En dicha residencia trabajan unas 40 personas, y lleva abierta 21 años. Durante ese tiempo, el personal ha tenido que luchar duro para mejorar sus condiciones laborales, y se han visto obligadas a convocar dos huelgas de larga duración. En este momento intentan negociar para renovar el convenio, pero por ahora la empresa no ha mostrado ninguna voluntad para añadir mejoras en las condiciones.
El convenio decayó en diciembre del 2021, y desde entonces las trabajadoras se encuentran intentando negociar con la empresa y hasta el momento solo han recibido palabras huecas con la excusa de que la empresa licitó a la baja y no da beneficios, y que mientras la Diputación no les aumente el presupuesto no hay nada que hacer.
Lo peor de todo no es eso, lo peor es que la calidad de vida en la residencia, tanto en recursos materiales como en recursos humanos (esto último gracias a los pliegos de Bienestar Social), ha caído en picado. El personal no recuerda cuándo la residencia ha estado en peores condiciones.
A la Diputación se le llena la boca con la atención individualizada a nuestros mayores pero la realidad es que deja esa atención en mano de una empresa sin ningún control. Dice que es un servicio concertado, pero la realidad es que es una privatización del servicio encubierta.
“Sr. Emilio Sola, solo desearle que si algún día necesita este servicio, sea digno y de calidad, como todos nuestros mayores se merecen”, expresan las trabajadoras.