2025-12-23
Blog Página 25

Valoración de LAB sobre el fallo relativo a las filtraciones en la OPE 2016-17

Hoy LAB ha tenido conocimiento del resultado al recurso que interpuso frente a la Audiencia Provincial de Álava en torno a las filtraciones en las categorías médicas convocadas en la OPE 2016-17. Si bien es cierto que para este sindicato existen numerosos indicios de filtración en 18 categorías, acogemos con satisfacción que se vaya a abrir juicio oral en la categoría de Cirugía Plástica.

En primer lugar porque la filtración que se dio en esta categoría era conocida tanto por la dirección del IVAP y Osakidetza, como quedó claro en las declaraciones de los implicados.

Una opositora recibió el examen por parte de un miembro del tribunal con el que tenía una relación de parentesco. Ante esta situación y al ser una categoría con pocos participantes, el resto de opositores sospechaban de esa filtración por lo que esperaron con impaciencia los resultados del examen. Al publicarse los datos, la opositora desapareció de los listados a pesar de que todos los participantes vieron a esta persona realizar el examen.

Tras tres años de ocultación de lo ocurrido con esta opositora y tras las diligencias y testimonios solicitados por LAB, se pudo saber lo siguiente:

Esta persona acertó el 98% de las preguntas redactadas por su suegro y obtuvo un resultado mediocre en el resto.

Entre la realización de la prueba teórica y la práctica esta persona fue llevada a una sala del recinto donde se celebraban los exámenes, donde un directivo del IVAP y otro directivo de Osakidetza al menos la “invitaron” a abandonar el proceso dado que todo apuntaba a que se dio una filtración. Debemos recordar que la obligación de estas personas como funcionarios y altos cargos de organismos públicos era trasladar esa situación a instancias judiciales, puesto que lo que tenían en frente era un presunto delito. Sin embargo, optaron por coaccionar a una opositora para abandonar un proceso y ocultar una de las pruebas de la filtración, la nota. La labor ingente de este sindicato logró destapar la existencia de esa reunión que fue ocultada durante años por el IVAP, Osakidetza, el tribunal y la propia opositora.

María Jesús Múgica (directora general de Osakidetza) declaró en Fiscalía no conocer ninguna irregularidad acerca de la OPE 2016-17. A la vista de los hechos parece legítimo concluir que al menos María Jesús Múgica conocía esta cuestión y la omitió en dicha declaración.

La valoración que hacemos del fallo es positiva pero insuficiente. Se han rechazado infinidad de diligencias que formuló este sindicato como, por ejemplo, el estudio de los exámenes de las categorías bajo sospecha; no se ha intervenido ni una sola comunicación entre opositores investigados y miembros de tribunal; no se ha permitido la declaración como investigados de la cúpula de Osakidetza de aquel momento para dar luz a lo sucedido, lo cual sin lugar a dudas es un escándalo para el sistema público vasco. 

LAB mantiene su convicción y seguirá trabajando por demostrar que las filtraciones no eran una práctica aislada. Como se puede ver en la categoría de Cirugía Plástica, quienes debían velar por la limpieza del proceso colaboraron con los filtradores y beneficiados en ocultar todas las pruebas posibles.

En cuanto al auto queremos manifestar una incongruencia manifiesta de la Sala:

La Sala nos reprocha no solicitar “la investigación de cara a la identificación y toma de declaración como investigados de esos cargos directivos supuestamente responsables”.

Sin embargo, es esa misma Sala la que mediante Auto de 29/11/2022 desestimó el Recurso de Apelación de LAB que expresamente interesaba la imputación de delitos de asociación ilícita, fraude en la contratación, revelación de secretos, negativa intencionada de promover la persecución de la revelación de secretos y prevaricación a las siguientes personas:

Jon Darpón Sierra (consejero de Sanidad)

Mª Jesús Múgica Anduaga (directora general de Osakidetza)

Juan Carlos Soto Pérez (director de RRHH)

Xabier Balerdi Tolosa (subdirector de RRHH)

Andoni Arcelay Salazar (director médico)

Miriam Aparicio Salazar (Selección y provisión de Osakidetza)

Maite Iruretagoiena Ibarguren (directiva IVAP)

Fulgencio Aledo Amorós (directivo IVAP)

Si no se airea la verdad acerca de la actuación de estas personas responsables, no será por inacción de LAB, que ha visto una y otra vez rechazadas todas las diligencias encaminadas a lograrlo.

LAB no busca cabezas de turco, sino que se sepa la verdad y acabar con el sistema clientelar de reparto de plazas. Creemos que hemos depurado el sistema de OPE y, en cuanto a conocerse la verdad, seguiremos aprovechando todas las opciones que nos dé el procedimiento para que la población conozca lo que toda la plantilla de Osakidetza sabe. 

LAB acudirá a los tribunales para que las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA cumplan con lo acordado en el Acuerdo Fin de Huelga

Si llega el plazo para cumplir el resto de los contenidos del acuerdo y no lo hacen, deberán volver a acudir a los tribunales

Delegados/as y trabajadores/as han llevado a cabo diversas acciones y movilizaciones para hacer cumplir el Acuerdo de Fin de Huelga AFH. Las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA han puesto trabas a la ejecución de dicho acuerdo firmado el 5 de febrero del 2024.

Hace 19 meses que se firmó el AFH por las Patronales de Iniciativa Social y los sindicatos donde se comprometieron a reducir en 1 hora de la atención directa en todas las etapas durante el curso 2025-2026. El 1 de septiembre, se ha iniciado el nuevo curso y no se ha aplicado lo acordado, se ha producido un incumplimiento y por ello se ha puesto en marcha la vía judicial.

Cabe recordar que el AFH se firmó el 5 de febrero de 2024 en los centros de Iniciativa Social. Que el acuerdo se firmó después 14 días de huelga y diversas movilizaciones. Fue firmado por las patronales y todos los sindicatos con representación en la mesa negociadora de los centros de Iniciativa Social. 

La mala fe de Kristau Eskola y de las patronales AICE-IZEA es clara, ya que al final del curso 2024-2025 enviaron a los centros unas instrucciones para no cumplir con lo acordado.

El Sindicato LAB ha decidido iniciar la vía judicial, presentando una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para reclamar la bajada de una hora de atención directa acordado en todas las etapas.

Si las patronales tienen voluntad, podrán encauzar la situación en la mesa de negociación que se celebrará el 25 de septiembre, presentando una propuesta de Convenio que recoja todos los contenidos literalmente acordados en el AFH.

De no ser así, el Sindicato LAB activará los instrumentos necesarios para hacer cumplir cada uno de los contenidos del acuerdo, tanto la vía de movilizaciones como la de los tribunales. 

LAB también denuncia firmemente la actitud del Departamento de Educación, exigiendo que de una vez por todas se den pasos en la equiparación salarial y en la homologación de las condiciones laborales. 

LAB quiere mostrar su adhesión a la convocatoria de huelga de ELA en las residencias de personas mayores de Gipuzkoa

LAB ha convocado huelga los días 24, 25 y 26 de septiembre en las residencias de personas mayores de Gipuzkoa.

A pesar de que los trabajadores lo han solicitado en varias ocasiones, hemos hecho un llamamiento a la colaboración a ELA, pero hemos recibido un no rotundo. Sin embargo, LAB aprovechará cualquier oportunidad de lucha y priorizará la opción de que los trabajadores actúen juntos.

La situación que viven los trabajadores en las residencias de personas mayores es grave:

  • Desde 2008 no se ha firmado un convenio aplicable a todo el sector a nivel territorial, y, como consecuencia, los trabajadores carecen de la seguridad y protección que proporciona un convenio sectorial y territorial.
  • Desde 2006 no se han modificado los ratios, lo que ha provocado cargas de trabajo insoportables.
  • Predominan las jornadas parciales, del 60%, lo que obliga a los trabajadores a vivir en condiciones de precariedad.
  • Debido a estas condiciones laborales, los trabajadores se encuentran agotados, cansados e impedidos, y muchos de ellos se encuentran en situación de incapacidad temporal. Sin embargo, no todos perciben las bajas al 100%, y se niegan a reconocer como laborales las bajas que han tenido, aunque estas se deban a lesiones y enfermedades derivadas de sus condiciones de trabajo.

La situación es lamentable para quienes cuidan a las personas mayores de Gipuzkoa, y se mantiene gracias al dinero público. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha tomado decisiones que han llevado a esta situación a la privatización del servicio, y es la propia Diputación la que no ha mejorado los ratios en todos estos años. Ignoran las propuestas y convocatorias de LAB para mejorar la situación, y tratan con desprecio a los trabajadores que realizan labores de cuidado.

Por otra parte, los patronos que gestionan las residencias con dinero público quieren mantener la situación tal cual, sin presentar propuestas en la mesa de negociación y bloqueando las negociaciones. No tienen voluntad de mejorar las condiciones laborales ni de alcanzar acuerdos con las representaciones de los trabajadores. Su única prioridad y objetivo es obtener beneficios económicos, utilizando dinero público y explotando a los trabajadores.

La mayoría de los trabajadores son mujeres, porque los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres, y la precariedad predomina en todos los trabajos feminizados.

El compromiso de LAB es claro: los trabajadores de cuidados son trabajadores públicos, están prestando un servicio público financiado con dinero público, y, por tanto, el servicio debe ser público. Esa es nuestra propuesta, objetivo y guía: poner los cuidados en el centro. Por ello, pedimos equiparar los salarios con los de los trabajadores públicos en la mesa de negociación del convenio y, además, solicitamos a la Diputación que haga públicas las residencias de personas mayores; que asuma este servicio, dignificando las condiciones laborales y, al mismo tiempo, los cuidados.

En ese camino nos encontrarán: en los centros de trabajo, en las calles, en las instituciones y en cualquier ámbito que ofrezca la oportunidad de lucha.

La mayoría sindical vasca apoya las movilizaciones del Movimiento de Pensionistas del 20 y 25 de septiembre por una pensión mínima equiparable al SMI

LAB, ELA, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru exigen a PNV y PSE que no impidan el debate sobre una demanda apoyada por más de 144.000 personas, y denuncian que ambos partidos pretenden escudarse en un informe jurídico para mantener a 90.000 pensionistas en la pobreza. La coordinadora general Garbiñe Aranburu ha intervenido en la comparecencia realizada hoy.

Durante cinco meses, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha trabajado recabando apoyos para una Iniciativa Legislativa Popular en favor de complementar la pensión mínima hasta equipararla al salario mínimo para la Comunidad Autónoma Vasca. Esta iniciativa ha suscitado gran apoyo, tras recoger más de 144.000 firmas. La mayoría sindical vasca ha apoyado y realizado su aportación en este proceso.

Tras la presentación de las miles de firmas en el Parlamento, el Gobierno Vasco debía realizar un informe técnico no vinculante sobre la ILP, que ha sido desfavorable. Los sindicatos consideramos que el informe ni es técnico, ni es jurídico, sino que se trata de un informe de índole política que refleja la nula intención de los partidos que conforman el Gobierno Vasco de dar respuesta a la realidad de las personas que perciben las pensiones más bajas.

De esta manera, PNV y PSE intentan obstaculizar el debate en el Parlamento, impidiendo que se admita a trámite. En principio, el 25 de septiembre se decidirá su admisión a trámite en el Parlamento de Gsateiz, y exigimos a los partidos políticos que voten a favor de esta Iniciativa que tanto apoyo ha recibido entre la ciudadanía. Es una cuestión democrática. Evitar el trámite parlamentario supone robar a la sociedad vasca la capacidad de debatir y acordar el modelo de protección social que necesita.

Si esta ILP no se admite a trámite, saldrá perjudicada el conjunto de la clase trabajadora, muy especialmente las mujeres pensionistas, que reciben las pensiones más bajas: muchas de ellas no llegan ni a 700 euros mensuales. Existe una brecha en pensiones entre mujeres y hombres de alrededor del 40%. PNV y PSE, con su informe, dejan en evidencia la falta de reconocimiento de los trabajos de cuidados: miles de mujeres pensionistas se ven obligadas a recibir pensiones de miseria porque sus labores de cuidados les han impedido acceder al mercado laboral.

Esta ILP contribuiría a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres pensionistas, ya que supondría equiparar las pensiones más bajas al SMI. Actualmente existen unas 90.000 pensionistas, la mayoría mujeres, con ingresos por debajo del SMI. Sin embargo, solo 15.000 de ellas cobran la Renta de Garantía de Ingresos. Queda así demostrado que esta RGI no es una herramienta útil para que las personas pensionistas cuenten con ingresos suficientes.

Por ello, la mayoría sindical vasca se movilizará junto con el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria el 20 de septiembre en Bilbao, Donostia y Gasteiz, y el 25 de septiembre, también en esta última capital, para exigir a los partidos políticos vascos que voten favorablemente por el complemento de la pensiones mínimas.

LAB denuncia que la privatización de las ambulancias en la CAV permite a empresas privadas lucrarse con recursos públicos

Que las ambulancias de la Comunidad Autónoma Vasca estén privatizadas es un problema de toda la sociedad, no sólo porque nos repercute en el servicio, sino porque además el dinero público que todos y todas las vascas aportamos es manejado por las empresas privadas a su antojo sin apenas control. Cada vez es más necesaria la publificación del servicio.

El servicio del transporte sanitario en la CAV se presta por empresas privadas subcontratadas tanto en el servicio de emergencias como en el servicio no urgente, y esto está llevando a multitud de problemas. El último, es el uso de dinero público para mantener servicios que se realizan para los hospitales privados, pero recibiendo los ingresos de estos una tercera empresa ajena a la licitación del Gobierno Vasco.

En Bizkaia, desde que la cooperativa catalana La Pau tuvo que dejar de prestar este servicio, dos empresas formaron una UTE para el contrato de urgencia que les fue adjudicado: AMBULANCIAS BAZTAN BIDASOA, SL y SANIR MOVILIDAD SANITARIA SA (creada a su vez por ALSA y TRANSINSA). En todo este lío de empresas puede ser difícil seguir el hilo de la situación, pero finalmente se resumió en el nombre UTE BIZKANB.

Pues bien, UTE BIZKANB, que sorprendentemente comenzó a prestar servicios antes incluso de que la oferta de contrato se hiciera pública por parte del Gobierno Vasco —lo cual ya da pistas sobre lo “limpio” de este proceso—, subrogó, como era su obligación, a toda la plantilla que venía de La Pau. Esta plantilla incluye no solo a conductores/as, enfermeros/as y ayudantes que vemos habitualmente en las ambulancias, sino también al personal de logística, al de oficinas, a las telefonistas que reciben las solicitudes de servicios diarios, y a las coordinadoras que se encargan de asignarlos para que la ambulancia aparezca.

Precisamente sobre estas personas cuyo trabajo no vemos en el día a día, las que están “detrás de las cámaras”, recae una gran parte del problema de la privatización.

¿Alguien se ha preguntado alguna vez quién gestiona los servicios de ambulancias que van a centros sanitarios privados? Y unido a esto, ¿quién recibe el dinero que esos centros privados y sus usuarios pagan por este servicio? Pues digamos que esto es el círculo perfecto para una empresa privada en concreto: SANIR.

SANIR es la empresa que actualmente tienen contratada algunos hospitales privados para el transporte en ambulancia; SANIR es a quien pagan por esos servicios. Pero resulta que SANIR no tiene telefonistas, ni personal de logística, ni personal de coordinación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Magia? No: con recursos públicos.

El Gobierno Vasco da a la empresa adjudicataria (UTE BIZKANB) una cuantía de dinero con la que pagar todos los recursos, incluida la plantilla, que debería centrar su esfuerzo en las ambulancias del sector público. Sin embargo, esa plantilla es obligada también a trabajar para SANIR y a gestionarle todos los servicios. Negocio redondo: el Gobierno Vasco paga, y SANIR se lleva el beneficio.

La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a tolerar que las empresas privadas usen de forma indebida los recursos públicos? ¿A quién beneficia que este servicio sea gestionado por empresas privadas? El contrato está a punto de terminar y es el momento de que el Gobierno Vasco entienda que la única forma de que no nos roben es la gestión directa de los servicios públicos. 

UEU e Ipar Hegoa Fundazioa han presentado el libro ‘ETXEAREN KORAPILOA ASKATZEN. Etxebizitza-politika justurako gakoak’

Unai Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta (Vitoria-Gasteiz, 1977) ha escrito el libro ETXEAREN KORAPILOA ASKATZEN. Etxebizitza-politika justurako gakoak, en colaboración con UEU y la Fundación Ipar Hegoa. En él se ofrecen 30 claves políticas, económicas y sociales para resolver el problema de la vivienda.

En la rueda de prensa han participado Unai Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta, autor del libro; Edurne Larrañaga Celada, responsable de estudios de la Fundación Ipar Hegoa; Gidor Bilbao Telletxea, responsable de publicaciones de UEU; e Iratxe Delgado Arribas, miembro de Acción Social del sindicato LAB.

Gidor Bilbao Telletxea, responsable de publicaciones de UEU, ha subrayado que el libro se sitúa en la senda de la academicidad y de la búsqueda de la justicia social.

Edurne Larrañaga Celada, responsable de estudios de la Fundación Ipar Hegoa, ha señalado que el encarecimiento de la vivienda tiene un enorme impacto en la vida de los trabajadores y trabajadoras, y que este libro es una herramienta para el sindicato LAB. El sindicato LAB decidió ser un sujeto activo en el tema de la vivienda, y esa ha sido otra de las razones para impulsar este libro.

Según Unai Fernández de Betoño Sáenz de Lacuesta, el problema de la vivienda es consecuencia de decisiones políticas concretas, y por lo tanto, otras decisiones políticas también pueden darle la vuelta al problema. “En el libro expongo las claves políticas, económicas y sociales para desatar el nudo de la vivienda: reunidas en treinta medidas que deberían adoptarse casi simultáneamente, y además de manera duradera, es decir, manteniéndolas en el tiempo. No son desconocidas, pero hoy por hoy, al menos en el País Vasco Sur, no hay suficiente voluntad política para llevarlas a cabo y resolver de verdad el problema de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque para desatar el nudo de la vivienda hay que apartarse de la lógica del mercado, ofreciendo viviendas asequibles y duraderas, y no existe gran interés político en hacerlo de manera efectiva, ya que lo que se persigue es que el precio de la vivienda siga subiendo continuamente”.

El autor ha destacado que en el País Vasco Sur apenas se ha impulsado el alquiler social: “En la lista de Etxebide en la CAV, por ejemplo, hoy en día hay 85.000 solicitantes reclamando una vivienda de alquiler social, porque no pueden pagar un alquiler libre, pero la oferta es de solo 28.000 viviendas de alquiler social”. Según él, la cifra de viviendas de alquiler social en el Sur es nueve veces menor que la oferta en países como Dinamarca, Países Bajos o Austria. Y casi cuatro veces inferior a la media de la Unión Europea: “el principal reto sería conseguir cuanto antes más viviendas de alquiler social”.

Fernández de Betoño ha explicado que los lectores, además de encontrar el origen del problema de la vivienda, hallarán también soluciones viables. Asimismo, ha subrayado que está escrito desde la mirada de Euskal Herria: “Nuestros jóvenes al norte del Bidasoa se emancipan cinco o seis años antes que los del sur del Bidasoa, entre otras cosas porque en el País Vasco Norte hay tres veces más alquiler social que en el País Vasco Sur. En la misma línea, el libro explica cómo debemos resolver el problema de la vivienda sin crear otros problemas, como los urbanísticos o los lingüísticos: también debemos tener en cuenta las especificidades de los espacios de uso intensivo del euskera o de los municipios vascoparlantes”. 

Gobierno Vasco: ¡asegura la financiación que necesita la universidad pública! Equipo rectoral: ¡defiende con firmeza la EHU!

La infrafinanciación de la universidad pública vuelve a ser el tema clave en el acto de apertura del nuevo curso. En el mismo, escucharemos bonitas palabras en boca del lehendakari ensalzando la imprescindible aportación de la universidad pública a la sociedad vasca, y aludiendo al reto que supone mantenerse e incluso subir puestos entre las mejores universidades del mundo. Sin embargo, la realidad es otra: la de una universidad pública infrafinanciada. Así pues, en lugar de hablar de excelencia una y otra vez, deberíamos denominar a la situación endémica que tenemos en la EHU excelente dejadez interesada.

Los salarios básicos del personal docente e investigador (PDI) de la UPV/EHU son inferiores a los salarios básicos del profesorado de secundaria, y la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy evidente. Por aportar un dato, desde 2008 el salario del profesorado agregado y titular de universidad ha sufrido una devaluación del 24,3%. A ello hay que añadir que los complementos aprobados en 2006 para complementar los salarios se mantienen congelados, habiendo sido el incremento del IPC del 46,6% desde ese año.

Además, seguimos teniendo situaciones de precariedad verdaderamente insoportables. A pesar de haber encontrado la vía para contratar profesorado sustituto a tiempo completo, el profesorado a dedicación parcial sigue cobrando entre 400 y 800 euros, sin tener reconocidas algunas de las actividades imprescindibles que realizan. La carrera de fondo necesaria para llegar a ser profesor/a universitario/a no hace atractiva esta profesión, al menos desde un punto de vista económico. Prueba de ello es que cada vez más puestos docentes quedan vacantes en algunas áreas de conocimiento. Esto tendrá graves consecuencias a medio y largo plazo, ya que tendremos departamentos de la universidad pública donde no habrá suficiente profesorado.

A todo esto hay que añadir otro revés recibido a finales del curso 2024-25: la suspensión, por falta de financiación, de la creación de las plazas de profesorado ayudante doctor y de promoción que estaban aprobadas.

En el caso del Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos 15 años ha sido del 18,2%, y en muchos servicios y departamentos se necesita más personal. Los puestos de trabajo con menor nivel retributivo deben ser revisados y se deben garantizar unas condiciones salariales dignas y acordes con el coste real de la vida. El trabajo del colectivo PTGAS es imprescindible para el adecuado desarrollo de la docencia, investigación y demás actividades. Sin embargo, mientras que en otros países europeos la ratio PDI/PTGAS es de 2, en la EHU es de 2,76.

Para que la universidad pública pueda dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca en formación, investigación y/o transferencia del conocimiento es necesario contar con una plantilla suficiente, cuidarla, y ofrecer unas condiciones de trabajo dignas. Así mismo, es imprescindible aumentar el número de contratos para la realización de tesis doctorales, garantizar recursos suficientes para la investigación, poner en marcha las instalaciones nuevas necesarias, realizar el mantenimiento de los edificios (en algunos centros nos hemos acostumbrado a las goteras de todos los años…), acabar con la privatización de algunos servicios y dotar bien a los departamentos y servicios.

Exigimos al equipo rectoral una actitud firme para conseguir la financiación necesaria para la EHU. Es responsabilidad de la Dirección de la EHU defender con decisión, ante el Gobierno Vasco, una financiación que responda a las necesidades de una universidad pública al servicio de la sociedad.

La financiación que destina el Gobierno Vasco sigue siendo muy baja. De hecho, la aportación del Gobierno Vasco a la EHU para 2025 ha supuesto únicamente el 0,42% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca en 2024, muy lejos del 1% del PIB que marca la Ley Orgánica del Sistema Universitario para 2030. Lo peor es que el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación deja claro, según declaraciones realizadas en algunos medios, que no tiene ninguna intención de acercarse a esa cifra.

Tampoco menciona la posibilidad que ofrece la LOSU para que las universidades que ofrecen dos lenguas oficiales, obtengan financiación extra. Mientras en muchos Estados europeos la financiación de las universidades públicas supera el 1% del PIB, las personas y entidades responsables de financiar la EHU están comprometiendo, conscientemente, su presente y futuro.

El Gobierno Vasco también hace un uso instrumental de la EHU; no la trata con respeto. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las plazas de medicina: mientras el Gobierno Vasco pide a la EHU que aumente el número de plazas para estudiar medicina, hace oídos sordos a otros problemas y necesidades que tiene la universidad.

Al mismo tiempo, el Gobierno Vasco pone la alfombra roja a las universidades privadas, promoviendo un modelo elitista de educación universitaria. La EHU, que debería ser una robusta embarcación para todas y todos, se está hundiendo poco a poco, mientras la flota de universidades privadas es cada vez más diversa y potente, con todo tipo de facilidades desde las instituciones y financiada directa o indirectamente con dinero público.

En el acto del nuevo curso académico nos encontrarán frente a su modelo privatizador y neoliberal, para exigir financiación suficiente para la EHU y defender la universidad pública que necesita la sociedad vasca.

En defensa de la universidad pública,
Gobierno Vasco: ¡asegura una financiación suficiente!
Equipo rectoral: ¡defiende con firmeza la financiación que necesita la EHU!

LAB – STEILAS – ELA – LSB-USO – CGT-LKN

LAB reivindica la necesidad de acabar con el negocio de la vivienda en el Parlamento Vasco

LAB advierte que la propuesta presentada por PNV y PSE hará subir los precios de la vivienda y dificultará su acceso. El sindicato ha reivindicado medidas para frenar la subida constante de los precios y lograr rebajarlos como la ampliación del parque público, el fomento del alquiler social y la declaración del conjunto de la CAV como zona de mercado tensionado. 

A las puertas del verano el PNV y PSE anunciaron la necesidad de medidas urgentes para hacer frente al problema de la vivienda. LAB realizó una valoración crítica de estas medidas y concretó varias propuestas. Al considerar que se una vez mas se trataba de ahondar en las políticas erróneas que nos han traído a la situación actual, el sindicato se movilizó entonces frente a Sabin Etxea y hoy Endika Pérez, responsable de Acción Social, ha tomado la palabra en la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana y ha destacado tres mensajes principales. 

Por un lado, Pérez ha explicado que pueden estar de acuerdo en parte del diagnostico, pero no así en la dirección de las medidas anunciadas. LAB considera innegable la necesidad de medidas estructurales y urgentes en el ámbito de la vivienda. La vivienda se ha convertido en una causa fundamental para el empobrecimiento de las y los trabajadores y así, ha denunciado que se quiere dar respuesta a la situación de emergencia que estamos viviendo iniciando un nuevo ciclo de construcción, que ahondará aún más el problema: «PNV y PSE han preferido plantear políticas para alimentar el mercado privado y medidas de cara a las empresas constructoras, antes que responder radicalmente al problema. Para bajar los precios se necesitan medidas inmediatas de ampliación del parque público, pero el parque no se puede complementar sólo con nuevas casas. Las medidas para movilizar lo que hay actualmente son absolutamente necesarias «. 

El responsable de Acción Social también ha denunciado el falso discurso sobre la falta de oferta. «Hemos visto en diferentes momentos de las últimas décadas que construir más casas no hace que bajen los precios. Cada vez son más las fórmulas que utilizan los fondos buitre, patronales inmobiliarias y rentistas para hacer negocio con la vivienda. Esto es inaceptable.”

Por lo tanto, el miembro de LAB ha señalado que estamos viviendo la consecuencia directa de las políticas públicas realizadas hasta ahora y que desgraciadamente PNV y PSE quieren profundizar en las medidas contra los y las trabajadoras. «Aquí los que reciben propinas y viven de las subvenciones son los bancos, las constructoras y la patronal inmobiliaria y es a lo que hay que poner fin. Hay que priorizar la función social de viviendas y limitar la posibilidad de hacer negocio con ella. Ahí es donde hay que hacer el esfuerzo y ahí es donde hay que tomar medidas urgentes «

En su intervención ha puesto como ejemplo la línea de avales puestos en marcha supuestamente para la emancipación de los jóvenes. Recuerda que LAB ha presentado alegaciones a esta línea al considerar que vulnera la Ley de Vivienda de 2015. «La ley recoge que el dinero público debe destinarse al alquiler social o a la rehabilitación de casas, y ahora el Departamento de Juventud destinará 144 millones, de la mano del Instituto de Finanzas, a incentivar la compra». La consecuencia será, según Pérez, que a quienes ya tienen la posibilidad de comprar su casa se les facilitará la posibilidad de hacerlo, mientras que quien más lo necesita seguirá desprotegido.

En tercer lugar, Pérez ha hecho hincapié en las propuestas realizadas por LAB. Ha reivindicado la necesidad de medidas para hacer frente a la emergencia de vivienda y al proceso de precarización y empobrecimiento que vive la clase trabajadora, poner freno a la constante subida de precios y lograr bajarlos. Para ello, LAB pide que se declare a toda la CAV como zona de mercado tensionado, así como la publicación inmediata del índice de precios. «No va a solucionar el problema, pero nos va a dar más herramientas», ha señalado. Asimismo, ha denunciado que el hecho de que 100.000 personas estén inscritas en Etxebide y que el 85% reclame alquiler social debería ser motivo suficiente para cumplir con lo que recoge la Ley de Vivienda. 

La administración debe pasar de pagar el alquiler en el mercado privado a garantizar el derecho a la vivienda y posibilitar el acceso a la misma ofreciendo alquiler social, ha reivindicado, para lo que, en lugar de conceder beneficios fiscales a propietarios, bancos y rentistas, hay que ejercer más presión sobre los mismos: “Porque si, hay viviendas. Necesitamos medidas para convertir casas secuestradas para hacer negocio en casas donde poder vivir de forma digna y permanente», ha proclamado. «Son las personas las que hay que poner en el centro, protegiendo y ampliando los derechos de las inquilinas para que nadie se quede en la calle. Cada semana conocemos las situaciones de personas obligadas por la fuerza a abandonar sus casas y este tipo de situaciones no podemos ni normalizarlas ni asumirlas».

Para finalizar, Endika Pérez ha reiterado el compromiso de LAB para hacer frente a la problemática de la vivienda: «El sindicato está interviniendo de forma directa en el conflicto que vivimos, a través de la acción sindical, luchando por bajar los precios de los alquileres, haciendo frente a las consecuencias de la turistificación y contra los desahucios.» Así, Pérez ha dicho que seguirán trabajando para que el sindicato sea un instrumento para hacer frente a la problemática de la vivienda. 

El cierre del SEPE en Eibar: una grave muestra del abandono de lo público

En los últimos meses, los habitantes de Eibar, municipio con una significativa población e importancia en la comarca, han sido testigos de un acontecimiento alarmante y profundamente preocupante: el cierre del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su localidad. Este organismo, encargado de gestionar las políticas de empleo, ofrecer prestaciones por desempleo y fomentar la formación laboral, ha sido cerrado debido a la falta de recursos humanos, una situación que plantea graves interrogantes sobre el compromiso del sistema público con los derechos sociales de la ciudadanía.

Este cierre no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia que viene gestándose en los últimos años: el desmantelamiento progresivo de lo público a favor de intereses privados. El SEPE en Eibar, que antes de su cierre brindaba apoyo a miles de personas en situación de desempleo, se ha visto incapaz de ofrecer sus servicios por una deficiencia estructural en la dotación de personal, algo que es, cuanto menos, inaceptable para un organismo estatal cuya función es garantizar el bienestar de los ciudadanos en momentos de vulnerabilidad laboral.

Lo que está ocurriendo en Eibar no es un simple “ajuste” administrativo. Es el reflejo de una negligencia institucional grave, en la que el abandono de lo público por parte de las administraciones local, autonómica y estatal ha dejado a los ciudadanos en un estado de indefensión. El SEPE, en su rol de garantizar derechos fundamentales como el acceso a prestaciones por desempleo, debería contar con los recursos humanos y materiales suficientes para atender a todos los ciudadanos, independientemente de la zona en la que residan.

El cierre de este servicio público en una ciudad como Eibar, que además es un núcleo industrial y tiene un alto nivel de desempleo, es una señal clara de que la Administración no está asumiendo su responsabilidad con la ciudadanía. Es especialmente grave que esto ocurra en un contexto en el que las políticas públicas de empleo están cada vez más centradas en la externalización de servicios y la colaboración con empresas privadas.

Mientras el Estado, la Comunidad Autónoma Vasca y los partidos políticos que lo conforman parecen dar la espalda a lo público, las grandes corporaciones del sector privado se benefician de unos recursos que deberían estar destinados a fortalecer lo colectivo y lo social. Este proceso de privatización, en detrimento de lo público y en favor de la precariedad laboral, está llevando a la desprotección de los ciudadanos más vulnerables, aquellos que dependen de los servicios estatales para acceder a derechos fundamentales como el empleo y la seguridad social.

El desmantelamiento de las instituciones públicas no es solo una cuestión económica, sino también ética y política. Al reducir la presencia del Estado en sectores clave como el empleo, la educación o la sanidad, se va creando un caldo de cultivo que favorece a los intereses privados, a la vez que debilita el tejido social y la cohesión de la sociedad. El cierre del SEPE en Eibar no es solo un problema local, sino un síntoma de una tendencia que se extiende por todo nuestro país, Euskal Herria, y por todo el Estado español, y que está debilitando el sistema de bienestar de manera preocupante.

En este contexto, es imprescindible exigir un compromiso real y efectivo de las administraciones con el fortalecimiento de lo público. Las instituciones deben garantizar los derechos de los ciudadanos a través de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso al empleo digno y la protección social. Es necesario que tanto el Gobierno Vasco como el Estado español reviertan la decisión de cerrar el SEPE en Eibar y doten a los servicios públicos de los recursos que necesitan para funcionar con eficacia y responsabilidad. El futuro de la democracia y del bienestar social pasa por la defensa y el fortalecimiento de lo público. No podemos permitir que el desmantelamiento de nuestras instituciones termine favoreciendo solo a unos pocos. Es el momento de exigir un cambio en las prioridades del gobierno, para que lo público vuelva a ser lo primero y se deje de lado la tendencia a privatizar lo que debería ser un derecho para todos.