Pensiones y salarios son derechos que no pueden disociarse. Es fundamental, por tanto, que las pensiones tengan como referencia y estén equiparadas a un SMI acorde con las condiciones del lugar donde las personas viven y trabajan. Los sindicatos LAB, ELA, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru hemos iniciado un camino para lograr un SMI propio y el sindicato LAB comparte y apoya la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria para lograr un complemento estructural que garantice unas pensiones dignas.
LAB comparte la preocupación manifestada por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria respecto a la reciente derogación de la revalorización de las pensiones aprobada por PP, VOX y Junts el pasado miércoles 22 de enero. La revalorización suponía una subida del 2,8% para las pensiones contributivas, de 6% en las pensiones mínimas y un 9% en las pensiones no contributivas. Con esta alianza anti-social impiden la incorporación al ordenamiento jurídico de las medidas que ya estaban en vigor desde el pasado 23 de diciembre.
El decreto ley recientemete derogado, aparte de contemplar la revalorización de las pensiones, recogía un amplio paquete de medidas sociales aprobadas en el último Consejo de Ministros de 2024. Entre estas, la prórroga de las ayudas al transporte público (hasta junio de 2025), la prohibición de cortes de los suministros básicos a los y las trabajadoras más precarizadas, ayudas para las afectadas por la DANA, la prórroga de la suspensión de los desahucios a determinados colectivos y la revalorización del Ingreso Mínimo Vital.
Específicamente en lo que se refiere a las pensiones, el decreto ley derogado consolidaba la vinculación del incremento de las pensiones al incremento del IPC, una reivindicación que logró plasmarse en la ley 21/2021, pero que sigue sin estar definitivamente garantizada y, por tanto, a merced de la decisión política del Gobierno de turno. La consecuencia es una pérdida de poder adquisitivo que los y las pensionistas llevan acumulando por lo menos desde 2011, conforme demostrábamos en la publicación Haritik del sindicato publicado el año pasado.
Por lo tanto, la derogación de este decreto revela, una vez más, la incapacidad del Gobierno español de administrar la Seguridad Social de manera que todas las personas puedan acceder a una pensión digna. De hecho, cada vez es mayor el esfuerzo del Gobierno Vasco y el Gobierno de Nafarroa para complementar las pensiones mínimas de miseria impuestas desde Madrid. El fracaso de este modelo centralizado de Seguridad Social es cada vez más evidente.
Un modelo de Seguridad Social que no tiene otro objetivo que mantener un importante elemento del régimen económico (las cotizaciones de los y las trabajadoras) dentro de la competencia exclusiva del Estado. Se utiliza el argumento de la «solidaridad entre los distintos territorios» para que este modelo de tendencia privatizadora y cada vez más restrictivo del derecho a la jubilación siga siendo el único posible, a la vez que se impulsa la privatización del sistema. En definitiva, a la uniformización de la precariedad de las pensiones del Gobierno español se le llama solidaridad.
En LAB entendemos que la solidaridad de la Seguridad Social pasa por la capacidad de las trabajadoras y trabajadores de poder contribuir y participar de las decisiones relacionadas con la riqueza generada en el territorio en el que viven y trabajan. Una solidaridad de clase comprometida con el desarrollo de todo el tejido social, económico y político del territorio en el que participan con su trabajo, tanto en el mundo del empleo como también en el ámbito comunitario y vecinal.
La derogación de la revalorización de las pensiones en Madrid demuestra que es el momento de abordar la urgencia de construir un sistema de pensiones público, solidario, contributivo y de reparto, desarrollando el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social. Es el momento de hacer una apuesta decidida para conseguirlo, porque es la única alternativa real para poder garantizar a los y las trabajadoras de Euskal Herria un sistema que sea justo y redistributivo, que ataje las desigualdades de género y que atienda a la realidad específica de las personas que vivimos aquí.
