Bizitegi irabazi asmorik gabeko erakundearen zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Osasun sailarekin zuen hitzarmenaren amaieran oinarrituz, eta gerentziak duela egun gutxi esandakoari uko eginez, lankide bat kaleratzearen erabakia hartu du. Hala, enpresa batzordeak elkarretaratze bat egin du gaur enpresak Bilboko Otxarkoaga auzoan duen egoitzaren aurrean, langilearen berronartzea exijitzeko.
Ante las situación que se está dando en Venezuela desde el pasado 23 de enero, el sindicato LAB quiere manifestar lo siguiente.
Desde el pasado 23 de enero hay en marcha una estrategia para quitar del poder al chavismo y al presidente legítimo y democráticamente elegido. Este golpe de estado hay que situarlo dentro de la estrategia imperialista dirigida por los Estados Unidos y la Unión Europea, y como reconocemos la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y la legitimidad democrática del proceso electoral derivado de ella, denunciamos esta estrategia que busca desestabilizar Venezuela sin respetar la voluntad popular. Así las cosas desde el sindicato LAB queremos manifestar lo siguiente:
1) El sindicato LAB reconoce la legitimidad democrática de la Asamblea Nacional Constituyente y de su presidente Nicolás Maduro, democráticamente elegido en las elecciones convocadas por dicha Asamblea. Por ello rechazamos el que partidos políticos, gobiernos, parlamentos y etcétera de Euskal Herria y del ámbito internacional hayan reconocido al auto-proclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, ya que entendemos que se trata de una injerencia en asuntos de Venezuela, que busca desestabilizar el país latinoamericano. En ese sentido es muy clarificador que el PNV, el Partido Popular y Ciudadanos hayan compartido manifestación contra el chavismo.
2) Detrás de esta estrategia hay un largo proceso puesto en marcha por el imperialismo desde hace años. Los Estados Unidos y su correveidile la Unión Europea han esperado el momento oportuno para dar este golpe de estado contra el chavismo y colocar a un gobierne títere y servil a los intereses del capital.
3) El sindicato LAB pone en valor el cambio dado por Venezuela de la mano del chavismo, con un empoderamiento claro de las clases populares del país. Con todos los problemas padecidos ha dejado de ser el patio trasero del imperio a un país soberano.
4) Desde LAB alabamos el camino del diálogo impulsado por Uruguay y México. Corroborando todo lo dicho anteriormente, creemos que es necesario el diálogo y la negociación para que Venezuela supere el momento actual, siempre respetando la soberanía y la voluntad popular del pueblo de Venezuela. Por todo ello, deseamos lo mejor a la conferencia que se celebrará en Montevideo este jueves 7 de febrero, para que se de inicio a una nueva fase en defensa de la voluntad popular del pueblo de Venezuela y de la soberanía nacional de Venezuela.
Hoy LAB ha convocado una concentración, junto a ESK, para decir una vez más a Osakidetza que no vamos a aceptar ni una salida en falso con el tema de las filtraciones en la OPE, ni vamos a permitir su actitud represiva ante quienes denuncien una práctica más que conocida de reparto de puestos de trabajo en la sanidad publica.
Arrasate es el epicentro de este escándalo por muchas razones, y no solo porque los tres anestesistas denunciantes trabajen aquí.
A nuestros compañeros y compañeras los presiona una gerencia cuya batuta la sostiene una persona que es Presidenta del Tribunal Calificador de Cardiología. Cardiología es la categoría más llamativa de todas, con 22 plazas ofertadas y 22 notas perfectas en la prueba realizada por el tribunal que preside esta gerencia.
Esta persona Presidente del Tribunal y gerenta de este hospital recibió, 25 días antes del examen, por parte de un miembro de dicho tribunal, advertencias vía correo electrónico de que ese examen iba a ser filtrado, y junto con el dimitido Director de RRHH y la Responsable de Selección y Provisión decidieron dar carpetazo al asunto, e incluso después de conocer las notas tan llamativas, seguir adelante como si no hubiese pasado nada.
Días después, LAB publicó los datos estadísticos de varias pruebas en las que se incluía Cardiología. Sigue pareciéndonos sorprendente que una persona así siga dirigiendo la gerencia de un hospital como el de Arrasate.
Esta gerencia faltó al respeto a todas las personas que se presentaron a esa OPE, falta al respeto a toda la sociedad vasca intentando ahora vengarse de quienes denunciaron las filtraciones y, por último, está faltando el respeto a toda la población de la zona cuando, además de todo esto, le añadimos el oscurantismo con el que está desmantelando los servicios de Microbiología y Anatomía Patológica de este hospital, servicios indispensables y cuestión sobre la que LAB lleva preguntando desde agosto de 2018 y sobre lo que seguimos sin respuesta aclaratoria.
Queremos dejar claro que personas como Luisa Maria Diez Azurmendi, que fue informada de posibles filtraciones en la categoría que presidía, optó por mirar a otro lado cuando aún no habían salido a la luz pública ni las denuncias de los anestesistas, ni el informe estadístico de LAB, y que persigue e intenta penalizar laboralmente a quienes denuncian este fraude de OPE y desmantela servicios enteros sin dar cuenta a nadie, es el claro ejemplo de personas que deben dejar los puestos de responsabilidad en Osakidetza.
Mientras Osakidetza siga protegiendo a personas como Luisa Maria Diez Azurmendi manteniéndoles en puestos de responsabilidad, no hay modelo de OPE que valga, ni recomendación del Ararteko que funcione.
La plantilla de Gestamp Try Out Services (GTO) lucha por un acuerdo de integración para los 43 trabajadores de la planta de Erandio que debe terminar con la injusta situación de desigualdad que durante años se mantiene en el Grupo Gestamp, con esta subcontrata “low cost” creada por el propio grupo.
El grupo Gestamp es un grupo multinacional, dedicado al diseño y fabricación de componentes para la automoción, estampación y matricería, y perteneciente, principalmente, a la familia Riberas Mera que cotiza en Bolsa desde el 2017. Con más de 22 plantas por todo el mundo, en más de 100 paises, y más de 40.000 empleados y empleadas. En 2017 su facturación rondó los 8.200 millones de euros.
Con estas cifras de escándalo, desde el comité de empresa de GTO se iniciaron en abril del pasado año las negociaciones para abordar un proceso de integración de la plantilla en los centros de trabajo de GTE y Adral, donde llevan años dando servicio en unas condiciones inferiores al resto de plantas del grupo pese a que el trabajo es el mismo. Esta situación, tras años de pertenencia al grupo, nos parece injusta y no es sostenible por más tiempo para los 43 trabajadores que forman la plantilla de Erandio. Tras meses de bloqueo y ante las posiciones tan alejadas entre el comité y la dirección de la empresa, la asamblea por amplia mayoría decide finalmente movilizarse a partir de febrero.
En estos momentos la dirección tiene encima de la mesa 2 propuestas para su valoración. Desde la mayoría del comité de empresa, formado por LAB y ELA, continuamos a la espera de una respuesta que permita alcanzar un acuerdo satisfactorio para los trabajadores de la planta de Erandio.
Mientras tanto, la mayoría del comité está realizando, a partir de hoy lunes 04 de febrero, paros de 2 horas los lunes, miércoles y viernes. Estos paros durarán 2 semanas. En caso de no obtener una respuesta por parte de la empresa para avanzar en las negociociones a alguna de las 2 propuestas realizadas por el comité, las 2 últimas semanas del mes los paros pasarán a ser de 4 horas.
Hoy lunes hemos tenido conocimiento de un nuevo accidente mortal, en Zizurkil, cuando S.S.O.E. trabajador de 43 años la empresa Begiralia S.L ha sido golpeado por una pieza en la empresa construcciones Ula.
Desde el sindicato LAB queremos mostrar nuestro pesar apoyo y solidarizarnos con las y los allegados y compañeras y compañeros, apoyo y solidaridad que hacemos extensible a toda la clase trabajadora.
Con este nuevo fallecimiento son ya al menos 5 las y los trabajadores fallecidos en accidente de trabajo en lo que llevamos de 2019 .
Lamentablemente este tipo de accidentes se repiten todos los años. Exijimos investigación exhaustiva y responsabilidades.
Nos hablan de industria del futuro, I+D+I, sector estrategico, y nos encontramos que aumentan los trabajos con peores condiciones, pérdidas de salud, accidentes de trabajo, precariedad…
Tenemos claro que los accidentes no son puntuales ni casuales. Responden a un modelo, un problema estructural de relaciones laborales, en el que la salud y la vida de los y las trabajadoras está en peligro.
Pedimos a la administración que ponga en marcha la investigación necesaria y en este caso al Goberin Vasco, para que adopte medidas e implante las condiciones necesarias ante los accidentes laborales. A la judicatura, que exijan responsabilidades a los responsables de los accidentes. Estamos hartos y hartas, ¡basta ya! Exigimos justicia para la clase trabajadora. No podemos aceptar que los accidentes sean parte del trabajo.
Por último, hacemos un llamamiento a participar en la respuesta que en las próximas horas se pueda articular, y a luchar en los centros de trabajo por unas condiciones de trabajo dignas y un modelo en el que la salud de los trabajadores y trabajadoras esté en el centro.
Este es el comunicado emitido por el comité de empresa de Bizitegi:
Durante este comienzo de 2019, se nos comunicó la noticia de la finalización de uno de los convenios que el centro tiene con el Gobierno Vasco. Junto a esto, se nos trasladaba un mensaje de tranquilidad el cual afirmaba que no se tomarían decisiones traumáticas sobrevenidas de este asunto. Al de pocos días, uno de nuestros compañeros, el cual lleva más de una década desempeñando con profesionalidad y compromiso sus funciones, ha recibido una notificación en la que le comunican la extinción de su contrato de trabajo.
BIZITEGI siempre se ha enorgullecido de unos valores de participación, solidaridad, transparencia y responsabilidad, los cuales proclaman incluso en su página web. Una vez más, con decisiones como la adoptada, demuestran que estos no son más que pura fachada.
Con esta decisión, la dirección decide dejar sin empleo a un trabajador ejemplar, con una trayectoria intachable en la entidad. Además, dejan sin servicio de enfermería a la unidad de intervención de Otxarkoaga, función a día de hoy, necesaria y fundamental para el bienestar de las personas usuarias y por lo tanto, esencial para la calidad del servicio.
Desde el Comité de BIZITEGI, solicitaremos una reunión urgente con la dirección para aclarar la situación real de la asociación y exigir la readmisión de nuestro compañero. Hemos convocado una concentración frente al local de la empresa (Langaran 14, Otxarkoaga) para mañana 5 de febrero a las 14:00. El futuro que las instituciones desean para la intervención social mediante la "cartera de servicios sociales", pone en riego el sector, teniendo un claro ejemplo con este primer despido. Por ello, estamos alerta y no descartamos futuras acciones y movilizaciones en defensa del sector.
Diferentes agentes sociales y sindicales, LAB entre ellos, nos hemos movilizado ante el ayuntamiento de Barakaldo para denunciar los recortes realizados por el Gobierno municipal en materia de política social y prestaciones.
Este lunes, 4 de febrero, se abre el plazo de solicitudes para el acceso a las ayudas de emergencia social. El pasado año en este primer día 1.553 familias cursaron una cita con los servicios sociales. Cabe recordar que han pasado 4 meses sin que se pudiera solicitar una prestación para cubrir las necesidades básicas.
Bajo el lema “Así nos dejan los recortes: sin derechos y desnudas ante la pobreza” se realiza una protesta ante el edificio consistorial. En el trascurso de la misma varias personas se han manifestado desnudas -cubiertas con tan sólo una caja de cartón- y sosteniendo una tijera de grandes dimensiones.
No es por casualidad que, ante una insuficiente partida presupuestaria para las ayudas económicas municipales, el gobierno local decida recortar la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y endurezca los requisitos de acceso a las mismas.
Por un lado, se reduce en un tercio las cuantías a percibir para alquileres o hipotecas; en un 17% para gastos sanitarios. Además de eliminar las ayudas para el mantenimiento, adaptación y reparación de las instalaciones básicas de la vivienda habitual o comunidad de vecinos.
Por otro lado, se deniega de forma sistemática el acceso a las ayudas para “gastos relativos a las necesidades primarias” que permiten cubrir carencias básicas como la alimentación.
En este contexto, a un centenar de familias se las ha aplicado la disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”. Es decir, se permite la denegación de las ayudas al no existir una suficiente dotación presupuestaria para cubrir la totalidad de la demanda.
Sin embargo, esta medida debe ir avalada por un informe elaborado en tal sentido por un/a Trabajador/a Social. Cuando se intenta acceder al mismo -para la realización de los diferentes recursos y alegaciones a los que da derecho la propia legislación- se rechaza su facilitación; lo cual contraviene la propia normativa, siendo obligatoria su entrega.
También el gobierno local ha establecido un límite patrimonial de 18.000 euros. Decisión que vulnera la Resolución emitida el 13 de agosto del 2015 por el Defensor del Pueblo-Ararteko contra el Ayuntamiento de Barakaldo donde exigía que aplicara el límite patrimonial previsto por el Gobierno Vasco.
En concreto, en el 2018 el Gobierno Vasco establecía un patrimonio máximo desde los 33.000 euros – para un único miembro- hasta los 47.000 euros para una unidad convivencial de tres o más personas; para las personas pensionistas sería 38.000 euros para una persona y 51.000 para unidad de 3 o más miembros.
Por último, cabe denunciar que el equipo municipal vulnera la “Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. En la medida que nunca deben superar los 2 meses la atención y resolución de los expedientes, no como ocurre actualmente que se alarga hasta 6 meses.
A esta política de recortes se debe sumar a la falta de personal (trabajadoras sociales y administrativos) del “Equipo de Ayudas Económicas”. Personal encargado de gestionar las solicitudes. Situación que provoca demoras de más 6 meses en la tramitación y resolución de los expedientes.
Ante los recortes, decretos y resoluciones del equipo de gobierno se ha organizado esta iniciativa con el ánimo de exigir otra política social y unos presupuestos más justos y solidarios. A la vez que nos manifestamos en defensa de los servicios sociales municipales.
Colectivos sociales y sindicales de Barakaldo, firmantes:
Asamblea de Parados de Barakaldo, Barakaldoko Gazte Asanblada, Berri-Otxoak, Centro Asesor de la Mujer, “Argitan”. ELA, LAB, ESK, CGT, STEILAS y CNT.
El próximo jueves se debatirá en el Pleno del Parlamento Vasco la ILP presentada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y avalada por 51.000 firmas. Esta misma semana sabremos, por fin, si el Parlamento de Gasteiz da luz verde y garantiza un debate democrático, o si por el contrario, niega ese derecho.
Los agentes que componemos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria hemos comparecido hoy en Bilbo. Hemos hecho la siguiente lectura:
Tal y como anunciabamos hace unas semanas, salvo con el PSE, hemos realizado diferentes reuniones con los grupos parlamentarios: EH Bildu y Podemos nos han dado su apoyo, pero no así PNV y PP. Como hemos mencionado, a pesar de no haber podido realizar una reunión con el PSE, siendo un partido de gobierno, prevemos que su posición será la del no. Siendo esta la situación, corremos el peligro de cerrar en falso nuevamente este debate. Es más, si nuestra ILP no saliese adelante, únicamente será debatida la propuesta de ley presentada por PNV y PSE.
Y, siendo esta prestación uno de los elementos nucleares de nuestro sistema de protección social, realizar el debate de esta manera, es decir, sin debate, dice mucho de la falta de sensibilidad democrática de este gobierno. Es más, haberla tramitado de esta manera tiene una clara intención que no es otra que neutralizar la ILP. Repasar el proceso nos lleva a esta conclusión. Veamos, en mayo de 2017 el gobierno de la CAV presentó su propuesta para la reforma de la ley 18/2008. El gobierno justificó entonces la necesidad de la propuesta en el mandato del Parlamento vasco instando al gobierno a "promover un pacto social de amplio consenso para consolidar la financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de protección social".
Desde la presentación de la propuesta se han realizado varias comparecencias paralamentarias en la Comisión correspondiente, en la que la Carta también ha participado trasladando su valoración negativa sobre la propuesta presentada.
Siendo así las cosas, desde la Carta, en marzo de 2018 se presenta para su puesta en marcha la ILP ante el Parlamento de Gasteiz, para a través de la recogida de las firmas necesarias, solicitar la modificación de las leyes actuales, con el objetivo de garantizar una renta de ingresos en cuantía digna y accesible a más personas, así como para garantizar el derecho efectivo a la vivienda.
El 28 de abril, el PNV y el PSE dinamitan el proceso participativo iniciado presentando una propuesta de ley. Las razones para dar este paso, se argumentan en la necesidad de acelerar en el tiempo la aprobación de la reforma. El acuerdo del PNV y PSE renuncia de esta manera a buscar el consenso social necesario en torno a esta cuestión.
Esta proposición de ley tiene como referencia el documento de bases presentado por el Gobierno hace un año y por lo tanto, la reforma incluye, medidas que ya criticamos por suponer nuevos recortes en la RGI sobre la regulación actual. Su contenido hace oídos sordos a las comparecencias realizadas por el movimiento social, la mayoría sindical, y la ILP presentada, y mantiene las medidas ya criticadas en su momento.
En este contexto, la Carta defenderá en el próximo pleno la ILP presentada. LLevaremos la voz de 51.000 firmas al Parlamento. Hablaremos sobre la necesidad de otro sistema de protección social, de la necesidad de profundizar en la cohesión social y de la necesidad de garantizar un debate democrático en torno a esta cuestión. En este sentido, exigimos al Parlamento Vasco que dé luz verde a este debate social. Además, denunciaremos el talante antidemocrático del Gobierno Vasco y nos mostraremos contrarias a su propuesta de ley, porque fue diseñada para neutralizar nuestra ILP, porque recorta aún más la protección social y porque evita realizar un debate tan necesario como es éste.
