El desalojo de decenas de personas migrantes que vivían en condiciones infrahumanas en Aranzadi debe ser complementado con un seguimiento y acompañamiento que impida que ninguna persona se vea abocada a dormir en la calle en contra de su voluntad. Queremos mostrar nuestra profunda preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran cada vez más personas en Nafarroa.
Desde LAB exigimos alternativas dignas y que el desalojo lleve implícito un compromiso de habilitar una solución habitacional inmediata y adecuada. Debe evitarse que el desalojo agrave una situación ya de por sí crítica que deja a decenas de personas en un escenario de absoluta incertidumbre.
Las personas desalojadas no ocupaban este espacio por elección, sino como último recurso ante la falta de acceso a una vivienda digna, recursos sociales suficientes y vías reales de regularización. Para prevenir el sinhogarismo entre personas migrantes es necesario contar con mayores competencias políticas que permitan gestionar de forma más ágil y adaptada los procesos de regularización administrativa. La rigidez actual deja a muchas personas en situación irregular, impidiéndoles acceder a empleo, vivienda y protección social, lo que las empuja a la exclusión.
Profundizar en el autogobierno para dotar de más capacidad de decisión a las instituciones nos permitiría ser más eficaces, acortar plazos, flexibilizar requisitos y coordinar mejor las políticas públicas, pasando de respuestas paliativas a estrategias preventivas centradas en garantizar derechos.
Exigimos que la respuesta institucional no se limite al desalojo sin garantizar alternativas habitacionales estables, seguras y adaptadas a las necesidades específicas de estas personas. Debe evitarse que este tipo de actuaciones desplacen y/o cronifiquen el problema. Por ello, además de exigir el cumplimiento de las medidas anunciadas, pedimos que estas se apliquen de urgencia con recursos de acogida dignos y suficientes, acompañados de la activación de mecanismos de seguimiento individualizado para todas las personas afectadas.
La coordinación efectiva entre administraciones públicas y agentes sociales resulta fundamental. En este sentido, los colectivos sociales desempeñan un papel clave no solo como agentes de atención directa, sino también como espacios de conocimiento y detección temprana de situaciones de vulnerabilidad. Su experiencia sobre el terreno les permite identificar necesidades reales, acompañar procesos individuales complejos y generar vínculos de confianza con las personas afectadas, algo que difícilmente puede garantizarse desde intervenciones exclusivamente institucionales.
En cualquier caso, queremos llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer las actuales estructuras y ofrecer un mayor apoyo a los y las trabajadoras del sector, que están siendo sometidas a una presión y carga de trabajo que supera con creces lo aceptable. Esto implica dotarlas de recursos suficientes, asegurar marcos de colaboración estables y reconocer su capacidad de incidencia.
Reiteramos que el acceso a una vivienda digna y a condiciones de vida adecuadas no es un privilegio, sino un derecho fundamental. La gestión de la migración debe basarse en principios de humanidad, justicia social y respeto a los derechos humanos.
