Los agentes que integramos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herriko nos hemos concentrado ante el Parlamento de Gasteiz para denunciar que el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco no cumple los requisitos necesarios desde el punto de vista social. Bea Martxueta, secretaria de Acción Social de LAB, ha tomado la palabra y ha remarcado que el Gobierno Vasco no tiene voluntad para desarrollar otras políticas públicas.
En palabras de Bea Martxueta, "el Gobierno Vasco no tiene ninguna voluntad política de desarrollar otras políticas públicas, es decir, no tiene voluntad para elaborar unas cuentas que garanticen el reparto justo de la riqueza, la creación de empleo de calidad y la configuración de un sistema público y de calidad de protección social".
Según la secretaria de Acción Social de LAB, "pese a que el Gobierno Vasco no tiene voluntad política, tenemos conocimiento, y lo hemos visto esta semana, de que hay dinero, por lo que se trata de un tema de prioridades a la hora de repartir los recursos. En este sentido, hacemos hincapié en dos formas de política. Por un lado, los ingresos, la política fiscal. Siempre hemos dicho que necesitamos otra política fiscal, donde las personas que más tienen paguen más. Por otro lado, hablamos de presupuestos, de gastos. Necesitamos presupuestos para combatir la precariedad del trabajo, de la vida y de las pensiones, presupuestos que sean eficaces para mejorar la vida y las condiciones laborales".
Sociales, participativos y soberanos
En lo que respecta a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, esta es la lectura emitida con motivo de la movilización de hoy:
La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria viene movilizándose en los últimos años a favor de unos presupuestos sociales, participativos y soberanos, y denunciando que los presupuestos del Gobierno Vasco no cumplen ni de lejos estos requisitos.
En el acto celebrado el pasado marzo en Gasteiz decíamos que “hay alternativas sociales, pero nuestros gobernantes no tienen voluntad política para llevarlas a cabo. Teniendo en cuenta en qué se basan los presupuestos, está claro que no hay opción para un acuerdo en ese proyecto desde el punto de vista social”.
El proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2019 es un nuevo paso en el mismo camino, el del desmontaje de los servicios públicos. La regla de gasto establece un tope de aumento del presupuesto computablede un 2,7% nominal, con lo que cada vez unaparte menor de la riqueza generada se destinará al presupuesto. Esta regla de gasto, enpalabras del consejero Azpiazu, es una camisade fuerza, pero están de acuerdo con su objetivo.
En este contexto nos reafirmamos en las propuestas que hacíamos en el acto de Gasteiz:
1. Cambio social. Deseamos y necesitamos un cambio estructural de las políticaspúblicas: reparto de la riqueza, creación deempleo de calidad, que tengan como base la sostenibilidad de la vida y la defensa de la libertad y de los derechos culturales.
2. Exigimos una reforma fiscal profunda; que quienes más tengan, más paguen.
3. Son imprescindibles unos presupuestos con enfoque de género.
4. Equiparar a la media europea la inversión pública en Sanidad y Educación sobre el PIB.
5. Implantar el control público sobre la producción y comercialización energética.
6. Interrumpir el Tren de alta velocidad, incineradoras, pozos de extracción de gas… Paralizar los proyectos perjudiciales para la naturaleza y nuestra salud, innecesarios, despilfarradores y que vacían la bolsa común de nuestros presupuestos; impulsar el debate social participativo.
7. Reivindicamos un sistema de protección social público, integral, digno y de calidad, que sitúe la sostenibilidad de la vida como eje del modelo de sociedad que deseamos.
8. Garantizar a todas las ciudadanas y ciudadanos los derechos sociales básicos, sin ningún tipo de discriminación, priorizando a quienes se encuentran en situación de emergencia social.
9. Realizar una auditoría de la deuda hasta el último extremo.
10. Reivindicamos unos presupuestos participativos, garantizando recursos que hagan posible la participación de las y los ciudadanos en el diseño y toma de decisiones en las políticas públicas.
11. Reclamamos el derecho de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para tomar decisiones económicas y sobre el modelo social de un modo soberano.
Desde la Carta de Derechos Sociales nos hemos comprometido a favor de ese modelo social, llevando a cabo una Iniciativa Legislativa Popular contra la pobreza y la exclusión social.
51.000 personas hemos puesto nuestra firma a favor de esa ILP. Y gracias a ese compromiso hemos conseguido obligar al Parlamento Vasco a que discuta nuestra Iniciativa Legislativa Popular, que plantea mejoras sustanciales en materia de prestaciones sociales (Renta de Garantía de Ingresos y Ayudas de Emergencia Social) y el reconocimiento efectivo del derecho a acceder a una vivienda en alquiler social.
Hemos realizado propuestas concretas, por ejemplo sobre la cuantía de la RGI, para garantizar unos ingresos del 100% del SMI para las personas que viven solas, y un 50% adicional por cada persona adicional de la unidad convivencial. Esto significa que estamos exigiendo que en 2019 una persona sola tenga garantizados unos ingresos mensuales de 1.050 euros, en doce pagas. Queremos dignificar los ingresos de la gente para luchar contra la pobreza y para atajar la precariedad laboral.
También demandamos que el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social sea un derecho, y que no pueda ser sustituido por una prestación social. Hoy en día el derecho se reconoce a poca gente, y además en la práctica se sustituye por una prestación económica de 250 euros al mes como máximo. ¿Alguien sabe qué se puede alquilar por 250 euros al mes? Deberíamos reflexionar sobre ello.
Nuestras reivindicaciones son muy humildes. No exigimos la luna; solo un techo e ingresos mínimos dignos para toda persona.
Hemos dicho que hemos conseguido que esta ILP se vaya a discutir en el Parlamento. Pero esto no es suficiente. Hace unos pocos meses otra ILP, a favor de una escuela inclusiva, tam- bién consiguió llegar aquí. Pero en el primer pleno PNV, PSE-EE y PP votaron en contra de su admisión a trámite. Es decir, la echaron a la papelera sin entrar siquiera a debatir sus contenidos. Esos mismos grupos pueden tener la intención de hacer lo mismo con nuestra ILP. No se lo vamos a admitir. Y vamos a exigir a todos los grupos que la apoyen, sin aceptar parches ni cambalaches.
Sabemos que la movilización y la lucha es el único camino para cambiar las políticas, y eso es lo que vamos a hacer. Es lo que están haciendo las personas pensionistas, cuya lucha hemos apoyado. Una pensión mínima de 1.080 euros es algo también razonable. Y lo vamos a seguir apoyando en las manifestacio- nes de este próximo sábado. Nos vamos a seguir viendo en las calles.
