Cuando se puso en marcha el proceso de elaboración de la nueva Ley de Educación en la CAV, LAB apostó por incidir tanto en el proceso como en la propia ley con el fin de aprovechar la oportunidad para transformar el sistema educativo. Éramos conscientes de que la lucha y la presión serían imprescindibles si se quería avanzar hacia la Escuela Pública Comunitaria Vasca, es decir, que sin lucha difícilmente se puede avanzar en la transformación que necesita el sistema educativo organizado en una red pública única descentralizada y soberana.
Venimos diciendo desde el principio que una Ley de Educación exige necesariamente, además de acuerdos en el ámbito político, consensos también con el ámbito sindical y social. Para ello, en los próximos días se constituirá la Mesa Sindical que ha solicitado LAB. Creemos que en esta mesa sindical hay que trabajar las condiciones laborales de todo el personal de educación y los contenidos necesarios para avanzar en transformar la educación.
Las conversaciones con el Departamento de Educación han dado su fruto. LAB ha conseguido poner la base para un acuerdo laboral que mejore las condiciones laborales de los y las trabajadoras, tanto del personal público (haurreskolak, educación especial, personal de cocina y limpieza y profesorado), del personal de las ikastolas y centros de iniciativa social que trabajan en el ámbito concertado, como del personal subcontratado.
Queremos trabajar, profundizar y difundir con el resto de sindicatos en la mesa sindical estas bases acordadas por LAB, que después se desarrollarán en la mesa negociadora correspondiente.
En ese sentido, además de realizar movilizaciones y huelgas, hicimos aportaciones al borrador del anteproyecto de ley hecho público en septiembre. Ahora, habiendo analizado el anteproyecto de ley definitivo dado a conocer hoy, se observa que el texto recoge algunas aportaciones de LAB:
- Se concretan las obligaciones que deben establecerse para los centros que obtengan fondos públicos.
- La creación de una unidad de administración para garantizar la gratuidad, es decir, que no se cobren las cuotas.
- Se recoge por ley el no adoctrinamiento en los centros que reciben fondos públicos.
- Se añaden las funciones que deben tener los Consejos Municipales de Educación, que proporcionarán consejos sobre los siguentes temas: reparto equilibrado del alumnado, adecuación del mapa escolar resultante de la planificación, la no separación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra índole, y valorar la oportunidad de crear consorcios municipales.
- La ley recoge que los procesos de publificación de centros de titularidad privada se llevarán a cabo mediante acuerdo con dichos centros.
- En lo relativo a la participación de los centros, participación del resto de trabajadores y trabajadoras que no formen parte del profesorado.
- Se recogen los recursos complementarios a facilitar por el departamento que ostenta la competencia de educación de cara a conseguir proyectos lingüísticos de centro y profundizar en el modelo de aprendizaje generalizado.
Encontramos, aún así, temas que requieren mayor desarrollo y concreción:
- En el apartado de la euskaldunización, echamos en falta una planificación dirigida a superar los modelos lingüísticos e implantar progresivamente un modelo de aprendizaje del euskera generalizado e inclusivo.
- Medidas destinadas a poner en el centro la escuela pública, especialmente en lo referente a la planificación.
- Implementación de medidas a favor de la inclusión y contra la segregación, así como revisión de las normativas teniendo como principio fundamental la cohesión social. El acuerdo que se lleve a cabo contra la segregación escolar debe englobar el acuerdo social.
En otros temas relacionados con el modelo educativo, sin embargo, valoramos que el anteproyecto presenta carencias. Por un lado, no compartimos que al Servicio Vasco de Educación se le haya puesto el apellido de público. Entendemos que el Servicio Vasco de Educación no es una estación final, sino un escenario intermedio de confluencia para una red pública, única y descentralizada. En este sentido, valoramos positivamente la definición de las obligaciones de los centros para recibir fondos públicos. En cambio, creemos que cuando se incumplen estas obligaciones, debe recogerse explícitamente la posibilidad de perder la concertación.
Por otra parte, el anteproyecto de Ley no contempla en su articulado el derecho de Euskal Herria a constituir un sistema educativo independiente y propio, ni tampoco la disposición a mantener una relación estructural con el resto de territorios de Euskal Herria. Finalmente, tampoco contempla un proceso de elaboración del Currículum Vasco que contemple como medida estructural el patrimonio lingüístico, cultural y social de Euskal Herria.
Creemos que la oportunidad para conseguir una buena ley para transformar la educación está abierta y seguiremos impulsando para conseguirla. Dicho todo lo anterior, en los próximos días LAB hará pública una valoración más profunda del anteproyecto de ley de educación.
