En una rueda de prensa celebrada hoy en Bilbao, LAB ha presentado el informe Ikusmiran, que recoge una fotografía de la realidad de las y los trabajadores vascos. Edurne Larrañaga, de Ipar Hegoa, ha presentado las principales conclusiones de este análisis.
En primer lugar, como conclusión principal del estudio, hemos subrayado que la precarización generalizada de las condiciones de vida y trabajo laboral profundiza en la dualización de la sociedad. La diferencia entre quienes tienen unas condiciones laborales dignas o muy buenas y quienes las tienen precarias es cada vez mayor. Mientras que el 73,3% de la afiliación pertenece al sector servicios, en el que predomina la precariedad, seguimos sin recuperar el empleo que se destruyó tanto en el sector de la construcción como en el industrial como consecuencia de la crisis de 2008.
En segundo lugar, destacaríamos que hace tiempo que el paro dejó de ser un indicador de tendencia tanto del mercado laboral como del empleo. A pesar del descenso del paro, 1 de cada 2 ciudadanos y ciudadanas se encuentra en situación de precariedad económica, sin ingresos suficientes para una vida digna, a pesar de tener un empleo.
En tercer lugar, y tal y como venimos denunciando en los últimos meses, la calidad del empleo se ha convertido en una fuente de preocupación de primer orden. El empleo que se crea se está generando en el sector servicios con predominio de condiciones laborales precarias, mientras que el descenso más acusado del desempleo se produce en colectivos en situación de vulnerabilidad.
En cuarto lugar, el sistema obliga a la mujer* a una doble jornada doble. De hecho, estamos observando que cada vez más mujeres* dedicadas al trabajo doméstico han hecho un tránsito hacia un mercado laboral precario (21.700 mujeres*), forzadas por la precaria situación económica de sus unidades vitales, manteniendo la responsabilidad principal de las tareas de cuidado.
Finalmente, a través del reparto de la riqueza no se garantiza la igualdad de oportunidades y las desigualdades entre las y los ciudadanos van en aumento. Ante el encarecimiento de la vida, hemos visto la pérdida de poder adquisitivo tanto de las y los trabajadores como de los y las pensionistas. El consumo doméstico baja mientras se gasta más en productos básicos. El aumento de los gastos de vivienda está asfixiando el bienestar de las y los ciudadanos, especialmente entre la población en situación de vulnerabilidad. En Hego Euskal Herria hay 439.580 ciudadanos y ciudadanas en riesgo de pobreza y exclusión social, con una tasa de riesgo más elevada y en constante aumento entre las mujeres*.
El triple reparto: una propuesta sindical que hace frente a la dualización y pone el cuidado en el centro
El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha puesto sobre la mesa la propuesta de LAB para hacer frente al proceso de dualización y empobrecimiento: el triple reparto, es decir, el reparto del empleo, los cuidados y la riqueza bienes. El triple reparto es una propuesta de reorganización del trabajo que pone en el centro los trabajos de cuidados; y también es una propuesta de redistribución de recursos en un contexto en el que las limitaciones biofísicas del planeta se están poniendo de manifiesto. Básicamente, desde que la actividad económica esté orientada a responder a los intereses de unos pocos, lo que propone LAB es reorientarla para garantizar unas condiciones laborales y de vida dignas a toda la ciudadanía.
Arroyo ha destacado que la Huelga Feminista General ha puesto en el centro de la agenda dos retos: por un lado, visibilizar las tareas de cuidado que realizan especialmente las mujeres*, destacando la necesidad de reconocerlas y repartirlas; por otro, ha puesto encima de la mesa la necesidad de un sistema público comunitario que garantice el derecho universal al cuidado. La propuesta del Movimiento Feminista pasa ahora por un acuerdo social en torno a estos dos retos. La propuesta de triple reparto es una propuesta sindical que responde a estos dos retos. El próximo jueves, 8 de febrero, LAB ha organizado un seminario socioeconómico para profundizar en este tema.
Claves de la propuesta
Hay que considerar el empleo y el trabajo de cuidado no profesionalizado dos trabajos paritarios que nos corresponden a todas y todos los ciudadanos, dos aportaciones que hacemos a la sociedad. Y es que, a través del empleo, creamos bienes (alimentos, infraestructuras, herramientas) y servicios (educación, sanidad, cuidado profesionalizado, aprovisionamiento de materias básicas) socialmente necesarios. A través de trabajos de cuidado sin carácter de empleo, en cambio, posibilitamos el sostenimiento de la vida en el día a día, en nuestro entorno social.
El empleo es un derecho que la Administración debe garantizar a toda la ciudadanía y, en caso contrario, debe pagar una indemnización equivalente al salario mínimo por el que cotizará. Así, todas y todos los trabajadores tenemos que tener garantizado un salario mínimo de 1.400 euros. Junto a esto, LAB propone una limitación del salario máximo y de la plusvalía a una proporción de 1:3, con el fin de reducir las desigualdades.
Para que los trabajos de cuidados ocupen el lugar que les corresponde, es necesario reducir el tiempo dedicado al empleo (jornada de 30 horas) y abrir un debate social en torno a la jornada de cuidados sin carácter de empleo: ¿habría que fijar una jornada máxima también en los trabajos de cuidado? ¿Una mínima? ¿Cómo se podría hacer el seguimiento de la jornada de cuidados?
Junto a esto, hay momentos de la vida en los que es necesario regular la posibilidad de que el trabajo de cuidado tome prioridad sobre el empleo. En la actualidad sólo existe la posibilidad de la excedencia sin sueldo ni cotización, mientras que en la propuesta de Código Laboral Vasco elaborada por LAB cabría la posibilidad de acogerse a la suspensión por guarda, total o parcialmente, siempre de forma voluntaria y corresponsable. Este trabajo de cuidado se remuneraría (y cotizaría) tanto como la media de los salarios de Euskal Herria (2.330 euros brutos en 14 pagas en 2021). Para poder financiar la suspensión por cuidados se crearía un fondo comunitario solidario para el cuidado (cotizaciones de personas empleadas, patronal y administración).
En cuanto al reparto de la riqueza, al reparto que se debería realizar en el ámbito del empleo a través de los salarios le se suma el que debería realizarse a través de las políticas públicas. A través de una política fiscal progresiva, se deben establecer políticas públicas que garanticen el derecho a la salud, el cuidado, la educación o la vivienda de todas y todos los ciudadanos. Urge, en este sentido, invertir en Osakidetza, fortalecer como eje a la escuela pública y configurar el Sistema Público Comunitario de Cuidados, tal y como se ha señalado en la última Huelga Feminista General.
