2026-06-21
Blog Página 28

[OPINIÓN]: A la Presidenta Chivite y a la dirección de PSN, Contigo Zurekin y UPN

Somos Gilda Elisa Solares Alonzo y Begoña Agúndez Rodríguez, delegadas de LAB y ELA en la empresa del sector de almacenistas de alimentación Cash G-5 S.L. y en la residencia de ancianos Amavir Mutilva. Como trabajadoras de dos sectores históricamente estatalizados y precarizados, conocemos de primera mano la realidad de quienes malvivimos con salarios que apenas alcanzan los 1.300 euros al mes, una cifra insuficiente para hacer frente a la carestía de la vida y cubrir necesidades básicas como la vivienda, la alimentación o el transporte en una comunidad con un coste de vida más alto que el del resto del Estado. Además, sabemos que nuestra situación no es única, sino que es compartida por miles de personas en nuestra comunidad que luchan por cubrir sus necesidades igual que nosotras.

Durante meses, junto a nuestros sindicatos, hemos luchado para que Navarra pueda fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un derecho que consideramos justo, legal, factible y sobre todo de sentido común. El SMI estatal (1.221€) no refleja la realidad económica de nuestra tierra, donde los precios son más elevados y miles de trabajadoras y trabajadores luchamos cada día por llegar a fin de mes sin convertirnos en trabajadoras pobres.

El próximo jueves 12 de marzo, el Parlamento de Navarra tiene en sus manos la oportunidad de cambiar esta situación. Sabemos que EH Bildu y Geroa Bai apoyarán la propuesta, mientras que PP y Vox se opondrán. Por eso, hoy nos dirigimos especialmente a UPN, PSN y Contigo Zurekin: su voto será decisivo para aprobar una ley que mejoraría la vida de miles de personas en Navarra.

Les preguntamos con respeto, pero con firmeza: ¿Cómo justificar un «no» a esta medida? ¿En nombre de qué intereses y razones se puede negar un salario mínimo y digno de 1.500 euros, solidario con el resto de territorios del Estado, a quienes cuidamos de las personas mayores, limpiamos hospitales, atendemos tiendas, trabajamos en la hostelería o limpiamos los hogares de la sociedad navarra? ¿En nombre de la economía, cuando está demostrado que un SMI adecuado reduce la desigualdad y dinamiza la economía? ¿Es solidario que las trabajadoras navarras veamos igualadas nuestras condiciones salariales a la baja? El “no”, única y exclusivamente es solidario con los empresarios que aumentan sus beneficios a costa de un salario mínimo insuficiente para nosotras.

Confiamos en que actuarán con responsabilidad y empatía, priorizando a la ciudadanía sobre cálculos partidistas e identitarios y centralistas. Esta votación no es solo un trámite: es una oportunidad histórica para demostrar que la política sirve para mejorar la vida de la gente. Así, les instamos a reflexionar sobre el impacto que su decisión tendrá en la vida de miles de personas.

Por último, queremos animar a todos los trabajadores y trabajadoras a secundar la jornada de huelga general del 17 de marzo, porque solo unidas lograremos que Navarra tenga un SMI de 1.500 euros, un paso imprescindible hacia la justicia social.

LAB y ELA notifican a la patronal CEN otra convocatoria para el 25 de marzo, exigiendo que se siente a negociar un salario mínimo en Nafarroa

Representantes de los sindicatos LAB y ELA se han reunido hoy con responsables de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) para abordar la posibilidad de establecer un salario mínimo en Nafarroa mediante un Acuerdo Interprofesional. La reunión se produce después de que la patronal navarra rechazara en dos ocasiones abrir una negociación sobre esta materia en febrero de 2025.

El último encuentro entre LAB, ELA y CEN se celebró en noviembre de 2017. En aquella ocasión, la patronal también rechazó negociar la propuesta sindical para establecer un acuerdo que diera prioridad aplicativa a los convenios navarros.

Según señalan los sindicatos, en menos de diez años la patronal navarra CEN se ha negado en dos ocasiones a abordar negociaciones sobre cuestiones que consideran directamente vinculadas a las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social navarra, “sin asumir su deber de negociación”.

LAB y ELA sostienen que la negativa empresarial a abrir una vía de negociación constituye uno de los principales motivos de la convocatoria de huelga general prevista para el 17 de marzo. “La posibilidad de reconducir la situación está en manos de los empresarios de la CEN, si deciden poner fin al bloqueo y abrir una vía de diálogo”.

De acuerdo con los datos aportados por las organizaciones sindicales, 52.571 personas trabajan actualmente en Nafarroa con salarios inferiores a 1.500 euros brutos mensuales. Los sindicatos denuncian que la diferencia entre el salario que reciben estas personas y el salario mínimo de 1.500 que recibirían con un SMI propio “se lo están embolsando sus empleadores, principalmente empresarios privados, sumando a sus beneficios 114,35 millones de euros que corresponden a los trabajadores y trabajadoras”.

En este contexto, LAB y ELA han comunicado a la patronal una nueva convocatoria de reunión para el próximo 25 de marzo. El objetivo es superar el bloqueo y abordar la negociación de un salario mínimo en Navarra en el ámbito y con carácter únicamente laboral. Los sindicatos recuerdan que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco legitima a todos los agentes sociales para ello y posibilita un Acuerdo Interprofesional en dicha materia.

Reunión con la presidenta María Chivite

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha accedido finalmente a reunirse con los sindicatos convocantes de la huelga general del 17 de marzo, que cuentan con el 41% de la representación sindical en Navarra.

La reunión tendrá lugar hoy, a las 18:30, en el Palacio de Navarra y su objetivo será abordar la posibilidad de establecer un SMI aplicable al territorio de Nafarroa que mejore el fijado por el Estado.

Además, mañana jueves se votará en el Parlamento de Navarra la proposición de ley para que la comunidad foral pueda contar con un SMI propio, por lo que, según señalan los sindicatos, “todas las opciones están abiertas”.

LAB considera muy grave la estrategia planificada de CCOO para ir en contra de la normalización del euskera en la administración pública

Con el apoyo de jueces euskaráfobos, CCOO está intentando obstaculizar la normalización del euskera y extender una ideología excluyente entre las y los trabajadores, a pesar de que las y los empleados públicos han apostado, de forma clara, por la normalización del euskera. LAB señala a CCOO que no lo va a permitir, ni en Errenteria ni en ningún otro sitio.

El recurso a la Oferta Pública de Empleo de Errenteria ha levantado cierta polvareda y ha sacado a la luz algunas verdades, demostrando que detrás del grupo organizado que está actuando contra la euskaldunización de la administración está el sindicato CCOO. La investigación realizada por Argia confirma y pone de manifiesto lo recogido en la denuncia que LAB realizó el pasado 4 de marzo, en la que señalaba que sectores euskaráfobos tiene en marcha iniciativas planificadas contra la normalización del euskera.

Al sindicato LAB le parece muy grave e inaceptable lo que está haciendo CCOO, que aunque públicamente lanza un mensaje — «para euskaldunizar la administración hacen falta más recursos para que la o el trabajador que lo desee pueda acceder al euskera» —, está trabajando en privado y de forma encubierta, planificada, para dificultar el avance de la normalización del euskera. Además, quiere escenificar que hay un problema donde no lo hay, porque señala que los perfiles lingüísticos en euskera son un obstáculo para reducir la temporalidad. Y un partido político como el PSE le compra el argumento para decir que una situación que no es cierta es generalizada y, de paso, para obstaculizar la normalización del euskera; para intensificar los ataques al euskera; para reforzar la euskarafobia a través del binomio CCOO-PSE; para etiquetar como «excluyente» a quien lo defiende en vez de utilizar el euskera para la inclusión.

En Errenteria, por ejemplo, las y los trabajadores no han tenido ningún problema con que la Oferta Pública de Empleo (OPE) exigiera el perfil C1 en euskera, y se han presentado a la Oferta Pública de Empleo (OPE) para terminar con la situación de temporalidad, siguiendo los procedimientos habituales, con el objetivo de conseguir la fijeza en el puesto de trabajo. Pero CCOO, a través de una de sus miembros, ha tramitado maliciosamente la inscripción de una trabajadora con plaza en Osakidetza para recurrir sin necesidad de presentarse al examen y condicionar la Oferta Pública de Empleo para evitar que en esas 25 plazas en Errenteria haya plazas de perfil lingüístico C1; para evitar que en Errenteria se consoliden trabajadores y trabajadoras con capacitación acreditada en euskera, y contra las medidas para fomentar la normalización del euskera que impulsamos los sindicatos a los que han votado las y los trabajadores de Errenteria y que tenemos la mayoría de su representación. En contra de los y las trabajadoras, e impulsados por una conducta antisindical.

¿Cuántos casos como el de Errenteria habrá? Lo que ha creado CCOO es una arquitectura para hacer creer que el euskera es excluyente. A través de sus representantes, candidatos y candidatas, anima a trabajadoras y trabajadores a inscribirse en las Ofertas Públicas de Empleo y, a través de abogadas y abogados gratuitos, inicia la vía jurídica. En este camino, los jueces euskarafobos les dan las razón, ya que el decreto del euskera no tiene ninguna garantía legal. La suya es una ideología excluyente que han ido trabajando poco a poco, ya que quieren argumentar que el euskera es un problema para las y los trabajadores en situación más vulnerable. Sin embargo, el camino que han elegido las y los trabajadores es el que hemos promovido los sindicatos que hemos apostado por la normalización del euskera, y necesitamos garantías legales para avanzar en él.

De hecho, CCOO es, con diferencia, la tercera fuerza en la administración pública de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con una representación reducida pero que está condicionando la normalización del euskera, con el PSE como aliado. ¿Será la línea contraria a la normalización del euskera que impulsamos el primer y el segundo sindicato que tenemos el 75% de la representación en la administración pública la que establezca las condiciones y políticas lingüísticas de las y los trabajadores en el ámbito público? En las elecciones sindicales las y los trabajadores no le han dado su apoyo, por lo que sería actuar contra las y los trabajadores de forma directa. ¿Es eso lo que va a elegir el PNV? Sumándose a la minoría de la representación de las y los trabajadores, en contra de la amplia mayoría de la representación de las y los trabajadores, lo que se nos quiere imponer es una normativa que dé marcha atrás en la normalización del euskera.

El euskera está en un momento crítico, en riesgo de sufrir un notable retroceso en la administración pública. Por lo tanto, necesitamos garantías legales para mantener lo conseguido hasta ahora y lograr una verdadera normalización. Es hora de responder ante los sindicatos, partidos políticos y actitudes reaccionarias que atacan el euskera y de modificar la Ley de Empleo Público para que tengamos garantías legales. Para acceder a la administración pública es necesario que se equipare el euskera al castellano. El euskera debe ser una competencia básica desde el principio para trabajar en la administración pública y debe ser protegido legalmente. Por ello, LAB reclama valentía al PNV para no someterse a estos ataques al euskera que está promoviendo el binomio PSE-CCOO y que sume a la enmienda parlamentaria presentada por EH Bildu.

El euskera lo necesita, el euskera nos necesita.

LAB logra el acuerdo en los comedores escolares de gestión directa con mejoras en ratios y avances laborales y salariales

El sindicato LAB, con un 54,01% de representación en la mesa negociadora, ha alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), tras meses de negociación y movilización por parte de las trabajadoras del sector. El acuerdo recoge importantes mejoras laborales, salariales y sociales.

Uno de los logros históricos del preacuerdo es la modificación de los ratios en el aula de 3 años y en educación primaria. Esta mejora ha sido posible tras las conversaciones mantenidas por LAB con el Departamento de Educación y supone un avance importante para mejorar la atención al alumnado y las condiciones de trabajo del personal. En el caso de las aulas de 3 años, se establece una monitora cuando se superen los 20 alumnos y alumnas. En educación primaria, el ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos y alumnas para el curso 2027-2028; hasta entonces, en los cursos de 1º a 3º se incorporará una monitora más cuando se superen los 30 alumnos y alumnas.

Asimismo, se recoge la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno Vasco, lo que supondrá una subida del 6,5% al inicio de los contratos de las nuevas licitaciones, que se aplicará como máximo en enero de 2027.

Además, el preacuerdo mantiene el calendario de subidas salariales para el personal laboral entre 2024 y 2028:

  • 2024: incremento del 0,5%.
  • 2025: incremento del 2,5%.
  • 2026: incremento del 1,5%, con posibilidad de añadir un 0,5% adicional.
  • 2027: incremento del 4,5%, incluyendo la equiparación salarial.
  • 2028: incremento del 2%

El preacuerdo también incorpora diversas mejoras laborales y sociales, entre ellas:

  • Regulación de la limpieza de vestuarios en función de la antigüedad del centro.
  • Inclusión en el convenio de un protocolo sobre antigüedad.
  • Posibilidad de prórrogas en las excedencias y reincorporación anticipada.
  • Anticipo de salarios.
  • Desarrollo de un plan de igualdad y protocolos frente al acoso y la violencia hacia personas LGTBI+.
  • Mejora en la ropa de trabajo, con la incorporación de dos polares y un chubasquero.
  • Modificación de los 10 días de permiso de excedencia a permiso no retribuido.
  • Licencia de entre 3 y 5 días para acompañar a familiares en procesos de aplicación del derecho a la eutanasia, con posibilidad de disfrutarse hasta una semana antes.
  • Actualización de diversas licencias recogidas en el convenio.
  • El nuevo convenio tendrá una vigencia de 2024 a 2030, garantizando estabilidad para el sector durante ese periodo. 

Tras la firma de este preacuerdo, LAB ha decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas, reconociendo que la lucha y la movilización de las trabajadoras han permitido alcanzar avances reales y significativos.

El sindicato trasladará ahora el contenido del preacuerdo a su afiliación, que tendrá la última palabra para su ratificación.

Desde LAB se subraya que estos avances no habrían sido posibles sin la organización, la unidad y la lucha constante de las trabajadoras del sector, que han demostrado que la movilización y la acción sindical son herramientas eficaces para mejorar las condiciones laborales. 

Paros y huelga en Hazten y Sortuleku contra el deterioro de los servicios para mujeres* y menores

Las trabajadoras de los recursos Hazten y Sortuleku, tras la última asamblea celebrada a finales de febrero, han decidido convocar dos jornadas de paros y dos jornadas de huelga durante el mes de marzo para denunciar la situación que atraviesan ambos recursos y exigir soluciones a sus reivindicaciones.

Los paros tendrán lugar los días 10 y 16 de marzo, en horario de 9:00 a 14:00, mientras que las huelgas de 24 horas serán los días 24 y 25.

Continúan movilizándose para defender la subrogación de la plantilla en su proyecto original, ahora denominado Ondoan, y para denunciar que se pretende castigar a la plantilla por exigir la aplicación de la normativa laboral vigente.

Asimismo, reivindican una red real de acogimiento residencial que atienda a menores de todas las franjas de edad, sin sustituir unas plazas por otras ni deteriorar los servicios sociales destinados a la protección de menores.

Alertan de que la Diputación Foral de Araba está impulsando la transformación de estos recursos en un nuevo recurso de preemancipación denominado “Abiatuz”, lo que supondrá la desaparición del recurso Hazten, que en la actualidad es un hogar de menores de entre 7 y 14 años.

El servicio ya ha sido licitado, aunque todavía no cuenta con entidad gestora adjudicada, previsiblemente hasta el 1 de julio. Según les han trasladado, la intención de la Diputación es que las plantillas de ambos recursos pasen a formar un único equipo educativo en el nuevo recurso.

Denuncian además que, junto con la Fundación Beti Gizartean, ya se está modificando el perfil de la población atendida sin respetar el convenio vigente y sin un proyecto educativo claro, obligando al equipo profesional y a los y las menores a adaptarse a cambios constantes y a una situación de gran incertidumbre.

Ante esta situación, continuarán movilizándose y denunciando públicamente lo que consideran una gestión irresponsable de servicios esenciales destinados a mujeres* y menores, y exigen a la Diputación garantías tanto para la estabilidad laboral de la plantilla como para la calidad de la atención social.

Las trabajadoras de Ibaiondo reclaman una negociación real y denuncian una actitud contraria a la libertad sindical

Hoy las trabajadoras del centro Ibaiondo han interrumpido el inicio de la Mesa Sectorial del Gobierno Vasco en Lakua, vistiendo los chalecos con el lema “Ibaiondo Borrokan” que están utilizando en las movilizaciones de las últimas semanas y mostrando sus reivindicaciones en carteles. El centro Ibaiondo es un centro educativo para menores en situación de internamiento declarado por un juez.

Las trabajadoras reclaman una negociación real en relación con diversas cuestiones. Por un lado, en lo referente al Acuerdo sobre el Horario Especial, cuyo objetivo es regular de manera específica la jornada y las condiciones laborales. Por otro, en relación con la normativa de las bolsas de trabajo y con la propuesta de funcionarización de la plantilla.

Las trabajadoras han denunciado que recientemente se les ha retirado la posibilidad de realizar de forma telemática las reuniones de coordinación que hasta entonces podían celebrar. Como respuesta a esta limitación, comenzaron a movilizarse y a utilizar los chalecos con el lema “Ibaiondo Borrokan” durante sus protestas.

Posteriormente, han recibido amenazas vinculadas al uso de los chalecos. Además, el comité de empresa de Ibaiondo —formado por los sindicatos LAB, ELA y CCOO— ha denunciado que la dirección del centro prohibió el acceso a los espacios de trabajo vistiendo los chalecos con el lema “Ibaiondo Borrokan”, alegando el “interés del menor”. Según el comité, esta medida constituye una actitud contraria a la libertad sindical, al pretender invisibilizar las movilizaciones y el conflicto laboral existente.

El comité de empresa ha subrayado que las movilizaciones realizadas hasta el momento no han interferido en la intervención educativa ni en la seguridad del centro, y que se han llevado a cabo respetando el normal desarrollo de las tareas con las y los menores.

Por todo ello, las trabajadoras de Ibaiondo han reclamado una negociación colectiva real y efectiva y han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta que se garanticen unas condiciones laborales dignas.

LAB rechaza el nuevo ataque imperialista perpetrado por Estados Unidos e Israel

Estados Unidos e Israel han iniciado la enésima ofensiva militar imperialista en Oriente Próximo. Mientras mantienen el genocidio contra el Pueblo Palestino, han arremetido contra Irán y Líbano. El sindicato LAB rechaza firmemente estos ataques imperialistas. 

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel están desarrollando una estrategia colonial y genocida cuyo objetivo es dominar al resto de países y expropiarlos de sus recursos estratégicos, violando constantemente el derecho internacional. La nueva guerra que han puesto en marcha contra Irán y el Líbano no solo provoca la muerte de cientos de ciudadanos y ciudadanas y la destrucción de infraestructuras civiles, sino que agrava aún más el ya grave contexto geopolítico mundial.

LAB quiere transmitir su solidaridad a las y los trabajadores de Palestina, Irán y Líbano, así como a todos y todas quienes sufren las consecuencias de esta escalada en Oriente Próximo. Ante estos y otros ataques, como los perpetrados por la Administración Trump contra Venezuela, Cuba o Groenlandia, reafirmamos nuestra firme oposición a cualquier agresión que ponga en cuestión la paz y la soberanía de los pueblos, así como nuestra apuesta por un nuevo orden internacional basado en la paz y la justicia entre los pueblos.

LAB lamenta la actitud mostrada por la mayoría de los gobiernos y dirigentes europeos, que siendo compañeros de viaje de Estados Unidos e Israel se convierten en cómplices de sus crímenes. Asimismo, LAB se reafirma en la interpelación que hicimos a la patronal por el genocidio contra Palestina: no se puede hacer negocio a costa ni del genocidio ni de la guerra imperialista. En este sentido, LAB considera vergonzoso el blanqueo de empresarios como Jainaga, investigado en la Audiencia Nacional por las ventas de Sidenor al Ejército israelí.

Por último, LAB advierte de la escalada de precios que busca hacer pagar la factura de la guerra a la clase trabajadora: De la misma manera que nos negamos rotundamente a que hagan la guerra en nuestro nombre, anunciamos que haremos frente a toda medida que tenga por objeto hacer pagar a la clase trabajadora la factura de la guerra. 

Algunos agentes están haciendo un uso interesado de las y los trabajadores para dificultar la euskaldunización de la administración

LAB exige garantías legales sólidas para frenar la ofensiva política, sindical y judicial euskarófoba que obstaculiza la normalización del euskera y vulnera los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.

La información publicada hoy por el medio Argia ha dejado aún más patente lo denunciado en varias ocasiones por LAB — la última, la semana pasada, en relación con el caso de la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Errenteria —: que detrás de la ofensiva judicial contra las medidas a favor de la euskaldunización de la administración están los intereses de las personas y agentes que quieren frenar el proceso de normalización del euskera.

Se puede afirmar que la cruzada del ámbito euskarófobo contra la normalización del euskera es una iniciativa planificada. Aunque las declaraciones públicas de algunos agentes políticos y sindicales han señalado otra cosa, detrás de las sentencias que se han producido hasta ahora durante la ofensiva judicial no hay un interés sincero en proteger a las y los trabajadores vulnerables en situación de interinidad. A la inversa, detrás de muchos casos están los intereses de los agentes políticos y sindicales que están intentando aprovechar esos casos concretos para poner en jaque el proceso de euskaldunización de la administración.

Como sindicato de clase somos conscientes de que hay trabajadores y trabajadoras en nuestro país que no tienen ni las posibilidades ni las facilidades para poder aprender euskera. Por ello, exigimos una vez más a las administraciones que establezcan medios y facilidades para garantizar el derecho a conocer el euskera que también les pertenece. Sólo así lograremos culminar el proceso de normalización del euskera y dar un paso significativo en la cohesión social.

Pero con la misma rotundidad con la que lo reivindicamos, debemos denunciar la utilización interesada e insidiosa que están haciendo de estos trabajadores y trabajadoras diversos agentes. Detrás de esas decenas de demandas hay intereses regresivos: desde los sindicatos que ponen demandas judiciales directamente en su nombre o, lo que es más perverso, ocultos detrás de ciudadanas y ciudadanos individuales, pasando por medios de comunicación que alimentan el clima y el discurso favorable a la misma, hasta los partidos que dan cobertura y garantía política-institucional-jurídica a la ofensiva contra el euskera.

El principal objetivo de estos agentes sindicales y políticos es obstaculizar al máximo la plena normalización del euskera. No quieren que el euskera se sitúe al mismo nivel que el castellano en la administración; al contrario, quieren que siga siendo una lengua de segunda. Por eso, dan por bueno que el castellano sea absolutamente obligatorio en toda la administración y el euskera, en cambio, la mayoría de las veces sea una opción o un elemento de carácter obligatorio sólo para un ámbito limitado.

Pero, junto a ello, su interés particular también pasa por mantener el ámbito electoral (ya sea partidista o sindical). Utilizando los mismos discursos y argumentos de los que se vale la ultraderecha en otros países, en Euskal Herria hay agentes que quieren alimentar la oposición al euskera entre determinados sectores de la ciudadanía, para que después, estos mismos agentes se presenten como sus valedores. Se trata de un comportamiento absolutamente irresponsable y más grave aún cuando está alimentado por partidos supuestamente progresistas o sindicatos que defienden a trabajadoras y trabajadores. No les importa romper la cohesión social y el consenso social mayoritario a favor del euskera, si es para mantener sus intereses particulares. Y en esa iniciativa irresponsable y denunciable están destacando los sindicatos CCOO y UGT y los partidos PSE y PSN, junto con varias plataformas que están a su alrededor. Estos agentes se han sumado a la estrategia del PP y VOX en este asunto para eliminar el euskera de la administración pública.

LAB reivindica, una vez más, la necesidad de garantías legales sólidas para frenar la ofensiva política, sindical y judicial euskarófoba que frustra la normalización del euskera y vulnera los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes. Para ello, LAB ve más necesario que nunca que se adopten medidas que den garantías legales al euskera en el proceso de modificación de la Ley de Empleo Público Vasco que se debate en el Parlamento Vasco para que la normalización del euskera en la administración avance.

LAB exige que el euskera se equipare al castellano. Por lo tanto, LAB interpela al PNV para que deje de someterse al binomio PSE y CCOO contra el euskera y se sume a la propuesta de EH Bildu de reconocer a las y los vascoparlantes derechos equiparables a los de los y las castellanohablantes.

Siendo ambas lenguas oficiales, LAB exige que el euskera se sitúe en el mismo nivel de estatus que el castellano y que se establezcan perfil lingüístico y una fecha de preceptividad en el acceso a todos los puestos de trabajo de toda la administración. LAB apoya el índice de aplazamiento propuesto por EH Bildu para las y los trabajadores que necesitarán un tiempo para demostrarlo y reclama más recursos y liberaciones para que el personal en activo se euskaldunice, entre otras medidas. Es decir, es necesario revertir la visión que hay en la actualidad para que toda la administración sea euskaldun.

Sólo con la entrada en vigor de este tipo de medidas se logrará que la normalización del euskera tenga la garantía legal necesaria en la administración y que se construya un muro de contención contra la ofensiva euskarófoba y en defensa de los derechos lingüísticos de las y los euskaldunes.

El comité de huelga del Casco Viejo de Bilbao recupera una vivienda turística para denunciar la especulación inmobiliaria

La acción vincula la problemática de la vivienda con la huelga general del 17 de marzo y la reivindicación de un salario mínimo de 1.500 euros

El comité de huelga del Casco Viejo de Bilbao ha llevado a cabo hoy en el barrio una acción con el fin de “recuperar” una vivienda turística. Mediante esta iniciativa, las personas organizadoras han querido trasladar un mensaje claro a los agentes económicos que impulsan la mercantilización del barrio y a quienes les dan respaldo: mientras continúen enriqueciéndose a costa de la precarización de las vecinas y vecinos, tendrán enfrente una respuesta social organizada.

Según han explicado, las y los trabajadores de Euskal Herria destinan más del 60% de su salario a la vivienda. En los últimos años, la mercantilización de la misma, orientada a obtener la máxima rentabilidad, ha agravado el conflicto de la vivienda y ha reforzado la dependencia del trabajo asalariado, obligando en muchos casos a tener que aceptar condiciones laborales precarias para poder hacer frente a su coste.

El comité de huelga también ha denunciado el impacto de la turistificación y la gentrificación en los barrios populares. Las grandes empresas, los fondos de inversión y las entidades bancarias continúan acumulando cada vez más viviendas, al tratarse de una necesidad básica por la que la clase trabajadora se ve obligada a pagar precios cada vez más elevados. Aunque los ejemplos más significativos en Euskal Herria son la costa de Lapurdi y Donostia, Bilbao está viviendo un proceso similar. En el Casco Viejo la proliferación de pisos turísticos es constante y, dado que los alquileres de corta estancia resultan más rentables, las opciones de alquiler digno para residentes se reducen, facilitando la expulsión de las vecinas de su propio barrio.

Las personas convocantes han subrayado que la crisis de la vivienda está estrechamente ligada a la huelga general convocada en Euskal Herria para el próximo 17 de marzo. En este contexto, reivindican un salario mínimo de 1.500 euros para garantizar condiciones de vida dignas.

Asimismo, han criticado que las y los trabajadores perciban un salario mínimo interprofesional que no se decide aquí y que no responde a la realidad socioeconómica de Euskal Herria, mientras el precio de la vivienda continúa aumentando de forma constante.

En el marco de la acción, activistas han ocupado una vivienda turística de la empresa Alameda Flats en el Casco Viejo; dicha empresa dispone de 45 pisos turísticos en Bilbao. Entre los objetivos de la protesta se encuentran denunciar a las empresas que se enriquecen mediante los procesos de turistificación y gentrificación, señalar a las instituciones que no adoptan medidas, reivindicar la desmercantilización de la vivienda y exigir un salario mínimo de 1.500 euros.

Pocas horas después de iniciarse la acción, la policía se ha personado en la puerta de la vivienda. En el interior, vecinos y vecinas se mostraban dispuestas a permanecer en la vivienda recuperada. Durante la protesta han desplegado pancartas, arrojado octavillas desde los balcones y se han encadenado como forma de resistencia. En pocos minutos, decenas de personas del barrio se han acercado al lugar para mostrar su apoyo.

Tras conversar con representantes de la empresa propietaria, la policía ha comunicado su intención de proceder al desalojo de las personas que se encontraban en el interior. Una hora más tarde se ha personado también la Ertzaintza. Según el comité de huelga, este operativo vuelve a evidenciar la existencia de un modelo policial orientado a proteger intereses privados, dispuesto a actuar contra vecinas y vecinos que defienden condiciones de vida dignas.

Horas después, las personas organizadoras han abandonado la vivienda por iniciativa propia tras haber cumplido el objetivo, al tiempo que han hecho un llamamiento a mantener la movilización en el barrio y han advertido de que, si la situación persiste, continuarán ocupando viviendas de grandes propietarios.

“Cada piso turístico recuperado será un espacio de resistencia: frente a la explotación laboral de la industria turística, el trabajo comunitario; frente a la gentrificación, la comunidad; y frente al negocio de la vivienda, el derecho a la vivienda”, han señalado.

El comité de huelga ha concluido con un llamamiento a participar en la huelga general del 17 de marzo y a reforzar la organización y la solidaridad de clase frente al empobrecimiento de la clase trabajadora.