Tras celebrar asambleas para votar el preacuerdo en las empresas y después de que todas las empresas votaran a favor de este, hemos suscrito un convenio que garantiza las condiciones laborales y el futuro de los trabajadores y trabajadoras.
Los contenidos del convenio son los siguientes:
• Vigencia de 4 años (2026-2029)
• IPC garantizado durante los dos primeros años e IPC +0,50% el tercer año e IPC+1% el cuarto año
• 2 horas de reducción de jornada.
• Garantía de prejubilación de al menos 67% del contrato de relevo manufacturero.
• Obligatoriedad de realizar tanto el contrato de relevo ordinario como el «manufacturero» si lo solicita la persona trabajadora.
• Protocolo del calor.
• Descarbonización.
• Acuerdo de solicitud de los coeficientes reductores para anticipar la jubilación.
• Aumento de las aportaciones de Geroa en un 0,2%, es decir, un 2,4% en total.
• Euskera
• Permisos por ingreso en boxes del hospital de familiares
• Cuando se trabaje de noche, permiso para ausentarse del trabajo en caso de tener que acompañar a un familiar a la mañana siguiente a una intervención prevista.
El valor de este convenio es destacable en un contexto tan convulso como el que vivimos. Los incrementos salariales por encima del IPC son imprescindibles para hacer frente al encarecimiento de la vida. En la mayoría de los convenios de Gipuzkoa no se ha conseguido (por ejemplo en el metal) y en el sector del papel esto ha sido posible gracias a la lucha y al trabajo realizado durante años por LAB con los y las trabajadoras del sector.
Por otro lado, con este convenio también se ha dado solución a los retos que se deberán afrontar en el futuro, garantizando los puestos de trabajo gracias al contrato de relevo, ya que las empresas tienen la obligación de realizarlo si el trabajador o trabajadora lo solicita. Además, se pondrá en marcha la solicitud de los coeficientes reductores para poder anticipar la jubilación en el futuro. En materia de empleo, resaltar que el acuerdo sobre la descarbonización nos garantizará la anticipación de posibles cambios futuros y sus efectos para poder solucionarlos anticipadamente.
También se recogen mejoras para atender las necesidades de cuidados que tenemos en la actualidad a través de permisos para acompañar a familiares a urgencias y al médico.
Para finalizar, es muy importante que todas las empresas tengan la obligación de elaborar protocolos de calor.
Por otra parte, nos resulta sorprendente que el sindicato mayoritario en el sector no suscriba este convenio que ha recibido el apoyo de todas las empresas basándose en excusas baratas.
Sin embargo, en LAB tenemos claro que el camino no termina aquí, ya que habrá que llevar este convenio a las empresas y seguir trabajando. Recorreremos este camino junto a los trabajadores y trabajadoras.
El Tribunal Supremo español exime de la obligación de garantizar un mínimo uso del euskera a las empresas contratadas por la Administración, lo cual perpetúa la situación de subordinación de ese idioma. La sentencia pone de relieve la necesidad de dotar de seguridad jurídica al euskera.
El Tribunal Supremo Español ha ratificado la sentencia emitida el año pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la CAV, contraria a la resolución del Gobierno Vasco para el uso de las lenguas oficiales en la Administración.
Los artículos invalidados establecían, por una parte, ciertas cláusulas lingüísticas a las empresas privadas para poder ser contratadas por la administración pública, y por otra parte, promovía el uso del euskera en el trabajo en la Administración por medio de varias medidas.
Los mencionados artículos tenían por objetivo pormover el euskera, que como consecuencia de la exclusión a la que ha sido sometida durante años ha quedado relegada a un segundo plano tanto en el entorno público como, especialmente, en el privado, y llevarlo al mismo nivel que el castellano. Precisamente es lo que persigue esta última sentencia, sumada a la larga lista de sentencias similares que estamos viendo en los últimos años: interrumpir la promoción positiva del euskera para que continúe en segundo plano, en situación de subordinación. Es decir, que el euskera no se convierta en lengua habitual en la Administración y en el entorno laboral.
Las cláusulas lingüísticas para impulsar el uso del euskera en el entorno socioeconómico que han sido rechazadas por el tribunal se establecieron con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y mejor, tal y como se hace en otros muchos ámbitos (como en el caso de las cláusulas establecidas para el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género, por ejemplo). Es decir, se les niega a las Administraciones poder llevar a cabo el impulso del euskera por medio de esta vía y, lo que es aún más grave, lo que se quiere lograr ahora es que las empresas no hagan ni siquiera un uso mínimo del euskera. No llegan a establecer el mismo nivel que el castellano, pero, además, aún encontrándose por debajo de este, buscan someter aún más al euskera. Los jueces y los agentes sociales euskaráfobos dejan claro una y otra vez que no quieren una sociedad en la que el euskera esté normalizado y admitido al mismo nivel que el castellano.
Por todo lo anterior, LAB critica vehementemente esta sentencia del Tribunal Supremo español, ya que pone de relieve una vez más que los jueces se extralimitan en sus competencias y llevan a cabo, de forma consciente y militante, una política lingüística contra el euskera y en contra de la voluntad de la mayoría de la ciudadanía vasca de la mayoría de los agentes sociopolíticos. En ese sentido, critica al sindicato CCOO, promotor de esta causa y de varias otras que han tenido como consecuencia sentencias similares. Escudándose en una supuesta defensa de los derechos de los y las trabajadoras, este sindicato está llevando a cabo una iniciativa sistemática contra el euskera.
Tal y como ha solido declarar LAB en anteriores ocasiones, esta situación no se revertirá, ni se dotará de seguridad jurídica al euskera hasta que se dote de seguridad jurídica real al proceso de euskaldunización de la Administración, lo cual solamente puede venir de la equiparación del reconocimiento legal del euskera y del castellano. Esta última sentencia no hace más que corroborar esa necesidad.
Frente a esta grave sentencia que atenta contra la normalización del euskera, LAB hace un llamamiento a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras a seguir movilizándose en defensa de sus derechos
La representación de la plantilla de DUISA informa de que, tras varios intentos de negociar el primer pacto de empresa, la dirección ha hecho caso omiso a las principales demandas planteadas por las personas trabajadoras.
A pesar de la voluntad de diálogo y de alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones laborales y dotar a la empresa de un marco de relaciones laborales estable, la falta de respuesta y de compromiso por parte de la dirección ha impedido avanzar en la negociación.
Ante esta situación de bloqueo, la plantilla ha decidido iniciar, desde hoy, paros diarios de una hora, que tendrán lugar de 12:00 a 13:00 horas, como medida de protesta y para reclamar una negociación real y efectiva.
Con esta movilización, las personas trabajadoras quieren trasladar a la dirección de DUISA la necesidad de escuchar sus reivindicaciones y tomar el el diálogo con una actitud constructiva que permita alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
La plantilla reitera que su objetivo sigue siendo la consecución del primer pacto de empresa mediante la negociación y el entendimiento. Es por ello que considera imprescindible ejercer su derecho a la movilización mientras la dirección mantenga su postura y no atienda las demandas planteadas.
Desde LAB, ELA y ESK de Mercedes, en primer lugar, queremos dejar claro que las inversiones y la apuesta que Mercedes-Benz está llevando a cabo en la fábrica de Gasteiz, son fruto de la profesionalidad y buen hacer de su plantilla y del entorno industrial que la rodea.
A partir de ahí, todos y todas debemos trabajar para que haya inversiones en nuestro territorio, que creen empleo, pero no debemos dejar al margen las condiciones de dicho empleo.
Son conocidas las inversiones que se están haciendo en Mercedes-Benz Gasteiz. La ciudadanía es consciente de que Ayuntamiento, Diputación y el propio Gobierno Vasco y estatal, ponen la alfombra roja en modo de subvenciones y ayudas a la empresa. Pero, alguien se ha preguntado ¿qué pasa con el empleo?. Nos da la sensación de que no.
Hace menos de un año, por primera vez desde que Mercedes está en Gasteiz, empezaron a contratar por medio de ETTs. Y a día de hoy, hay más de 1.400 personas trabajando en Mercedes por medio de ETTs (Empresas de Trabajo Temporal).
Sabemos que justifican y van a justificar que las condiciones son las mismas, en estos meses, los que estamos dentro y muchas de estas personas y su entorno, hemos visto que no es así.
En muchas ocasiones, no cobran lo que deberían, no se les da ropa adecuada, e incluso ni EPIs (Equipos de Protección Individual), no tienen representación sindical a la que acudir, les contratan de un día para otro, sin formación y rescinden sus contratos de la noche a la mañana, les amenazan con no volver a llamarles, le hacen meter horas extras incluso cuando trabajamos turnos de 9 horas, contratos en fraude…tenemos claro que aunque seguramente sus condiciones sean mejores que en otras empresas, lo cierto es que en Mercedes, la entrada de ETTs ha supuesto un gran retroceso, una clara precarización de las condiciones laborales.
Las administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco, que no tienen problema en poner dinero y ayudas para las inversiones encima de la mesa, deberían ver que también se está invirtiendo en precarizar a la ciudadanía.
La Inspección de Trabajo, que es conocedora de la situación de las personas que trabajan por medio de ETTs, debería estar vigilando activamente que se cumpla la normativa. Pero lejos de hacerlo, cuando se denuncia, busca cualquier excusa para favorecer a Mercedes, incluso con actuaciones contrapuestas a otras actuaciones en otras empresas. O actuaciones tardías bajo la excusa de que no dispone de medios suficientes.
Somos conscientes de la importancia de Mercedes,pero ello no puede significar que las inversiones de dinero y ayudas públicas en Mercedes, se den sin garantías o condiciones, solo por enseñar la estrella. Las instituciones deberían velar porque esas inversiones no retornen en forma de pérdida de derechos o de precarización de las condiciones de trabajo.
Solicitan a la alcaldesa de Gasteiz, Maider Etxebarria, y al concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, que pongan en marcha una intermediación real para solucionar el conflicto en el que se encuentra el sector, que ya acumula 7 jornadas de huelga y múltiples movilizaciones ante la pasividad institucional.
Hoy a la mañana se han inaugurado las renovadas instalaciones del BIZAN de Zaramaga, a la que han acudido la alcaldesa de Gasteiz y el concejal de Políticas Sociales entre otras autoridades.
Fuera del centro les ha recibido un nutrido grupo de manifestantes en lucha por el IV Convenio de Intervención Social de Araba, que ya acumulan 7 jornadas de huelgas y multitud de movilizaciones, reclamando mejoras laborales que caminen hacia la equiparación de condiciones laborales con las de las compañeras del sector público.
Los BIZAN son uno de los mayores ejemplos de la discriminación que sufren actualmente las personas trabajadoras subcontradas del sector, comparten centros de trabajo personal propio del Ayuntamiento con personal subcontratado, este último en condiciones laborales mucho más precarias que el propio, cuyas condiciones tampoco son para echar cohetes.
Por ello, las personas trabajadoras se han concentrado para reivindicar que no vale con renovar instalaciones, sino que es necesario también renovar el convenio colectivo de una vez por todas.
El próximo 14 de julio se reunirá la mesa negociadora y los sindicatos con presencia en el sector, LAB-ELA-CCOO-ESK, esperan avances y una propuesta por parte de la patronal que acerque la resolución del conflicto. Por la parte sindical se acudirá a la reunión con una importante propuesta de acercamiento de posiciones, con el objetivo de lograr un preacuerdo antes de finalizar este mes que recoja las reivindicaciones centrales del sector.
De no producirse avances, las movilizaciones y huelgas continuarán hasta lograr el convenio que se merece un sector esencial como es el de la intervención social.
La de hoy es la segunda jornada de huelga que llevan a cabo, y advierten de que si no se desbloquea la situación y no se posibilita una negociación real darán comienzo a una huelga indefinida.
A continuación puede leerse el comunicado hecho público hoy en rueda de prensa:
«Hoy hablamos en nombre de los trabajadores y trabajadoras y delegados y delegadas de Zarautz y Bergara de la empresa Itasua. Tras varias reuniones con la empresa y ante la falta de acuerdo, nos hemos unido hoy aquí para informar del conflicto laboral y trasladar nuestras reivindicaciones a la sociedad.
Hace muchas semanas iniciamos un proceso de negociación con un objetivo claro: firmar un acuerdo de empresa que supusiera un avance importante en nuestras condiciones laborales. Nuestras demandas no son desproporcionadas; buscamos la igualar y equiparar entre trabajadores que desempeñan el mismo trabajo en el mismo sector. En Gipuzkoa realizamos 133 horas anuales más que los trabajadores y las trabajadoras de otra empresa ITV y tenemos salarios más bajos, entre los 2.000 y los 5.000 € más bajos, para más exactitud.
La actividad de ITASUA es especial. Todos los ciudadanos y ciudadanas están obligados a inspeccionar periódicamente sus vehículos en la ITV para garantizar su seguridad. Creemos que es una medida necesaria y adecuada. Sin embargo, no podemos olvidar que esta actividad es obligatoria para la ciudadanía y, por ello, tiene muchas características de un servicio de interés público.
Año tras año, esta actividad genera importantes beneficios económicos. En los últimos 5 años, la familia Larrauri se ha llevado unos 5.000.000€ en beneficios. Entendemos que no se puede permitir que los beneficios de este servicio se utilicen para aumentar la riqueza de unos pocos mientras se dejan atrás las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Este servicio debe beneficiar a toda la sociedad, lo que significa garantizar también unas condiciones laborales dignas.
Durante el proceso de negociación, desgraciadamente, la empresa ha mostrado una escasa voluntad de acuerdo real. Ejemplo de ello es el acuerdo de eficacia limitada firmado con tres representantes de Gasteiz. Este acuerdo no ha sido consensuado con la representación de todos los trabajadores y trabajadoras de ITASUA, ni ofrece una solución global a este conflicto.
Sin embargo, la empresa ha querido aprovechar este acuerdo para dar por finalizada la negociación colectiva. Esta actitud la consideramos irresponsable, ya que buena parte de la plantilla no ha aceptado este acuerdo y ha mostrado una clara voluntad de seguir negociando.
Las y los delegados y las personas trabajadoras de Bergara y Zarautz no se han sumado a este acuerdo. Nuestro compromiso es claro: volver a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo real y justo. Esta vez para Gipuzkoa.
Por eso, hemos decidido seguir adelante con las movilizaciones. El 29 de junio hicimos la primera jornada de huelga y hoy, 8 de julio, estamos llevando a cabo la segunda jornada de huelga.
Además, el 10 de julio haremos la tercera jornada de huelga, y si la situación no se desbloquea, a partir del 13 de julio iniciaremos una huelga indefinida.
El bloqueo de la empresa y la falta de voluntad real de negociar nos han llevado a este camino. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a defender nuestras condiciones laborales y es lo que estamos haciendo.
Por último, volvemos a hacer un llamamiento a la empresa. Todavía está a tiempo de poner este conflicto en vías de solución. Que vuelva a negociar con los y las representantes de la mayoría de los trabajadores, y que dé pasos a favor de un acuerdo real.
Nosotras y nosotros tenemos toda la disposición para seguir negociando. Pero esperamos la misma disponibilidad por parte de la empresa y a falta de noticias tenemos claro que seguiremos en huelga hasta conseguir un convenio que garantice las condiciones laborales que nos merecemos.
LAB no dará por buenos los salarios que estén por debajo de dicha cantidad, y organizaremos movilizaciones y huelgas para conseguir el objetivo.
Hoy en día, en los convenios en los que LAB ostenta la mayoría casi no hay salarios por debajo de 1.500 euros. De ahora en adelante también trasladaremos esa lucha a los espacios en los que no tenemos mayoría.
Tras la huelga general, la lucha por el salario mínimo ha entrado en una nueva fase de lucha, dentro de la cual LAB anuncia una iniciativa en el ámbito de la negociación colectiva: el sindicato apostará por reforzar la lucha por un salario mínimo propio de 1.500 euros en ese marco, trasladando la reivindicación a los centros de trabajo y a las mesas de negociación.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en Bilbo la coordinadora general Garbiñe Aranburu y la responsable de negociación colectiva y acción sindical Oihana Lopetegi. Según han explicado, LAB defendera “un objetivo claro” en todas las negociaciones: “hacer desaparecer del entorno laboral los salarios por debajo de 1.500 euros. Los salarios que perpetuan la precariedad y la pobreza no se pueden permitir ni en sectores, ni en empresas, ni tampoco en subcontratas. LAB no lo permitirá”.
Por tanto, LAB pondrá al servicio de este objetivo su representación, capacidad organizativa y toda su fuerza sindical. En palabras de Oihana Lopetegi, «a día de hoy, LAB está a punto de cumplir ese objetivo en los convenios en los que tiene la mayoría, donde apenas hay salarios inferiores a los 1.500 euros; este año se ha conseguido superar esa barrera, entre otros, en el sector vinícola y de intervención social de Araba, en el comercio al por mayor de mariscos y en artes gráficas de Gipuzkoa, o en el comercio de ópticas de Nafarroa».
En adelante el sindicato retomará también en los convenios en los que no tiene mayoría las dinámicas de lucha y movilización para superar esta situación. En esta situación se encuentran, por ejemplo, la limpieza en Bizkaia, el metal en Araba, los Centros Especiales de Empleo y la agricultura y ganadería en Nafarroa. El sindicato dará prioridad a las luchas en sectores y empresas con salarios inferiores a 1.500 euros. «Plantearemos a los trabajadores y trabajadoras y a los sindicatos de estos sectores propuestas de huelga y movilización para promover una lucha sindical eficaz y aunar fuerzas en una misma dirección», han señalado las portavoces de LAB.
«Es sabido que a través de la negociación colectiva no se puede llegar a todos los trabajadores y trabajadoras, pero es fundamental tratar esta lucha como una prioridad en los sectores y empresas donde está LAB», ha añadido Aranburu, quien ha precisado que el establecimiento de unos salarios mínimos de 1.500 euros en los convenios sectoriales y de empresa «reforzará el camino hacia un acuerdo intersectorial más amplio en el futuro».
El recorrido realizado hasta ahora, especialmente la exitosa huelga general, ha dejado claro que la reivindicación un salario mínimo propio en Euskal Herria cuenta cada vez con un apoyo más amplio de la sociedad.
El establecimiento de un salario mínimo adaptado a la realidad de aquí reportaría variosbeneficios: limitaría la devaluación salarial; ayudaría a reducir las brechas machistas y racistas; permitiría un reparto más justo de la riqueza; y, en general, favorecería el desarrollo económico de Euskal Herria ya que el modelo basado en salarios bajos fracasará en el contexto competitivo internacional.
Dos vías complementarias abiertas
LAB ha trabajado dos vías complementarias para conseguir un salario mínimo propio junto a otros sindicatos: la vía política y la negociación colectiva. A pesar de los obstáculos, ambas vías siguen abiertas y, según han defendido las responsables de LAB, «es el momento de reforzar la lucha».
En cuanto a la vía política, PNV, PSE y PSN han querido bloquear la posibilidad de alcanzar las competencias necesarias para establecer un salario mínimo propio en Euskal Herria. Sin embargo, el debate no está cerrado. En Madrid EH Bildu, ERC y BNG se han comprometido a promover una modificación legislativa en la línea reclamada por los sindicatos de las naciones sin estado.
En el ámbito de la negociación colectiva, CONFEBASK y CEN han renunciado a su responsabilidad y no han mostrado voluntad de negociar un acuerdo intersectorial sobre el salario mínimo. Las patronales mantienen su postura favorable a la precariedad, pero eso no frenará el debate y el conflicto.
De hecho, los trabajadores y las trabajadoras han manifestado claramente que no están dispuestos y dispuestas a considerar normales los salarios inferiores a 1.500 euros. Se trata de una reivindicación que se ha convertido en una demanda de una amplia mayoría social y sindical. En la comparecencia, han explicado que «de una manera u otra todos los sindicatos nos hemos sumado al clamor del salario mínimo de 1.500 euros y nos corresponde a todos y todas hacer realidad ese compromiso en los convenios que negociamos».
Tras la convocatoria de la Huelga General se ha logrado garantziar un salario mínimo de 1.500 euros en varios convenios, como es el caso de las artes gráficas de Bizkaia o las residencias de mayores de Nafarroa.
Sin embargo, la patronal está bloqueando otros tantos convenios, muchos de ellos en sectores feminizados a los que, aún siendo esenciales para sostener la vida, la patronal machista no otorga reconocimiento.
Por todo ello, LAB reivindica que la lucha por sun salario mínimo de 1.500 euros debe continuar. “Debemos seguir haciendo todo lo que está en nuestras manos para interpelar a gobiernos y patronal. Es el momento de llevar a la negociación colectiva la fuerza conseguida por medio de las movilizaciones y de hacer realidad el salario digno para todos los trabajadores y trabajadoras”, han concluido Aranburu y Lopetegi.
Mientras la actividad mantiene un ritmo elevado y la cartera de pedidos garantiza carga de trabajo para los próximos años, el conflicto por el convenio colectivo continúa abierto en CIE Norma. Tras meses de negociación, la representación de la plantilla sostiene que el crecimiento experimentado por la empresa en los últimos años debe traducirse también en una mejora de las condiciones laborales de quienes hacen posible esos resultados.
El comité de empresa defiende que sus reivindicaciones no responden a nuevas exigencias ni a planteamientos extraordinarios. Buena parte de ellas ya se defendían en 2022, cuando CIE Norma facturaba en torno a 51 millones de euros. Tres años después, la empresa ha elevado su facturación hasta 77 millones de euros y cuenta con alrededor de 30 personas más en plantilla, una evolución que, a juicio del comité, evidencia el crecimiento sostenido de la compañía y refuerza la legitimidad de sus reivindicaciones.
«Lo que pedimos no es desproporcionado. Pedimos que el crecimiento de CIE Norma también tenga un reflejo en quienes, con su trabajo diario, contribuyen a hacerlo posible», señala el comité.
La representación de los trabajadores sostiene que durante la negociación ha mostrado disposición para alcanzar un acuerdo, aceptando modificaciones y acercando posiciones en distintos aspectos. Sin embargo, considera que las propuestas finales de la empresa continúan siendo insuficientes para obtener el respaldo mayoritario de la plantilla.
Otro de los puntos de discrepancia es el argumento utilizado por la dirección para justificar su posición negociadora. Según el comité, buena parte de las limitaciones planteadas se apoyan en posibles escenarios de incertidumbre a largo plazo. Los representantes de los trabajadores consideran que un convenio con una vigencia de dos años debe responder a la situación real de la empresa y a unas previsiones objetivas de corto y medio plazo, y no quedar condicionado por hipótesis cuya evolución resulta imposible anticipar.
El comité recuerda que la plantilla ha contribuido de forma decisiva a consolidar la posición competitiva de CIE Norma, adaptándose a cambios organizativos, incrementos de productividad y nuevas exigencias industriales. Por ello, entiende que ha llegado el momento de que ese esfuerzo encuentre también reconocimiento en la negociación colectiva.
Pese a las diferencias que mantienen abierto el conflicto, la representación de los trabajadores insiste en que su prioridad continúa siendo alcanzar un acuerdo. La voluntad del comité sigue siendo mantener abierta la negociación y alcanzar un convenio equilibrado que aporte estabilidad tanto a la empresa como a la plantilla.
En el servicio de autobuses de Donostia, Dbus, las normas establecidas para la vestimenta del personal no contemplan la posibilidad de utilizar prendas adecuadas para las olas de calor del verano y, además, establece diferenciaciones en función del género: los hombres deben usar pantalón largo y las mujeres faldas o pantalones largos. Los trabajadores y las trabajadoras se han movilizado contra ello este mediodía en el Boulevard.
LAB considera que combatir el calor es una cuestión de salud en el trabajo y por eso todos los conductores y conductoras deberían poder ponerse pantalones cortos y faldas, independientemente del género. La diferenciación por género del uniforme no tiene cabida en la sociedad actual que debería ser inclusiva, y en la que debería primar el bienestar y la comodidad de cada persona.
La libertad de elección en torno a la vestimenta puede, además, contribuir a mejorar el clima laboral y, en consecuencia, a aumentar la productividad y la motivación de los trabajadores y trabajadoras.
Estas innovaciones que solicitamos no son solamente pasos hacia la igualdad; fomentan la salud, la eficiencia y hacen más agradable el entorno laboral para todos.
