Que las ambulancias de la Comunidad Autónoma Vasca estén privatizadas es un problema de toda la sociedad, no sólo porque nos repercute en el servicio, sino porque además el dinero público que todos y todas las vascas aportamos es manejado por las empresas privadas a su antojo sin apenas control. Cada vez es más necesaria la publificación del servicio.
El servicio del transporte sanitario en la CAV se presta por empresas privadas subcontratadas tanto en el servicio de emergencias como en el servicio no urgente, y esto está llevando a multitud de problemas. El último, es el uso de dinero público para mantener servicios que se realizan para los hospitales privados, pero recibiendo los ingresos de estos una tercera empresa ajena a la licitación del Gobierno Vasco.
En Bizkaia, desde que la cooperativa catalana La Pau tuvo que dejar de prestar este servicio, dos empresas formaron una UTE para el contrato de urgencia que les fue adjudicado: AMBULANCIAS BAZTAN BIDASOA, SL y SANIR MOVILIDAD SANITARIA SA (creada a su vez por ALSA y TRANSINSA). En todo este lío de empresas puede ser difícil seguir el hilo de la situación, pero finalmente se resumió en el nombre UTE BIZKANB.
Pues bien, UTE BIZKANB, que sorprendentemente comenzó a prestar servicios antes incluso de que la oferta de contrato se hiciera pública por parte del Gobierno Vasco —lo cual ya da pistas sobre lo “limpio” de este proceso—, subrogó, como era su obligación, a toda la plantilla que venía de La Pau. Esta plantilla incluye no solo a conductores/as, enfermeros/as y ayudantes que vemos habitualmente en las ambulancias, sino también al personal de logística, al de oficinas, a las telefonistas que reciben las solicitudes de servicios diarios, y a las coordinadoras que se encargan de asignarlos para que la ambulancia aparezca.
Precisamente sobre estas personas cuyo trabajo no vemos en el día a día, las que están “detrás de las cámaras”, recae una gran parte del problema de la privatización.
¿Alguien se ha preguntado alguna vez quién gestiona los servicios de ambulancias que van a centros sanitarios privados? Y unido a esto, ¿quién recibe el dinero que esos centros privados y sus usuarios pagan por este servicio? Pues digamos que esto es el círculo perfecto para una empresa privada en concreto: SANIR.
SANIR es la empresa que actualmente tienen contratada algunos hospitales privados para el transporte en ambulancia; SANIR es a quien pagan por esos servicios. Pero resulta que SANIR no tiene telefonistas, ni personal de logística, ni personal de coordinación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Magia? No: con recursos públicos.
El Gobierno Vasco da a la empresa adjudicataria (UTE BIZKANB) una cuantía de dinero con la que pagar todos los recursos, incluida la plantilla, que debería centrar su esfuerzo en las ambulancias del sector público. Sin embargo, esa plantilla es obligada también a trabajar para SANIR y a gestionarle todos los servicios. Negocio redondo: el Gobierno Vasco paga, y SANIR se lleva el beneficio.
La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a tolerar que las empresas privadas usen de forma indebida los recursos públicos? ¿A quién beneficia que este servicio sea gestionado por empresas privadas? El contrato está a punto de terminar y es el momento de que el Gobierno Vasco entienda que la única forma de que no nos roben es la gestión directa de los servicios públicos.