Recientemente hemos recibido la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Bilbo, en la que condena a la marítima Naftomar al pago de 81.000 euros a los y las herederas de un mecánico de la marina mercante por la muerte del mismo, como consecuencia de una enfermedad derivada del amianto.
El mecánico trabajó en varias empresas y navieras de bandera internacional, pero ha quedado acreditado que en todos los buques construidos desde los años 60 del siglo pasado existía una cantidad importante de amianto y que“como mecánico realizaba los trabajos mecánicos, manuales, de soldadura eléctrica o autógena, etc. Realizaba mantenimiento en tuberías calorifugadas con amianto. Para proceder a reparaciones, retiraban la capa metálica que recubría el amianto y posteriormente esta capa de aislante (amianto), que se desmoronaba. Estos trozos de amianto los solían volver a aprovechar para colocarlos de nuevo sobre las tuberías, para lo que lo mojaban con agua. Actuaba sobre tuberías, calderas y bombas. (…) Para acceder a las calderas a hacer reparaciones, empleaba un traje de amianto, sólo en el cuerpo no en la cabeza. (…) Para soldar empleaban careta y delantal pero no mascarilla. (…) Cree que el contacto con amianto era habitual”.
Desde el Sindicato LAB valoramos de forma positiva esta sentencia por varios motivos. El primero, el reconocimiento de que la enfermedad y la muerte del trabajador ha sido producida por el uso sin medidas preventivas de este mineral cancerígeno como es el amianto y lo que lleva de resarcimiento. Y el segundo, por el hecho de que se ha conseguido una sentencia pionera en el ámbito del comercio marítimo, ya que son pocas las sentencias que establecen una indemnización por enfermedad profesional declarada en este ámbito, por las dificultades que suele haber para demostrar la exposición al amianto ocurrida hace muchos años e incluso en barcos ya desaparecidos.
Ésta es una nueva gota en este océano donde las víctimas de amianto deben de seguir luchando de manera individual, es por lo que volvemos a solicitar a los poderes públicos, con los gobiernos de Gasteiz e Iruñea a la cabeza, que se pongan medidas para facilitar el camino para el reconocimiento, estudio, tratamiento e investigación de los casos, así como para el resarcimiento de las víctimas de amianto.