Trabajadores y trabajadoras del transporte de mercancías y sus representantes sindicales se han concentrado hoy en Iruñea frente a la sede de la asociación empresarial CEN para exigir a la patronal del sector que desbloquee de una vez las negociaciones para la renovación del convenio. Hace 17 años que el convenio de transporte de mercancías de Nafarroa está congelado y las propuestas que la patronal ha hecho por el momento perjudicarían aún más las condiciones laborales.
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La diputada de Cultura y Deportes y el director-gerente no han adquirido, ni mucho menos firmado, compromisos que puedan llevar a una resolución del conflicto en el Instituto Foral de la Juventud de Araba
En respuesta a la nota de enviada por la dirección-gerencia del Instituto Foral de la Juventud (IFJ) de Araba, LAB, sindicato que ostenta la representación de las y los trabajadores de este último, recuerda que no existe ni compromiso ni acuerdo para mantener una dotación suficiente de los programas Ikasgelak y Lurrikara. Además, señala que no se han recuperado las 60 plazas recortadas del programa Udaraban para niños, niñas y jóvenes, algo que también reclamaba.
LAB añade que no existe ningún compromiso ni acuerdo firmado para parar la destrucción de empleo por amortizar plazas anuales para convertirlas en fijas discontinuas. Y además, señala que no se ha cumplido el compromiso firmado hace ya más de dos años en acta por la dirección -gerencia y ratificado en Juntas Generales por la Diputada de Cultura y Deportes para crear una plaza de cocinero o cocinera en el albergue de Barria.
El único acuerdo hasta la fecha recogido en acta, que contempla la cobertura del 100% en el caso de bajas, aplicado en la Diputación Foral y organismos dependientes desde hace más de 2 años, sigue «en vías de tramitación».
La compensación por trabajo en fines de semana y festivos, que está por debajo de lo que marca la legislación laboral, sigue sin concretarse y no hay ningún acuerdo sobre la propuesta remitida en diferentes ocasiones.
Además, el resto de artículos que la Dirección/Gerencia del IFJ señala en su última nota de prensa no están recogidos en acta firmada.
Siendo así, LAB considera que hay motivos más que suficientes para la convocatoria de huelga del día 1 de julio y posibles movilizaciones posteriores. La plantilla es la primera interesada en resolver el conflicto, pero también sabe que sólo se puede conseguir mediante un acuerdo firmado con compromisos reales. Además, es consciente que esta huelga, y las posibles movilizaciones posteriores, pueden tener afectación real sobre el desarrollo de las colonias o “udalekuak”.
Por ello, anima a la ciudadanía a compartir y apoyar las reivindicaciones de las y los trabajadores por un IFJ en el que la oferta a niños, niñas y jóvenes y los derechos de las personas trabajadoras sean prioritarios.
Mantiene la convocatoria de huelga del 1 de julio. Ese día, realizará una concentración y una rueda de prensa a las 9:30 en la estación de autobuses de Gasteiz.
LAB responsabiliza al Gobierno de Nafarroa de los hechos ocurridos en Marcilla por su dejadez en la gestión del sector de Intervención Social
Al hilo de los hechos de Marcilla, donde ha habido graves problemas de convivencia en torno a algunas y algunos menores del Centro de Observación y Acogida (COA) de la localidad, cuya titularidad es del Gobierno de Nafarroa, el sindicato LAB responsabiliza a este mismo por la situación en que tiene el sector de la Intervención Social en Navarra. LAB opina que lo ocurrido en Marcilla es un ejemplo del colapso del sistema de Intervención Social puesto que en ese centro se hacinaban más de cien menores aunque estaba diseñado para cuarenta.
Con respecto al caso de Marcilla, LAB quiere pedir a la sociedad en general que no se criminalice a las personas usuarias que atiende el sector de la Intervención Social, cuyas circunstancias personales ya son lo suficientemente complicadas; y exige a las administraciones públicas en particular que asuman su responsabilidad en la gestión y seguimiento de los servicios públicos que subcontratan.
Además, LAB quiere dejar claro que este tipo de situaciones no hacen más que aumentar el racismo en toda la sociedad y que la mejor receta para que la extrema derecha no siga creciendo y captando adeptos es el fortalecimiento de los servicios públicos, tanto los que ya están en la administración como los que actualmente están privatizados, los cuales deberían ser de gestión directa.
A raíz del asesinato de una trabajadora del sector que ocurrió en marzo en Badajoz (España), LAB ha detectado una mayor sensibilidad e interés por la labor de los trabajadores y trabajadoras de Intervención Social, pero situaciones de agresiones de todo tipo ocurren diariamente y a ellas se exponen las trabajadoras del sector cada vez que acuden a su puesto de trabajo también en Euskal Herria.
En primer lugar, hay que remarcar que no se trata de un problema que afecte exclusivamente al sistema de protección de menores, sino al ámbito de la Intervención Social en su conjunto. Y esto es algo que LAB quiere dejar claro.
El sistema está colapsado y obsoleto
En el sector se atiende a personas adultas en situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género (física, psicológica o sexual), personas perceptoras de Ingreso Mínimo Vital y Renta Garantizada, personas con enfermedades mentales y/o discapacidades, personas con adicciones de todo tipo, cumplimiento de medidas judiciales y cualquier otro colectivo en situación de vulnerabilidad –de la que, no olvidemos, nadie está a salvo, ya que cualquier persona puede verse en alguna de estas situaciones en un momento de su vida– y, desde luego, el colectivo más desprotegido y vulnerable que es el de las y los menores.
El sistema público tiene la obligación de proteger a estas personas y a las trabajadoras que las atienden, pero este se encuentra absolutamente colapsado y obsoleto, por lo que es imposible que el sistema ofrezca respuestas adecuadas a las necesidades de unas y otras. Las trabajadoras de este sector se enfrentan a riesgos laborales que las empresas privadas y las instituciones públicas dan por hecho que forman parte del desarrollo de su labor profesional, y con esta percepción por parte de las empresas no se tiene en cuenta ni se valora su integridad física, psicológica y, lo que es más grave, su profesionalidad y dedicación a los colectivos con los que trabajan.
El Gobierno de Nafarroa debiera proporcionar el reconocimiento que merecen con hechos cuantitativos y cualitativos, como, por ejemplo, el desbloqueo definitivo de los convenios tanto de Acción e Intervención Social de Navarra como el de la Fundación Gizain, y trabajar de manera conjunta con las profesionales del sector para llegar a la dignificación definitiva de sus condiciones laborales y la publificación de los servicios. Esta publificación y, por tanto, el control institucional de estos servicios regulados en cartera de Derechos Sociales, ayudaría a que en todos los recursos de atención a los diferentes colectivos se pudiera llevar a cabo la misma línea de trabajo, que concluiría en una intervención de mucha más calidad. Es decir, habría un fortalecimiento y mejora de los servicios públicos de atención directa.
De igual manera, tanto para la dignificación de la profesión como para una correcta atención de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, LAB exige al Gobierno de Nafarroa que revise y adapte los perfiles actuales de las personas usuarias en los pliegos establecidos en aspectos como espacios de trabajo de los diferentes recursos, ratios (los cuales actualmente son irrisorios y requiere de un mayor número de personas trabajadoras) y creación de nuevos recursos y centros, adaptados a los perfiles en cada momento de las personas usuarias a las que atendemos y a sus necesidades. Para eso, es necesario un constante seguimiento por parte del Departamento de Derechos Sociales y una verdadera intencionalidad por parte de las instituciones públicas para incrementar las partidas presupuestarias cuando se requiera y sea necesario de forma extraordinaria como se ha realizado en otros ámbitos profesionales.
En cuanto a la formación de las y los profesionales, es de vital importancia la implantación del grado de Educación Social en la Universidad Pública de Navarra de forma presencial. Ya que resulta cuanto menos llamativo que se les exija a las trabajadoras una formación continua especializada, pero que al mismo tiempo no haya voluntad por parte del Gobierno de Nafarroa de instaurar un grado académico universitario específico que forme profesionales de la Educación Social.
A largo plazo, los trabajadores y trabajadoras de Intervención Social demandan ser parte activa en reformular el modelo de gestión de este sector, porque son las plantillas las que más información tienen al respecto y las que están más cualificadas. En ese sentido, es un error por parte de la administración, responsable de todo el sector, que no las tenga en cuenta y que no utilice su experiencia para buscar soluciones que beneficien a las personas usuarias y a las personas trabajadoras.
LAB no estará en el Pacto de Salud de la CAV
El gobierno no garantiza que el sistema sanitario se ofrecerá con recursos públicos y propios, y mantiene la dependencia respecto al sector privado.
En nuestro país existe un fuerte impulso a favor del sistema público de salud, y mejorar la situación de Osakidetza está entre las principales preocupaciones de la sociedad. El gobierno del lehendakari Pradales es perfectamente consciente de ello, y consciente también de que el deterioro y la mala gestión de Osakidetza, así como la presión social existente, le podían generar un desgaste. Por eso, optó por crear la Mesa de Salud.
La constitución de la mesa, aunque positiva, fue algo forzado e interesado. No fue pensado para transformar Osakidetza, tampoco para construir consensos. El objetivo principal de la mesa era mantener el modelo actual, aceptando los menores cambios posibles. Esto ha sido así porque tienen un problema. El gobierno sabe que manteniendo las mismas políticas que hasta ahora no se puede reforzar, mejorar y garantizar la eficiencia del sistema público de salud. Pero al mismo tiempo, no quieren cambiar esas políticas porque quieren mantener el negocio privado. Y esta apuesta privatizadora dificulta que el sistema sanitario público sea gratuito, universal y de calidad, además de aumentar las brechas sociales.
Gracias al trabajo que han realizado LAB y otros agentes en la Mesa de Salud, se ha conseguido incorporar diferentes medidas para mejorar los servicios sanitarios y la situación del personal. El trabajo ha sido intenso y LAB valora muy positivamente el trabajo realizado.
Poner límites a la privatización y a las políticas de concertación ha sido una línea roja para LAB. A lo largo de todo el proceso, ha manifestado que su presencia en el Pacto de Salud dependía de las decisiones adoptadas en esta cuestión. LAB ha conseguido introducir mejoras. Aunque las mejoras parciales son bienvenidas, no ha habido ninguna posibilidad para abordar el cambio profundo de políticas que requiere Osakidetza. Por ello, LAB no acudirá a la reunión de mañana y no va a firmar el Pacto de Salud.
Esta ha sido la principal razón por la que LAB se ha quedado fuera del Pacto de Salud. Para fortalecer el sistema público de salud y transformar Osakidetza, hay una decisión política que prevalece sobre todas las demás: hay que dejar de lado las políticas privatizadoras llevadas a cabo hasta ahora, y la dependencia del sector privado debe ser excepcional, justificada y temporal. La apuesta por un sistema público de salud con recursos públicos y propios requiere compromisos firmes, lo que no ha quedado suficientemente asegurado en la Mesa de Salud.
En cuanto a la colaboración público-privada, ha quedado en evidencia que dos modelos antagónicos han estado enfrentados en la mesa:
- Por un lado, quienes han apostado por reforzar lo público: siete agentes sindicales y políticos. Participaron en la mesa, acordaron y votaron un texto. A este consenso se sumaron, luego, otros dos agentes.
- En el otro lado, quienes anteponen el negocio privado por encima de mejorar lo público: PNV, PSE, PP y Confebask, junto a otros agentes que velan por sus intereses privados.
Es el momento de reforzar lo público, de dejar constancia de que se apuesta claramente por lo público. Estos son los compromisos que ha exigido LAB y que no se han querido reflejar:
- Invertir más dinero en Osakidetza.
- Recoger la necesidad y la decisión de reducir la dependencia con el ámbito privado. Recurrir a lo privado tiene que ser algo excepcional, justificado y limitado en el tiempo.
- Elaboración de un mapa de la privatización y concertación y con ese mapa, hacer un plan de publificación, estableciendo plazos.
- Recoger la exclusividad de las y los profesionales.
Pero, lejos de asegurar el derecho a una sanidad de calidad y gratuita para las y los ciudadanos, los intereses privados del lobby privatizador han estado en el centro. Han optado por seguir sin abordar el cambio de fondo que requiere la situación de declive que vive Osakidetza. Pretenden darle una pequeña capa de pintura y dar una imagen renovada, pero LAB no va a avalar esa operación.
Con o sin pacto, mañana no se acaba nada. LAB seguirá denunciando y paralizando todos los procesos de privatización posibles, denunciando la externalización de trabajos, las irregularidades en adjudicaciones de obra o externalizaciones de otros trabajos.
Asimismo, LAB seguirá haciendo propuestas en la Mesa Sectorial y buscando consensos para la movilización con otros sindicatos, así como colaborando y movilizándose junto a las plataformas por la salud pública, porque este país necesita un sistema público fuerte de salud.
LAB denuncia que las medidas que presentarán PNV y PSE en el Parlamento de Gasteiz supondrán un aumento aún mayor de los precios de la vivienda
Apelando a la necesidad de cambios estructurales y medidas urgentes, los dos partidos que conforman el Gobierno Vasco han presentado medidas para profundizar en políticas que han fracasado. Estas medidas buscan aumentar los beneficios de la patronal inmobiliaria, iniciar un nuevo ciclo de construcción y dar paso a decisiones que eleven aún más los precios del mercado. LAB, como medida urgente, reivindica políticas reales a favor del alquiler social y medidas efectivas para bajar los precios en el informe que ha realizado para analizar la proposición de ley presentada por PNV y PSE.
En plena situación de emergencia en materia de vivienda, ante la necesidad de medidas integrales y urgentes, PNV y PSE presentarán una proposición de ley en el pleno del Parlamento del 26 de junio. Aunque han pasado de negar el problema a aceptarlo, las propuestas presentadas por los partidos que conforman el Gobierno Vasco es un paquete de medidas para profundizar en la dirección mantenida hasta ahora.
LAB ha analizado las propuestas presentadas y ha realizado un informe que recoge sus principales conclusiones. El sindicato insiste en dos ideas principales: por un lado, que con las medidas presentadas se pretende iniciar un nuevo ciclo constructivo, siempre con el objetivo de garantizar e incrementar las ganancias de quienes se benefician del negocio de la vivienda. A ello responden las propuestas de reducción del número de viviendas protegidas propuestas en la Ley del Suelo o las numerosas modificaciones introducidas para agilizar diversos procedimientos.
Señalan que construir vivienda no es rentable mientras su precio presenta una constante tendencia al alza. Pero la pregunta es cuánta rentabilidad se quiere garantizar a aquellos que ya acumulan enormes beneficios.
Por otro lado, LAB señala que si este nuevo ciclo de construcción va a repercutir en los precios, será para aumentar su tendencia al alza. ¿En manos de quién quedarán esas nuevas viviendas que se venderán en el mercado libre, si hoy en día hacer negocio con la vivienda es más rentable que invertir en economía productiva?
En esta dirección, LAB denuncia en el informe que ha presentado que el Gobierno Vasco está vulnerando la Ley de Vivienda de 2015. Y es que, junto a estas medidas, ha anunciado una nueva línea de avales para incentivar la compra a través del Instituto Vasco de Finanzas y, en lugar de destinar los recursos públicos al alquiler o a la rehabilitación, ha decidido dar dinero a las entidades bancarias.
LAB exige a PNV y PSE que retiren la proposición de ley y establezcan políticas estructurales eficaces y reales en las medidas urgentes, aumentando el presupuesto, primando el alquiler social, bajando los precios, tomando decisiones para limitar el negocio y comprometiéndose a defender los derechos de los y las inquilinas.
Libre (también) en los centros de trabajo. Medidas y políticas transformadoras ¡ya!
Este 28 de junio, desde el sindicato LAB, queremos decir alto y claro que no vamos a aceptar ninguna actitud LGTBI+fóbica en los centros de trabajo ni fuera de ellos. En los últimos tiempos, parece que se quiere cambiar la realidad a golpe de decretos y leyes, para eliminar las brechas de género, garantizar la diversidad sexo-genérica, y lograr que los centros de trabajo sean espacios libres de violencia machista…
Pero la realidad no se transforma tan fácilmente, mucho menos cuando no existe ni compromiso ni voluntad para ello. Las empresas y la patronal están diseñando planes de igualdad, protocolos contra la violencia y planes para hacer frente a la LGTBI+fobia porque están obligadas a ello, no porque crean en ello, y eso, inevitablemente, condiciona por completo la situación. En el mejor de los casos, son medidas sin ambición, mínimos establecidos por la ley.
En general, lo que estamos encontrando en los centros de trabajo son planes muy deficientes y poco ambiciosos, así como muy poca voluntad e intención de cumplir lo que se diseña. Apenas se desarrollan elementos para poder transformar la cultura, las relaciones y el ambiente, la mayoría de las medidas son más punitivas que propositivas y, en general, se está poniendo muy poco énfasis e interés en la elaboración y puesta en marcha de este tipo de planes. Desde LAB estamos haciendo enormes esfuerzos para poder revertir todo esto. LAB no quiere una empresa donde la LGTBI+fobia se esconda bajo la alfombra mientras se maquilla con un plan para aparentar que todo está bien y que todas trabajamos siendo libres. Deben ponerse sobre la mesa recursos para la formación y sensibilización así como los medios humanos y ecomómicos necesarios para lograr una verdadera transformación. El hecho de que en la actualidad muchas personas del colectivo LGTBI+ sigan teniendo que ocultar su identidad, nos dice mucho de hasta qué punto las cosas no están cambiando.
Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados: exigimos a las instituciones mecanismos de seguimiento y medidas eficaces para acabar con el postureo de las empresas. Y no venimos a exigir con las manos vacías. Nosotras estamos haciendo nuestro trabajo, estamos proponiendo cláusulas interesantes y eficaces, entre ellas: la incorporación de la igualdad de género y la diversidad sexo-genérica en las formaciones generales para todas las personas trabajadoras, la creación de comisiones específicas de negociación, el seguimiento y evaluación del protocolo, la actualización de las medidas con revisiones periódicas… Estamos aportando ideas interesantes y valiosas para que la actual situación cambie. Por medio de la lucha sindical estamos consiguiendo que en algunos algunos convenios se acepten ciertas medidas y claúsulas propuestas por LAB.
Reafirmamos nuestro compromiso y seguiremos luchando hasta lograr medidas eficaces que garanticen todos los derechos del colectivo LGTBI+. También continuaremos combatiendo el heteropatriarcado y la heteronorma, porque no seremos libres hasta que todas y todos lo seamos. Además, hacemos un llamamiento a participar en las movilizaciones y acciones que se llevarán a cabo el 28 de junio.
LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK y USO denuncian el bloqueo de la negociación en los Centros Especiales de Empleo y exigen un convenio para la CAV
LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK y USO han mantenido hasta la fecha tres reuniones con la patronal de los Centros Especiales de Empleo de la CAV, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo autonómico que dé respuesta a las necesidades reales del sector en la CAV. Sin embargo, en todas estas reuniones, la patronal se ha negado siquiera a la posibilidad de iniciar una negociación real. Las empresas del sector se desentienden y muestran su falta de compromiso con este colectivo, despreocupándose por conocer y mejorar las condiciones en las que trabajan en nuestro territorio.
Es necesario constituir un convenio autonómico del sector que se complemente y adapte a la realidad de nuestro territorio, mejorando las condiciones de trabajo en los Centros Especiales de Empleo en la CAV.
Por eso, los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK y USO insisten en la urgencia de que la patronal y las administraciones públicas, especialmente el Gobierno Vasco, “asuman su responsabilidad y se sienten a negociar un acuerdo propio, justo y adaptado a la CAV, que dignifique las condiciones laborales en estos centros”.
Así, LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK y USO se han movilizado frente a la sede del Gobierno Vasco en Gasteiz. Han declarado que no van a aceptar «la «la callada por respuesta»: “Exigimos soluciones concretas ante una situación de precariedad y discriminación estructural». Por ello han reclamado un convenio acorde a la realidad de la CAPV”.
Dos trabajadores fallecen en labores forestales y otro en accidente no traumático, 3 muertes provocadas por la patronal en las últimas 24 horas
A mediodía de ayer, un trabajador de 45 años que realizaba labores forestales en Altsasu falleció en accidente laboral al ser alcanzado por la rama de un haya. Otros dos trabajadores han fallecido en diferentes accidentes. Uno de ellos ha fallecido hoy en Eskoriatza al ser alcanzado por la rama de un árbol. El trabajador E.A.M.C. tambien estaba realizando labores forestales. Ayer en Donostia, el trabajador J.M.E.G., de 65 años, que trabajaba en labores de jardinería, sufrió un accidente no traumático y falleció en el mismo puesto de trabajo. Estaba quitando malas hierbas, de rodillas. Con estos, son 31 las y los trabajadores fallecidos en Euskal Herria desde principios de año.
LAB ha podido saber que el trabajador fallecido ayer en Altsasu estaba contratado por una empresa de Logroño. Esto significa que esta muerte laboral no será recogida en la contabilidad oficial de Nafarroa y que el ejecutivo de Chivite actuará como si el fallecimiento no se hubiera producido. Por su parte, el trabajador se dedicaba a labores forestales, sector que muestra una mayor mortalidad. Además, el trabajador estaba trabajabando solo en el monte sin la presencia de compañeros, compañeras o el perceptivo recurso preventivo. Este es sólo un ejemplo más de la extrema precariedad que existe en el sector.
Detrás de las terribles tasas de siniestralidad de los últimos años está el incumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas, como ha ocurrido con el fallecimiento de ayer. Detrás de las muertes hay responsables, aunque los gobiernos siguen protegiendo ciegamente a esos responsables, a los empresarios.
LAB no tiene más datos sobre el trabajador fallecido en Eskoriatza. Tan solo que ha sido reconocido oficialmente.
Por último, en relación al trabajador fallecido en Donostia en accidente no traumático, hay que destacar su edad, 65 años. Además, estaba trabajando en condiciones precarias para la UTE Parques Históricos 2023, subcontratada por el Ayuntamiento de Donostia y encargada del cuidado del parque de Aiete.
Mientras tanto la patronal como los gobiernos difunden el fantasma del absentismo, las y los trabajadores perdemos la vida trabajando. La falta de prevención es la única responsable de las muertes. Somos los y las trabajadoras quienes morimos, no los empresarios. Cada vez es más evidente, además, que el incumplimiento de la normativa de prevención se ha generalizado y que ante esta situación deben tomarse duras medidas.
LAB no será cómplice de la patronal ADEGI y no firmará el convenio de la construcción de Gipuzkoa
El acuerdo alcanzado por ELA en la construcción de Gipuzkoa no garantiza la salud de las personas trabajadoras y las condiciones laborales adecuadas para el futuro. ELA ha renunciado a la lucha y ha dejado a un lado las necesidades de los trabajadores y trabajadoras del sector por llegar a un acuerdo.
En cuanto a los contenidos del acuerdo, teniendo en cuenta que la situación de las empresas de la construcción en Gipuzkoa es buena y que además, hay previsión de mejora en el futuro, la renuncia de ELA a la lucha les ha regalado la paz social por 4 años. Los supuestos avances que contiene el acuerdo no serán reales para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del sector. Y es que el acuerdo no responde a los mayores problemas existentes en el sector de la construcción: el convenio no se cumple en gran parte del sector y la siniestralidad y el número de muertes laborales es brutal. LAB considera que el convenio debería responder a esta realidad. Por tanto, es evidente que los contenidos no responden a la realidad del sector ni a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
Las demandas que LAB ha puesto sobre la mesa desde el principio no han sido atendidas en ningún momento, y los problemas que tiene el sector seguirán siendo los mismos. Los retos de LAB han sido claros, subidas salariales por encima del IPC, reducción de jornada que pondría las condiciones de trabajo y vida en el centro, garantías para la aplicación del convenio, límites a la subcontratación y medidas para garantizar la salud laboral.
Este sector, que presenta tasas de mortalidad escalofriantes, demuestra una y otra vez que las caídas en las alturas se producen por no tomar medidas y LAB reclamaba una implementación tasada de las mismas. Sólo en 2024, 11 trabajadores murieron por caídas de altura. Las empresas incumplen la normativa debido a la falta de control y tras la firma de este acuerdo la siniestralidad seguirá aumentando.
LAB va a seguir al lado de los trabajadores y trabajadoras porque este acuerdo no garantiza la salud de las personas trabajadoras ni unas condiciones laborales dignas- LAB seguirá luchando.