2026-11-03
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Paros y huelga en Hazten y Sortuleku contra el deterioro de los servicios para mujeres* y menores

Las trabajadoras de los recursos Hazten y Sortuleku, tras la última asamblea celebrada a finales de febrero, han decidido convocar dos jornadas de paros y dos jornadas de huelga durante el mes de marzo para denunciar la situación que atraviesan ambos recursos y exigir soluciones a sus reivindicaciones.

Los paros tendrán lugar los días 10 y 16 de marzo, en horario de 9:00 a 14:00, mientras que las huelgas de 24 horas serán los días 24 y 25.

Continúan movilizándose para defender la subrogación de la plantilla en su proyecto original, ahora denominado Ondoan, y para denunciar que se pretende castigar a la plantilla por exigir la aplicación de la normativa laboral vigente.

Asimismo, reivindican una red real de acogimiento residencial que atienda a menores de todas las franjas de edad, sin sustituir unas plazas por otras ni deteriorar los servicios sociales destinados a la protección de menores.

Alertan de que la Diputación Foral de Araba está impulsando la transformación de estos recursos en un nuevo recurso de preemancipación denominado “Abiatuz”, lo que supondrá la desaparición del recurso Hazten, que en la actualidad es un hogar de menores de entre 7 y 14 años.

El servicio ya ha sido licitado, aunque todavía no cuenta con entidad gestora adjudicada, previsiblemente hasta el 1 de julio. Según les han trasladado, la intención de la Diputación es que las plantillas de ambos recursos pasen a formar un único equipo educativo en el nuevo recurso.

Denuncian además que, junto con la Fundación Beti Gizartean, ya se está modificando el perfil de la población atendida sin respetar el convenio vigente y sin un proyecto educativo claro, obligando al equipo profesional y a los y las menores a adaptarse a cambios constantes y a una situación de gran incertidumbre.

Ante esta situación, continuarán movilizándose y denunciando públicamente lo que consideran una gestión irresponsable de servicios esenciales destinados a mujeres* y menores, y exigen a la Diputación garantías tanto para la estabilidad laboral de la plantilla como para la calidad de la atención social.

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