2026-01-23
Blog Página 902

LAB y ELA hemos presentado aportaciones conjuntas a la Ley de Contratos Públicos de Nafarroa

Hemos realizado propuestas para incluir cláusulas sociales, entre otras aportaciones. "Las cláusulas sociales en ningún caso deben tratarse como una especie de recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de los pliegos, si no que deben tener carácter obligatorio", hemos remarcado en la comparecencia de hoy.

Estas son las aportaciones realizadas por LAB y ELA:

Introducción

La subcontratación de servicios públicos ha generado en Navarra una auténtica administración paralela que da empleo a miles de trabajadores y trabajadoras. Más allá de otras consideraciones, esta subcontratación supone en muchos casos un nicho de negocio para las empresas privadas, demasiadas veces a costa de las condiciones de trabajo de las personas empleadas en los mismos.

Entendemos que la administración pública debe velar por la calidad de los servicios que presta, incluidos los servicios subcontratados. Y no hay servicios de calidad si éstos se prestan en condiciones laborales precarias. Para los sindicatos ELA y LAB es indiscutible que la responsabilidad última en estos servicios, que se prestan con dinero público, es de la administración.

Históricamente se han venido adjudicando los servicios a las empresas que planteasen un menor coste en su realización, en ocasiones por debajo del propio coste del servicio, en una suerte de subasta a la baja, que acaba afectando al empleo y a sus condiciones.

A esta práctica se deben unir los efectos de los recortes que las diferentes administraciones han impuesto en los últimos años. Ninguna empresa ha asumido esos recortes, sino que se han trasladado sus consecuencias, siempre negativas, a los y las trabajadoras. Asimismo, la estatalización de la negociación colectiva también ha tenido efectos perjudiciales para las personas que trabajan en empresas subcontratadas, puesto que ha habido pliegos que han marcado como convenio de referencia un convenio estatal en sectores que históricamente venían regulados por convenios sectoriales navarros.

En base a lo expuesto hasta ahora, los sindicatos ELA y LAB vemos en la tramitación de La Ley de Contratos Públicos que en breve llegará al Parlamento de Navarra una oportunidad para establecer mecanismos legales que posibiliten una mayor calidad en el empleo.

Valoración del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Navarra

En opinión de ELA y de LAB, el proyecto de Ley que se va a remitir al Parlamento por parte del Gobierno de Navarra supone una oportunidad perdida para demostrar un compromiso real con la calidad de los servicios públicos que se prestan vía subcontratación, empezando por la propia calidad de las condiciones de trabajo de los mismos.

No se han tenido en cuenta ninguna de las aportaciones principales que ambos sindicatos han realizado con anterioridad a su aprobación en el seno del Gobierno. Ni se garantiza la inclusión por ley de la subrogación en todas las contratas, ni se incluyen, con carácter obligatorio, cláusulas sociales que obliguen a las administraciones en primera instancia, y a las empresas adjudicatarias después, a respetar unos mínimos estándares de empleo, de condiciones de trabajo, de medidas de respeto a las condiciones de seguridad y salud, de no discriminación en la contratación, de participación sindical…

Entendemos que el debate sobre qué tipo de servicios públicos queremos debe darse en la propia tramitación de la Ley de Contratos Públicos. Y hay dos formas de abordar este debate: mantener un modelo economicista que prime el precio por encima de todo, o establecer un modelo social que ponga en valor la calidad del servicio por encima del coste, entendiendo esa calidad en un sentido amplio.

Desde ELA y LAB no entenderíamos que el cambio social que se propugna no tuviese en cuenta las cuestiones que afectan a los y las trabajadoras navarras.

Propuestas de ELA y LAB para la inclusión de clausulas sociales en la Ley de Contratos Públicos de Navarra

– Carácter obligatorio de las cláusulas sociales que se incorporen a la Ley: Las cláusulas sociales en ningún caso deben tratarse como una especie de recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de los pliegos, si no que deben tener carácter obligatorio.

– Subrogación: La subrogación debe ser obligatoria en todos los tipos de contratos, con independencia de si se tratan de concesión de servicios o de contratos de asistencia.

– Aplicación del convenio sectorial de la actividad a realizar como condición de mínimos: Se tendrá en cuenta el convenio sectorial de ámbito más cercano (el de Navarra frente a los convenios estatales). Se concretará el convenio a aplicar en base a la actividad de que se trate, primando el que tenga mejores condiciones de trabajo en aquellos servicios en los que el convenio de aplicación no sea claro, o puedan existir una concurrencia de diferentes convenios en base a los ámbitos de aplicación de los mismos.

– Aplicación del convenio de empresa o de centro de trabajo en los casos en que este convenio sea más beneficioso que el sectorial: Deberá incorporarse al pliego la obligación de su aplicación con carácter vinculante y como condición de mínimos para todas las empresas que pretendan la gestión de dicho servicio.

– Establecimiento de una plantilla mínima y un número de jornadas garantizadas que aseguren una prestación de calidad: Se incorporará la obligación de mantener una plantilla mínima y un número de jornadas garantizadas durante toda la duración de la contrata, acorde a las cargas de trabajo. Igualmente se garantizarán las sustituciones de las ausencias que se pudiesen producir.

– Establecer criterios de puntuación en los que el precio no sea determinante: Dar mayor valor a las propuestas técnicas que mejoren la calidad del servicio, el mantenimiento o la creación de empleo, la mejora de las condiciones de trabajo… Establecer que aquellas propuestas que se realicen por debajo del precio del servicio queden automáticamente eliminadas. Igualmente reducir significativamente el porcentaje de rebaja para considerar una oferta como bajada temeraria.

– Cumplimiento estricto de la normativa relacionada con la seguridad y la salud laboral: Establecer mecanismos que permitan a las administraciones velar de forma efectiva por el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones en relación a la prevención de riesgos laborales.

– Transparencia en la contratación: Utilizar mecanismos públicos de intermediación en las contrataciones, con el objetivo de garantizar que no se producen discriminaciones en la misma, por ninguna causa, incluidas las relacionadas con la afiliación sindical. Exigir el cumplimiento de las obligaciones legales en relación a la contratación de personas con discapacidad. Evitar contrataciones por "amiguismos".

– Establecer sanciones a las empresas que incumplan los requerimientos sociales: Incluyendo en los casos más graves la resolución inmediata del contrato y la imposibilidad para esa empresa de licitar en la administración pública de Navarra durante un plazo de tiempo.

– Facilitar la participación de los y las trabajadores y sus representantes: Tanto en la elaboración de los pliegos, como en los procesos de adjudicación. Igualmente establecer procedimientos de seguimiento y vigilancia del cumplimiento por parte de las empresas de los compromisos adquiridos, facilitando igualmente la participación de las organizaciones sindicales en dicho seguimiento, así como su participación en la Junta de Contratación Pública de la que forma parte la CEN.

– Legitimación de las organizaciones sindicales para la participación en el Tribunal Administrativo de Contratos de Navarra: Deben incorporarse los cambios normativos necesarios que otorguen una legitimidad clara y expresa (activa y pasiva) a la representación de los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales para el inicio y la personación en los procedimientos.

– Garantizar la presencia y utilización del euskara: por parte de las empresas subcontratadas en el cumplimiento del contrato en todas sus vertientes, respetándose además, el derecho de ciudadanía a ser atendida en euskara.

Pasos a dar por parte de ELA y LAB

1. Vamos a solicitar una reunión con todos los grupos parlamentarios para que durante la tramitación de la Ley incorporen al texto final las cláusulas sociales que hemos señalado.

2. Vamos a reunirnos con el resto de organizaciones sindicales para iniciar una dinámica de movilizaciones dirigidas a las empresas subcontratadas por las diferentes administraciones con el objetivo de conseguir la inclusión de cláusulas sociales que garanticen unas condiciones de trabajo dignas en las trabajadoras y trabajadores subcontratadas.

 

 

La Carta de Derechos Sociales ha solicitado una reunión al Gobierno Vasco «a la vista de la grave situación social»

Concentración realizada en Donostia.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria inició movilizaciones el pasado 29 de mayo en contra de los recortes actuales y futuros en el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social (entre otras la RGI) con el lema “Por los derechos sociales y por un sistema propio de protección social”. Desde entonces, se han movilizado las personas pensionistas, los y las perceptoras de prestaciones y el movimiento feminista. Hoy, en Gasteiz, Bilbo y Donostia, ha sido el turno de la mayoría sindical vasca en Gasteiz, cuyos representantes han registrado, en nombre de la Carta de Derechos Sociales, una petición en las desde del Gobierno Vasco y en el Parlamento.

La Renta de Garantía de Ingresos es una conquista derivada de la lucha y la movilización social. Sin embargo, el sistema de protección social de la CAPV ha sido sometido en los últimos años a un constante y feroz ataque:

• Desde 2012 ha sufrido un recorte del 7%
• Las condiciones para acceder a estas prestaciones se han endurecido mucho
• Se ha decidido que la subida del 8% del SMI no se aplicará a las ayudas sociales gestionadas por Lanbide (por tanto, tampoco a la RGI)
• El 31 de mayo de 2017 el departamento de Empleo y Política Social de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa propuso 15 modificaciones y 5 cambios de norma para reformar la RGI

En esta situación de emergencia social hemos denunciado mediante la movilización social la involución que sufre el siste- ma de protección social, y hemos reivindicado un Sistema público de Protección Social. El 1 de abril tomamos las calles de Bilbo, y desde que la consejera Artolazabal hizo pública su propuesta en torno a la RGI, diversos colectivos hemos organi- zado movilizaciones a lo largo del mes de junio, uniéndonos así al llamamiento de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

En Gasteiz, hemos protestado ante el Parlamento Vasco.

• Los y las pensionistas denunciaron que la RGI afecta directamente a personas pensionistas y jubiladas. En concreto, 15.076 pensionistas complementan su pensión con la RGI; esto supone el 30% de las personas que perciben esta renta. Mientras que el señor Egibar, portavoz del PNV, justificaba la decisión de desvincular la subida de la RGI del SMI diciendo que era para “no eliminar el estímulo para trabajar”, el colectivo de pensionistas advirtió que ya están fuera del mundo del trabajo y que es difícil garantizar condiciones de vida dignas con las pensiones de miseria que cobran.

• Usuarias y usuarios denunciaron que la propuesta de reforma pretende seguir desmantelando el sistema de pro- tección social, porque éste da cobertura a cada vez menos personas (y la cuantía de las prestaciones es cada vez más reducida). Denunciaron que un amplio sector de la ciudadanía, un sector demasiado grande, carece de recursos para llegar a un nivel mínimo de bienestar, y que estos recortes se justifican mediante una campaña de criminalización. Exactamente, a día de hoy, son 62.924 las personas perceptoras del RGI. Las instituciones y partidos que acuerdan y aplican los recortes sociales quieren acabar con los derechos sociales estigmatizando a diferentes colectivos.

• Los y las jóvenes pusieron de manifiesto que, si se aplicasen en la RGI las propuestas del departamento de Empleo y Políticas Sociales, su posibilidad de desarrollar una vida independiente y autónoma se vería muy limitada. Si se impusiera el límite de una sola RGI por vivienda, ello perjudicaría a la emancipación de los y las jóvenes y pondría en cuestión el dere- cho a la vivienda. A su vez, advirtieron que mientras la precarizacion y el empobrecimiento se cronifican, muchas y muchos jóvenes se pueden ver obligados a emigrar en busca de un futuro mejor, lo que implica el riesgo de perder los conocimien- tos y el talento de toda una generación.

• El movimiento feminista advirtió que en este contexto las mujeres son el sector más afectado: a modo de ejemplo, somos las mujeres quienes tenemos un 30,8% de los empleos parciales. A día de hoy, el 56,75% de las perceptoras del RGI somos mujeres (35.701 mujeres). Por si no bastara el alto nivel de precariedad y desempleo de las mujeres, la brecha salarial y la desvalorización de las profesiones feminizadas, no podemos dejar delado el trabajo que hacemos gratis. Somos nosotras quienes desempeñamos los trabajos de cuidado que este sistema necesita para funcionar y respondemos a las necesidades básicas para la subsistencia. Por ello, los recortes de prestaciones sociales suponen una pesada carga que se nos echa a la espalda.

Movilización llevada a cabo en Bilbo.

• Hoy la mayoría sindical vasca ha denunciado que la RGI se queda aislada de la realidad que vivimos en el mundo del trabajo al desvincular la cuantía de la renta del SMI o el IPC y someterla a los presupuestos, esto es, dejarla a merced de la voluntad de los partidos. La durísima precarización que sufrimos en las condiciones de trabajo ha agudizado la brecha social, y el colectivo de trabajadores y trabajadoras pobres es cada vez más grande. En concreto, 12.321 personas que trabajan cobran la RGI: Un 20% del total.

Las lecturas hechas desde cada sector y dan como resultado una foto muy completa de una cruda realidad. ¡La pobreza no es una consecuencia natural de la crisis! El deterioro de las condiciones de trabajo y el desmantelamiento de los servicios públicos responden a la lógica y los objetivos de las políticas neoliberales.

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria reivindica que las prioridades de las iniciativas políticas, económicas e ins- titucionales deben cambiar; hay que situar en primer plano a las personas y sus intereses, por encima de los intereses de los mercados, y dar más importancia al derecho al trabajo, no a los intereses del capital. Es inaceptable que el fin último de cualquier actividad económica sea el empobrecimiento general, mientras unas pocas personas se enriquecen. Es posible,
y necesario, cambiar las políticas que agravan el desempleo, la precariedad, la pobreza y las desigualdades sociales. Hay que cambiar la situación de raíz, y tenemos una alternativa: Un sistema público y propio de Protección Social, digno y de calidad.

Registro del documento en el Parlamento de Gasteiz.

Por ello, planteamos al Gobierno Vasco y a todas las fuerzas políticas que componen el Parlamento de Gasteiz las siguien- tes reivindicaciones, con el fin de que se desarrollen desde la competencia de cada cual:

1. Eliminación de todo recorte que agudice las desigualdades sociales.
2. Mejora de las prestaciones sociales con el fin de responder al aumento del desempleo y de la pobreza.
3. Que la consejera Artolazabal retire las propuestas de reforma de la RGI y se modifique la ley de prestaciones sociales de manera que nadie viva por debajo del umbral de pobreza.
4. Para ello hay que permitir la participación democrática de ciudadanía, agentes sociales y sindicatos en el diseño, toma de decisión y control de las políticas.

A la vista de la grave situación social, dado que la consejera de Empleo y Políticas Sociales ha presentado una propuesta de reforma de las prestaciones sociales gestionadas por Lanbide, exigimos una respuesta o una fecha para reunirnos antes de que comience el próximo curso político.
 

 

 

La plantilla de Informática de Euskadi ha realizado paros y movilizaciones

Con este paro queremos denunciar la más que posible venta por parte de Kutxabank de la mayor parte de su paquete de acciones a la multinacional americana Accenture. Si finalmente se realiza la venta, el principal banco vasco perderá la gestión directa de la empresa.

El comité de empresa de Informática de Euskadi ha llamado hoy a toda la plantilla a realizar un paro de 2 horas, de 12:15 a 14:15. Además, han realizado una concentración a las 13:15, en Bilbo, ante la sede de Kutxabank.

Desde el comité de empresa de Informática de Euskadi, compuesto por miembros de CC.OO., LAB y SIIE, queremos denunciar las más que probables implicaciones que tendrá la posible venta por parte de Kutxabank de la mayor parte de su paquete de acciones sobre el empleo y condiciones laborales de su plantilla actual:

– Pérdidas de puestos de trabajo: Provocada por el previsible desmantelamiento de algunos departamentos, cierre de algunas líneas de negocio y trasvase del negocio a otras empresas de Accenture.

– Pérdidas de condiciones laborales: El acuerdo de mantenimiento de condiciones laborales del convenio de oficinas y despachos de Bizkaia vence el 31 de diciembre de 2018, pudiendo entonces el nuevo socio mayoritario pasar a aplicar el convenio estatal de consultoras, con peores condiciones laborales.

– Descapitalización: Esta venta va dejar en manos de una multinacional americana una empresa vasca con más de 325 profesionales y ubicada en el parque tecnológico de Bizkaia, que lleva más de 20 años encargándose principalmente del desarrollo informático de BBK anteriormente y en la actualidad, desde la fusión de las cajas vascas, de Kutxabank y CajaSur.
También queremos denunciar las contradicciones existentes entre Kutxabank y la Fundación BBK con respecto a la defensa del tejido empresarial de Bizkaia. Mientras que por un lado la Fundación BBK anuncia la creación de un fondo para potenciar empresas locales, Kutxabank sigue con el proceso de cesión del 90% de Informática de Euskadi a Accenture.

Debido a estas implicaciones, el Comité de empresa solicita que se paralice dicha venta y exige a los socios de la compañía que firmen un compromiso de mantenimiento de empleo y condiciones laborales. La respuesta por parte de Kutxabank y Accenture ha sido negativa.

Lamentamos que Kutxabank, referente vasco y con un compromiso claro por el desarrollo de la sociedad vasca, en un momento en el que el sector bancario está potenciando su negocio de banca online, dé la espalda a las y los profesionales de Informática de Euskadi. Nos parece incomprensible que Kutxabank, que cerró el ejercicio 2016 con un beneficio de 244 millones, un 12% más que en 2015, priorice una venta de participaciones, con una escasa repercusión en su balance, al mantenimiento del empleo y condiciones laborales de una de las principales compañías vascas que les presta servicio, máxime cuando los trabajadores y trabajadoras de Informática de Euskadi llevan 5 años con congelación salarial.
 

 

 

Nos hemos concentrado en Eibar para pedir la vuelta a casa de las y los presos y exiliados

El sindicato LAB de Debaldea, convoca cada mes del año alguna iniciativa en a favor de la vuelta a casa de las y los presos y exiliados politicos. Los delegados y delegadas del sindicato, junto con vecinos y vecinas de Eibar, han denunciado la situación de las y los presos y exiliados.

LAB cree que, en aras de conseguir dicho objetivo, es necesaria la implicación de toda la sociedad. En ese sentido, han elogiado y aplaudido la iniciativa del movimiento IREKI, que ha recogido la adhesión de casi 90.000 trabajadores y trabajadoras en Euskal herria, cuyas firmas se han depositado en manos del Foro Social para la Resolución del Conflicto.

Los miembros de LAB han manifestado que la vuelta a casa de las y los presos y exiliados políticos es cuestión prioritaria en su agenda y que el curso que viene intentarán sumar fuerzas en el mundo laboral para acabar con esta situación injusta y excepcional.
 

 

 

La discriminación salarial por razón de género se estanca en el 33,6% en Hego Euskal Herria


Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada hoy por el INE, en Hego Euskal Herria el salario bruto anual de las mujeres en 2015 fue de media 7.680 euros inferior al de los hombres. Por tanto, el salario medio (1) de las mujeres asalariadas debería aumentar un 33,6% para equipararse al de los hombres.

(1) El concepto salarial utilizado es la ganancia bruta anual, compuesta por todas las remuneraciones dinerarias y en especie computadas en términos brutos (incluye salario base, complementos, pagas extraordinarias fijas y variables, y horas extras). Los datos de Hego Euskal Herria los hemos calculado como la media ponderada en función del peso de la población asalariada de cada sexo en ambas comunidades autónomas.

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada hoy por el INE, en Hego Euskal Herria el salario bruto anual de las mujeres en 2015 fue de media 7.680 euros inferior al de los hombres. Por tanto, el salario medio1 de las mujeres asalariadas debería aumentar un 33,6% para equipararse al de los hombres.
No obstante, la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat) calcula esta brecha salarial como la diferencia entre el salario bruto por hora de los hombres y de las mujeres, expresada en porcentaje respecto al salario bruto por hora de los hombres.

Según esta definición, la brecha salarial en Hego Euskal Herria es del 13,9% y la media de la Unión Europea se sitúa en el 16,3%. Por otro lado, también hay diferencias entre Nafarroa y la CAV, con una brecha salarial del 18% y el 12,8% respectivamente.

Esta diferencia de sueldos entre hombres y mujeres es una de las expresiones más claras de la discriminación de las mujeres en el mundo laboral, aunque no la única; y la evidencia estadística contribuye a visibilizar y tomar conciencia sobre esta particular forma de violencia económica, tan cotidiana que a veces nos resulta imperceptible, sin olvidar que esta media oculta otras cifras de escándalo en lo referente a mujeres trabajadoras del hogar cuyos sueldos no llegan ni a la diferencia de la media de la brecha salarial que estamos nombrando.

El sistema capitalista heteropatriarcal es quien utiliza y elabora estos dispositivos de discriminación de las mujeres en el mercado laboral en el que entramos ya de manera subsidiaria y sin haber resuelto el reparto de los trabajos de cuidados en el ámbito social; la llamada corresponsabilidad. La brecha salarial es la parte visible y constatable de la multitud de discriminaciones que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral y que comienzan ya desde nuestra socialización diferenciada en la infancia en la que se nos educa en roles diferenciados y vinculados a los cuidados y la responsabilidad sobre el bienestar de las demás personas, preparándonos para una división sexual del trabajo en la que se nos asignan los espacios privados, los trabajos reproductivos y de cuidados… frente al rol productivo y vinculado al espacio público, el poder y las tomas de decisiones asignado a los hombres.

La progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha traído aparejada su equiparación en condiciones laborales; y la cronificación de la brecha salarial de género pone de manifiesto el fracaso de las políticas públicas de igualdad. Y esta injusticia salarial no sólo provoca un grave perjuicio en las actuales condiciones de vida de las mujeres y en su independencia económica, sino que también tendrá un gran impacto negativo en la cuantía de las futuras prestaciones sociales por jubilación, o por desempleo.

Las causas de esta discriminación son estructurales, y sirven al sistema capitalista para mantenerse a través del trabajo gratuito o mal pagado de cuidados realizado por mujeres, que se invisibiliza, no se reconoce y no se valora, de tal modo que sin ellos o valorándolos en su justa medida el capitalismo no sería posible.

Entre las causas de la brecha salarial encontramos desde la discriminación directa (salario diferente por igual trabajo, “prohibido” por ley pero encubierto a través de prácticas empresariales de diferentes formas de remuneración), hasta todo el resto de mecanismos que son los que llevan a esta diferencia de salarios entre mujeres y hombres de manera “legal”: el desigual reparto del trabajo reproductivo y no remunerado, ya que las mujeres tienen mayores contratos parciales al dedicar el doble de tiempo a las tareas domésticas y cuidados, las prácticas empresariales que fomentan la segregación horizontal y vertical de la mujer en los procesos de selección y contratación, el desempeño de trabajos diferentes y en sectores distintos entre mujeres y hombres estando peor remunerados los que ocupan mayoritariamente las mujeres; es conocido y demostrable que cuando las mujeres constituyen la mayoría en una determinada ocupación, los salarios en ésta son más bajos y al revés en el caso de los hombres, debido a la infravaloración de los trabajos realizados por mujeres en general.

Además, su itinerario laboral siempre presenta condiciones mucho más precarias. De hecho, actualmente en Hego Euskal Herria más de 3/4 partes del empleo a tiempo parcial es desempeñado por mujeres; y el empleo a tiempo parcial lógicamente conlleva un salario menor. Además, el salario de un empleo temporal es de media un 33% inferior al de un trabajo indefinido; y la tasa de temporalidad femenina es del 27%, mientras que en el caso de los hombres apenas supera el 20%.

Todos estos datos nos muestran claramente el fracaso de las políticas de igualdad llevadas a cabo hasta ahora así como la poca voluntad política para superar estas discriminaciones.

Por todo ello, demandamos que los poderes públicos cumplan su obligación de promover la igualdad y sitúen la equidad en el eje central de sus políticas. En el ámbito laboral es urgente tomar medidas efectivas que garanticen un tratamiento igualitario en el acceso al empleo, en la formación, en la promoción profesional, y en las condiciones laborales y salariales, impulsando además políticas equitativas de conciliación así como de corresponsabilidad.

Pero además de interpelar a las administraciones, también debemos intensificar la vigilancia y la lucha contra todos los mecanismos de discriminación. Sólo así lograremos construir un nuevo modelo de relaciones laborales y una sociedad más justa y democrática. Ese es nuestro compromiso.

El sueldo de las mujeres tendría que subir un 33,6% para equipararse con el sueldo de los hombres.
Según los últimos datos publicados por el INE en junio, sobre los datos del 2015, se puede concluir lo siguiente: En Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el sueldo bruto anual de las mujeres fue el de 7.551,93 euros menos, en comparación con el sueldo bruto anual de los hombres.

En el caso de Navarra, las mujeres, cobraron 8.164,29 euros menos en comparación con los hombres.

Por lo tanto, según los últimos datos, las mujeres en Hego Euskal Herria, ganaron 7.680,00 euros menos que los hombres.Por lo tanto, los sueldos de las mujeres %33,6 debería incrementarse en un33,6% para equiparase al sueldo de los hombres.

Es el momento de dar el salto desde las políticas, leyes y medidas de igualdad, que forman parte del sistema capitalista heteropatriarcal, a unas verdaderas y transformadoras políticas feministas
Necesitamos políticas feministas para posibilitar la transición de una sociedad y un modelo de relaciones laborales basado en la división sexual del trabajo y en las relaciones jerárquicas y de poder entre mujeres y hombres a un nuevo modelo sustentando en relaciones justas y equitativas entre mujeres y hombres, en el que se reconozcan y se valoren todos los trabajos en su totalidad.

Exigimos voluntad política y valentía a las instituciones, poderes públicos y responsables políticos para acabar son esta situación si realmente les preocupa e interesa.

(*) EUROSTATek kide diren estatuetako soldata arrakala kalkulatzen du 10 langile edo gehiago dituzten enpresetako datuak soilik hartuta (Txekiar errepublikarako kenduta). Hego Euskal Herriko datuek ez dute kontutan hartzen enpresen tamaina.

 

 

 

Huelga General en Brasil el 30 de junio contra la reforma laboral

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Cartel de una de las movilizaciones convocadas por los sindicatos contra la reforma laboral

Para mañana 30 de Junio, los sindicatos mayoritarios de Brasil han convocado una huelga general en todo el país en protesta contra la reforma laboral que quiere imponer el presidente Temer. Son 9 los sindicatos convocantes; en concreto, son CTB, GGTB, CUT, UGT, CSB, CSP, Forca Sindical, Intersindical y NCST los sindicatos convocantes.

Esta huelga general sin embargo no es una movilización aislada, y se entiende en el contexto de las movilizaciones de Junho de Lutas que está organizando diferentes movilizaciones durante todo el mes en todo el territorio Brasileño.

No son tiempos fáciles para la clase trabajadora Brasileña. Después de que tras el Impeachment a Dilma Roussef Temer llegase al poder, han sido innumerables los ataques del Gobierno de Temer contra la clase obrera Brasileña y los sectores populares del país.

Esta ultima reforma hay que situarla en esta misma dirección, ya que se trata de una reforma contra los derechos de la clase trabajadora que entre otras tendrá las siguientes consecuencias: Aumento de la jornada laboral, des-regularización del empleo temporal, una reforma de la Seguridad Social, y aumento de la edad de jubilación y de los años cotizados necesarios para acceder a la jubilación. Resumiendo, hablamos de una reforma que precarizará las condiciones laborales de la clase trabajadora Brasileña.

Por todo ello, desde Euskal Herria queremos mandar este mensaje de solidaridad a la clase trabajadora de Brasil. En Euskal Herria hemos pasado por situaciones parecidas con las reformas de los Gobiernos del PP y del PSOE y con los recortes aplicados por los gobiernos autonómicos del Sur del País Vasco. Por todo ello esperamos que la huelga General de mañana sea una demostración masiva, y que con la fuerza de la clase trabajadora se paralicen estas reformas.

Viva la clase Obrera de Brasil
#Fora Temer!
 

 

 

LAB llama a movilizarse por los derechos sociales y libertades democráticas y contra la Ley Mordaza

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El 1 de julio se cumplirán dos años desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza. LAB convoca a su base social a participar en las movilizaciones convocadas en Donostia y Gasteiz para denunciar la aplicación de dicha norma. El Estado español ha perdido adhesión popular como consecuencia de la corrupción y las políticas neoliberales y en vez de abordar un proceso de democratización se ha embarcado en una huida hacia adelante. Al fallarle la fuerza de la razón, ha optado por la razón de la fuerza. Por todo ello pensamos que debemos seguir trabajando para la construcción de un estado propio sobre la base de los derechos sociales y las libertades democráticas.

A ello responden las medidas represivas que hemos sufrido durante los últimos tiempos: la utilziación torticera del concepto terrorismo, por ejemplo contra los jóvenes de Altsasu; el encarcelamiento de luchadores sociales como Bodalo en Andalucia o Rafa, Urtzi y Telle en Euskal Herria; o las agresiones contra el sindicalismo como la reforma de la negociación colectiva, el intento de ilegalización de los sindicatos combativos por parte de Confebask o las multas y sentencias contra la lucha sindical.

La Ley Mordaza ha sido un hito en esa ofensiva contra los derechos de reunión, expresión y manifestación. En dos años, se han abierto más de 11.000 expedientes contra ciudadanos y ciudadanas vascas en base a dicha Ley. Mientras tanto, el fraude fiscal y la corrupción le sale muy barato o gratis a la clase adinerada.

Cuanto más corrupto e injusto es un estado, más utiliza la represión. Esa es la norma que sigue el Estado español. Proponemos a los y las trabajadoras vascas plantarnos ante este proceso; plante a la Ley Mordaza, plante a un estado corrupto e injusto. Construyamos un estado propio sobre la base de los derechos sociales y las libertades democráticas.
 

 

 

Ante el ERE del colegio La Milagrosa, pedimos la recolocación de todas las trabajadoras

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Hoy aduciendo motivos económicos ha dado comienzo el ERE para el despido de 42 trabajadoras del colegio La Milagrosa por parte de Las Hijas de la Caridad. LAB culpabiliza a las Hermanas de la Caridad del cierre de la Milagrosa ya que con la cesión del edificio de Minas los motivos económicos desaparecían y a pesar de ello, las Hermanas de la Caridad se han negado a continuar regentando el Colegio dejando en la calle 350 familias y 42 trabajadoras.

El pasado mes de mayo las trabajadoras y familias del colegio de La Milagrosa, consiguieron la cesion del edificio de Minas para continuar con el proyecto educativo de La Milagrosa. Siendo esto así, el alquiler que pedía la Fundación Miranda no sería ya un impedimento para la sostenibilidad económica del centro. Pero Las Hijas de la Caridad, como ya han hecho en otros centros que tienen en el estado, están quitándose de
encima la titularidad para dedicarse a otros proyectos. Esa actitud por parte de las Hermanas de la Caridad nos puede llevar a pensar que los motivos económicos han sido inducidos para provocar un ERE.

LAB culpabiliza a las Hermanas de la Caridad del cierre de la Milagrosa ya que con la cesión del edificio de Minas los motivos económicos desaparecían y a pesar de ello, las Hermanas de la Caridad se han negado a continuar regentando el Colegio dejando en la calle 350 familias y 42 trabajadoras.

LAB por su parte, ante el ERE y 42 despidos ha pedido a las Hijas de la Caridad que recoloque a toda la plantilla en los 2 centros que dispone en Bilbao y Laudio y en los más de 50 centros que tiene Kristau Eskolak en Bizkaia.

La propuesta de LAB mantiene los puestos de trabajo, responde a la realidad, es económicamente sostenible y cerraría un ciclo de una manera coherente.

 

 

 

Los trabajadores y trabajadoras de las ikastolas y la enseñanza concertada se han concentrado por un Acuerdo de Navarra digno

Respondiendo a la convocatoria de LAB, SEPNA, UGT y ELA, los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada y de las ikastolas se han concentrado frente al palacio de Diputación en contra de los recortes en el Acuerdo de Navarra, y para reivindicar las mismas subidas salariales que los compañeros y compañeras de la administración.

No aceptan la propuesta definitiva del Departamento de Educación porque no recoge las mismas subidas salariales y porque, entre otras cosas, impone retrocesos en la reducción de carga lectiva por la edad y en la formación. Los sindicatos, en caso de no llegar a un nuevo acuerdo, han solicitado la prorroga del actual. El Departamento en cambio, ha declarado que en tal caso, a partir del 1 de septiembre se perderán las mejoras recogidas en el acuerdo.

La presidenta Uxue Barkos ha rechazado reunirse con los sindicatos. Si la situación no se solucionase, a partir de septiembre se convocarán nuevas movilizaciones.

Los sindicatos comparecimos ayer para dar a conocer nuestra postura.