Con motivo de la mesa de negociación del servicio de limpieza de edificios y locales de Gipuzkoa, nos hemos concentrado en Donostia, dando continuidad así a las demandas de las huelgas del 21 y 22 de enero. Concretamente, nos hemos movilizado ante el centro de negociación para interpelar a la patronal Aspel.
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Ipar Euskal Herrian erabakitzea inoiz baino beharrezkoagoa dela aldarrikatu dugu Baionan, lan eta bizitza duinaren defentsan
Greba eguna deituta dago Frantziako Estatuan, Macronen Gobernuak pandemia egoera dela-eta hartutako neurriek dituzten ondorioak salatzeko; enpleguan, soldatetan, babes sozialean zein lan eta bizi baldintzetan eragindakoak. Sistemaren eraso berri honen aurrean, LABek argi du inoiz baino beharrezkoagoa dela Ipar Euskal Herrian bertan erabakitzea; tokiko negoziazio mahai bat sortzea, lurraldeko eragileekin benetako tokiko alternatibak eraikitzeko. Halaxe aldarrikatu dugu Baionako kaleetan, Lapurdiko hiriburuan deitutako mobilizazio bateratuan, non hainbat sektoretako langileak bildu diren: osasungintza, irakaskuntza, kultura eta funtzio publikokoak, besteren artean.
Hain zuzen ere, manifestazioan berretsi dugu egiazko arazoa ez dela koronabirusa, baizik eta Gobernu desberdinen hautuek eta erreformek egun behar ditugun zerbitzu publikoak suntsitu dituztela. Zerbitzu publiko indartsuak behar ditugu.
Eredu sozial eta ekonomiko zuzenago bat birpentsatu behar dugu, aberastasuna eta lana partekatuz, denok duintasunez eta osasun onean bizi ahal izateko. Beraien krisia ez dugulako ordainduko, LABetik lege berri bat proposatzen dugu justizia sozialean oinarritua, gure bizitza erdigunean jarriz.
Hauek dira gure aldarriak:
-Ikasle-estatutu erreala, gazteenei beren ikasketak jarraitzeko aukera emango diena, haiek diruztatzeko lanik egin gabe.
-Aberastasunaren eta lanaren banatzea, enplegu duina eta guztientzako gutxieneko diru-sarrera bermatzeko.
-Ohe irekitzeak ospitale publikoetan, eta osasunaren Segur berri bat, medikuntzako eta sozial arloko soldatapekoak integratuz.
-Hezkuntzan aurreikusitako lanpostuen ezabaketen ezeztatzea, eta soldaten eta baliabide errealen balioa handitzea hezkuntzako langile guztientzat.
-Lan baldintza duinak eta bermeak sektore pribatuko enpresetako langile guztientzat, batez ere enpresa txikietako langileentzat.
Hemos denunciado en el ayuntamiento de Donostia la presencia de residuos con amianto en Martutene
El pasado 30 de enero, un ciudadano denunció públicamente la existencia de un vertido de amianto en el camino de Larrañategi, en Martutene. Han pasado cinco días y las placas y tuberías de fibrocemento que hay en la zona aún no han sido retiradas, ni protegidas y señalizadas. Por ello, hemos interpuesto denuncia formal.
Hemos exigido la retirada inmediata de estos residuos, siempre a través de una empresa autorizada y realizando una gestión adecuada de los residuos, con todas las medidas de protección. Asimismo, hemos solicitado que se realicen las actuaciones necesarias para localizar a los responsables de dicho vertido. Si no se hace todo esto lo antes posible, pondremos la denuncia en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente de Gipuzkoa.
La denuncia es la siguiente:
Hemos denunciado en el Parlamento de Gasteiz, con el aval de 18.000 firmas, el cierre del servicio nocturno del Punto de Atención Continuada de Deustu
Los sindicatos, así como las trabajadoras y trabajadores del Punto de Atención Continuada (PAC) de Deustu nos hemos concentrado en el Parlamento de Gasteiz, donde hemos presentado más de 18.000 firmas recogidas contra la supresión del horario nocturno de ese servicio público.
Desde los sindicatos LAB, SATSE, ELA, CCOO, UGT, ESK y SME, así como las trabajadoras y trabajadores del PAC de Deustu, llevamos meses denunciando que la pandemia y la situación de confusión que en muchos momentos se ha derivado de la misma, está siendo la excusa perfecta para que Osakidetza aplique recortes en la asistencia sanitaria que ofrece. Tanto es así, que pese a la presión ejercida, ha decidido finalmente dar por cerrado el servicio nocturno que hasta el 1 de febrero de 2021 se ha venido prestando en el PAC de Deustu.
Estamos ante un nuevo recorte que lleva años en la hoja de ruta del Departamento de Salud y que se aplica ahora aprovechando la tormenta perfecta que ha supuesto la pandemia. Se trata de la eliminación de un servicio sanitario público esencial que dejará de ofrecerse a la ciudadanía, en este caso de Bilbo, y que además, tendrá graves consecuencias tanto para el paciente, como para el propio sistema sanitario público. Hay que recordar que los PAC (Puntos de Atención Continuada), son un nivel asistencial que atienden aquellas urgencias menos graves, que pudieran tornarse en graves, pero que requieren de atención, aunque no revistan tal entidad como para que sean atendidas por la urgencia hospitalaria.
Así, esta medida supone sobrecargar aun más las Urgencias Hospitalarias, las del Hospital de Basurto en este caso. Y si esto no fuera poco, ese colapso va a derviar la atención de patologías y situaciones que no corresponden a la urgencia hospitalaria, cuando por su carácter más leve, deberían ser atendidas en el propio PAC. Este hecho, además, va a producir las siguientes consecuencias lógicas:
· Aumento de la presencia de ciudadanas y ciudadanos en la sala de espera de las urgencias hospitalarias.
· Aumento, por tanto, del tiempo de espera a ser atendidas y atendidos, tendiendo a la saturación.
· Aumento del riesgo de exposición a la COVID-19, cuando todas las recomendaciones sanitarias indican lo contrario.
Es evidente que esta maniobra forma parte de una estrategia del Departamento de Salud y Osakidetza de reducir, e incluso eliminar, el servicio que prestan los PAC, ya que no es el primer PAC que cierra en su horario nocturno, y nos atrevemos a decir, que no será el último, si finalmente permitimos que esto suceda.
Dentro de todas las dinámicas llevadas a cabo para evitar el cierre de este servicio público, el pasado 28 de enero, diferentes agentes, entre ellos la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Bilbao, Osalde y Bilboko Elkartasun Sareak, presentaron una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, donde se solicitaba a la Corporación Municipal a que instara a Osakidetza y al Departamento de Salud a revertir el cierre del servicio de unrgencias presenciales del PAC de Deustu en horario de 0,00 a 8,00 horas. Esta moción fue rechazada; en su lugar, salió adelante la enmienda del propio Gobierno Municipal, compuesto por PNV y PSE, por la que se instaba a Osakidetza a analizar de forma pormenorizada el impacto que pudiera suponer la eliminación del servicio antes descrito, así como que se garantizara el mantenimiento de la cobertura sanitaria a las posibles personas usuarias del servicio; posición equidistante donde las haya.
Nos sumamos a las movilizaciones convocadas por la plataforma Zaldibar Argitu con motivo del aniversario del derrumbre del vertedero
El 6 de febrero de 2020 se derrumbó el vertedero de Verter Recycling en Zaldibar y desaparecieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán entre la basura. Tras 6 meses y 10 días desaparecido, se encontraron los restos de Alberto Sololuze. Desgraciadamente, un año después, Joaquín Beltrán aún sigue desaparecido.
Desde el principio hemos exigido encontrar a los trabajadores, pero esto no es suficiente. Es imprescindible aclarar las responsabilidades políticas y llegar hasta las últimas consecuencias, para asegurar que se conozca la verdad, que haya justicia y que no vuelva a ocurrir.
La catástrofe tiene claros responsables políticos
El sindicato LAB ha denunciado la gestión del vertedero en el momento del desprendimiento, pero también antes y después de la catástrofe. En la actividad de Verter Recycling, además de la falta de control y de multas, ha habido acumulación ilegal de amianto a lo largo de los años, que debían ser controladas caso por caso. El Gobierno y el departamento de Medio Ambiente tampoco hicieron nada entonces.
Verter Recycling tiene una responsabilidad directa sobre los trabajadores fallecidos y ante la actividad clientelar, opaca, no sostenible y peligrosa que durante años ha existido en el vertedero de Zaldibar.
En este caso, la responsabilidad no puede limitarse al ámbito privado, porque el ámbito público ha tenido la responsabilidad política sobre lo que estaba ocurriendo. Estos responsables tienen nombres, apellidos y responsabilidades políticas. El Gobierno Vasco dirigido por Iñigo Urkullu y el viceconsejero Iñaki Arriola son responsables directos de lo ocurrido en Zaldibar. Más aún, si tenemos en cuenta la relación directa que existe entre la empresa y diversos cargos políticos.
Entre los principales responsables, sin duda alguna, está también la patronal, incumpliendo la legislación vigente. Las enfermedades y/o muertes de estos trabajadores le salen baratas y mientras continúe así, nada va a cambiar. La privatización de la gestión de la basura y la falta de control público han convertido el actual modelo de gestión de residuos en un negocio en el que la patronal también saca beneficios a espaldas tanto de la clase trabajadora como de la naturaleza.
Ante esta trágica situación, no denunciar a la patronal ha convertido a la propia Administración pública en cómplice, ya que no adopta las medidas de vigilancia, control y protección necesarias para revertir la situación, para garantizar la vida y la salud de los trabajadores o para hacer la transición hacia un modelo de gestión de residuos sostenible.
¡Tenemos derecho a volver con vida del trabajo a casa!
En Euskal Herria en el año 2020 al menos 75 trabajadores y trabajadoras han perdido su vida en el trabajo. La crisis socio- económica que se ha acelerado en el contexto del Covid-19 no ha detenido la masacre de muertes. Al contrario, en el 2020 han aumentado un 65% los accidentes laborales mortales respecto al año 2019. Al menos 28 personas han muerto a causa del amianto. En cambio, desconocemos el número de trabajadoras y trabajadores muertos por Covid-19.
Los accidentes laborales no son hechos comunes de la vida, sino la consecuencia de un modelo económico concreto e impuesto. Lo ocurrido en Zaldibar es una clara muestra del sistema capitalista ecocida que se nutre de una gestión de residuos insostenible y destructiva. En este sentido, es de vital importancia que se depuren las responsabilidades sobre lo sucedido. Asimismo, la política de privatización llevada a cabo por las administraciones en materia de residuos debe ser denunciada, y los sectores económicos estratégicos deben ser públicos.
Esta situación se ha vuelto insufrible para la clase obrera. La violencia que sufren las y los trabajadores es un grave problema social, un grave problema estructural y es consecuencia directa de la política neoliberal que nos es impuesta. Los accidentes laborales son consecuencia de las malas condiciones de empleo y trabajo, de la precariedad (subcontratación, temporalidad, etc.) y de la falta de medidas de prevención y protección reales.
La prioridad de las políticas públicas, poner la vida de las trabajadoras en el centro
Hoy exigimos al Gobierno de Gasteiz el desarrollo de políticas públicas que pongan en el centro la vida y la salud de las y los trabajadores. Para ello, lo que hay que cambiar es el rumbo de las políticas actuales. Hay alternativas, nuevos modelos, mayoría ciudadana por el cambio, urgencia colectiva… lo que falta es voluntad política.
El 30 de enero del año pasado realizamos una huelga general reivindicando una vida, un trabajo y unas pensiones dignas, movilizando a miles de ciudadanas y la mayoría social de este pueblo. A lo largo de este año, con la crisis sanitaria, no se ha hecho más que acelerar la crisis estructural que venía de antes, visibilizando las crisis en diferentes ámbitos (cuidados, modelo educativo, relaciones laborales, sanidad, ecológica…).
La catástrofe del 6 de febrero de 2020 ha puesto de manifiesto que este modelo económico capitalista ecocida no es sostenible, sino que sólo aporta sufrimiento de muerte y es contrario con la vida de las personas. La gestión de residuos que quedó en evidencia en Zaldibar apesta. También en este ámbito, es hora de de transitar hacia un nuevo modelo.
Gracias a la iniciativa popular, estamos arrojando luz sobre Zaldibar
La respuesta de las y los trabajadores y de la ciudadanía es de aplaudir y agradecer: movilizaciones continuas, iniciativa ciudadana, acusación popular, organización de las y los trabajadores, haciendo propuestas… exigiendo garantías y responsabilidades para que no vuelva a ocurrir.
En el sindicato LAB seguiremos trabajando y luchando por la seguridad, la salud y las vidas de las y los trabajadores y en defensa de un nuevo modelo socio-económico sano y habitable para todas y todos. Seguiremos luchando para aclarar lo ocurrido en Zaldibar. En este sentido, nos sumamos a las movilizaciones convocadas por la plataforma Zaldibar Argituz el 6 de febrero e invitamos a todas las trabajadoras y trabajadores a participar en ellas.
– Zallan. En la Plaza. A las 12:45 ofrenda floral y a las 13:00 manifestación.
– Etxebarria. A las 13:00 frente a Olaia aurrean.
– Elgeta. A las 13:00 en la plaza.
– Markina-Xemein. A las 13:00.
– Zaldibar. A las 13:15 en la Plaza del Ayuntamiento.
– Eibar. A las 17:00 desde Untzaga.
– Ermua. A las 17:30 desde Zubiaurre.
Garbiñe Aranburuk adierazi du mobilizazio orokorragoak beharrezkoak direla enpleguaren arazoari erantzuteko
Aktualitateko gaiak hizpide izan ditu Garbiñe Aranburu idazkari nagusiak, Hamaika Telebistan egindako elkarrizketan. Hain zuzen ere, enpleguaren suntsiketaz, lan osasunaz, sistema publikoa indartzeko beharraz eta aurrekontuetaz aritu da, besteak beste. Gertatzen ari den enplegu galerari buruz, nabarmendu du beharrezkoa dela harresi sindikal eta sozial bat eraikitzea lanpostuen defentsan: «Enpleguaren arazoari, lekuz leku, enpresaz enpresa, erantzuteaz gain, mobilizazio orokorragoak eta zabalagoak beharrezkoak dira», azaldu du, eta LAB sindikatua bide hori lantzen ari dela azaldu du, eragileekin egingo dugun erronda aipatuta.
Lan heriotzak eguneroko ogia bilakatu dira, eta horren aurrean ere gogoeta egin du Garbiñe Aranburuk: «Heriotzen atzean prekarietatea dago, eta prebentzio neurriak ez betetzea. Lan heriotzak ekidin daitezke, indarkeria patronala da, eta instituzioen aldetik utzikeria dago, ez dutelako urratsik ematen istripu hauek saihesteko. Laneko gaixotasunak ez dituzte erregistratu ere egiten».
Zaintza sektorean eta Osakidetzan izandako grebak ardatz, zerbitzu publikoak indartzea ezinbestekoa dela azpimarratu du. Osasungintza publikoan agerian geratu da zein garrantzitsua den sistema publiko indartsu bat izatea. Osasungintzan murrizketak izan dira azken urteetan; osasun langileak egonkortasunik gabe daude lanean, lan karga handiarekin; babes neurriak borrokatu beharrean izan dira… Europako beste herrialdeekin alderatuz, inbertsio beretsua eskatzen dugu, eta EAErako aurkeztutako aurrekontuetan ez dugu ikusi”.
Zaintza arloko gatazkari buruz, salatu du langile hauei ez zaiela behar eta merezi duten aitortzarik ematen, ez politikoki, ez ekonomikoki, ezta sozialki ere, lan hauek emakumeek betetzen dituztelako. Zaintza negozio izatea onartezina dela kritikatu du: «Zaintzak ezin du pribatizatuta egon, sistema publiko baten bidez bermatu behar da. Egungo egoerak nahiko agerian utzi du gogoeta sakon bat egin behar dela, eztabaida sakon bat ireki behar dela guztion artean, zein nolako zaintza eredua nahi dugun erabakitzeko».
La destrucción de empleo vuelve a castigar con más intensidad a la juventud
El inicio del año ha coincidido con el agravamiento de la crisis sanitaria y el impacto de la tercera ola, lo que se ha traducido en nuevas restricciones y más destrucción de empleo.
Según los Servicios Públicos de Empleo, el paro registrado en Hego Euskal Herria durante el mes de enero aumentó en 2.578 personas, la mayoría de ellas mujeres. Sin embargo, estos datos no reflejan fielmente la magnitud del destrozo laboral acaecido tras las Navidades.
De hecho, el balance mensual de la Seguridad Social revela la pérdida de 10.925 puestos de trabajo en un solo mes. Al menos ésta es la conclusión que se extrae de la evolución del número de personas afiliadas al sistema.
Por otro lado, en términos interanuales el paro registrado suma 20.934 personas más que hace un año (cifra similar a la caída de afiliación).
Además, la destrucción de empleo está castigando con más intensidad a la juventud, dado que se trata de un colectivo especialmente expuesto a relaciones laborales de carácter temporal y muy precarias. En concreto, el número jóvenes en paro se ha disparado un 37%.
El descontrol de los contagios está retrasando la recuperación y pone en jaque la posibilidad de una salida temprana de la crisis. Además, a medida que la situación de emergencia se alarga aumenta el riesgo de que la resignación se convierta en indiferencia e insolidaridad.
La mejor forma de evitar que esta peligrosa tendencia se extienda y termine siendo dominante es reforzando los sistemas de protección social frente al aumento del paro y las desigualdades. No es el momento de reducir los esfuerzos en la lucha contra la pobreza.
El fortalecimiento del pilar social es una parte fundamental e imprescindible de la solución; sin embargo, resultará insuficiente ante el progresivo deterioro de la situación financiera que atraviesa un número de empresas cada vez más considerable.
El alargamiento de la crisis amenaza con convertir los crecientes problemas de liquidez en insolvencia definitiva, sobre todo para las empresas más afectadas por la crisis y con menor “músculo financiero”.
En este sentido conviene recordar que más del 80% del empleo se concentra en microempresas y PYMEs. Y somos conscientes de que una mayor destrucción de tejido productivo inmediatamente daría lugar a una avalancha de despidos.
Hemos iniciado una campaña por un convenio navarro para las residencias de mayores, con una movilización el 27 de febrero en Iruñea
Tras la consecución del primer convenio de Intervención Social, ámbito hasta ahora regulado por un convenio estatal, el sindicato LAB se ha marcado como objetivo la creación del primer convenio navarro de residencias de mayores, un sector totalmente feminizado cuya situación es extremadamente grave como consecuencia de la privatización, la precarización y la falta de medios. En la búsqueda de ese objetivo, LAB contactará con sindicatos, personas usuarias y familiares, así como con el Gobierno de Navarra; y llevará a cabo una movilización en Pamplona el 27 de febrero.
Si bien la creación de nuevos convenios no es algo frecuente -en Navarra se han creado tres en veinte años-, LAB considera que la grave situación que se vive en las residencias y el impulso que supone la mencionada creación del convenio de Intervención Social hacen necesario y posible abordar este reto.
La situación en las residencias navarras, un sector donde la gran mayoría de la plantilla está formada por mujeres, es extremadamente grave como consecuencia de la privatización, la precarización y la falta de medios. Esta situación denota la dejadez institucional respecto al ámbito de los cuidados, un ámbito fundamental que debe reorganizarse y priorizarse. La creación de un sistema público comunitario de cuidados, demandado tanto desde el ámbito sindical como desde el movimiento feminista y de pensionistas, es un reto estratégico para la sociedad navarra.
El convenio propio supondría dos pasos importantes. Por una parte, este ámbito de negociación se traería a Navarra, por lo que la plantilla de las residencias y sus representantes ganarían el derecho a participar directamente en la regulación de sus condiciones laborales. Por otra parte, tal y como ha sucedido en Intervención Social, supondría una mejora sustancial de las condiciones laborales del sector. Se ha demostrado que ambos pasos van de la mano: la estatalización de las condiciones laborales es una vía de precarización, mientras que avanzar en un marco propio de negociación colectiva es una gran oportunidad para dignificarlas.
La comparativa entre las condiciones laborales de las personas trabajadoras de residencias de la tercera edad a las que se les aplica el convenio estatal, con las del recientemente renovado convenio navarro de centros de atención a personas con discapacidad es muy significativa. Si bien las características del trabajo que se realiza en estos dos ámbitos es bastante similar, una cuidadora de residencias de mayores, con una antigüedad de 11 años en la empresa, estaría cobrando 653,13€ menos, y estaría trabajando 32 días más al año que una cuidadora de un centro de atención a personas con discapacidad.
LAB considera que el convenio provincial de residencias de tercera edad es una de las tres medidas estructurales necesarias para hacer frente a la grave situación que se vive en las residencias navarras. Las otras dos medidas consistirían en una ley de ratios que alivie verdaderamente las cargas de trabajo y mejore la atención que reciben los y las residentes, y un plan de publificación, ya que actualmente el Gobierno de Navarra gestiona directamente solamente 2 residencias de mayores en Navarra: El Vergel de Iruñea y Santo Domingo de Lizarra, mientras que concierta plazas con un total de 42 residencias y centros de día, la gran mayoría de gestión privada.
Desde LAB vamos a realizar una campaña informativa en las residencias de Navarra que culminará con una movilización en Pamplona el 27 de febrero. Así mismo, nos vamos a poner en contacto con todos los sindicatos con representación en el sector, con personas usuarias y familiares, así como con el Gobierno de Navarra para buscar acuerdos que posibiliten la creación del convenio navarro de residencias en esta legislatura.
Consideramos que al tratarse de un servicio público esencial, concertado en parte por el Gobierno de Navarra, éste y el Parlamento de Navarra deben implicarse directamente para la consecución del convenio navarro de residencias de mayores, tal y como lo hicieron en la creación del convenio de Intervención Social y en la renovación, con notables avances, del convenio de centros para la atención a la discapacidad.