3 de diciembre, Día Internacional de la Diversidad Funcional, hemos realizado movilizaciones en Bilbo (Azkuna Zentroa), Donostia (Diputación) y Gasteiz (Plaza de la Virgen Blanca). La víspera nos movilizamos en Iruñea. Con estas concentraciones, hemos reclamado la inserción social y laboral de las personas con diversidad funcional, además de servicios de calidad para las personas de este colectivo.
Así, más allá de los discursos complacientes de las diferentes administraciones, LAB ha puesto encima del mesa la realidad del ámbito de la diversidad funcional en el plano laboral. De hecho, la exclusión, la excepcionalidad y la discriminación continúan siendo las características del derecho al empleo de las personas con diversidad funcional. La tasa de desempleo castiga doblemente a las personas con diversidad funcional siendo aún mas grave la situación de las mujeres y mayores de 45 años.
En lo que respecta a la CAV, el incumplimiento por parte del Gobierno Vasco y Lanbide de sus obligaciones para garantizar que las empresas contraten al 2% a personas con diversidad funcional, vía intermediación e itinerarios individualizados, tiene como consecuencia que las medidas alternativas a cumplir por las empresas, que debieran ser excepcionales, se conviertan en norma.
A día de hoy, el empleo protegido en los centros especiales de empleo, lejos de ser una medida transitoria hacia el empleo ordinario, se ha convertido en una medida finalista.
Continua la discriminación respecto al resto de personas trabajadoras, por la existencia y utilización del contrato temporal sin causa y el contrato de bajo rendimiento, que supone una reducción del 25% del salario por efectuar las mismas funciones que el resto de personas trabajadoras. Todo ello, para beneficio del inmenso lobby que suponen los Centros Especiales de Empleo y a costa de salarios vinculados al Salario Mínimo Interprofesional y relaciones laborales con bonificaciones en los salarios y en la Seguridad Social. A costa de precarias condiciones laborales, dinero público y dejación institucional.
A su vez, los servicios destinados a personas con diversidad funcional de responsabilidad foral tienen como fundamento un modelo de financiación publica y gestión privada, netamente asistencialistas y sin regulación propia y opaca mediante convenios entre Diputaciones y entidades sin la participación de personas trabajadoras y usuarias, con diferentes precios plaza y sin cláusulas garantes de los derechos de las personas trabajadoras. Las ratios de atención no están reguladas y son insuficientes así como la política en materia de prevención de riesgos laborales de las entidades.
La regulación de las condiciones laborales se recoge en un Convenio Colectivo Sectorial Estatal , en el cual, ni tomamos parte, ni reconoce nuestra función. La ausencia de Convenios Sectoriales Provinciales ha generado una atomización del propio sector en Convenios de empresa, pactos de empresa y entidades a las cuales se les aplica el Convenio Marco estatal, suponiendo diferentes condiciones laborales y de compensación por realizar la misma o similar actividad. A día de hoy, la mayoría de negociaciones se encuentran abiertas y/o bloqueadas
La dejación del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales impiden que las personas con diversidad funcional sean sujetos de pleno derecho y que los servicios destinados a las personas con diversidad funcional tengan como base, la desregulación, la falta de reconocimiento y la precariedad de las condiciones laborales de las personas.
Por todo esto, desde LAB queremos exigir la implicación por parte del Gobierno Vasco y de las Diputaciones y del Gobierno de Nafarroa, en lo que respecta al herrialde navarro, en la garantía de nuestro derecho a elegir un empleo libre, digno y de calidad.
