El acuerdo alcanzado hoy en el Parlamento Vasco entre PNV, EHBildu y PSE pone de manifiesto y confirma lo denunciado hasta ahora por el Sindicato en este ámbito.
El acuerdo aprueba medidas para reducir la alta tasa de temporalidad. Por un lado, culminar los procesos de estabilización que deben llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2024 para alcanzar la tasa europea de temporalidad del 8%, y por otro, negociar en la mesa sectorial la modificación del modelo de Oferta Pública de Empleo y las nuevas fórmulas encaminadas a lograr una plantilla estable.
LAB viene señalando una y otra vez que la temporalidad del 8% está muy lejos de alcanzarse en la actualidad y que es necesario negociar de forma expresa y urgente tanto las ofertas de empleo público excepcionales como las medidas adicionales de estabilización, haciendo hincapié en el personal de Atención Primaria. Sin embargo, para LAB es necesario que Osakidetza reconozca de una vez por todas que el problema de los los puestos de trabajo sin código que ha ido creando a lo largo de los años en las diferentes categorías de personal es estructural y que estos sean incorporados a la Relación de Puestos de Trabajo.
Además de lo anterior, el acuerdo pone de manifiesto que la cobertura de las necesidades asistenciales y de personal en cada OSI es insuficiente. LAB considera que para abordar este tema es imprescindible realizar un diagnóstico de toda la asistencia sanitaria privatizada y subcontratada para que posteriormente puedan adoptarse medidas efectivas para que la prestación de dichos servicios se realice desde un Sistema Sanitario Público fuerte.
Entre estas medidas eficaces a adoptar, a juicio de LAB hay ejemplos que requieren una respuesta inmediata, como la moratoria del proyecto de plataforma logística de Iurreta. Esta plataforma debe proyectarse con personal de Osakidetza. Osakidetza debe dotarse de la habilitación necesaria para gestionar de forma directa los trabajos de mantenimiento, con el fin de que dichos trabajos puedan ser llevados a cabo por el personal de la propia plantilla. Ello también exige adecuar la plantilla, ya que en ningún caso puede permitirse la realización de este trabajo por parte de decenas de empresas externas. Otro ejemplo es el de las lavanderías de Bizkaia. El acuerdo de condiciones de trabajo de Osakidetza (2008) dice claramente que a medida que se fueran ultimando los pliegos Osakidetza iba a hacer efectivo un servicio propio de lavandería, pero todavía no se ha dado ni un paso en esa dirección, al contrario. De hecho, en el caso de las lavanderías y de las citadas habilitaciones, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado dos sentencias favorables a LAB que confirman que estos servicios deben ser gestionados directamente por Osakidetza.
Además, tanto desde las OSIs como desde el resto de centros sanitarios se han privatizado muchos trabajos médicos, se ha impulsado la autoconcertación de facultativos, se han privatizado diversos servicios que deberían prestarse en la cartera de servicios o directamente algunas OSIs han concertado servicios con centros sanitarios privados. Hay que transformar de raíz ese modelo de privatización y tomar decisiones políticas para acabar con la privatización.
Por otro lado, según LAB es esencial que, junto con el tema de la privatización, se aborde con las y los representantes de la plantilla la cobertura general de los trabajadores y las trabajadoras más allá de las OSIs, analizando la cobertura existente en todos los centros sanitarios. Además, el análisis y negociación de la cobertura general de este personal requiere analizar y reducir las cargas de trabajo existentes en todas las categorías laborales. Es decir, hay que analizar y bajar los ratios.
Dicho lo cual, está por ver cual será la voluntad del Departamento de Sanidad de negociar y acordar estos y otros contenidos que se contemplen en el citado Acuerdo y que serán depositados en la Mesa Sectorial. LAB presionará para que vaya más allá de una mera pretensión y se consigan medidas reales de transformación de Osakidetza y, por supuesto, en cuanto a las condiciones laborales de los y las trabajadoras.