LABLangile Abertzaleen Batzordeak

La plantilla de Laminaciones Arregui ha vuelto a secundar mayoritariamente el paro convocado hoy por la readmisión de los despedidos y el futuro de las plantas de Araba. Durante el mismo han acudido a concentrarse enfrente del Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz, ya que en los próximos días los trabajadores despedidos procederán a presentar las demandas judiciales y las papeletas de conciliación exigiendo su readmisión.

Mediante esta movilización, la plantilla ha querido denunciar la actitud de la empresa, que a finales de febrero procedió a despedir a 8 trabajadores, el límite para evitar la presentación de un procedimiento de despido colectivo, seguramente con la intención de evitar otro varapalo judicial.

Sin embargo, a pesar de esta maniobra, hemos de dejar claro que estos trabajadores han sido despedidos una y dos veces más, que participaron activamente en la huelga indefinida de 2012, por lo que fueron despedidos fulminantemente, y son afiliados de los sindicatos ELA y LAB. Se da la circunstancia además, de que varios de ellos se encontraban de baja en el momento del despido.

Todo ello nos lleva a una conclusión clara: la empresa vuelve a la senda de las imposiciones, de la persecución, del castigo a unas plantillas, las de Gasteiz y Urbina, que no se plegaron a sus recortes y despidos.

Ante eso, la plantilla se rebela y responde de manera firme, movilizándose también frente a los Juzgados de Gasteiz, pues vamos a reivindicar en todos los ámbitos la readmisión de los trabajadores despedidos, el mantenimiento del empleo y garantías de futuro para las plantas de Araba.

Los sindicatos LAB, ELA, CCOO, UGT, ESK, CGT, CNT, USO y todos los y las trabajadoras huelguistas del Metal de Bizkaia hemos convocado a los medios delante de este juzgado para denunciar lo siguiente:

Hoy, van a declarar en este juzgado tres trabajadores que decidieron hacer huelga y luchar por tener unas condiciones de trabajo y de vida dignas. Como todos y todas recordaréis, en el Metal de Bizkaia se realizaron 10 jornadas de huelga y numerosas movilizaciones. Como consecuencia de esa lucha, a día de hoy hay un total de 15 trabajadores y trabajadoras imputadas y numerosas multas y sanciones económicas, en algunos casos debido a la aplicación de la Ley Mordaza. Meses después de la última jornada de huelga siguen llegando nuevas imputaciones.

• Queremos denunciar que tras todas estas acusaciones (en algunos casos con peticiones de carcel) lo que se esconde es un intento de criminalizar el derecho a la huelga, de criminalizar cualquier intento de lucha en defensa de unas condiciones de trabajo y de vida dignas. Se pretende desprestigiar la lucha de todo un colectivo, de un sector, de unos trabajadores y trabajadoras que han llevado a cabo una lucha ejemplar.

También queremos decir alto y claro que este intento de criminalización es consecuencia de una decisión política. Una decisión de las instituciones de turno y especialmente del Gobierno Vasco con el Lehendakari Urkullu a la cabeza, que durante el conflicto no dudó en ponerse del lado de la patronal, como por ejemplo cuando mandó a la Ertzaintza a apalear a huelguistas, llegando estos a pegar, detener y denunciar a trabajadores y trabajadoras. Este uso absolutamente desproporcionado de la fuerza fue denunciado en una nota de prensa por los sindicatos convocantes de la huelga tras una manifestación realizada en Bilbo el 21 de junio. Entonces ya les dijimos al Gobierno Vasco y a FVEM que la vía policial y judicial no podía ser el camino. Sin embargo, hoy 11 de marzo nos encontramos con 15 imputados y no podemos descartar que pueda haber más.

Sin embargo no hemos visto al Lehendakari ni al Gobierno Vasco protegiendo y defendiendo a los y las trabajadoras del metal que han sido despedidos por hacer huelga, que han sido amenazados y amenazadas para no hacer huelga, junto con los y las trabajadoras que día sí y día también ven vulnerados sus derechos laborales y trabajan en la más absoluta precariedad, perdiendo la salud y en demasiados casos la vida. Tampoco vemos a empresarios y empresarias enfrentándose a juicios, con peticiones de cárcel, por vulneración de derechos como los que acabamos de citar. Actuan con total impunidad y esto es porque alguien se lo permite, porque todo el sistema se lo permite.

Defender los derechos de los y las trabajadoras, nuestros derechos, nunca va a ser delito. Por eso ni las denuncias, ni las multas ni ningún tipo de represión va a parar a los y las trabajadoras que deciden pelear por unas condiciones de trabajo y de vida dignas.