Hemos presentado un informe sobre la acción sindical llevada a cabo en el ámbito de la vivienda en una comparecencia en la que han estado presentes varios inquilinos e inquilinas que están tomando parte en distintas iniciativas de lucha. En LAB consideramos necesaria la organización de los y las trabajadoras que tienen problemas con la vivienda y la lucha a favor de unas políticas que sean realmente eficaces.
El citado informe puede consultarse a continuación:
Reafirmándonos en que la mercantilización del derecho a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas principales para la clase trabajadora, en la presentación del informe que recoge lo que en LAB venimos haciendo en este sentido hemmos subrayado la importancia de la decisión que tomó en su día de extender el sindicalismo al ámbito de la vivienda. La coordinadora general Garbiñe Aranburu y el responsable de Acción Social Endika Pérez han tomado la palabra en la comparecencia en la que han estado acompañadas de inquilinos e inquilinas que están participando en diversas luchas.
“El derecho a la vivienda no está garantizado porque no se han hecho políticas públicas para ello”, ha expresado Aranburu, al tiempo que ha denunciado que “la función social de la vivienda se ha dejado de lado y ha pasado a estar en manos del mercado”. “El acceso a la vivienda se ha dificultado y se está convirtiendo en un problema de primer grado para cada vez más sectores de la clase trabajadora. El problema se está extendiendo y vemos a diario ejemplos de un modelo que es injusto y que aumenta las brechas de género, origen y edad”, puntualiza la coordinadora general.
Por todo ello, Aranburu ha querido mencionar las tareas del sindicalismo, entre las cuales identifica dos quehaceres principales: por un lado, la organización de los trabajadores y las trabajadoras que tienen problemas con la vivienda; por otro, la lucha por unas políticas de vivienda eficaces. Destaca dos claves para revertir la situación actual y garantizar el derecho a la vivienda: “Con la mirada puesta en el largo plazo, empezar a poner prioridades y tomar medidas concretas para dar solución a problemas urgentes” y “desligar la vivienda de la lógica de especulación del mercado”.
Sin embargo, Aranburu ha explicado que aunque los gobiernos actuales anuncian todo tipo de medidas y reconocen la emergencia habitacional, mantienen inalterable “la intención de obtener rédito económico”: “Es así como se legitima y se alimenta el rentismo, sin tomar medidas profundas dirigidas a garantizar este derecho básico y dejando desprotegidos y desprotegidas a los y las trabajadoras a las que se les niega el acceso a la vivienda”. Con ese objetivo tratan de reforzar una “idea interesada”, según la coordinadora general de LAB: “El desequilibrio existente entre oferta y demanda: un ejemplo claro de las políticas elaboradas a medida de las empresas constructoras”. Aranburu ha explicado que mediante el marco de la falta de oferta se promueve “un nuevo ciclo de construcción”, y denuncia que no se ha apostado suficientemente para ampliar el parque público y que, sin embargo se impulsa una política de subvenciones a caseros. “Necesitamos un cambio de rumbo”, ha concluido.
A continuación, el responsable de Acción Social Endika Pérez ha presentado el informe. Por una parte, ha desgranado los conflictos colectivos, es decir, las luchas llevadas a cabo por inquilinos e inquilinas de un mismo propietario. Ha mencionado, entre otros casos, la lucha de los y las inquilinas de tres portales contra la turistificación, que terminó en victoria, ya que se impidió que se puesieran pisos turísticos en el edificio. También ha mencionado la lucha que en estos momentos están llevando a cabo varias personas que residen en viviendas que han perdido ya o pronto perderán el carácter de Vivienda de Protección Oficial. Este problema afecta a 900 viviendas, y aunque cada caso tenga sus propias características, hay una base común: “Viviendas que fueron construidas y protegidas con dinero público ahora están en peligro de privatización. Han subido los precios de los alquileres y los y las inquilinas se encuentran en riesgo de desahucio”. En esa situación, estos inquilinos e inquilinas han aceptado la oferta del sindicato para organizarse y luchar, por lo que están defendiendo su derecho a la vivienda como sección sindical, “por sus viviendas, sí, pero también para bajar los precios en general y para reivindicar un modelo que ponga fin al negocio”, puntualiza Pérez.
Además de las relacionadas con la denominación de Vivienda de Protección Oficial, hay otras luchas colectivas en LAB, como la que organiza a inquilinos e inquilinas de Alquiler Seguro contra las prácticas y cláusulas abusivas que lleva a cabo esta empresa inmobiliaria y para recuperar el dinero que les han robado. La propuesta del sindicato es una huelga de alquileres, y ya son docenas los y las inquilinas que se han sumado a la campaña. El responsable de Acción Social ha querido denunciar en papel de estas agencias, ya que muchas veces se encuentran detrás de las subidas de precios y de las prácticas abusivas ejercidas por los propietarios: “Las prácticas de Alquiler Seguro tienen detrás un claro modelo de negocio: sacar el máximo beneficio posible de la vivienda. Muchos de los propietarios que se niegan a alargar contratos lo hacen por esa razón, lo cual deja totalmente desprotegidos y desprotegidas a los y las inquilinas y compromete su derecho a una vivienda digna”.
En LAB recibimos varias peticiones a las que atendemos por medio de consultas colectivas en Bilbo, Gasteiz, Iruñea Donostia y Debaldea. Muchos problemas concretos se convierten en conflictos sindicales, ya que se abre una vía de negociación con los caseros y una oportunidad de lograr acuerdos por medio de la activación de la acción sindical.
El 50% de los y las inquilinas que han activado esta acción sindical han sido personas migradas, un tercio de las cuales ha tenido problemas relacionados con habitaciones o con el padrón. Además en la mitad de los casos las protagonistas han sido mujeres*. “Más del 60% de los conflictos han sido con propietarios que ostentan menos de cinco viviendas, y en esas prácticas abusivas la influencia de las agencias inmobiliarias o administraciones de fincas ha jugado un papel decisivo”, ha explicado Endika Pérez, a lo que ha añadido que las situaciones que más se repiten son dos: por una parte, que no se devuelva la fianza o que el casero no abone los gastos de mantenimiento que le corresponden (estas situaciones suponen el 30% de los casos); por otra parte, que no se prolonguen los contratos y que se produzcan desahucios como consecuencia, ya sea porque el casero quiere ganar más dinero mediante nuevos inquilinos e inquilinas o porque quiere poner la casa en alquiler temporal. En nueve de esos casos, el o la inquilina ha decidido quedarse en la vivienda y se ha llegado a acuerdos mediante la apertura de negociaciones con el propietario, según ha detallado Pérez.
