2025-12-24
Blog Página 68

22 de febrero, día contra la brecha salarial. Para luchar contra la brecha de cuidados y la brecha salarial, decidamos aquí el sistema de cuidados público y comunitario

La brecha de cuidados y la brecha salarial están entrelazadas.

> ¿Te has planteado alguna vez de cuántas horas consta la jornada laboral de las mujeres*, más allá

del trabajo asalariado, eso que llamamos empleo?

> ¿Qué nivel de responsabilidad asumen los hombres, aparte del empleo, en los cuidados?

> Entendiendo los cuidados como trabajo, ¿qué brecha existe entre la jornada de cuidados de las mujeres* y la de los hombres?

> ¿Has pensado alguna vez cuál es la jornada laboral de las trabajadoras de hogar y en qué condiciones están ante la negativa de los gobiernos y las administraciones al desarrollo de un sistema público de cuidados?

Según los datos de EUSTAT (Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico, 2018), el 67,2% de los trabajos de cuidados son realizados por mujeres*, frente al 32,8% que realizan los hombres.

Si nos fijamos en el ámbito del empleo, las mujeres* siguen siendo la inmensa mayoría de quienes se acogen a los permisos (remunerados y no remunerados) y tiempos de cuidado.

> ¿Cuántos hombres adoptan medidas de conciliación? Si reparamos a los datos de Hego Euskal Herria de las excedencias para el cuidado de hijos e hijas, menores acogidos o familiares en 2024, más de 8 de cada 10 son mujeres* (Seguridad Social, 2025).

> ¿Para qué utilizan los hombres estos permisos?

Lejos de reconocer y valorar las tareas de cuidado, el modelo económico actual penaliza a quienes realizan estos trabajos (porque son realizadas por mujeres* y se encuadran en el rol femenino). De hecho, este sistema necesita que los cuidados sean invisibles y gratuitos para poder mantenerlos como están.

Por todo esto, decimos bien claro que la brecha de cuidados y la brecha salarial están interrelacionadas. Es hora de que los hombres renuncien al privilegio de no cuidar y asuman sus responsabilidades.

Es hora de reconocer la deuda patriarcal de estas tareas de cuidado que durante años han recaído sobre las espaldas de las mujeres*. Las mujeres* se han encargado (en mayor o menor medida) y han quedado bajo su responsabilidad todos los trabajos de cuidado, tan necesarios para sostener la vida, realizados de manera gratuita, y de los cuales se ha beneficiado el sistema capitalista y toda la sociedad en general. Es hora también de plantear un reparto justo de las tareas de cuidado aquí y ahora. Reivindicamos la necesidad de dar pasos hacia el Sistema Público Comunitario de Cuidados.

En este sentido, también queremos interpelar a las instituciones para que dejen de alimentar el modelo privatizador y familiarista y se responsabilicen del desarrollo de un sistema integral que garantice el cuidado como un derecho colectivo desde el ámbito público. Porque esta será la medida más estratégica que se pueda tomar para acabar con la brecha salarial.

Desde el sindicato LAB, seguiremos luchando en esta dirección: activando luchas contra la brecha salarial en los centros de trabajo, e impulsando un nuevo sistema socioeconómico basado en el triple reparto (cuidados, empleo, riqueza). Es hora de transitar hacia un nuevo modelo que sitúe las vidas en el centro.

Es hora de que el Gobierno Vasco se mueva en la UPV/EHU

El año 2024 fue año electoral en varios ámbitos. En noviembre hubo elecciones para elegir rector o rectoraa de la UPV/EHU, y a finales de enero comenzó a trabajar el nuevo equipo rectoral. No son pocos los problemas a resolver en la UPV/EHU y los retos que tenemos por delante.

Veremos qué propuestas y caminos se abren en los próximos meses para afrontar diferentes situaciones. El sindicato LAB mantendrá su actitud constructiva, siempre crítica y firme, tanto en la defensa de los y las trabajadoras como de la universidad pública. Hemos trasladado al Vicerrector del PDI y al Gerente el listado de temas a tratar y estos días están teniendo lugar las primeras reuniones. Entre los temas prioritarios se encuentra la precaria situación del profesorado sustituto a dedicación parcial.

Algunos de los conflictos que tenemos sobre la mesa pendientes se pueden resolver dentro de la misma UPV/EHU. De hecho, depende de la dirección de la misma tener una posición u otra ante algunas situaciones y problemas: una actitud cerrada, que limite la participación, que busque excusas para no abordar situaciones de discriminación y precariedad, o una actitud que elabore y negocie propuestas para afrontar los problemas, que escuche y tenga en cuenta a los y las trabajadoras, alumnado y agentes de la comunidad de la UPV/EHU; una actitud caracterizada por interponer recursos a las sentencias ganadas por las y los trabajadores a través de los sindicatos, o una que intente extender los derechos conseguidos a todos los colectivos. Esperamos pasar a esa segunda posición en todas las materias en las que la UPV/EHU tiene competencia.

En 2024 también hubo elecciones al Parlamento Vasco y el nuevo gobierno decidió sacar el ámbito universitario del Departamento de Educación para crear el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Han pasado ocho meses desde la toma de posesión del nuevo consejero, que fue, además, rector de la UPV/EHU. Aunque algunas decisiones están dentro de la autonomía de la UPV/EHU, otras se toman fuera de la universidad. Algunas de ellas, las más básicas del modelo universitario, se nos imponen a través de las leyes del Estado español. Las decisiones y reglamentos que nos corresponden a las y los trabajadores de Euskal Herria los tenemos que decidir en Euskal Herria. Si aquí trabajamos, es aquí donde debemos decidir. En este sentido, entre otras cuestiones, la transferencia del PDI funcionario universitario es imprescindible. Los salarios base del PDI y del PTGAS funcionario se establecen desde el Estado español, lo que, a su vez, condiciona en gran medida los salarios del PDI y PTGAS laboral.

Otros muchos aspectos dependen de las decisiones del Gobierno Vasco: financiación destinada a la universidad pública y a las privadas, normas que definen los salarios, complementos y otras muchas condiciones laborales del personal de la UPV/EHU. El nuevo consejero tiene sobre la mesa unas normativas obsoletas que son la fuente de algunos de los problemas que padecemos. Está en su mano impulsar la actualización de los decretos 40/2008 y 41/2008, en los que se determinan las figuras y salarios del PDI de la UPV/EHU. El Decreto 41/2008 establece los salarios de miseria del profesorado sustituto a tiempo parcial, dejando fuera del cómputo de horas a retribuir las dedicadas a actividades que no sean estrictamente horas de clase y tutorías. Este decreto también recoge los sueldos del resto de PDI, sin contemplar de forma suficiente el nivel de cualificación necesario para impartir docencia e investigar en la universidad. De hecho, los salarios básicos del PDI de la UPV/EHU son inferiores a los de educación secundaria de la CAV. Es imprescindible elevar los salarios básicos de todo el PDI y el PTGAS, además de recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década y media. En este sentido, no se puede demorar más la actualización de los complementos del PDI, que se mantienen en la misma cuantía desde 2006, y la revaloración de puestos de trabajo del PTGAS. Para ello, además de una financiación suficiente, es imprescindible tener una voluntad clara. Lo mostrado hasta ahora desde el Gobierno Vasco ha sido justo lo contrario: no solo no actualizar los complementos, sino utilizar subterfugios para evitar o retrasar las convocatorias. LAB ha denunciado estas artimañas en los últimos años, tanto a través de comunicados y movilizaciones como en diferentes espacios institucionales.

El nuevo Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación tiene la oportunidad de cambiar este proceder por parte del Gobierno Vasco. Sin embargo, hemos recibido con gran preocupación algunas de sus declaraciones estos últimos meses. En la entrevista realizada en diciembre en Radio Euskadi puso en duda la financiación del 1% del PIB fijado por la LOSU para las universidades públicas para 2030. Señaló que llegar a esa cifra era una cuestión que atañe al conjunto del Estado español, como si la financiación de la UPV/EHU no estuviera en manos, principalmente, del Gobierno Vasco. Además, preguntado por el porcentaje que supone en la actualidad, respondió que se destina en torno al 0,6% del PIB al sistema universitario vasco. El caso es que la LOSU recoge expresamente que ese 1% es para las universidades públicas. La financiación pública de las universidades privadas no entra en ese monto. Por otro lado, vinculó el aumento de la financiación a la UPV/EHU a la consecución de objetivos concretos de investigación, dejando al margen necesidades estructurales evidentes que tiene la universidad. El aumento de plantilla en la UPV/EHU es imprescindible (especialmente el incremento de la ratio PTGAS/PDI) para incrementar su potencial y garantizar el servicio que debe prestar a la sociedad vasca. También hay que aumentar los salarios, con especial atención a los colectivos precarizados. El estado de algunos edificios, infraestructuras y servicios de la UPV/EHU también requiere disponer de una financiación suficiente. A pesar de ello, no se percibe una voluntad clara en ese sentido. Tampoco sabemos nada acerca de la comisión que debe establecer el incremento de gasto público para llegar al 1 % referido que, según la LOSU, debía estar constituida en marzo de 2024 y que, en el caso de la UPV/EHU, atañe especialmente al Gobierno Vasco.

La financiación es un aspecto clave. Sin embargo, mientras el Gobierno Vasco y las diputaciones aportan financiación y facilidades a las universidades privadas y elitistas (tras dar paso a Euneiz y Gastronomy Open Ecosystem, el último ejemplo es EDA drinks & wine campus…), la universidad pública está muy lejos de recibir la financiación necesaria.

Frente a modelos elitistas y neoliberales, es hora de defender la UPV/EHU. En manos del Gobierno Vasco está cambiar la orientación dada al sistema universitario las últimas décadas. A todos y todas las trabajadoras de la UPV/EHU nos corresponde activar y luchar para mejorar nuestras condiciones laborales y conseguir la universidad pública que necesita la sociedad vasca..

Las trabajadoras de las residencias de mayores de Araba hemos hecho huelga también hoy para reivindicar a las empresas y a la Diputación un convenio provincial digno

Los presupuestos forales de la Diputación alavesa se aprobaron en diciembre con la condición de habilitar una partida presupuestaria para mejorar las condiciones laborales del personal de las residencias privadas. Esta partida económica se ha conseguido gracias a la lucha que han mantenido las trabajadoras durante todos estos años, superando la falta de voluntad política de la Diputación. Somos nosotras, las trabajadoras de las residencias, las que con nuestra firmeza hemos impedido que las instituciones sigan eludiendo su responsabilidad en este conflicto.

Una partida presupuestaria que no parece que vaya a materializarse con la urgencia que requiere la situación actual de las residencias de mayores de Araba por la mencionada falta de voluntad.

Las trabajadoras de este sector feminizado estamos sosteniendo las necesidades de cuidado de gran parte de esta sociedad y pedimos que se reconozca la importancia de nuestro trabajo, con unas condiciones laborales dignas. Nuestros salarios apenas superan aún el SMI. La jornada laboral anual en este sector (1.772 horas) es una barbaridad y junto al exceso de ratios y la falta de prevención de la salud laboral de las empresas, están acabando con nuestra salud.

Las huelgas de cocina y limpieza de educación de la CAV de enero y febrero han tenido un seguimiento muy amplio

Las cuatro jornadas de huelga de cocina y limpieza del Departamento de Educación convocadas por LAB, ELA y CCOO en enero y febrero han tenido un amplio seguimiento. Llegando a superar en las de febrero el seguimiento de las huelgas de enero en las cocinas.

Este colectivo es el más feminizado y con las condiciones laborales más precarias del departamento de Educación, así como el que vive un mayor proceso de privatización. 1.000 trabajadoras han sido llamadas a la huelga.

Debemos recordar que el Gobierno Vasco ha querido condicionar el derecho a al huelga de este colectivo a través de servicios mínimos abusivos y estableciendo criterios desproporcionados para su aplicación. Sin embargo, en las movilizaciones nos hemos reunido cientos de personas del colectivo de cocina y limpieza y el seguimiento ha rondado el 70% de media.

Hay que decir que a lo largo del ciclo de huelga el Departamento de Educación ha convocado mesas de negociación, la última reunión fue el 11 de febrero. Las huelgas han obligado a poner en estas reuniones algunos contenidos encima de la mesa, como el tema de las funciones. También ha empezado a hablar de la adecuación de categorías. Sin embargo, está lejos de abordar y traer propuestas para la firma del nuevo convenio laboral.

Las principales reivindicaciones de las huelgas de renovación del convenio son: mejorar los ratios de comensales y limpieza para aliviar las cargas de trabajo y reducir las jornadas laborales; acordar planes de rejuvenecimiento de la plantilla; recuperar el poder adquisitivo perdido; definir funciones y adecuar categorías; garantizar y estabilizar el empleo y adoptar medidas para evitar destrucción de puestos de trabajo mediante privatizaciones y fusiones o cierres, negociar y acordar la normativa de sustituciones, mejorar las licencias y permisos y desarrollar planes de salud laboral, igualdad y euskera.

La próxima reunión está prevista para el 6 de marzo. Los contenidos que estamos reivindicando en las huelgas están dirigidos a garantizar también una atención adecuada al alumnado. Pedimos al Gobierno Vasco que escuche a la plantilla y que atienda a las peticiones que se han reivindicado en las huelgas.

Así las cosas, estamos haciendo la valoración de esta dinámica y cuáles serán los siguientes pasos, sin descartar continuar con la dinámica de huelga.

Porque la lucha vale la pena, ¡enhorabuena cocineras y limpiadoras!

LAB reclama un cambio de dirección en la política industrial para la transición ecosocial

Este debería realizarse sobre cuatro bases: una transición planificada, preventiva y que asegure la participación de las y los trabajadores; debe contar con una intervención pública contundente; reducción de jornada a una semana laboral de 30 horas y reforzar las leyes contra los despidos y las deslocalizaciones.

La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha comparecido acompañada por delegadas y delegados de CAF, Rezola, Mercedes, Michelin, Tubacex, Guardian, Sidenor, Pine, PCB, Rio Galindo, NFS, Gestamp Bizkaia, BSH, Volkswagen y Sunsundegui. En primer lugar, ha mostrado su preocupación por la situación de la industria en Hego Euskal Herria. En segundo lugar, ha hecho una valoración de las políticas de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, criticando su decisión de profundizar en recetas que han supuesto un fracaso y explicando las consecuencias que esto va a tener. En tercer lugar, ha situado las bases de la política industrial para la transición ecosocial.

La situación de la industria de Hego Euskal Herria es preocupante

La lista de empresas en conflicto es larga. Algunas han decidido cerrar la planta de un día para otro y destruir el empleo de cientos de trabajadores y trabajadoras, como BSH, Guardian, SDA Factory, Balenciaga o Siemens. Otras, a pesar de recibir mucho dinero público para hacer frente a las inversiones y reconversiones que hay que hacer en la empresa, están en conflicto por su mala gestión o porque quieren mayores beneficios. Por ejemplo, Sunsundegi se encuentra en concurso de acreedores o anuncian la supresión del turno de noche en Mercedes Gasteiz y la reordenación de las horas de trabajo diurno para trabajar 53 horas semanales en el turno de mañana y 45 horas en el de tarde. Además, hay quienes utilizan la transición energética o la descarbonización como pretexto para justificar cierres o amortizaciones de puestos de trabajo, como Mecaner o Cementos Rezola.

En otras empresas hay Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y también es previsible la destrucción de más empleo. El empleo industrial y el peso de la industria en la economía se han reducido. Así, desde 2008 se han destruido 39.000 empleos industriales en la CAV.

Esta situación se debe a políticas industriales inadecuadas. En la industria, como en otros ámbitos, se ha dejado prevalecer la lógica del mercado, se han dado todas las facilidades a las multinacionales y a los fondos de inversión para hacerse con las empresas de aquí, apoyadas con dinero público. A cambio no se les ha exigido ningún compromiso ni requisito para el mantenimiento del empleo ni para las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Además, la recepción de fondos públicos no ha estado condicionada a proyectos industriales o al mantenimiento de las fábricas en ellas. No hay compromiso de país.

Con esta forma de hacer política queda en manos de las grandes empresas qué hacer con ese dinero: realizar inversiones o no; dónde y en qué invertir; el tipo de transformaciones productivas que repercutirán en las condiciones de trabajo o decidir el reparto de dividendos en lugar de socializar vía impuestos los beneficios que obtengan.

Las consecuencias de esto han sido claras. Por un lado, ese dinero público ha ido a bolsillos privados. La industria ha seguido perdiendo peso en la economía, no se ha impulsado ninguna apuesta por la innovación tecnológica, se ha reducido el empleo y se han deteriorado las condiciones laborales.

Por otro lado, la capacidad de decisión de las empresas se ha llevado al extranjero. Desde la perspectiva de país la situación es preocupante. Esta forma de hacer política nos hace totalmente dependientes de las multinacionales en detrimento de las medianas y pequeñas empresas de aquí. Estas empresas sólo buscan sacar el máximo rendimiento a corto plazo, no hay ningún arraigo en el país ni ningún tipo de consideración hacia las y los trabajadores. Intervenir en una planta como Talgo, puntualmente, no resolverá este profundo problema. También hay que hablar de las condiciones laborales. En este caso, queremos denunciar que Sidenor está utilizando esta operación para bloquear las negociaciones del convenio en sus plantas.

En tercer lugar, cuando una empresa decide cerrar sus puertas y marcharse no hay medidas para impedirlo. A partir de la Reforma Laboral de 2012, los despidos son libres y muy baratos. Pese a los beneficios de una empresa, le basta con «razonar» la reducción de beneficios para realizar despidos. Hablamos de reducción de beneficios y no de pérdidas. La Reforma Laboral no se ha derogado y eso se ha mantenido. Por otro lado, las leyes de deslocalización vigentes no son suficientes para frenar estos cierres de empresas.

Nuevo contexto, viejas recetas

El contexto internacional está lleno de incertidumbres. La industria de aquí depende de las exportaciones, a lo que hay que añadir la reducción de pedidos y las guerras comerciales. Por otro lado, la emergencia climática ha puesto al mundo en un nuevo atolladero. El agotamiento de las energías fósiles hace insostenible el modelo vigente hasta ahora basado en el crecimiento continuo.

La adquisición de materias primas se convierte en fuente de conflicto. El clima bélico, el autoritarismo y el fascismo se están extendiendo y se impulsa la militarización de la economía. Las voces a favor de la energía nuclear se escuchan cada vez con más claridad o se habla de la necesidad de aumentar el gasto militar. Hay que decir claramente que aumentar el gasto militar supone destinar aún menos dinero al gasto social y a los servicios públicos.

La situación exige una política industrial diferente, un cambio de rumbo. No vemos voluntad de hacerlo. Crece la dependencia de los Gobiernos de Nafarroa y de la CAV respecto a la patronal y las multinacionales. Los dos Gobiernos han expresado su preocupación por la situación de la industria y están diseñando nuevos planes, pero no hay intención de cambiar las políticas actuales.

En Nafarroa está en marcha la Ley de Industria, y LAB ha tenido la oportunidad de hacer aportaciones. Hemos aportado en la dirección de la transición que requiere la situación. En la CAV, el Gobierno ha entrado de lleno en el marco que supone la militarización de la economía. Ha subcontratado la elaboración de un plan industrial a una consultora con intereses privados. De este grupo de consultoría forma parte un miembro de la dirección del lobby empresarial Zedarriak. Ante el consejero de Industria y con su visto bueno, Zedarriak ha llamado a superar los tabúes y ver la industria armamentística como oportunidad y a apostar por las nucleares. A los pocos días, ha sido Mikel Torres quien ha mostrado su apoyo a estas ideas.

Han creado un Foro para definir la política industrial y han dado cabida aquí a CONFEBASK. Una patronal que rechaza cualquier posibilidad de distribución de la riqueza, que secuestra el debate de la política fiscal y que ha dicho no al SMI. También están presentes otros tantos que velan por los intereses patronales.

En cambio, no hay participación de las y los trabajadores, no hay sindicatos. Quieren debates sin trabajadores y trabajadoras porque saben que dirigir la reconversión industrial a la apuesta por la industria armamentística es conflictivo.

Estamos ante un Gobierno sin visión de país, más dependiente del capital que nunca. En los temas que son prioritarios para el capital, en el debate del modelo productivo que el capital quiere diseñar no hay una nueva forma de hacer que tanto se ha subrayado al inicio de la legislatura.

Política industrial para la transición ecosocial: cambio de rumbo y nueva política industrial

La función de la política Industrial para transformar el modelo productivo para la transición ecosocialista debería ser distinta. Debe tener 4 pilares:

1. Transición planificada, preventiva y que asegure la participación de las y los trabajadores. Los sectores que se deben transformar para reducir las emisiones, el uso de recursos naturales y el consumo energético son conocidos. Otros campos, imprescindibles para sustentar la vida, deben crecer. Esta remodelación debe realizarse sin exclusiones, defendiendo el derecho al empleo de todos.

2. Debe contar con una intervención pública contundente. Una intervención que controle la reconversión del modelo productivo debe asegurar que en ella no prevalezca únicamente la lógica del mercado y las expectativas de beneficio.

Por otro lado, las condiciones para que el dinero público pase a manos de las empresas deben ser más exigentes: exigir a quienes reciben dinero compromisos claros para no destruir empleo y mantener allí el proyecto industrial, compromisos por unas condiciones laborales dignas y por la innovación tecnológica y las empresas que repartan dividendos no tienen que recibir subvenciones públicas

3. Reducción de jornada a una semana laboral de 30 horas. Para reconocer y repartir todos los trabajos , paliar los efectos de la transición ecosocial y tener una vida más digna. Las reconversiones deben convertirse en una opción de reducción de jornada e impulsar la reducción de jornada. Hay que impedir la amortización de puestos de trabajo que las multinacionales impulsan con dinero.

4. Hay que reforzar las leyes contra los despidos y las deslocalizaciones. De la misma manera que entre las condiciones para recibir dinero público hay que exigir compromisos con el empleo o con proyectos industriales, cuando después la empresa quiere hacer cierres o despidos, se necesitan garantías para devolver ese dinero recibido.

Si no es así, se reforzará el clima de movilización y conflicto: entre las y los trabajadores predomina la preocupación y volvemos a ver que se apuesta por una política pública e industrial que redunde en una mayor concentración de poder y riqueza.

Las y los trabajadores no estamos dispuestos a dar por buena esta situación. El domingo se celebró en Nafarroa una multitudinaria y exitosa manifestación y seguiremos defendiendo el derecho al empleo por la vía de las luchas sindicales, reivindicando una política industrial diferente a favor de la transición ecosocialista.

LAB quiere mostrar su preocupación por la próxima elección del representante de UGT para el consejo de administración de EITB en el Parlamento Vasco

Mañana, 20 de febrero, el Parlamento Vasco elegirá la nueva representación del consejo de administración de EITB. Se van a elegir 19 miembros, de los cuales una persona suele ser representante de un sindicato. Esta vez parece que en las negociaciones el PNV ha impuesto que el o la representante sindical sea de UGT, fuera de toda lógica.

LAB no acepta que el sindicato que nos represente a los trabajadores sea UGT, que nunca ha tenido representación en EITB. La decisión es más grave si tenemos en cuenta la actitud contraria al euskera de este sindicato sobre todo en el ámbito público así como la tendencia que está teniendo en las últimas semanas EITB a nombrar personal de dirección no euskaldun.

Todo apunta a que será una artimaña del PNV junto al PSE, su socio de gobierno, para mantener el control del consejo de administración. Otro fraude a la ciudadanía que va en la línea de lo que recoge con claridad en la ponencia que va a votar el partido. LAB denuncia su comportamiento partidista respecto al único medio de comunicación público en euskera, así como su tendencia a dejar la propia
lengua en planos inferiores.

Nos movemos a favor de la educación pública

Hoy hemos realizado el primer paro de la campaña «Hezkuntza Publikoaren alde – Muévete por la Pública» en la comarca de Baztan-Bidasoa. Hemos llevado a cabo tres concentraciones y otras tantas asambleas multitudinarias en Bera, Elizondo y Doneztebe. Nos hemos reunido con las y los profesores de la zona y hemos recibido de primera mano sus inquietudes y propuestas. Una vez más, ha quedado claro que el Departamento de Educación debe aumentar la inversión para garantizar, entre otras cosas, la inclusión, ya que es evidente la falta de recursos personales, es decir, de más profesores que satisfagan las necesidades del alumnado.

De la misma manera, es urgente dar solución al conflicto abierto en torno a la nueva Escuela Profesional de Oronoz, lo que queda plasmado en que toda la comunidad educativa de Oronoz respalda la necesidad de construir una nueva escuela. Los sindicatos que conformamos la mayoría sindical damos total apoyo a todas estas peticiones que nos han hecho llegar.

Por lo tanto, las y los profesores vemos clara la necesidad de seguir organizados y movilizados. El próximo miércoles, 26 de febrero, habrá un segundo paro en la zona de Tierra Estella. Invitamos a todo el profesorado y a toda la comunidad educativa a participar en las concentraciones y asambleas que se celebrarán en Viana, San Adrián y Estella.

La huelga convocada por los sindicatos LAB, ELA y CCOO en el colectivo de cocina y limpieza de la Educación Pública registra por tercer día consecutivo un seguimiento superior al 70%

Hoy, 19 de febrero, 1.000 trabajadores y trabajadoras de Cocina y Limpieza del Departamento de Educación han sido llamados a la huelga. Al igual que en las huelgas de los días 30 y 31 de enero, la huelga ha tenido un seguimiento muy amplio, superior al 70%.

En las concentraciones celebradas hoy en las delegaciones de educación de Bilbao, Donostia y Gasteiz nos hemos reunido cientos de personal del colectivo de cocna y limpieza.

El departamento de educación ha convocado mesas de negociación tras las huelgas de ener Obligado por el amplio seguimiento de las huelgas, ha empezado a poner sobre la mesa algunos contenidos, como las funciones, y se ha empezado a hablar de la adecuación de las categorías. Sin embargo, está lejos de abordar y aportar propuestas que respondan a las reivindicaciones de las huelgas.

El apoyo a la huelga y a las movilizaciones demuestra que los trabajadores y trabajadoras tienen fuerza para permanecer en las huelgas hasta conseguir contenidos. Así, mañana también es jornada de huelga para este colectivo. La movilización tendrá lugar en Lakua a las 11.30 de la mañana. El personal de cocina y limpieza rodeará Lakua.

Las principales reivindicaciones de las huelgas para renovar el convenio son: mejorar los ratios de comensales y limpieza para aliviar las cargas de trabajo y reducir las jornadas laborales; acordar planes de rejuvenecimiento de la plantilla; recuperar el poder adquisitivo perdido; definir funciones y adecuar categorías; estabilizar el empleo y adoptar medidas para evitar destrucciones de puestos de trabajo mediante privatizaciones y fusiones o cierres, negociar y acordar la normativa de sustituciones, mejorar las licencias y permisos y desarrollar planes de salud laboral, igualdad y euskera.

Este colectivo es el más feminizado y con las condiciones laborales más precarias en el ámbito del departamento de Educación y que vive el mayor proceso de privatización.

Por último, debemos recordar que el Gobierno Vasco ha querido condicionar el derecho de huelga de este colectivo a través de servicios mínimos excesivos y estableciendo criterios desproporcionados para su aplicación.

A pesar de ello, entre el personal que ha podido hacer huelga, la huelga ha tenido un seguimiento superior al 70%. Entre otras, cabe destacar las cocinas de las siguientes escuelas en las que el 100% de la plantilla ha hecho huelga, exceptuando los servicios mínimos:

En Gipuzkoa: Beasain, Hernani, Zarautz, Azkoitia, Lezo, Ikasbide o Urretxu.
En Bizkaia: CEP Mendia Balmasedan, CEP Kontxa o CEP Alonsotegi.
En Araba: Alegria/Dulantzi, Valdegobia, Gamarra o Mendiko eskola.

En el caso del personal de limpieza el seguimiento de la huelga también ha sido muy amplio. Total, entre otros en Lasarte y Ordizia en Gipuzkoa, Burdinibarra y Trapagaran en Bizkaia o Gorbeialde, Eio y Eraikin en Araba.

[IRITZIA]: Langileen alde, euskal esparruaren bidean

Jarraian irakur dezakezue Oihana Lopetegi Ekintza Sindikala eta Negoziazio Kolektiboko idazkariaren iritzi-artikulua:

Otsailaren 19a euskal sindikalismoak agendan ondo markatuta daukagun eguna da. Lan Harremanetarako eta Babes Sozialerako Euskal Esparrua aldarrikatu zuen 1994ko mobilizazio hark abiapuntua jarri zuen Euskal Herria borrokarako eta antolakuntzarako espazio autonomo gisa garatzeko. LABek ordutik behin eta berriz aldarrikatu du langileon lan eta bizi baldintzak hobetzeko esparru propioaren beharra, burujabetzan urratsak ematea ezinbestekoa baita. Langileon egunerokoarekin konektatzen duen aldarria da, ditugun arazo ugariekin: prezioen garestitzea, etxebizitza gastuak; jatorriaren eta azalaren koloreagatiko eskubide urraketak; osasungintzako itxaron zerrendak; pentsio duin batera iritsi ezina; enplegua galtzeko beldurra, diskriminazioa, prekaritatea, eta beste hamaika korapilo. Lan eta bizi baldintzak hemen erabakitzeak tresnak ematen dizkigu hari matazak askatuz bestelako agertoki bat marrazteko.

Kapital errenten eta langileon errenten artean aberastasunaren banaketa gero eta desorekatuagoa da eta langileon artean ere arrakala eta desberdintasunak gero eta nabarmenagoak dira. Emakumeak* gara, gazteak, langile migratu eta arrazializatuak edo aniztasun funtzionala dutenak egoera prekarioena dugunak. Zerbitzu publikoak eraisten eta lan harreman eredu gero eta prekarioagoa sustatzen ari diren honetan, kezkarako arrazoiak baditugu.

Lan harremanen prekarizazio prozesua Europak agindu eta Espainiako zein Frantziako Estatuan bezala, Euskal Herrian ere ezarritako araudi eta funtzionamoldeen ondorioa da. Batetik, kapital multinazionalei atea irekitzen zaie negozioa egin dezaten langileon prekarizazioaren kontura. Interesen arabera datoz eta doaz, lantokiak itxi eta jarduera beste herrialde batzuetara eramanez. Desregularizazioak bidea errazten die. Bestetik, Estatuetatik inposatuta erreformak daude: Ipar Euskal Herrian eragina izan dute Frantziako Estatuan 90. hamarkadaz geroztik sustatutako erreforma antisozialek; zer esanik ez azken urteetako erretreta eta langabezia-asegurantza erreformek, greba orokorrekin erantzun izan ditugunak. Hego Euskal Herrian, berriz, 2010-2013 urteen artean Zapateroren eta Raxoiren Gobernuek bultzatu zituzten erreformek eragin izugarria izan dute bai pentsioetan, bai lan harreman ereduan. Euskal jendarteak borrokaren bidez adierazi zien desadostasuna, bost Greba Orokorrekin. Egiturazko aldaketa ezarri zuten, negoziazio kolektiboaren arauak aldatu eta, besteak beste, lan harremanen estatalizazio prozesua azkartzea ekarriz. Estatalizazioarekin batera, prekarizazio prozesua ere bizkortu egin zen. Sindikatu soberanistek erreforma larri haiei greba eta borrokaren bidez erantzun genien, ez ordea, estatalek.

Erreformen aurretik negoziazio kolektiboa lan harremanetarako euskal esparruarean zutabe garrantzitsuena izan zen. Erreformen ondorioz, ordea, Lan Harremanetarako Euskal Esparrua garatzeari mugak ezarri zitzaizkion, negoziazio kolektiboa ahuldu baitzen. Gainera, lan harremanen markoa aldatzeak bazuen beste asmo bat, euskal sindikalismoaren borrokarako eta eragiteko gaitasuna apaltzea. Lan harremanak desarautzeak izan zuen hirugarren ondorio argi bat, negoziazio kolektibotik kanpo, antolatzeko eta euren lan baldintzak negoziatzeko eta borrokatzeko aukerarik gabe izatea gero eta langile gehiago.

Ultraaktibitatea urtebetera mugatzeak, eta Estatuko hitzarmenak herrialdekoen edo autonomia erkidegokoen gainetik jartzeak ekarri zuen ordura arte bertako hitzarmenak zituzten langile askori Estatuko hitzarmenak aplikatzen hastea. Lan baldintza duinagoak izatetik prekarizatzera.

Ipar Hegoa fundazioak botere sindikalari buruz aurkeztutako “Ikusmiran 19” txostenaren arabera, urtebetean, 2013tik 2014ra, Hego Euskal Herrian Estatuko hitzarmena aplikatzen zitzaien langileak %21,60 izatetik %32,26 izatera pasatu ziren. 2017an bertako hitzarmenen lehentasuna ezartzeko lanbidearteko akordioa izenpetu genuen ordezkaritza handieneko lau sindikatuok patronalarekin, estatalizazio prozesuari mugak jarri eta lan harremanak bertara hurbiltzeko helburuarekin; ondoren, 2024an, sindikatu soberaniston borroka eta aldarrikapenen eraginez, legez berreskuratzea lortu genuen bertako hitzarmenen lehentasuna. Aldaketa horiek estatalizazioaren aurkako borroka indartzeko mugarri garrantzitsuak izan dira. Esku artean ditugun azken datuen arabera, 2023an langileen %29,60aren lan baldintzak arautzen ziren hitzarmen estatalen bidez. Oraindik 2013 aurreko datuetara iritsi ez bagara ere, 2014koak hobetzea lortu dugu.

Ez da bide samurra izan. Zenbat greba, borroka eta eztabaida. Aurrera begira ere bide luzea geratzen zaigu egiteko, euskal esparrua osorik garatu arte, bertako hitzarmenen defentsan borrokak pizten eta estatalizazioari mugak jartzen; hitzarmen propioen alde, estatalizaturiko eremuak hona ekartzeko borrokak aktibatzen; eta nola ez, gutxieneko soldata propioa hemen erabakitzeko indar guztia jartzen, bertako eskumenen baitan lanbidearteko akordio baten bidez —dagokion ardura hartzeari prepotentzia osoz uko egin nahi dion patronala negoziatzera eser dadin— edota eskumen berriak eskuratzeko herri ekimen legegilea bultzatuz.

Euskal langileon egoera hobetzeko ezinbestekoa da marko juridiko-politikoa gainditzea. Horretarako Euskal Herriaren nazio izaeraren aitortza eta erabakitzeko eskubidea aintzatestearen alde lanean jarraitzen dugu, herri honen askapen nazionalean eta langile klasearen askapen sozialean gure onena ematen, posible denaren mugak zabalduz. Olatu erreakzionarioari aurre egiteko hauxe da gure errezeta: kontrabotere sindikalismoa, independentista, feminista, antirrazista, ekosozialista. Euskal sindikalismo eraldatzailea.