2025-12-22
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LAB no participará en la reunión de la mesa de segregación que se celebrará mañana argumentando que El Gobierno Vasco quiere imponernos la defensa de la Ley de Educación

A pesar de que en la tercera reunión se trabajaron los principios y valores para hacer frente a la segregación, el Gobierno Vasco ha rechazado los contenidos trabajados por los agentes y ha presentado como conclusión de la fase 2 los principios que recoge la Ley de Educación.

Mañana se celebrará en Gasteiz la cuarta reunión de la Mesa de Segregación. En ella, el Departamento de Educación dará por finalizada la fase 2 y comenzará la fase 3 de definición de las líneas de trabajo y proyectos que se desarrollarán para hacer frente a la segregación escolar.

Como recordamos y denunciamos el 12 de noviembre, el Departamento de Educación aprobó de forma unilateral el documento de diagnóstico de segregación. Pues bien, en esta ocasión, también ha cerrado unilateralmente la fase de principios, pretendiendo el Gobierno Vasco imponer a los agentes educativos la defensa de la Ley de Educación. En este caso, además, sin ningún pudor, ha rechazado totalmente las aportaciones que los agentes que participamos en la mesa el 12 de noviembre hicimos a la elaboración de los principios y valores para hacer frente a la segregación y ha presentado como conclusión los principios de la Ley de Educación.

El único objetivo del Gobierno Vasco ha sido visualizar la participación de los agentes en la mesa. De hecho, como consecuencia de la crítica a la metodología por parte de muchos agentes en la segunda reunión de la mesa de segregación, actuando de manera improvisada cambiaron totalmente la metodología, planteando en la última reunión una metodología que tenía como único objetivo participar.

Sin embargo, aunque cambiaron la metodología y los agentes expusimos y debatimos nuestras propuestas en grupos pequeños, el resultado ha sido otro, la imposición unilateral de principios y valores. Parece que los contenidos no importaban. La intención del Gobierno Vasco ha sido sin entrar en el meollo de la segregación escolar vendernos a los agentes la Ley de Educación que aprobaron PNV y PSE.

LAB ha llevado a la mesa las propuestas que presentó públicamente, el decálogo de medidas contra la segregación escolar, que hoy por hoy, sin ningún tipo de debate, se han ocultado maliciosamente y rechazado.

Por lo tanto, ante esta actitud unilateral del Gobierno Vasco LAB ha decidido no participar en la reunión de mañana. De hecho, seguramente el Departamento de Educación anunciará como resultado de la reunión de mañana que la fase 2, de principios y valores, se ha cerrado y finalizado poniendo el foco en los principios que recoge la Ley de Educación. En esta situación donde LAB está haciendo aportaciones en la mesa, no va a permitir que además de que se excluyan unilateralmente sus aportaciones, el Gobierno Vasco imponga maliciosamente su relato. 

De nuevo, exigimos al Gobierno Vasco que deje las apariencias y aborde el tema en profundidad con los y las representantes de las personas trabajadoras, llevando a las mesas de negociación los principios y medidas concretas para hacer frente a la segregación. 

LAB ha participado en el congreso de la central sindical chipriota PEO

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, se ha sumado a la reivindicación de unidad y autodeterminación de Chipre en en el congreso de la central sindical afiliada a la Federación Sindical Mundial. Además, ha destacado la necesidad de que los sindicatos se acerquena las y los trabajadores y a los sectores más precarios y de establecer alianzas con los movimientos sociales.

Los días 4 y 5 de diciembre la central sindical PEO ha celebrado su congreso en Nicosia. Fundado en 1941, el PEO es la principal central sindical de Chipre y tiene gran importancia en la Federación Sindical Mundial, FSM, a la que pertenece LAB: el antiguo secretario general del PEO, Pambis Kyritsis, es el actual jefe del FSM y la oficina central de este organismo internacional está ubicada en Nicosia.

El congreso ha contado con la presencia de invitados internacionales de países como China, India, Palestina, Grecia, Italia, Portugal y Galicia. En representación de Euskal Herria, ha participado el coordinador general de LAB, Igor Arroyo. LAB y PEO mantienen una estrecha relación desde hace tiempo y, aunque cada uno tenga su propia realidad, comparten muchos criterios en cuanto a la estrategia sindical.

En el congreso, en el que han participado 500 representantes del PEO, se ha reelegido a Sotiroula Charalambous como secretario general, quien, junto a la lucha de clases por las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, ha reivindicado la unidad y la autodeterminación de Chipre. Desde que Turquía tomó el norte por armas en 1974, la isla está partida por la mitad. El PEO reivindica un Estado confederal soberano que permita la convivencia de las dos principales comunidades de cultura griega y turca presentes en la isla. Muestra del apoyo que la reivindicación de la unidad tiene entre las y lo trabajadores chipriotas es que haya estado presente y haya tomado la palabra en el congreso DEV-IS, que representa a los sindicatos turco-chipriotas.

En la conferencia internacional celebrada en vísperas del congreso, Igor Arroyo ha intervenido en nombre de LAB. Arroyo ha afirmado que LAB siente cerca la reivindicación de unidad y soberanía de Chipre, ya que en Euskal Herria también existe una frontera que no es fruto de la voluntad popular, sino de la decisión de potencias externas. Asimismo, ha destacado dos ideas para reforzar la lucha de clases: por un lado, el intento de acercar los sindicatos a las y los trabajadores, especialmente a los sectores más precarios; por otro, la importancia de colaborar con movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo o el antirracismo, creando amplias alianzas que hagan frente al auge del fascismo. 

La pretensión de llevar la Ley de Empleo Público al Tribunal Constitucional español supone un agravamiento de la ofensiva judicial contra el euskera

En contra de la opinión de la sociedad vasca y de la mayoría de los empleados públicos, la resolución podría prohibir situar el euskera al mismo nivel que el castellano y que el euskera pueda salir de la situación subsidiaria secundaria. LAB llama a la ciudadanía y a las y a los trabajadores a movilizarse en favor del derecho a que el euskera sea lengua de servicio y trabajo, y a participar en las movilizaciones que la mayoría sindical celebrará el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional español la Ley de Empleo Público Vasco, con la excusa del recurso interpuesto por el PP y VOX al decreto de desarrollo de dicha ley.

Es muy sospechosa la casualidad de que el anuncio de llevar esta ley al Tribunal Constitucional se produzca cuando en el Parlamento Vasco se ha abierto un proceso de debate para modificar la citada ley y blindar la euskaldunización de la administración. Precisamente cuando ya haya transcurrido un año y medio desde la aprobación del decreto utilizado como excusa y la introducción de los recursos contra el mismo. Más que por los tiempos ritmos de los juzgados, parecería que los jueces que han tomado esta decisión lo han hecho guiados por una pulsión política; una vez más, la pulsión de hacer política lingüística desde los juzgados. De hecho, en estos cinco años de ofensiva judicial contra el euskera y con cerca de un centenar de sentencias y resoluciones judiciales los jueces han demostrado reiteradamente su pulsión por hacer política lingüística, yendo más allá de sus competencias, por encima y subyugando la legítima representación parlamentaria obtenida en elecciones y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, imponiendo así los jueces su ideología política.

Tampoco es casual que los autores de los recursos que han puesto en marcha este procedimiento sean el PP y Vox, además de resultar muy elocuente. Los promotores y defensores de la ofensiva judicial han insistido en que quienes han interpuesto recursos ante los juzgados eran «humildes trabajadores en situación precaria», que se trataba de recursos incorporados a una convocatoria laboral que afectaba a su situación concreta. Ha habido casos concretos de este tipo, pero solo en una pequeña proporción. En cambio, los autores de muchos otros recursos han sido personas, sindicatos y partidos que no tenían relación directa con el caso. ¿Alguien defenderá que, cuando PP y Vox interponen recursos, lo hacen en defensa de los intereses de las y los humildes trabajadores precarios? Los sindicatos y partidos progresistas que dicen defender los intereses de estas trabajadoras y trabajadores y la euskaldunización de la administración, tienen la oportunidad de denunciar esta iniciativa de PP y Vox y, de una vez por todas, proteger el derecho de los trabajadores a trabajar en la Administración y el derecho de la ciudadanía ser atendida en euskera.

Esta decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco supone elevar a otro nivel la acción político-judicial contra la euskaldunización de la administración. Si el Constitucional dictara una resolución contraria a la imposición de perfiles lingüísticos en euskera a todos los puestos públicos, comprometería la euskaldunización de toda la administración pública vasca. Antes que nada, el Tribunal Constitucional español no resolverá que en todos los puestos públicos, explícita o implícitamente, el conocimiento del castellano deberá ser obligatorio. El castellano ya es obligatorio y el euskera una opción, una imposición que no van a cuestionar. Pero, más allá de eso, la resolución podría limitar totalmente la necesidad de que todo el personal público sea euskaldún y pueda trabajar en euskera en la función pública. Es decir, en contra de la opinión de la sociedad vasca y de la mayoría del personal público, podría prohibir situar el euskera al mismo nivel que el castellano, y prohibir que el euskera pueda salir de la situación subsidiaria y secundaria.

Por eso, sin esperar a la resolución del Constitucional, porque se vulnera el derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera en la administración y el derecho del personal público a poder trabajar en euskera, LAB hace un llamamiento a la ciudadanía y a las y los trabajadores a seguir movilizándose en defensa de sus derechos. En concreto, hace un llamamiento a impulsar las movilizaciones que la mayoría sindical vasca ha convocado en la administración pública para las próximas semanas y meses: el 16 de diciembre en Iruñea y el 17 en Gasteiz. 

LAB denuncia de forma rotunda que hayan dejado a 111 personas en la calle en el barrio de Martutene de Donostia

LAB recuerda que toda la ciudadanía tiene derecho a tener una vida que merezca ser vivida, y ha reclamado a las instituciones que lo garanticen, además de realizar un llamamiento a organizarse a favor de ello. Ha realizado un llamamiento a las y los trabajadores a participar en la movilización que se realizará en la tarde de hoy en Donostia. 

LAB está viviendo con preocupación las crecientes actitudes xenófobas y racistas que estamos viendo en nuestras calles y quiere condenar firmemente la decisión político-institucional que ha dejado en la calle a 111 personas en el barrio donostiarra de Martutene. Aunque el desahucio estaba anunciado para febrero de 2026, han decidido llevarlo a cabo hoy mismo, sin garantizar ninguna solución justa a quienes sobrevivían en ese mismo edificio.

En Donostia son más de 500 las personas obligadas a sobrevivir en situación de calle, y la única opción que les ofrece el Ayuntamiento de Donostia es disponer de techo por cinco días cada tres meses. 

LAB también quiere denunciar el protocolo vigente contra el frío y exige que el Albergue Juvenil Ondarreta, conocido como La Sirena, que dispone de 100 plazas, permanezca abierto a diario durante todo el año.

Además de ser el momento de realizar una reflexión en profundidad, es hora de crear y alimentar, a través de espacios de organización y lucha, proyectos plurales basados en la interculturalidad. Es hora de crear redes de conocimiento mutuo, establecer objetivos comunes y hacer frente a la invisibilidad con proyectos compartidos y salir a la calle.

La supuesta inseguridad ha contaminado el discurso de la mayoría de los opinadores del entorno que, lejos de impulsar una actitud a favor de unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, hace tiempo que han optado por poner en el punto de mira a sus vecinas y vecinos más necesitados. Vincular migración y delincuencia es un ejercicio miserable de hipocresía, con un claro objetivo de eludir la realidad y alimentar la aporofobia, la xenofobia, el clasismo y el racismo, basándose en una estrategia orientada a dar paso a una guerra entre pobres y dejar intactos los privilegios. Sin embargo, nunca podremos hablar de seguridad real si no garantizamos el derecho a una vida que merezca ser vivida de quienes vivimos aquí.

Es sabido que la extrema derecha, que está experimentando una situación de auge, quiere promover una cultura del miedo para impulsar su proyecto criminal, y LAB quiere mostrar su firme compromiso de enseñar los dientes a ese perverso proyecto y revertir la situación.

Las redes de apoyo mutuo, las luchas compartidas, los vínculos de solidaridad y acción mutua entre las y los trabajadores son imprescindibles. Es el momento de la autodefensa y de crear fuertes alianzas. Junto a ello, queremos denunciar la irresponsabilidad de las instituciones y recordar la responsabilidad política que tienen, ya que son las que cuentan con recursos para revertir la situación. Ha llegado el momento de dejar la autocomplacencia a un lado y abordar el asunto en su conjunto. 

Por todo ello, LAB se suma a la manifestación convocada por diferentes agentes que partirá a las 19:00 horas desde el Juzgado de Egia en Donostia y realiza un llamamiento a la participación de todos los trabajadores y trabajadoras de Donostia. Asimismo, exige que las y los detenidos sean liberados cuanto antes. 

Gobierno Vasco: ¡garantiza la financiación necesaria para la universidad pública! Partidos políticos del Parlamento: ¡defended firmemente la EHU!

El paro y la concentración de hoy son la cuarta de las movilizaciones llevadas a cabo esta semana en los campus de la EHU, y dan continuidad a la reivindicación de conseguir los recursos suficientes para la universidad pública.

De hecho, cuando en el Parlamento Vasco están a punto de cerrarse los presupuestos de 2026 de la CAPV, es imprescindible poner de nuevo de manifiesto la falta de financiación de la EHU y exigir a todos los partidos políticos y, especialmente, al Gobierno Vasco, que adopten medidas claras en favor de la universidad pública.

Con ese objetivo, durante estos últimos meses hemos promovido varias iniciativas. En la misma línea, el 20 de noviembre el propio Claustro de la EHU aprobó un manifiesto denunciando la infrafinanciación de la universidad pública y exigiendo al Gobierno Vasco un incremento significativo de los recursos destinados a la EHU.

Durante esta semana hemos realizado paros y concentraciones en todos los campus: el lunes en Leioa, el martes en Donostia, el miércoles en Gasteiz y hoy en Bilbao. Con la movilización de hoy ponemos fin a las movilizaciones de estos cuatro días, y lo hacemos deliberadamente frente al Gobierno Vasco. Porque es precisamente el Gobierno Vasco quien debe garantizar los recursos suficientes para que la EHU pueda ofrecer un servicio público de calidad y responder a las necesidades y desafíos que enfrenta la sociedad vasca en múltiples ámbitos.

Sin embargo, lo que estamos viendo es que las universidades privadas reciben cada vez más facilidades y recursos por parte de las instituciones, promoviendo un modelo elitista de educación universitaria y fomentando un abandono interesado de la universidad pública. Mientras tanto, la EHU sigue ofreciendo el mejor servicio posible gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras, pero necesita mucha más inversión para desarrollar plenamente sus funciones y garantizar unas condiciones laborales adecuadas para toda su plantilla.

A pesar de ello, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación sigue negando muchas de las evidentes necesidades de la EHU, utilizando los datos que le convienen y ocultando los que no. Incluso ha llegado a insinuar que el personal docente e investigador está suficientemente bien pagado, en un intento de desviar la atención ante el incumplimiento por parte del Gobierno Vasco de su obligación legal con el personal de la EHU. El ejemplo más claro lo tenemos en los complementos salariales.

En nuestras reivindicaciones, también hemos pedido al equipo rectoral una postura firme en defensa de la EHU para lograr la financiación que necesita.

Durante estos días de movilización, la participación de los trabajadores y trabajadoras de la EHU ha sido muy amplia, transmitiendo de manera clara a la sociedad que la financiación de la universidad pública es un problema grave y que, de un modo u otro, más pronto o más tarde, tendrá consecuencias en muchos ámbitos de la sociedad.

Hemos recordado, una vez más, que seguimos muy lejos del 1 % del PIB marcado por la LOSU como objetivo para 2030, permaneciendo todavía en el 0,42 % del PIB de la CAPV.

También hemos señalado que los sueldos base del personal docente e investigador son inferiores a los de educación secundaria; que desde 2008 el profesorado ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 24,3 %; que los complementos creados en 2006 para dignificar los salarios llevan congelados desde entonces; y que la promoción profesional es un derecho que debe garantizarse.

Hemos denunciado situaciones de precariedad lamentables: el profesorado con dedicación parcial cobra entre 400 y 800 euros, y no se reconoce gran parte del trabajo que realiza.

Además, las condiciones laborales del personal docente e investigador no son atractivas, y cada vez quedan más plazas nuevas sin cubrir, convirtiéndose en un problema grave la falta de relevo en algunos ámbitos.

El Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 18,2 % en los últimos 15 años, y en muchos servicios y unidades es cada vez más difícil cubrir sustituciones.

La ratio PDI/PTGAS sigue siendo la más alta entre las universidades públicas del Estado y mucho mayor que la de la mayoría de los países europeos.

También es imprescindible incrementar la inversión en edificios, mantenimiento y en el equipamiento de departamentos y servicios.

Los sindicatos seguiremos firmes en la defensa de la universidad pública y de su personal.

¡Garantizad la financiación necesaria para la EHU!
LAB – STEILAS – ELA – CGT-LKN

Condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora de Navarra: una de cada dos navarras sigue viviendo en situación de precariedad

En Navarra el salario medio ha subido en el último año, pero tanto las desigualdades sociales como las situaciones de pobreza están aumentando. Por tanto, la riqueza que se genera se distribuye de forma cada vez más desequilibrada, acentuando las diferencias dentro del territorio. Así lo ha corroborado el estudio Ikusmiran 22, análisis sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras en Navarra.

El informe, elaborado por la Fundación Ipar Hegoa en el contexto del Día de Navarra y en relación al debate sobre la situación del territorio, ha sido presentado hoy en Pamplona por el miembro de la fundación, Gorka Vidal, y el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera. Ambos consideran imprescindible un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para acceder a condiciones que garanticen una vida digna.

La intención de este estudio es ofrecer la fotografía más completa posible de la realidad, sin perder la perspectiva que tenemos como pueblo. El sindicato LAB ha definido objetivamente la situación real, pero no para quedarse en su mera valoración, sino para hacer más influyente y eficaz su acción socio-sindical, siempre a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Principales conclusiones del estudio: se confirman las tendencias de los informes de 2022 y 2024.

PRIMERA. Se puede decir que la mitad de la población de Navarra vive en una situación de precariedad económica, con toda la gravedad que supone.

El 48% de la población de entre 25 y 64 años vive sin ingresos suficientes para mantener una vida digna, a pesar de tener empleo. Las condiciones laborales del empleo destruido no se están recuperando y el empleo que se está creando presenta condiciones cada vez más inestables y precarias. También destaca que el 38% de los pensionistas percibe una pensión inferior al actual Salario Mínimo Interprofesional, aunque este límite se encuentra muy por debajo del mínimo para vivir dignamente. Solo estos dos datos representan de manera clara lo profundo de la expansión de la precariedad.

SEGUNDA. Esta extensión de la precariedad afecta a la mayoría de la población y está suponiendo un aumento de las desigualdades sociales y económicas. En Navarra, todos los índices que miden las desigualdades sociales están en los valores más altos de los últimos años.

El 17,9% de los habitantes de Navarra están en riesgo de pobreza. Estamos hablando de 115,728 navarros y navarras. Las políticas públicas no han conseguido frenar y revertir esta tendencia. Por el contrario, el riesgo de pobreza y la desigualdad social están creciendo.

TERCERA. El derecho a la vivienda, cada vez más lejos de ser un derecho. De hecho, junto con el proceso de empeoramiento de las condiciones de trabajo y la situación de inestabilidad, la vivienda es la variable que más influye en la precariedad de los trabajadores y trabajadoras, algo que debería ser un derecho de toda la ciudadanía, se ha convertido en negocio y beneficio de unos pocos.

En Navarra, en la actualidad, son los empresarios de la CEN —los mismos que reniegan del sector público— quienes marcan la agenda de las políticas públicas del Gobierno. El Plan de Empleo suscrito este año por el Gobierno con CEN, UGT y CCOO es un claro ejemplo de ello. Los empresarios han impuesto sus prioridades. Y, cuando los empresarios determinan la dirección y pormenores del camino a recorrer, cuando el Gobierno opta de forma partidista y corporativa por unos actores concretos, pierde la mayoría social. Eso es exactamente lo que está pasando.

Un trabajador ha fallecido este martes en las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate, 25 trabajadores han muerto en el trabajo en Navarra. Todas ellas son víctimas de la precariedad, 8 muertes más que el año pasado. Sin embargo, en una situación generalizada y objetiva de incumplimiento empresarial de las normas de prevención de las empresas, los empresarios han arrastrado al Gobierno para centrar el debate en el absentismo, cuando ellos son los responsables directos de que 25 trabajadores se vayan de sus puestos de trabajo para siempre.

En cuanto a la fiscalidad, los empresarios no pagan lo suficiente. Son unos privilegiados. Sin embargo, la derecha y la patronal alegan falta de atractivo fiscal. Pero no es cierto, el atractivo existe, porque los trabajadores y trabajadoras de la industria y del mercado laboral son más que nunca. Pero algunos están aumentando la riqueza a costa de los trabajadores y trabajadoras. Lo cierto es que no se puede permitir que los empresarios se enriquezcan así, porque la patronal se lleva las empresas a lugares donde simplemente le resulta más fácil acumular mayor riqueza. LAB, mediante la lucha y acción sindical, utiliza esa riqueza para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, y el Gobierno, a través de los impuestos, tiene que repartir esa riqueza de una manera justa. En Navarra, sobre todo en la industria, ha aumentado el número de navarros y navarras en Expedientes de Regularización de Empleo y los cierres que se han producido han tenido como objetivo aumentar la riqueza patronal.

Sin embargo, el Gobierno, una vez más, ha dado la espalda a la mayoría sindical para centrarse en los empresarios. «Cada euro que se queda en el bolsillo de quienes más lo necesitan es una apuesta por la igualdad de oportunidades». Esta frase no es buena ni adecuada: todos y todas tenemos que aportar, y la mejor manera de hacerlo es reforzar la progresividad de las aportaciones para conseguir la igualdad. Los servicios públicos de Navarra se construyen con las aportaciones de todos y todas, imprescindibles para garantizar la igualdad de oportunidades. A partir de 2010, la recaudación con respecto al PIB a través del Impuesto de Sociedades se sitúa muy por debajo de la media de la Unión Europea.

Por lo tanto, las conclusiones son claras y chocan con el análisis de la situación en torno al territorio que dibuja el Gobierno de Navarra. Cada uno se compara con las referencias que quiere. El Gobierno de Navarra siempre pone a Navarra mirando a España, diciendo que es la comunidad autónoma con mayor calidad de vida. La realidad le pasa por encima: uno de cada dos navarros y navarras vive en situación de precariedad y las bases del empleo son cada vez más inestables. El crecimiento económico está dejando atrás a miles de navarros.

A pesar del aumento de los salarios medios, la riqueza que se genera se distribuye de manera cada vez más desequilibrada, aumentando la brecha entre las rentas del trabajo y las del capital. Las brechas salariales siguen siendo un problema estructural. El incremento del salario medio no ha supuesto el fin de las brechas ni el descenso de las mismas. Mientras que los salarios más altos siguen una marcada tendencia al alza, el salario de los jóvenes y las mujeres no aumenta en la misma proporción. Si bien la brecha de género afecta a todos los salarios, las brechas salariales por edad, origen o tipo de contrato son estructurales. Hay una tendencia a perpetuar estas opresiones sistémicas.

El Gobierno de Navarra, nervioso, por orden de CEN, UGT y CCOO, y atendiendo solo a sus intereses, ha dado la espalda a la reivindicación del Salario Mínimo Interprofesional propio para Navarra. Ante las negativas, LAB responderá con iniciativa y lucha sindical, reforzando la dinámica de movilización y promoviendo respuestas generales que incluyan a todos los trabajadores y trabajadoras. Provocando políticas públicas y cambios a favor de los trabajadores navarros y navarras. Con la intención de poner fin a la tendencia que está rompiendo el equilibrio y acentuando la desigualdad que afecta directamente a la cohesión social en nuestro territorio. Para que los trabajadores y trabajadoras de Navarra para trabajen aquí, para decidir aquí las condiciones laborales, para tener aquí una vida digna.

Trabajadoras y trabajadores de los Centros Especiales de Empleo denuncian ante el Gobierno Vasco el negocio que realizan empresas y administraciones con trabajadores con diversidad funcional

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK se han movilizado en Bilbo. Han interpelado a la administración pública y han exigido que mejore las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores del sector.

El pasado curso, los sindicatos convocaron una mesa negociadora en la Comunidad Autónoma Vasca para lograr el primer convenio laboral para las y los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo. Ante esta convocatoria, las patronales del sector —ELHABE, Berezilan, Connace, Feacem y Confebask— mostraron su negativa, cerrando la puerta a la negociación del convenio.

Los representantes sindicales, sin embargo, siguen apostando por el reconocimiento institucional y la lucha por el convenio y, por ello, denunciarán jurídicamente a las patronales. Las empresas que operan en el sector se nutren de dinero público a través de ayudas económicas y diversas licitaciones, pero no priorizan las reivindicaciones de las y los trabajadores con diversidad funcional ni cuestionan su situación de precariedad.

Por el contrario, aceptan el modelo actual y no garantizan unas condiciones laborales mínimas: salarios ligados al salario mínimo interprofesional, excesos de jornada, un modelo de salud laboral privatizado que no tiene en cuenta la diversidad funcional de las y los trabajadores… Dicen que son empresas que apuestan por la inclusión social y la creación de empleo protegido, pero realmente están haciendo negocio con las y los trabajadores, aprovechándose de su fuerza laboral y de dinero público.

La administración pública tiene una gran responsabilidad en esta situación, ya que es impulsora y protectora del modelo que precariza a las y los trabajadores. Además, la administración no hace nada por integrar a las y los trabajadores con diversidad funcional en las empresas ordinarias, perpetuando el modelo actual. Por ello, los sindicatos convocantes de la movilización de hoy, además de instar al Gobierno Vasco y a las patronales del sector a realizar una reflexión y transformación en torno al modelo, han realizado las siguientes reivindicaciones para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector:

  1. Salario mínimo de 21.000 €: 1.500 € en 14 pagas.
  2. 1.592 horas de trabajo por año, eliminando la flexibilidad y sin que se pueda interrumpir la actividad más de una vez.
  3. Enfermedad complementaria del 100 %.
  4. Eliminar las mutuas.
  5. Regulación de los contratos de fomento y prohibición de los contratos de bajo rendimiento.
  6. Derecho a un contrato de relevo.
  7. Planes de euskaldunización e igualdad en todas las empresas.
  8. Derecho a la subrogación.
  9. Obligación de aplicar el convenio sectorial en las empresas con ánimo de lucro, respetando siempre las mejores condiciones.
  10. Reivindicaciones políticas: obligatoriedad de acceso al empleo ordinario de los equipos multidisciplinares en todas las empresas, y sanciones a las empresas que no lo cumplan.

Para luchar por todas estas reivindicaciones, el 14 de marzo los sindicatos convocantes quieren llevar a cabo una movilización multitudinaria.

Hemos trasladado públicamente cuál es la situación actual de la negociación del primer convenio provincial de residencias y viviendas comunitarias de Araba

Hoy venimos a denunciar que, un año después del acuerdo presupuestario entre PNV, EH Bildu y PSE, la situación de bloqueo que están realizando las patronales con la connivencia de la Diputación sigue sin permitir un primer convenio provincial que dignifique el sector. Por situarnos, hablamos de un sector muy feminizado con más de 1000 trabajadoras donde se roza el SMI, la jornada anual es grandísima, la parcialidad es muy alta y donde la salud laboral no se previene. Todo, porque el convenio estatal marca unas condiciones muy precarias.

Llevamos 6 años,más de 50 días de huelga en total y la situación está completamente bloqueada. Desde ELA y LAB entendemos que no hay voluntad ni interés de que esto se solucione. Es una auténtica barbaridad que la Diputación no active todos los mecanismos que tiene para impulsar a las patronales a negociar verdaderamente. Aquí las patronales son las culpables, pero el Diputado Urtaran es el responsable final. Como ya hemos dicho, el acuerdo de presupuesto para el 2025 no se ha cumplido y la Diputación de Araba no está asumiendo el papel que le corresponde en la mejora del sistema de cuidados

En la última mesa negociadora, entendiendo que estamos ante unos días clave, ELA y LAB hemos realizado otra propuesta en la mesa. Venimos a matizar las reivindicaciones de cara a solventar el conflicto. Entre otras cuestiones, esto es lo que hemos propuesto:

  • Vigencia 2025-2027
  • Salarios: llegar a 21.000 euros en 2027 en la categoría de gerocultora
  • Jornada: 100 horas menos para llegar a 2027 con 1672 horas
  • Descansos de 15 fin de semanas al año
  • Complemento de IT para las bajas comunes como se hace en Bizkaia
  • Poner medidas para controlas las horas complementarias
  • Más mejoras que no son económicas.

Así, la pelota está en el tejado de las patronales y de la Diputación. La propuesta de ELA y LAB es muy realista y se sitúa en el camino del acuerdo. Ahora, pedimos responsabilidad a las demás partes. Si tiene voluntad para negociar hablaremos, pero si siguen en las mismas posiciones que hasta ahora deberán de dar explicaciones a las personas trabajadoras del sector y a la sociedad en general.

En este camino, entendiendo que si estamos en esta situación es gracias a la movilización del sector y de las huelgas, ELA y LAB convocamos dos nuevas jornadas de huelga para los días 10 y 11 de diciembre y llamamos a las plantillas del sector y a la sociedad alavesa en general a participar activamente.

La plantilla en huelga de Sidenor Gasteiz se concentra ante el Parlamento para denunciar la situación de los cuatro despedidos injustamente

Hoy es la tercera jornada de huelga, la última convocada de momento. Piden que los trabajadores sean readmitidos

En el último de los tres días de huelga convocados por ELA y LAB en Sidenor de Gasteiz, las y los trabajadores se han movilizado no sólo a la entrada de la planta, sino también ante el Parlamento Vasco. Denuncian la situación de los trabajadores despedidos indebidamente y además de mostrar su solidaridad y apoyo, piden que los despedidos vuelvan a sus puestos. Así mismo, han denunciado el blanqueamiento que realizan las instituciones a los directivos de Sidenor.

Estos trabajadores realizaban tareas que eran superiores a su categoría, por lo que la empresa aceptó abonar esta diferencia. En enero comenzaron a percibir un plus que se fijó después de 6 meses. Pues bien, en agosto la empresa dejó de pagar y a principios de octubre se les comunicó que les iban a descontar de la nómina. Además, la empresa abrió a finales de octubre un expediente a cuatro trabajadores, que fueron despedidos a principios de noviembre.

ELA y LAB piden al comité de empresa, liderado por UGT en colaboración con CCOO, que se posicione claramente sobre los despidos y convoque una asamblea general para que todas las partes reciban información de primera mano. Hasta ahora no ha aceptado la asamblea y reproduce la versión de la empresa porque no quiere posicionarse. Así, los huelguistas han recabado firmas para celebrar la asamblea general que la mayoría del comité no quiere llamar.

Por eso, ELA y LAB volverán a celebrar asambleas abiertas para valorar estas tres jornadas de huelga y acordar nuevas medidas. No se puede consentir que se exija un cambio de categoría por los cauces legítimos y se despidan a cuatro persona por el mero hecho de pedir lo que les corresponde.