Durante la jornada de hoy, y en los próximos días,12 y 18 de enero, 8 trabajadoras y trabajadores van a tener que declarar en los juzgados de Bilbao, Barakaldo y Durango, respectivamente, por participar en los piquetes y movilizaciones realizadas durante las 11 jornadas de huelgas del metal de Bizkaia llevadas a cabo a lo largo de 2022.
Con estas nuevas declaraciones, serán ya 8, en total, las y los trabajadores que van a tener que pasar por los juzgados y que pueden enfrentarse a un juicio.
Las acusaciones van desde desórdenes públicos hasta atentando contra la autoridad. Además se han recibido más de una decena de sanciones económicas que van desde los 150€ hasta los 900€. Sabemos que no van a ser las últimas, tenemos la experiencia de las huelgas del 2019 en las que 17 personas tuvieron que pasar por los juzgados (algunas incluso con peticiones de cárcel) y donde las sanciones económicas fueron numerosas.
Ante este hecho, nos movilizaremos en Bilbo, y también lo haremos en Barakaldo el día 12 (11:00) y Durango el 18 (10:00) de enero para apoyar la lucha de las y los trabajadores del metal de Bizkaia por un convenio digno y mostrar nuestra solidaridad a las personas que tendrán que prestar declaración.
Queremos denunciar que todas estas acusaciones están basadas en montajes realizados por la Ertzaintza, que se ha dedicado a amenazar y apalear a trabajadores y trabajadores y a representantes sindicales, teniendo que pasar por el hospital hasta 7 personas debido a la brutalidad policial empleada durante las movilizaciones.
También queremos denunciar que esta impunidad de la Ertzaintza para actuar de este modo es una decisión política. Una decisión del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Los días en los que miles de trabajadores y trabajadoras del metal secundaban las huelgas y participaban en las movilizaciones de manera pacífica, las detenciones, identificaciones y los golpes han sido la estrategia del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para enmascarar el éxito rotundo de la lucha del metal de Bizkaia.
Todo esto tiene un objetivo claro, criminalizar cualquier lucha de la clase trabajadora en defensa de unas condiciones de trabajo dignas y en defensa del empleo, como sucedió en el 2019 y en otros conflictos como Tubacex, PCB, Petronor,Artiach…
Por otra parte, esta decisión supone que el Gobierno Vasco, una vez más, decida ponerse del lado de la patronal. Una patronal, que en el caso de FVEM, lleva bloqueando más de un año el convenio y se niega a llegar a un acuerdo en el que se repartan los beneficios generados en las empresas de una manera justa, máxime en un momento en el que llegar a fin de mes para cualquier trabajador y trabajadora es cada vez más difícil. Una patronal que se ha atrevido a llamar “avariciosos” a los y las trabajadoras del metal de Bizkaia, mientras ha reconocido que en el 2022 más del 80% de las empresas esperaban aumentar sus beneficios.
En esta situación de bloqueo absoluto de la negociación y de prepotencia de la patronal, el Gobierno Vasco, en vez de priorizar el tener una mayor aportación e implicación para que en la mesa de negociación haya un equilibrio entre ambas partes, se ha dedicado a mandar a la Ertzaintza a criminalizar la legítima protesta de los y las trabajadoras del metal de Bizkaia.
Por todos estos motivos solicitamos al Gobierno Vasco que deje de criminalizar la lucha del metal de Bizkaia, que deje sin efecto las multas y denuncias interpuestas contras trabajadores y trabajadoras y que asuma su responsabilidad ante un convenio que afecta a 56.000 familias.
También hacemos un llamamiento a toda la sociedad bizkaina para que tome parte en las movilizaciones convocadas.
