen masivamente en las movilizaciones. 

Denunciamos públicamente la ausencia de una negociación real en el proceso de elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo

El proceso impulsado por la Dirección está marcado por la precipitación, la improvisación y la imposición de plazos, sin que exista un diagnóstico serio y compartido sobre las necesidades reales del organismo ni un debate profundo sobre un instrumento que afectará a cerca de 1.200 trabajadoras y trabajadores.

A lo largo de las reuniones mantenidas hasta ahora, los sindicatos hemos constatado cambios constantes en la documentación, propuestas incompletas y falta de planificación, especialmente en cuestiones clave como el posible cambio de naturaleza jurídica de numerosos puestos de trabajo, para el que no se han presentado garantías claras ni un marco definido que permita valorar sus consecuencias.

La preocupación sindical también aumenta ante el horizonte de 2027, cuando está prevista la integración en Lanbide del personal funcionario transferido del SEPE, un proceso para el que no existe en estos momentos ninguna planificación conocida.

Asimismo, denunciamos que el debate se está limitando a cuestiones parciales, sin abordar aspectos fundamentales como el dimensionamiento de la red o una propuesta global que permita analizar de forma integral el modelo organizativo.

Ante esta situación, LAB, ELA, CCOO y UGT reiteramos que la RPT de Lanbide no puede construirse desde la imposición, la prisa y la improvisación. Un instrumento de esta importancia debe basarse en una negociación real, transparente y con garantías.

El próximo 10 de marzo está convocada una nueva reunión de negociación. Las organizaciones sindicales acudiremos a ese encuentro con la misma posición que hemos defendido desde el inicio del proceso: no apoyaremos ninguna propuesta que suponga discriminación o perjuicio para la plantilla.

Las cuatro organizaciones sindicales hacemos un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores de Lanbide para que permanezcan atentos a la evolución del proceso y participen en las iniciativas que se puedan impulsar en defensa de unas condiciones laborales dignas y de un servicio público de empleo de calidad. 

LAB, ELA, Steilas, Hiru y Etxalde piden a los partidos políticos que aprueben la ley para que Nafarroa tenga un SMI propio

Este jueves 12 de marzo se va a votar en el Parlamento de Navarra la proposición de ley registrada por EH Bildu y Geroa Bai.

LAB, ELA, Steilas, Hiru y Etxalde consideran que la convocatoria de la Huelga General del 17 de marzo es la mejor herramienta para conseguir que Nafarroa pueda fijar un SMI propio.

Este jueves 12 de marzo se vota en el Parlamento de Navarra la proposición de ley registrada por EH EH Bildu y Geroa Bai, a petición de los sindicatos promotores de la iniciativa. La votación de este jueves es consecuencia del compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras que se han movilizado durante todo 2025 para conseguir que Nafarroa tenga un SMI propio.

El objetivo final de la proposición de ley es que Nafarroa tenga competencias para fijar un Salario Mínimo Interprofesional propio para Nafarroa. En concreto, la proposición de Ley pretende modificar el articulo 27 del Estatuto de los Trabajadores para posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan establecer un SMI propio. Esta ley del Parlamento de Navarra tendría que ir acompañada de la aprobación de otra ley en el Congreso de Madrid, para lo que los sindicatos ya han empezado a reunirnos con los partidos políticos del Congreso. La fórmula jurídica que están planteando contempla que este mecanismo solo pueda ser utilizado por las Comunidades Autónomas para fijar un SMI superior al estatal. Por lo tanto, se trata de una iniciativa que, además de tener encaje legal, no es insolidaria con el resto de trabajadores y trabajadoras del Estado, y además supondría un avance en el derecho a decidir de Nafarroa.

Para conseguir que se apruebe la ley en el Parlamento de Navarra sería suficiente el voto a favor de los cuatro grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno. EH Bildu y Geroa Bai se han mostrado a favor de aprobar la ley, por lo que la aprobación de la ley depende de PSN y Contigo Zurekin. Estos dos partidos han apoyado subidas importantes del SMI estatal en los últimos años, por lo que, una vez garantizada la imposibilidad de que no podrá ser utilizado por ninguna Comunidad Autónoma para rebajar la cuantía del SMI estatal y que el Estado seguirá siendo el encargado en exclusiva de fijar la cuantía mínima del salario mínimo, no deberían tener argumentos para votar en contra de la ley, ya que su voto en contra supondría renunciar a la posibilidad de mejorar el salario mínimo, algo fuera de toda lógica y del autogobierno de Nafarroa. Incluso UPN, un partido que se define como foralista, debería votar a favor de que Nafarroa asuma esta competencia, aunque solo sea por diferenciarse de PP y Vox.

La posibilidad de que Nafarroa asuma la competencia para fijar la cuantía del SMI es una opción factible, legal y de sentido común ya que el coste de la vida en Nafarroa es mayor que el del Estado y con el salario mínimo estatal es muy difícil llegar a fin de mes en Nafarroa. La cuantía del SMI estatal no se corresponde con la realidad socioeconómica de Nafarroa, ya que esos 1.221€ no garantizan salir de la pobreza en Nafarroa, ni siquiera en el caso de personas que trabajan a jornada completa. Por eso, los sindicatos reivindican que Nafarroa tenga un SMI propio de 1.500 €, algo que beneficiaría a las personas que peor se encuentran en el mercado de trabajo (personas migradas, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes…), y también empujaría al alza el resto de salarios, lo que también redundaría en mejores prestaciones sociales.

Los sindicatos LAB, ELA, Steilas, Etxalde e Hiru consideran que la sociedad navarra, de manera mayoritaria, no entendería una posición contraria y un «no» a esta iniciativa, que es buena y positiva para todos y todas, y mucho menos un «no» exclusivamente motivado por razones identitarias unionistas y centralistas en contra de Nafarroa. Así, entendemos que debemos seguir presionando desde la calle y desde los centros de trabajo para lograr una reivindicación que mejoraría las condiciones de vida de muchos trabajadores y trabajadoras de Nafarroa. La Huelga General convocada para el 17 de marzo dará un impulso decisivo para lograr un SMI propio en Nafarroa de 1.500 €, y por eso animan a los trabajadores y trabajadoras a secundar la huelga y participar en las movilizaciones.