Con fecha 22 de noviembre, el Defensor del Pueblo vuelve a pedir al Gobierno de Navarra que “En las convocatorias de acceso a un empleo público, se valore para puestos situados en la zona mixta y zona no vascófona el conocimiento del euskera, como mínimo, con la misma puntuación que los idiomas extranjeros”.

Una vez más, el Defensor del Pueblo se ha dirigido al Gobierno de Navarra para que corrija el sinsentido de valorar idiomas extranjeros como mérito en el acceso a puestos de trabajo de la Administración pero no se valore el conocimiento del euskera, una de las dos lenguas oficiales de Navarra.

El Defensor del Pueblo vuelve a recordar al Gobierno que las sentencias que anularon la norma de valoración del euskera “en ningún caso impiden que la Administración incluya en las convocatorias de acceso al empleo público la valoración del conocimiento del euskera como mérito, cuando se haga con una punturación proporcionada”.

Recuerda asimismo que “el Tribunal Suerior de Justicia de Navarra y el Consejo de Navarra han emitido pronunciamientos que cuestionan que no se valore el euskera cuando sí se valoran lenguas extranjeras”.

El dictamen del Defensor del Pueblo da respuesta a la queja formulada por una persona por la no valoración del euskera como mérito en la última convocatoria de 20 plazas del puesto de trabajo de Operador Auxiliar de Coordinación de SOS Navarra. Se da la circunstancia de que la Ley Foral 8/2005 de Protección Civil y Atención de Emergencias, que regula el servicio de atención de llamadas de emergencia a través del 112, establece que el servicio se prestará en las dos lenguas oficiales de Navarra, pero a la hora de convocar las plazas ni siquiera se valora el mérito de conocer una de las dos lenguas propias de Navarra.

Desde LAB denunciamos la actitud del Gobierno de Navarra por no abordar la elaboración de una norma que regule el mérito del conocimiento del euskera en el acceso a la Administración. Es una estrategia deliberada y un ataque al euskera que debe terminar de una vez por todas. Se están vulnerando los derechos de la ciudadanía a ser atendidos en la lengua que prefieran, se incumple la Ley de Protección Civil, se ignora la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y se hace oídos sordos al Defensor del Pueblo, al TSJN y al Consejo de Navarra.