La modificación de plantilla que recoge en qué plazas se valorarán el conocimiento de euskera y los idiomas comunitarios, sin embargo, ha salido adelante sin el apoyo de ninguno de los sindicatos presentes.
En la sesión de la Mesa General que ha tenido lugar este miércoles hemos aprobado (con amplia mayoría) una OPE parcial de 603 plazas. De esta forma hemos logrado que no se eche a la calle a las trabajadoras y trabajadores no fijos que se encuentran ocupando una de las plazas que en mayo cumplirán 3 años cubiertas por personal temporal. El Gobierno tiene la intención de convocar estas plazas junto con las pendientes de las OPEs 2023 y 2024, 4.000 plazas en total, lo más rápidamente posible, de manera que estén ocupadas por personal funcionario antes de final de legislatura.
Desde LAB vemos con buenos ojos cualquier medida en esa dirección, y hemos votado a favor de esta OPE parcial. Es de sobra conocido que el proceso de estabilización no ha cumplido, ni de lejos, con el objetivo de dejar la temporalidad de la Administración por debajo del 8%, y a nuestro juicio este punto pretende introducir mejoras en la dirección adecuada.
En esa misma dirección entendemos la propuesta de decreto-ley que también se ha aprobado hoy, con el único voto favorable de LAB. Esta viene a implantar una serie de medidas urgentes y extraordinarias en materia de personal que buscan reducir la temporalidad por debajo del 8%.
El documento inicial planteaba medidas como la publicación directa de las convocatorias de ingreso de esas 4.000 plazas sin haberse ofertado antes a traslado, o la introducción de varios cambios en cuanto a las excedencias sin límite temporal.
Sin embargo, después de un proceso negociador de un mes, el texto final plasma la alternativa planteada por LAB. En ella se recogen medidas como las siguientes:
– Las 4.000 plazas pendientes de salir a OPE se ofrecerán antes a concurso de traslado. Esto resulta más necesario que nunca, habida cuenta de que tras la estabilización decenas de personas se encuentran ocupando unas plazas con un porcentaje de jornada que no alcanza ni para comer.
– Para agilizar ese traslado, se valorará únicamente la antigüedad en el puesto y, en el caso de que la plaza así lo requiera, los idiomas.
– Los cambios en las excedencias sólo tendrán efecto durante dos años.
En LAB no estamos en contra de la formación, sino todo lo contrario, la entendemos como un derecho de toda la plantilla. Lo que no aceptamos de ninguna de las maneras es que haya cientos de trabajadores y trabajadoras que estén doblemente penalizados: primero, porque se les niega sistematicamente el permiso para poder acudir al INAP a recibir cursos formativos, incluso cuando guardan relación con su puesto de trabajo. Y segundo, porque en consecuencia tienen muchos menos puntos que el resto de personal para los conscursos de traslado. Tampoco estamos y nunca estaremos dispuestas a aceptar el clientelismo que practican ciertas organizaciones con afán recaudatorio aprovechándose de la necesidad y profesionalidad de quienes se ven obligados a realizar sus cursos formativos. Del mismo modo, no podemos seguir promoviendo que haya trabajadoras y trabajadores públicos que deban destinar incluso miles de euros para costearse cursos en entidades privadas.
La determinación lingüística, sin acuerdo
Pero por otro lado, la Administración no ha podido conseguir el apoyo de ninguno de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General para aprobar la propuesta de decreto foral que determinará en qué plazas se valorará el conocimiento de idiomas, de euskera o de los comunitarios.
A falta de un análisis más detallado y exhaustivo, la opinión de LAB es que el propio decreto de méritos es todo un despropósito, además por partida doble. Primero, porque establece criterios casi antagónicos para determinar en qué plazas hay que evaluar el conocimiento de euskera y en cuáles el de los idiomas comunitarios. Y segundo, porque la ejecución de esos criterios se ha llevado a cabo de manera desigual, desordenada y sin ningún tipo de coordinación: las plazas que para algunos departamentos cumplen con los criterios para poder evaluar el euskera, para otros departamentos no los cumplen. Incluso dentro del mismo departamento se observan diferencias en la ejecución. Y lo que es peor, en algunos departamentos ni siquiera se ha preguntado a la plantilla si de manera voluntaria quería que su plaza tuviera requisito de euskera. Fruto de todo ello es una situación lingüística anormal, que no responde a unos criterios coherentes y que carece de toda lógica y similitud con la realidad sociolingüística navarra. ¿Cómo se entiende que haya 1.459 plazas donde solo se valoren los idiomas comunitarios mientras son 459 las que valoran únicamente el euskera? ¿Cómo se entiende que el decreto redactado por el Gobierno del PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin sea más restrictivo que el elaborado por el Gobierno de UPN? Lo dicho, todo un despropósito y un sinsentido.