LABLangile Abertzaleen Batzordeak

Rechazamos la medida y reiteramos la exigencia a los gobiernos de Nafarroa y de la CAV de que no se aplique.

Ahora que se ha dado a conocer el acuerdo de las patronales CEOE y CEPYME con los sindicatos CCOO y UGT, desde LAB subrayamos que, en lo que respecta a la gestión de la Salud Laboral, supondrá profundizar en la privatización. A través de la reforma de las pensiones se ejecutará una parte del acuerdo entre las mutuas y la Seguridad Social que precisamente desde LAB dimos a conocer y denunciamos en marzo del año pasado.

En primer lugar, denunciamos que el acuerdo se ha realizado a nivel estatal y, en consecuencia, supone una imposición para la realidad social y sindical de Euskal Herria. Así las cosas, y tal y como veníamos haciendo desde el año pasado, exigimos a los gobiernos de Nafarroa y de la CAV que no apliquen las medidas mencionadas en el acuerdo. El acuerdo sienta las bases para los convenios de comunidad a comunidad entre entidades de salud pública y mutuas, por lo que serían las comunidades las que tendrían una decisión sobre su aplicación. Pues bien, rechazamos la intervención de las mutuas y subrayamos la necesidad de priorizar la sanidad pública.

El acuerdo de ámbito estatal recoge en su punto 7 la gestión de las incapacidades temporales y las medidas relativas a la recuperación de los trabajadores y trabajadoras. Así, lo que se plantea es «hacer uso de los recursos de las mutuas para acelerar en el tiempo los diagnósticos y tratamientos en procesos traumáticos». Por lo tanto, si se desarrollaran los convenios, en los casos en que se hayan producido traumatismos de los que se ennumeran, la mutua pasaría a tratar a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal común (es decir, baja no laboral) una vez transcurridos los tiempos de recuperación previstos por el Instituto de la Seguridad Social y si se obtiene para el beneplácito del trabajador o trabajadoras. A este respecto, cabe destacar que el propio Ararteko ha advertido de que el trabajador o la trabajadora en cuestión podría dar el beneplácito por sentirse presionada o coaccionada, por lo que desde LAB lo tildamos de inadmisible. En estos casos, el diagnóstico y tratamiento lo realizaría la mutua, pero la decisión de altas y bajas seguiría en manos del profesional médico de Osakidetza o de Osasunbidea.

Lo recogido en el acuerdo refleja la incapacidad del sistema público, aunque no se reconozca explícitamente. Obedece a una demanda tradicionalmente reivindicada por patronal y mutuas por la que estas entidades empresariales adquirirán gran parte de la gestión de contingencias comunes. Además, la actual es sólo una de las medidas acordadas por mutuas y gobiernos y vendrán más, todas ellas en la dirección de la privatización.

El acuerdo plantea un servicio sanitario «a dos tiempos» para la sociedad: uno para las y los trabajadores activos, siendo lo más importante ser productivos cuanto antes, con más recursos sanitarios destinados, más que para curar, para acortar la baja; y otro para la parte de la sociedad no productiva, a la que corresponde el sistema sanitario público y a la que se destinan menos recursos, ya que se considera que su curación y recuperación “no tiene prisa”.

El acuerdo no aclara si los criterios y decisiones de los tratamientos quedarían en manos de las mutuas o del personal médico de Osakidetza/Osasunbidea. Esto se traduce en que, con el fin de buscar el alta rápida en algunos traumatismos, se pueden aplicar tratamientos que no son adecuados desde el punto de vista sanitario, con el objetivo de paliar el daño y volver al trabajo cuanto antes. Las mutuas anteponen siempre el crítico economicista al sanitario. En los posibles convenios que se desarrollen con las mutuas en cada comunidad existiría la posibilidad de delegar esta competencia en los médicos de las mutuas, lo que sería muy grave.

Por si todo ello fuera poco, el actual acuerdo supone el restablecimiento del sistema BONUS, suspendido en 2019. Con este sistema, las empresas que COMUNIQUEN la bajada de las enfermedades profesionales y accidentes traumáticos obtendrían rebajas en las cotizaciones por contingencias profesionales.

Este sistema, con la imprescindible complicidad de las Mutuas, no traerá más que un ejercicio de ocultación en la comunicación de accidentes. Por lo tanto, las empresas, con el objetivo de reducir los impuestos, ocultarán cuantos accidentes puedan, evitando la visita a la mutua. Cabe recordar que, tal como han reconocido los propios gobiernos, el infraregistro de enfermedades en las mutuas es masivo.