El sindicato LAB ha hecho público hoy un borrador remitido al Gobierno de Nafarroa que busca que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas la atención de las contingencias comunes de los trabajadores y trabajadoras. Para LAB este es el intento de privatización más duro conocido hasta la fecha. En consecuencia, exigimos a la presidenta María Chivite que se oponga rotundamente a este proyecto y asuma el compromiso claro de que la atención de las enfermedades comunes de estos trabajadores y trabajadoras jamás será encomendada a las mutuas patronales.
LAB ha tenido acceso a un borrador de convenio para delegar en las mutuas patronales la gestión de las enfermedades comunes. El borrador ha sido consensuado entre la Seguridad Social española y la asociación de mutuas patronales AMAT y traspasado a cada comunidad para su ejecución entre el departamento de salud correspondiente y las mutuas patronales. Está, pues, sobre la mesa del Gobierno de Navarra quien, sin embargo, ha ocultado esta información al Parlamento y a las organizaciones sindicales, dejando en evidencia una falta absoluta de transparencia.
Según este acuerdo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de empresas que tengan contratados servicios con mutuas patronales, cuando estén de baja, quedarían a disposición de estas mutuas las contingencias comunes y las pruebas, tratamientos, intervenciones o rehabilitaciones relacionadas con las mismas. Ello tendría como consecuencia, entre otras cosas, que las mutuas hicieran valer criterios productivos y economicistas y, en base a ellos, dar de alta a los y las trabajadoras cuanto antes, quedando la salud de las personas trabajadoras en un segundo plano, a costa, además, de la Seguridad Social. La citada medida afectaría al 80-90% de la población activa.
Denunciamos que esto cambia la lógica actual, y pone al personal médico de Osasunbidea a las órdenes del médico de una empresa privada: si desde el primer día de incapacidad temporal la mutua propusiera un tratamiento, prueba o intervención y el médico de la sanidad pública no respondiera a tiempo, tendría permiso para realizar las intervenciones que quisiera, siempre en beneficio de los intereses productivos de la empresa, para reducir la baja. Además, el acuerdo incluye también la prueba piloto sin control público alguno, así como el acceso a los historiales clínicos.
Desde 1995 se ha dado cada vez más poder a las mutuas en el Estado español, con la ayuda de PNV y UPN. El sindicato LAB considera que este plan estatal supone otro paso, uno más, que desmonta y privatiza el sistema sanitario público de manera definitiva, y que lo convierte, siguiendo la doctrina neoliberal, en un modelo propio del siglo XIX: atención a través de mutuas patronales para aquellas personas productivas para el sistema, con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y para aquellas que no se consideran productivas, el sistema público de salud vaciado de recursos. El negocio por encima de la salud.
La excusa que se utiliza es aligerar las listas de espera del sistema público de salud. Sin embargo, son los mismos que a cada paso que dan pretenden debilitarlo, quienes defienden que nuestra salud y la sanidad pública son un negocio que tienen que satisfacer los intereses económicos propios y favorecer los negocios privados, a 70 euros la consulta.
Estos últimos meses, el sindicato LAB ha destapado las malas prácticas de algunos médicos representados por el Sindicato Médico, para impedir el ataque de este lobby corporativo, conservador y reaccionario a la sanidad pública. Ahora, destapamos el asalto de las mutuas a la sanidad pública, para impedir su aplicación.
El pasado martes el ministro español de Seguridad Social, José Luis Escrivá, desacreditó el plan para ceder las bajas médicas a las mutuas, asegurando que el convenio no esta validado por el Gobierno. Miente el ministro porque ese documento ha sido enviado a todas las Comunidades y no “a la gente” como ha respondido. De hecho, el Gobierno de Navarra ha confirmado su recepción. De esta forma, el ministro Escrivá en un ejercicio de transparencia tiene que aclarar el origen, detalles y futuro desarrollo de este convenio. Asimismo, tiene que aclarar quién ha enviado dicho documento a los gobiernos autonómicos. Si efectivamente han sido las mutuas, la gravedad es máxima, ya que por encima de su ministerio las mutuas tendrían el poder de enviar a gobiernos un convenio que pondría la puntilla al actual sistema de salud público tal y como lo conocemos hasta la fecha.
En este sentido, tras destapar este escandaloso convenio, LAB solicitó de urgencia y con carácter extraordinario la inclusión en el orden del día del Consejo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) de una resolución para adoptar desde el ISPLN una posición contraria a estas intenciones y exigir al Gobierno su no rotundo. Sin embargo, contra toda lógica, el presidente del Consejo, el director de general de Salud Carlos Artundo ha impedido su debate. Así, denunciamos el silencio y oscurantismo que se quiere imponer en torno a este tema, y anuncia quea modo de protesta no participará en la reunión que se celebraráeste jueves 30 de marzo.
La privatización no es el camino, sino todo lo contrario: hay que invertir en el sector público. Las mutuas patronales viven a expensas de las cotizaciones de estos trabajadores y trabajadoras. Pues bien, LAB exige destinar esas cotizaciones al sistema público, publificar las mutuas y completar un sistema público sólido. Existen vías legales para ello, sólo hace falta voluntad política.
El sindicato LAB exige a la presidenta Chivite que dé un no rotundo a este intento privatizador. Que asuma el compromiso claro de que la atención de las enfermedades comunes de trabajadores y trabajadoras no será encomendada a las mutuas patronales. Y, en segundo lugar, que promueva el rumbo contrario, para que las empresas concierten la atención de las enfermedades profesionales con la Seguridad Social y, en consecuencia, la gestión se lleve desde el sistema sanitario público. La mejor garantía para la salud de los trabajadores y trabajadoras es un sistema público potente.
