2026-08-01
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Hemos reclamado que el Gobierno de Nafarroa asuma su responsabilidad en el desastre de las mascarillas y los empresarios de la CEN paguen lo que deben

Hoy en Iruñea, mediante la colocación de sendos murales frente al Departamento de Trabajo y en la sede de la CEN, hemos denunciado que el “desastre de las mascarillas” responde a una gestión clientelar del Gobierno de Nafarroa que otorga barra libre a la patronal, unos empresarios que únicamente miran por sus intereses y beneficios, para los que todo es negocio. LAB entiende que esta actual lógica de la cosas es una realidad que debe cambiar.

El desastre de las mascarillas ―resumido en 1,7 millones de mascarillas, valoradas en 1,8 millones de euros, y que supondrán una pérdida de 1,24 millones de euros de las arcas públicas― debería llevar a Geroa Bai, titular del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, a realizar una profunda reflexión sobre esta forma de actuar.

Con esta ya van dos ―junto al caso Davalor―. No es aceptable esta forma de hacer las cosas, siempre flexible para con los empresarios en todas sus medidas y exigencias. Es un insulto que Geroa Bai – PNV ahora, o UPN antes, rescaten a las empresas y lo pague la mayoría social, los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, cuando las empresas rescatadas dan beneficios, estos no revierten ni en las trabajadoras ni en la sociedad.

El desastre de las mascarillas es otro claro ejemplo de la actividad general de Sodena que, también bajo los gobiernos de UPN, ha respondido siempre a una lógica neoliberal: utilizar el dinero público sin pudor ni rubor para que el “riesgo empresarial” sea de coste cero para los empresarios, ya que estos no asumen compromiso alguno. Parece que resulta fácil arriesgar si se trata de dinero público.

La Confederación de Empresarios de Navarra participa en las instituciones a través de partidos y representantes políticos que defienden con fervor sus postulados: bloquear cualquier posibilidad de reforma fiscal que reparta de manera justa la riqueza, legislar para precarizar el mercado laboral limitando los derechos de la clase trabajadora, y destinar fondos de dinero público para salvar a los empresarios y no a sus trabajadoras.

Los empresarios pagan poco y mal. Colectivizan y socializan el llamado “riesgo empresarial” a través del dinero público de todas, mientras no hacen lo propio con sus beneficios que, como siempre, lo acumulan en exclusiva. Y, además, tienen un trato de favor por parte del Gobierno. Piden y todo se les da.

Es necesario cambiar ya este modus operandi, avanzar para que la gestión del dinero público vaya destinada a garantizar los derechos de la mayoría social, un trabajo y vida dignas. Hay que disponer de instrumentos efectivos para garantizar tanto el empleo como una distribución justa de la riqueza. Dicho de otra forma, dejar atrás una gestión clientelar y pro empresario.

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