2026-01-13
Blog Página 97

La dejadez criminal de la patronal y la complicidad de las instituciones ya han causado 50 muertes laborales en 2024

La mañana de ayer, Osalan informó de que el trabajador de 59 años R.I.U, herido de gravedad en la empresa Maderas Etxeari de Zornotza tras caerse desde una altura el pasado 15 de octubre, falleció en la tarde del pasado viernes, 25 de octubre, a causa de las heridas producidas. El trabajador llevaba 14 años trabajando en la empresa de Dana-Air Aire Comprimido.

Asimismo, fuentes de Osalan también informaron de que el pasado 17 de octubre, el trabajador L.M.B.A., de 52 años, sufrió un accidente grave en Zierbena como consecuencia de una proyección provocada por el motor de una máquina, que lo hirió de forma grave en la cara. Ayer, este trabajador que llevaba más de 5 años trabajando en la empresa Viuda de Sainz, falleció a consecuencia de las heridas sufridas

Con estas dos, son al menos 50 las muertes en el trabajo ocurridas en Euskal Herria desde principios de año. En primer lugar, el sindicato LAB quiere mostrar su total solidaridad y apoyo a familiares, amistades y compañeros y compañeras de trabajo de los fallecidos.

La lista negra anual que provoca la patronal acumula ya en este 2024 50 muertes. Entre ellas las caídas en las alturas cobran, un año más, un gran protagonismo. Las medidas de seguridad a aplicar para evitar riesgos en alturas son de sobra conocidas. Detrás de cada uno de estos accidentes se esconde siempre la dejadez criminal de las empresas, que, por imperativo legal, deberían articular una serie de medios para garantizar en todo momento la aplicación de las diferentes medidas de seguridad. Algo que, sistemáticamente, no hacen.

También abundan los accidentes graves y mortales provocados por máquinas, aunque la normativa para protegerse de ellas es muy estricta. En la práctica, las empresas incumplen de forma habitual la normativa de seguridad de las máquinas, sin que les suponga ningún obstáculo. La impunidad es intolerable.

Esta dejadez criminal ha provocado que en los últimos 10 años, en Euskal Herria, al menos 82 trabajadoras y trabajadores hayan muerto por caídas de altura, la mayoría en el sector de la construcción. Con esta nueva muerte, son 10 las muertes en el trabajo ocurridas en Euskal Herria desde inicio de año por esta causa.

Esta situación no sería posible si no hubiera complicidad institucional. Porque, como venimos denunciando, no poner medios para no obligar a la patronal a que cunpla con la normativa no es un problema administrativo, sino una decisión política.

Actos de protesta

Los sindicatos LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU han colocado pancartas de grandes dimensiones en Bilbo (Puente Pedro Arrupe), Donostia (Muelle) y Gasteiz (Virgen Blanca) con el siguiente lema: «50 trabajadoras y trabajadores han muerto en Euskal Herria en 2024. La patronal y las instituciones enferman y nos matan».

Además, la intersindical formada por LAB, ESK, STEILAS, EHNE-etxalde e HIRU se concentrará el próximo jueves 31 de octubre a las 12:00 horas en Bilbo ante la sede de la patronal Confebask (Gran Vía, 50).

Exigimos a Aranconta la readmisión de los trabajadores despedidos

Hemos realizado una concentración de protesta ante la sede de la empresa en Donostia para denunciar el despido de dos trabajadores, entre quienes se encuentra el candidato de LAB para las elecciones sindicales.

La plantilla de Aranconta lleva más de 15 años sin convenio laboral y la empresa les aplica el Estatuto de los Trabajadores y el SMI. Esto supone que en los últimos años han perdido un 30% de poder adquisitivo ante al continuo encarecimiento de la vida.

Ante esta situación, las y los trabajadores se acercaron al sindicato LAB con la intención de mejorar sus condiciones laborales y de vida. LAB les ofreció su apoyo para hacer frente a las dudas y los problemas que padecen, acordando que la organización y la lucha de las personas trabajadoras debía ser imprescindible.

Acordamos también la organización de unas elecciones sindicales, porque entendemos que la designación de un o una representante debe ser el primer paso para la organización de las personas trabajadoras. El 24 de septiembre registramos en la Delegación de Trabajo el preaviso para poder realizar dichas elecciones sindicales, comunicándoselo también a la empresa. A partir de este momento comienza el acoso a las personas trabajadoras por parte de la empresa y como consecuencia de ello, dos trabajadores son despedidos sin ningún tipo de pudor, entre ellos el candidato a representante de la plantilla.

Ante este ataque a la legítima organización de las y los trabajadores y a la libertad sindical, nos hemos organizado para hacer frente a la empresa a través de la lucha. Tenemos claro que no podemos tolerar este ataque y que utilizaremos todos nuestros recursos sindicales hasta que los trabajadores despedidos vuelvan a ser readmitidos y se garantice el derecho a un proceso electoral democrático y transparente.

No a la represión contra la organización de los trabajadores y la libertad sindical.

Reclamamos al Departamento de Salud de la CAV que no firme convenios con mutuas

El 31 de julio, CEOE, CCOO y UGT acordaron dotar a las mutuas de más facultades para el control de las contingencias comunes. Ahora está en manos de los gobiernos de la CAV y Nafarroa impedir el desarrollo de ese acuerdo, lo que supondría un nuevo paso en la privatización del sistema sanitario, y no suscribir convenios con las mutuas.

Es un acuerdo que llega en un contexto muy concreto. Por un lado, la patronal, con su falso y manipulado discurso sobre el absentismo, quiere abrir la puerta a nuevos recortes de derechos, para los que tiene a las mutuas como compañeras de viaje. Por otro lado, en la CAV, el debate sobre la Sanidad está abierto.

LAB quiere rechazar la intervención de las mutuas y subrayar la necesidad de priorizar la sanidad pública. La privatización de la sanidad que supone esta medida busca garantizar los beneficios de las empresas, nunca la salud de las y los trabajadores.

Así, hemos escuchado con preocupación lo señalado el pasado viernes en el Parlamento de la CAV sobre el convenio con las mutuas por parte del Consejero de Sanidad Alberto Martínez Ruiz, quien, preguntado por EH Bildu, manifestó su voluntad de «analizar el tema». Desde LAB queremos recordarle que, en nuestro caso, la opinión de la mayoría sindical es contraria.

En el caso de la CAV, el debate sobre la reforma del Sistema Sanitario está abierto y, tal y como hemos denunciado desde LAB, el documento resumen del diagnóstico que nos han presentado adolece de importantes carencias, entre otras cosas, porque no se recogen todos los datos sobre la privatización, ni los motivos, ni el coste. No se hace una valoración de estas políticas y para LAB, esas políticas de privatización, han debilitado y han supuesto la decadencia el sistema público, al mismo tiempo que han reforzado el privado. Ahora, no sólo no se corrigen estas políticas de privatización, sino que la concesión de nuevas competencias a las mutuas sería un paso en la dirección contraria a la transformación que exige Osakidetza.

El presente Acuerdo de ámbito estatal recoge, en su punto 7, la gestión de las incapacidades temporales y las medidas relativas a la recuperación de las y los trabajadores. Así, lo que se plantea es «utilizar los recursos de las mutuas para acelerar en el tiempo los diagnósticos y tratamientos en procesos traumáticos». Así las cosas, si se desarrollara el convenio, la mutua trataría a las y los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal ordinaria (es decir, baja no laboral) (en los casos en que se hayan producido los traumatismos enumerados), una vez transcurridos los tiempos de recuperación previstos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el consentimiento de la o del trabajador. En relación a esto último, el propio Ararteko advierte de que los y las trabajadoras pueden dar su aprobación bajo presión, por lo que LAB también lo considera inaceptable. Por lo tanto, el diagnóstico y tratamiento los realizaría la mutua, pero la decisión de altas y bajas seguiría dependiendo de la o el médico de familia de Osakidetza u Osasunbidea.

Lo recogido en el acuerdo refleja, a juicio de LAB, la incapacidad del sistema público, aunque no se reconozca explícitamente. Obedece a una demanda tradicionalmente reivindicada por patronal y mutuas por la que estas entidades empresariales conseguirán gran parte de la gestión de contingencias comunes. LAB advierte, además, de que la actual es sólo una de las medidas acordadas por mutuas y gobiernos y que en el futuro vendrán más, todas ellas en la dirección de la privatización.

El acuerdo plantea un servicio sanitario dual. El primero, para las y los trabajadores activos, siendo lo más importante que sean productivos y productivas cuanto antes, con más recursos sanitarios y cuyo objetivo sea acortar el tiempo de duración de la baja en lugar de curar. Y el segundo, para la parte de la sociedad no productiva, a la que corresponde el sistema sanitario público y a la que se destinan menos recursos, alegando que la curación y la recuperación no tienen prisa.

El acuerdo no aclara si los criterios y decisiones de los tratamientos quedarían en manos de las mutuas o del personal médico de Osakidetza. Esto se traduce en que, con el fin de buscar el alta rápida en algunos traumatismos, se pueden aplicar tratamientos que no son adecuados desde el punto de vista sanitario, sino que en lugar de buscar una adecuada curación, el objetivo puede ser paliar el daño y volver al trabajo cuanto antes. LAB recuerda que las mutuas anteponen siempre el criterio economicista al sanitario. En los posibles convenios que podría desarrollar cada comunidad con las mutuas habría la posibilidad de delegar esta competencia en el personal médico de las mutuas, lo que a juicio de LAB sería muy grave. Por lo tanto, la medida pone a la o el trabajador bajo la criterio del personal médico de empresa sin garantías y además, disminuye la capacidad y capacidad de decisión de la o el médico de familia, debilitando el criterio sanitario.

Por lo tanto, sobran razones para rechazar la implementación del acuerdo acordado en Madrid.

Preacuerdo en el convenio de limpieza de edificios y locales de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Hoy, 28 de octubre, LAB ha firmado el preacuerdo del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la Diputación Foral de GIpuzkoa. Comenzamos a negociar el convenio en el año 2021 y han sido necesarias más de 30 reuniones para llegar al punto en que nos encontramos.

Los puntos principales del preacuerdo son los siguientes: incrementos salariales (0% en 2021-2022-2023; 4% en 2024; 4% en 2025; 4% en 2026; 4,5% en 2027 y 4,25% en 2028. Si la suma de los años 2021-2027 (ambos incluidos) supera el 20,5%, se actualizarán las tablas salariales teniendo en cuenta la diferencia de la suma de los IPC, con un tope del 3,9%; en segundo lugar, se regulará el proceso de vacantes; y en tercer lugar, se garantiza la ultraactividad, blindando el convenio ante posibles reformas laborales que puedan venir.

A pesar de haber firmado el preacuerdo, no hemos logrado completamente el objetivo previsto por el colectivo de trabajadores al inicio de la negociación del convenio, que era garantizar el poder adquisitivo de las trabajadoras. Es importante recordar que comenzamos a negociar el convenio meses después del inicio de la pandemia y en ese momento los números referentes a los IPC eran altos.

Las empresas han mantenido una actitud cerrada durante toda la negociación y ha sido la lucha y la presión de las trabajadoras lo que les han llevado a las empresas y a la Diputación a hacer una oferta sustancialmente mejor que la que han venido proponiendo hasta ahora.

Por último, aunque no se ha alcanzado el objetivo inicial, el camino ha sido largo y agotador, y valoramos la lucha de este colectivo: la huelga de 55 días en 2022 y las iniciativas y movilizaciones realizadas frente a la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2024. Todo esto nos ha llevado como sindicato a dar el sí a este acuerdo.

En LAB tenemos claro que la acción sindical y la lucha de las trabajadoras nos han traído a este acuerdo. Desafortunadamente, hemos tenido que dejar de lado algunas reivindicaciones importantes para salir adelante en el día a día, como es el ejemplo de licencias para el cuidado, por ejemplo, la licencia para la reducción de jornada para el cuidado de familiares dependientes o la licencia por excedencia. En este sentido, nos comprometemos a reintroducir y negociar esos puntos que no hemos logrado en las próximas negociaciones.

Está claro que hemos conseguido mejorar nuestras condiciones laborales y de vida a través de la lucha y la organización, por lo que este acuerdo es motivo de celebración para LAB, aunque en el futuro deberemos seguir luchando. El camino se hace paso a paso, y al caminar juntas nos damos cuenta de que somos imparables, por lo que reiteramos que la lucha vale la pena.

Hemos denunciado que el acuerdo para adaptar la jornada laboral al personal de más de 60 años de cocina y limpieza del Departamento de Educación de la CAV sigue sin cumplirse

Nos hemos concentrado en Gasteiz, ante la sede del Gobierno Vasco en Lakua.

Hace un año, el 9 de noviembre de 2023, LAB firmó un acuerdo, hasta ahora incumplido, en la mesa negociadora de cocina y limpieza del Departamento de Educación. El acuerdo no se ha desarrollado desde la firma con el anterior Departamento de Educación y el nuevo equipó nos envió una propuesta el viernes. Consideramos que esta propuesta es insuficiente, ya que no se ha desarrollado un protocolo específico y las medidas restrictivas que se pudieran tomar entrarían en vigor en 2025.

En el acuerdo, LAB firmó que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación desarrollaría un protocolo específico para el cuidado de la salud del personal de cocina y limpieza.

Dicho protocolo debía establecer que, una vez cumplidos los 60 años de edad, este servicio convocaría al personal del colectivo para decidir, si asi procediera, adoptar medidas de protección de su salud en el ámbito laboral, tanto medidas preventivas como paliativas, para que pueda desarrollar adecuadamente las funciones y tareas asignadas a su puesto de trabajo, pudiendo incluir en dichas adaptaciones medidas de reducción de jornada de un tercio.

Según los datos facilitados por el Departamento el año pasado, la medida afectaría a 120 personas en cocinas y a 94 en limpieza. Estas 214 trabajadoras han estado todo el año esperando la llamada llevando a cabo su actividad.

El personal que trabaja en esta categoría del Departamento de Educación, es el que tiene condiciones laborales más precarias, siendo un colectivo feminizado, que realiza un trabajo físico de 8 horas diarias en limpieza y de 8,5 horas en cocina. Paradójicamente, se trata del único colectivo del Departamento de Educación que no tiene medidas paliativas en la jornada laboral por motivo de edad.

Además de la valoración genérica del riesgo de los puestos de trabajo, se solicitó y firmó que se llevaría a cabo un seguimiento individualizado de cada persona. Algo que cada vez es más necesario, dado que estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que llevan muchos años en el puesto de trabajo y que va avanzando en edad. La singularidad y carga de trabajo de estos puestos hace que cada vez sean más los y las trabajadoras con problemas de salud tanto físicos como psicosociales.

Así las cosas, con la interposición del conflicto colectivo y la finalización infructuosa de las sesiones de mediación, además de interponer demanda contra el Departamento de Educación, hemos iniciado una dinámica de movilizaciónes.

Por otro lado, debemos señalar que, a diferencia del resto de colectivos dependientes del departamento, en este el Departamento de Educación todavía no ha presentado ningún borrador para la negociación del nuevo convenio laboral. Esto demuestra la actitud del departamento hacia el personal de servicios.

Baja la tasa de paro favorecida por la caída de la tasa de actividad

En verano se suspenden los contratos fijos discontinuos, especialmente en sectores feminizados

La tasa de paro baja al 7,6% en Hego Euskal Herria, con 12.900 personas paradas menos que el año anterior y 11.300 personas ocupadas más. No obstante, llama la atención que, a pesar del aumento de la población, haya menos personas activas. La tasa de actividad es inferior a la de hace un año, situándose en el 55,94%.

La tasa de actividad mide la proporción de la población mayor de 16 años que es activa respecto al total de la población. En el último trimestre, aunque haya 8.500 personas paradas menos, hay 50.600 personas activas menos y 42.200 han dejado de trabajar al finalizar el periodo estival. Por tanto, la baja tasa de actividad debería ser motivo de preocupación, ya que cada vez una menor proporción de la población está activa, muestra de las incapacidades del mercado de trabajo.

Por edad y género, la tasa de paro masculina se eleva al 8,2%. Entre las mujeres, en cambio, la tasa de paro es menor, del 7%. A pesar del vuelco de la tasa de paro respecto al año anterior, si analizamos la tasa de actividad en función del género las situación se mantiene, ya que la tasa de actividad de las mujeres es menor. De hecho, mientras que entre los hombres la tasa de actividad es del 60,09%, entre las mujeres* es del 52,03%, y casi la mitad de las mujeres* se sitúa fuera del mercado laboral. En el último año hay 3.200 mujeres* menos como activas.

También es destacable la alta tasa de paro que se mantiene entre los colectivos en situación de vulnerabilidad (aunque desciende la tasa de paro entre la juventud, todavía es del 23,6% y entre las personas migrantes el paro en Nafarroa es del 20,7% y en la CAPV del 23,18%).

En el último trimestre, el paro ha bajado especialmente en la industria, con 1.600 personas paradas menos, y entre las y los parados de larga duración, con 4.900 personas paradas menos.

Desde el año pasado, en cambio, el número de personas en paro ha descendido en el sector servicios y entre parados de larga duración, pero ha aumentado en la construcción y en la industria. A pesar del descenso del número de personas paradas de larga duración, éstas representan el 50,94% de las personas paradas.



Finalizado el periodo estival, hay 12.700 contratos menos y un tercio de los contratos suspendidos son de mujeres, lo que supone la suspensión del contrato laboral de 8.500 mujeres. Destaca que, mientras que entre los hombres hay 4.200 contratos menos, en el último trimestre hay 11.900 contratos indefinidos más y 6.100 eventuales menos. Entre las mujeres*, la tendencia es inversa, ya que mientras que hay 12.500 contratos indefinidos menos, se han firmado 3.900 eventuales más. Es un claro ejemplo del fraude que suponen los contratos fijos discontinuos. De hecho, en verano suspenden los contratos de trabajo situando a la trabajadora en paro durante el verano y con un contrato fijo (discontinuo) al inicio del curso. Dado el número de mujeres* en esta situación, podemos afirmar que mayoritariamente se utiliza en sectores feminizados (como educadoras de comedores o limpiadoras de educación), precarizando más las condiciones laborales precarias.



En cuanto a la jornada laboral, también destaca la brecha entre hombres y mujeres, ya que casi una de cada cuatro mujeres está trabajando a tiempo parcial (23,2%), mientras que casi uno de cada 20 hombres está en esta situación (5,9%). Cabe destacar que este tipo de contrato se realiza en contra de la voluntad de las mujeres*, negando contratos a jornada completa. Asimismo, cabe destacar que al finalizar los contratos de servicios de verano la mitad de los contratos han sido parciales.



A pesar del descenso de la tasa de paro, los colectivos en situación vulnerable se están situando fuera del mercado laboral. Prueba de ello es que la tasa de paro entre las personas migrantes y/o jóvenes sigue siendo alta o que el uso insidioso de los contratos fijos discontinuos en sectores precarizados, especialmente en verano, empeora o altera las condiciones laborales de estas y estos trabajadores.

Reclamamos acabar con los privilegios fiscales del Capital y tomar medidas para mejorar el empleo y los servicios públicos en el Consejo Económico Social de Nafarroa

El Consejo Económico y Social de Nafarroa (CES) se reúne hoy en Iruñea para abordar el Anteproyecto de Presupuestos Generales de Nafarroa para 2025. En él, LAB reivindicará una profunda reforma fiscal para que las rentas del capital y las grandes fortunas dejen de ser unas privilegiadas y paguen como el resto de la mayoría social, aumentando así una aportación necesaria para fortalecer los servicios públicos. En este sentido, LAB reprocha al segundo gobierno de María Chivite haber enfriado la progresividad fiscal y porque a día de hoy todavía no cuenta con una apuesta estratégica por reforzar los servicios públicos.

El sindicato LAB sitúa el debate sobre los presupuestos de Nafarroa de 2025 dentro de la campaña que tiene en marcha que reclama decidir aquí medidas en favor de los y las trabajadoras, de un trabajo y vida dignas.

En opinión de LAB, para abordar el Anteproyecto de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Nafarroa para 2025, en primer lugar hay que analizar los ingresos. Al parecer, a través de los tributos se costeará el 84,56% de los presupuestos, siendo el ingreso tributario esperado del 19,32% sobre el PIB. Sin embargo, en la Unión Europea en los últimos años los ingresos han superado el 26% de media. Dicho de otra manera, si Nafarroa tuviera la presión fiscal que existe en Europa, a través de los tributos dispondríamos de 1.880 millones de euros más para redistribuir vía presupuestos la riqueza y atender las prioridades de la sociedad navarra, entre ellas destacan principalmente la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, así como del fortalecimiento de la sanidad pública y aumentar las posibilidades en materia de compra de vivienda.

El Gobierno de Nafarroa habla de un mantenimiento de su apuesta por la inversión pública. Pero esa apuesta es tímida y fría, autocomplaciente e insuficiente. LAB cree que existe la posibilidad de mejorar sustancialmente la situación actual de la mayoría social de Navarra, pero para ello se necesita la voluntad y determinación política suficiente para hacer posibles cambios estructurales y profundos en las políticas públicas que permitan afrontar positivamente los grandes retos de futuro.

Nafarroa, lejos de la media europea

El ejemplo de la partida de Sanidad es el reflejo de las diferentes posiciones que defienden el Gobierno de Nafarroa por un lado, y LAB por otro. La cantidad destinada a sanidad aumenta un 3,03%. Se trata de la mayor partida presupuestaria y supone el 25,17% de los presupuestos. Supone el 5,34% sobre el PIB. Sin embargo, el gasto medio de la Unión Europea en los últimos años respecto al PIB es superior al 8%. Manteniendo las proporciones, pero con un sistema impositivo progresivo y más justo, Nafarroa dispondría de 418 millones de euros más para invertir en la sanidad pública. El debate tiene que ser honesto: es imposible reducir las listas de espera en Osasunbidea y mejorar la Atención Primaria si se bajan los impuestos a los que más tienen, tal y como plantean en sus encuentros los empresarios navarros y la frontwoman del PP Isabel Díaz Ayuso.

Lo mismo ocurre con Educación. La cantidad destinada a Educación ha aumentado un 2,88%, supone el 17,27% de los presupuestos, y el 3,67% respecto al PIB. Por contra, el gasto medio de la Unión Europea respecto al PIB en Educación en los últimos años es superior al 4,7%. Manteniendo las proporciones, pero con los ingresos de un sistema impositivo progresivo y más justo, la inversión en Educación ascendería a 1.318 millones de euros, un 4,69% sobre el PIB, muy cerca de Europa. En una situación de mayor progresividad y justicia fiscal el consejero del ramo Carlos Gimeno podría poner fin a su prepotencia e incapacidad para atender las justas y necesarias reivindicaciones de las trabajadoras de la enseñanza pública, poner fin a la huelga del sector, y dotar de una educación pública de calidad a la sociedad navarra.

La pasada semana más de 350 delegados y delegadas de LAB se manifestaron frente a la Agencia Integral de Empleo de SNE-Nafar lansare exigiendo medidas urgentes en materia laboral. El debate de los presupuestos generales de Nafarroa es un buen momento para abordar estas medidas relacionadas con el empleo. Si el Gobierno de Nafarroa quiere hablar de empleo de calidad, por ejemplo, tiene que resolver inmediatamente el bloqueo del primer convenio navarro de residencias, y atender las reivindicaciones del personal de centros de atención a personas con discapacidad e intervención social. De la misma manera, tiene que asumir la necesidad de establecer un salario mínimo propio adecuado a nuestra realidad socioeconómica, así como una reducción de la jornada laboral de 30 horas semanales para repartir el empleo y atender los trabajos de cuidados. Resulta además inaceptable que el Gobierno incentive, en contra del criterio de los expertos que lo desaconsejan por inútil, el acceso al empleo de calidad y renuncie a fortalecer el papel del Servicio Navarro de Empleo en materia de contratación. Además, existe un cierto estancamiento en las políticas de igualdad.

Finalmente, con un número insoportable de muertes en el trabajo en Nafarroa, resulta hiriente e insultante en todos sus términos que el Gobierno de Nafarroa excluya a los agentes que tomamos parte en el Consejo Navarro de Salud Laboral, entre ellos al sindicato LAB, de la toma de decisiones en materia de salud laboral y siniestralidad laboral, privilegiando con una participación exclusiva a los miembros del Consejo del Diálogo Social UGT, CCOO y los empresarios de la CEN en otro claro ejemplo más de mercadeo entre los de siempre. Los presupuestos deben responder a la necesidad de reforzar y dotar de más recursos al servicio público de salud laboral.

Osakidetza está llevando adelante la privatización de los almacenes quebrando la ley de contratos publicos y evitando dar publicidad al alcance real de la externalización

Osakidetza, a menos de 20 días de la apertura de ofertas de los diferentes candidatos a la construcción y explotación de la plataforma logística de Iurreta, continúa ocultando sus intenciones, el impacto en la plantilla y el alcance de la privatización de los almacenes. En LAB creemos que se está ocultando porque el proyecto será letal para la totalidad de los almacenes, afectando a toda la plantilla.

Según el acta nº 8 firmado el día 3 de julio de 2024 y al que ha tenido acceso este sindicato, la administración se comprometía en “próximas fechas” a publicar los documentos definitivos y dar así cumplimiento al artículo 1 de la ley de contratos públicos en lo que a la publicidad de los procedimientos se refiere.

Desde el sindicato LAB hemos pedido explicaciones y dichos documentos en repetidas ocasiones sin éxito. De hecho, en una respuesta fechada el día 19 de septiembre de 2024, una técnica de contratación de la Dirección General se dirigía al sindicato afirmando que aún estaban redactándose. Esta respuesta es relevante porque ya se había iniciado el proceso de presentación de ofertas y hay fecha de apertura de sobres. ¿Cómo es posible que las empresas presenten sus ofertas si los documentos que rigen el contrato aún están redactándose?

LAB lleva paralizados 172 millones de euros en privatizaciones ilegales. Para LAB es evidente que la ocultación de dichos documentos tiene una finalidad clara: evitar la actuación de este sindicato frente a los mismos. En esa intención de desactivar a LAB, la dirección de Osakidetza está dejando a toda la plantilla en una situación de indefensión absoluta y llevando al personal de los almacenes a su desaparición. Cabe recordar que dicho contrato tiene un valor estimado de 128 millones de euros (sin IVA) y comprende la construcción de una plataforma logística con dinero público y su posterior explotación por empresas privadas. Un pelotazo que LAB ha llevado al TSJPV junto a otros sindicatos.

Mesa sectorial

Ante la celebración de la última mesa sectorial el día 10 de octubre, el sindicato LAB envió una serie de preguntas a la dirección una semana antes para que se le dieran respuesta en la mesa. La respuesta fue nula, no se contestó a nada a pesar de la relevancia del proyecto y su impacto en la plantilla.

Es obvio que Osakidetza busca desarmar a la plantilla ante un proyecto que tiene todos los ingredientes que rodean las privatizaciones más injustificadas. En LAB consideramos que las personas que están liderando este proyecto están maniobrando contra el interés general y manejando un proyecto de más de cien millones de euros de espaldas a toda la sociedad, ocultando toda la información y llevando el proyecto a un escenario de hechos consumados.

El interés de estas personas en beneficiar a empresas privadas que aspiran a hacerse con el control de todos los trabajos de almacenaje y distribución de productos para toda Osakidetza está llevando a incumplir la ley de contratos públicos en sus requerimientos más básicos, como es el de la publicidad.

Calificamos de muy graves las declaraciones de Maite Peña, diputada de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, en el diario «Berria»

La diputada de Cuidados y Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Peña, señala en Berria que el modelo de sistema de cuidados que proponemos el resto de agentes y que propone la diputación son muy similares en la práctica. También dice que el modelo guipuzcoano es fuerte y que están empezando a hacer una transición hacia un modelo centrado en las personas.

Por un lado, habla de reforzar, flexibilizar y adecuar los cuidados que se van a dar en casa. De hecho, cuando se refiere a los cuidados que se prestan en el hogar, se refiere a las trabajadoras de ayuda a domicilio y del hogar. En el caso de las trabajadoras de ayuda a domicilio, son las empresas privadas las que gestionan sus condiciones laborales y el servicio que se presta a las personas usuarias. Son las diputaciones forales y los ayuntamientos quienes impulsaron e impulsan la privatización a través de pliegos y licitaciones. En el caso de las trabajadoras de hogar, la contratación se realiza de forma privada y es un sector feminizado y totalmente explotado, sin convenio laboral.

Por otro lado, los sindicatos y el movimiento feminista hemos denunciado en numerosas ocasiones que la atención que reciben las personas usuarias no es de calidad debido a la privatización, y frente a ello, la diputada responsable de Cuidados y Políticas Sociales afirma que el 90% de las plazas de Gipuzkoa son públicas y que el liderazgo es público. Que la responsabilidad de la prestación del servicio sea pública no implica que el propio servicio sea de gestión directa, es decir, que sea público. Lo que quiere decir, o mejor dicho, la realidad es que el dinero recibido de las rentas de las y los guipuzcoanos, que es público, lo destina la diputación a los bolsillos de las empresas privadas y que las decisiones y las gestiones en torno a estos servicios de cuidados las toman las empresas, en detrimento de personas usuarias como de los y las trabajadoras.

LAB defiende firmemente que el sistema de cuidados debe ser público, es decir, que todos esos servicios que están privatizados sean asumidos por la administración pública. Porque es un trabajo público y tenemos que reforzar los servicios públicos. Por ello, todas las empresas privadas deben desaparecer del sector de cuidados y las Administraciones deben asumir su gestión directa. Pero, como explica claramente Maite Peña, «no cree en el sistema público comunitario de cuidados y sostiene que el modelo actual trae buenos resultados». Ante esto, el choque de modelos es evidente: si seguir en el sistema de cuidados privatizado o caminar hacia un modelo diferente. Nosotras creemos que las cosas se deben y se pueden hacer de otra manera y vamos a poner nuestras empeño en ello.

Para LAB las administraciones que profundizan en la privatización y la precariedad son equiparables a la patronal. Ante esto, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales explica que las condiciones de trabajo de las y los trabajadores privatizados no son responsabilidad suya, que eso se regula en una mera negociación entre patronal y trabajadores y trabajadoras, como si ellos no tuvieran responsabilidades al respecto. ¿Es que la cantidad de dinero que manejan estas empresas no se la da la diputación foral?

Por lo tanto, sí que tenéis la competencia y la posibilidad de tomar decisiones sobre las condiciones de trabajo, tanto para destinar el dinero, al control y calidad del servicio, a las y los trabajadores del sector, a mejorar sus condiciones de trabajo y vida…

Para hablar de todo ello, vamos a realizar una petición de reunión urgente para explicar a la diputada la realidad del sector y nuestro punto de vista. Seguiremos poniendo de manifiesto los claroscuros que existen en este sector totalmente feminizado, racializado y precarizado.

Porque la privatización es la miseria de las trabajadoras del cuidado, el sindicato LAB se reafirma en la lucha por el sistema público comunitario de cuidados.