Y en los últimos meses, también a las oficinas de Correos, como ocurrió con el sorteo extraordinario del 11/11 y ocurre ahora con el sorteo del Día del Padre. Además, tiene como objetivo extender la comercialización a 12.000 establecimientos.
Esta política de externalización de la venta desprecia la finalidad social de la ONCE, pone en riesgo la imagen histórica de que la venta del cupón y juegos de la ONCE estaba vinculada en exclusiva a sus vendedores y vendedoras, personas con discapacidad.
Quitar venta a la plantilla se viene haciendo de forma paralela a la presión que la Dirección ejerce sobre los vendedores y vendedoras para que vendan por encima de su jornada y hasta en sus días de descanso. No es admisible, y así lo denunciamos desde el Comité de Empresa, que una Entidad que presume de social, sancione a sus vendedores y vendedoras imputándoles baja rentabilidad, o use el argumento de las bajas cifras de venta para no renovar contratos o para negar la venta como empleo, incluso a personas ciegas.
La Dirección se lucra de la discapacidad y presume, con gran credibilidad para los políticos de este país, de llevar a cabo una labor ejemplar, mientras ni el Consejo de Protectorado cuyo presidente es el Ministro de Sanidad y Servicios Sociales, ni los partidos políticos quieren ver los padecimientos de la plantilla, los riesgos para la estabilidad en el empleo y lo irracional que resulta que una Entidad exenta de pagar la cuota patronal de su plantilla de discapacitados y discapacitadas y receptora de muchas subvenciones, actúa con sus trabajadores y trabajadoras de esta manera. No hay que olvidar que la plantilla de vendedores y vendedoras va disminuyendo año tras año (70 trabajadores y trabajadoras menos en tres años) y con ella, también las condiciones laborales del colectivo.
La movilización continuará recogiendo firmas de rechazo entre los vendedores y vendedoras, además de extender nuestra protesta con octavillas ante el público en general. Porque creemos y exigimos, que mientras no haya otra salida para este colectivo de personas con discapacidad, las instituciones deben garantizar el mantenimiento del empleo y unas condiciones de empleo dignas en la ONCE.
