LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Ha quedado meridianamente claro que el Gobierno Vasco y LAB entendemos totalmente distinto el concepto de “negociación”. El caso es que entendemos que el objetivo de una negociación siempre debe ser un acuerdo, y la Administración no necesita ningún acuerdo, siempre que tenga la opción de la imposición. Así es cómo lo ha reconocido el vice-consejero en varias ocasiones, cuando ha ofrecido la posibilidad de “realizar aportaciones”, para después recoger las que quieran.

LAB, antes de comenzar la negociación de esta ley de gran importancia con garantías ha solicitado aclarar dos cuestiones, tal como indicábamos en la nota que hemos repartido esta semana: si de verdad se pretende hacer una ley PROPIA o va a ser un mero desarrollo del EBEP impuesto por el estado español; y si la ley abrirá las puertas a la posibilidad de negociaciones reales o va a seguir basándose en la imposición.

De este modo y tal como esperábamos, las respuestas y la propia actitud han sido totalmente negativas: por un lado que negar la legislación actual no es realista, y por otro que continúan negando una negociación basada en el acuerdo. LAB ha pedido que se retire el texto completo y hará una enmienda a la totalidad.

Para la Administración los sindicatos -quienes representamos a las y los trabajadores indispensables para sacar adelante las propias administraciones como los servicios públicos- estamos solamente para “realizar aportaciones”, tanto en el borrador de la ley como en el mismo proceso para sacar adelante la propia ley. Para LAB eso no es una negociación. Las próximas semanas publicaremos una lectura más detallada, y también haremos un ejercicio de reflexión con las y los representantes de LAB de los servicios públicos.

LAB exige tanto al Gobierno Vasco como al parlamento de Gasteiz que: garanticen las herramientas para poder negociar una ley realmente propia con garantías, sin imposiciones, sin injerencias externas y con una participación real de las y los trabajadores.

 

 

 

El lehendakari Urkullu ha apelado a la necesidad de un gran pacto sobre los servicios públicos y las ayudas sociales entre partidos e instituciones. Como justificación señalaba la limitación de los recursos económicos para atender a las necesidades. No hay que olvidar que este anuncio se produce cuando desde el mismo Gobierno Vasco se están suspendiendo ayudas para la conciliación, se están reduciendo presupuestos en derechos sociales, se está planteando la necesidad de revisar a la baja derechos sociales subjetivos vigentes, cuando están primando los criterios de contención presupuestaria sobre los de ampliación a la hora de atender las necesidades reales, … Tampoco es ajeno a este llamamiento la necesidad de justificar los próximos presupuestos del Gobierno Vasco, que vendrán marcados por política de recortes, acompañada de alguna medida propagandística en pleno contexto preelectoral.

Es evidente que existe una gran necesidad de abordar un nuevo modelo en materia de servicios y prestaciones sociales. Pero este nuevo modelo no pasa por justificar los recortes, ni considerar un lastre la inversión social. En Europa, alli donde existe mayor gasto social, es donde mejor se está haciendo frente a la crisis. El diagnóstico de la situación es clara: el gasto público en protección social está por debajo de la media europea; existen importantes carencias en políticas de infancia, igualdad y autonomía personal; las políticas de garantías de ingresos no alcanzan a todos los sectores (jóvenes sin emancipar, personas paradas de larga duración); las prestaciones sociales están por debajo del umbral de la pobreza; los copagos; la privatización de servicios;… Sin olvidar los efectos de las políticas de vivienda, empleo, infraestructuras faraónicas,… en la pobreza y la precarización social.

Por todo ello, desde LAB nos reafirmamos en la necesidad de un nuevo modelo en materia de prestaciones y servicios sociales, que pase por su refuerzo, por el protagonismo de lo público y comunitario, por su carácter integral, reconociendo nuevos derechos subjetivos, por la capacidad de aportar dignidad e igualdad en sus servicios y prestaciones, siempre apoyado en políticas fiscales progresivas al servicio de las necesidades de quienes viven en Euskal Herria.