Al hilo de los sucesos de naturaleza violenta que a lo largo de este último mes se han producido en la zona del gran Bilbao, en los que han participado menores de edad –algunos de ellos bajo la tutela de la Diputación-, algunas personas a título individual, representantes políticos u organizaciones están opinando y proponiendo el endurecimiento bien sea de las medidas coercitivas, o del sistema penal, o de las actuaciones policiales. En primer lugar, queremos mostrar nuestra solidaridad a familiares y amigos.
Ante todo esto y para empezar decir que LAB no comparte en absoluto la orientación de esas opiniones. De hecho partimos de la constatación de que en aquellos lugares – como por ejemplo los Estados Unidos – en los que se apuesta por un modelo penal y policial de represión y mano dura, las tasas de violencia y delincuencia en las calles son muy altas.
LAB entiende que si verdaderamente queremos evitar este tipo de sucesos deberíamos ir a la raíz del problema, hacer un buen diagnóstico de por qué están sucediendo y solucionar el problema en su origen. Si hiciéramos esto nos daríamos cuenta de que detrás de estos trágicos sucesos se encuentran realidades sociales de precariedad y exclusión social, y que si queremos combatirlos deberíamos apostar por fortalecer nuestro sistema educativo y de protección social (junto con la construcción, por supuesto, de un modelo socioeconómico justo que erradique las diferencias y favorezca un reparto equitativo de la riqueza).
Últimamente estamos asistiendo a declaraciones políticas interesadas que pretenden difundir la falsa imagen de que, en la CAV, estamos en fase de recuperación económica, llegando incluso a negar la máxima, y a negarse a ver las preocupantes realidades sociales y grandes bolsas de precariedad y exclusión social existentes a lo largo y ancho del territorio de Bizkaia.
Y a este respecto, y desde lo que como LAB conocemos, no podemos decir que la Diputación sea en absoluto un ejemplo:
· El III Plan de Infancia para la atención de las situaciones de desprotección en Infancia y Adolescencia (2016-2019) no termina de ver la luz a pesar de lo vital que resultan sus apuestas (mejorar la organización y gestión del Servicio de Infancia, materializando las inversiones materiales y de contratación de personal necesarias, garantizar y mejorar la calidad del servicio que se presta…)
· Por otra parte, una gran parte de la atención a menores en situación de desprotección se subcontrata. En octubre del 2017, sólo el 15% de las residencias para menores eran de gestión directa. Las consecuencias de ese proceso de privatización son altamente perjudiciales: la Diputación pierde control sobre una cuestión que es de su directa responsabilidad, condiciones laborales precarias para las personas que trabajan en esos centros, …
· Para terminar, pensamos que faltan recursos en el sistema para poder detectar a tiempo situaciones de desprotección de menores, y para poder después intervenir con planes de recuperación afectiva, social y educativa. Queremos recordar que, por poner un ejemplo, LAB lleva tiempo denunciando en esta institución la falta de recursos en el Servicio de Infancia, y en la Unidad de Acogimiento Residencial del IFAS, y reclamando que se invierta, entre otras cosas, para poder terminar con las altas cargas de trabajo y la preocupación que sufren quienes, en todas las categorías, trabajan en esos servicios.
Por todo esto, queremos hacer un llamamiento a reflexionar serena y seriamente sobre este tema, dejando de lado medidas de endurecimiento policial y/o judicial. Y hacer un llamamiento principalmente a las instituciones competentes para que se apoye y escuche a organizaciones sociales, y profesionales que trabajan en los servicios sociales, y para que adapte la orientación de su política social y sus prioridades a las conclusiones que de esa reflexión colectiva se desprendan, invirtiendo en más recursos para la intervención y protección social.
Finalmente, queremos subrayar y agradecer a todas esas personas de la Diputación, que desde diferentes puestos y responsabilidades, educadores, psicólogas, administrativos, terapeutas o cualquier otra función, están haciendo una labor impagable, con unos recursos a todas luces insuficientes. Asimismo, es nuestro reto y compromiso convertir a las trabajadoras del sector en sujeto activo en favor de sus derechos y la construcción de un sistema de protección social justo y sólido.
